Tiempo Argentino
La decisión del gobierno conservador de Mariano Rajoy de convertir a la Radio Televisión Española (RTVE) en una emisora gubernamental, y no pública como ha sido hasta ahora, desató una ola de críticas y acusaciones por lo que las organizaciones sindicales definieron como “un acto autoritario dirigido a dominar el pensamiento de la sociedad española”. Lejos de garantizar un funcionamiento más eficaz de la RTVE, “la fórmula elegida por el gobierno para plantear su reforma podría menoscabar su independencia y, en consecuencia, la de sus servicios informativos”, denunciaron los periodistas de la empresa estatal.
Por un decreto publicado ayer en el Boletín Oficial, el gobierno dejó librado al arbitrio del Partido Popular (PP) la designación de las autoridades que conducirán el servicio público y administrarán un presupuesto de 1586 millones de dólares que Rajoy se propone reducir en 268 millones. El Consejo de Informativos de la televisora –el cuerpo de representación de sus periodistas– dijo que la eliminación de la necesidad de lograr consenso político para designar a las autoridades, y determinar que sean elegidos por simple mayoría parlamentaria, “rompe con las normas de transparencia e implica el retroceso al modelo de una RTVE gubernamental”.
En el próximo Consejo de Administración de la emisora, el PP concretará otro de sus sueños: eliminar los miembros elegidos a propuesta de los sindicatos. El real decreto ley que reforma la elección y composición de este organismo reduce de 12 a nueve el número de sus integrantes, y de los tres que se eliminan, dos son de los elegidos entre la nómina de los trabajadores. El resto son nombrados por los partidos políticos con representación parlamentaria. El gobierno explicó el asunto como un mero asunto económico. Adujo que, de esa manera, producirá un “significativo ahorro” en el presupuesto de la RTVE.
De los nueve miembros que pasa a tener el Consejo, cinco serán elegidos por el Congreso y cuatro por el Senado “entre personas de reconocida cualificación y experiencia profesional”. En una primera votación será necesaria una mayoría de dos tercios, pero si esta no se alcanza en la segunda ronda, 24 horas después, solo se exigirá mayoría absoluta, una condición a la que, en el escenario actual, sólo puede responder el PP. Hasta ahora, los requerimientos eran los mismos, pero el plazo para consensuar era de 60 días.
La filosofía del partido conservador quedó expuesta en otro capítulo del decreto, por el cual se establece que las comunidades autonómicas podrán optar entre mantener la televisión pública o no. La norma, que se tramitará por procedimiento de necesidad y urgencia, permitirá a las comunidades que no mantengan sus servicios televisivos que saquen a concurso las frecuencias de las emisoras. El gobierno aseguró que se trata de una “importante medida de austeridad al servicio de las comunidades autónomas”, dado que flexibiliza el modo de gestión de sus televisoras. Con esta disposición, satisface a los presidentes autonómicos del PP, que ya expresaron su deseo de privatizar las televisiones regionales.
