Soja y maíz ocultos, responsables a la sombra

ORDENAN OTRAS OCHO DETENCIONES EN UNA MEGACAUSA POR EVASION CON VENTA DE GRANOS EN CORDOBA

La operación involucra la comercialización de 650 mil toneladas de soja y maíz, que incluso se exportaban a Chile. Una extensa red económica operaba en el centro y sur de Córdoba a través de firmas truchas y sin declarar un kilogramo.

La Justicia Federal de Córdoba ordenó ocho nuevas detenciones en una megacausa por evasión en la comercialización de granos iniciada por una denuncia de la AFIP. Estos pedidos de prisión, informados ayer por el organismo recaudador, se suman a otros ocho librados anteriormente en la misma causa, que alcanzaron a profesionales (contadores y abogados), productores y acopiadores que habrían montado una llamativa red de empresas fantasma para adquirir, acondicionar, transportar y vender soja y maíz, al mercado interno y al exterior, sin declararlo. El ocultamiento al fisco involucra, por lo verificado hasta ahora, operaciones por 650 mil toneladas de granos valuadas en 430 millones de pesos.

La investigación, a cargo del juzgado federal de Villa María, se inició a partir de las pruebas aportadas por la regional Río Cuarto de la AFIP a mediados de 2009. A través de distintos procedimientos, esa dependencia había logrado detectar un importante volumen de operaciones hechas a nombre de empresas fantasma, es decir, sin existencia real y a cuyo frente se presentaban personas patrimonialmente insolventes. Estas empresas ocultaban su existencia ante el fisco, con lo cual las operaciones de compraventa de granos se realizaban en las sombras, ocultando ante el fisco la real identidad de los operadores (productores, acopiadores, comercializadores y exportadores).

La investigación llevó a descubrir que muchas de las operaciones bajo sospecha tenían relación entre sí, lo cual dio lugar a la detección de la existencia de un poderoso grupo económico, con ramificaciones en el centro y sur de Córdoba, que tenía como actividad principal la producción y comercialzación de soja y maíz, pero que ya se había extendido a otros rubros conexos. Por ejemplo, en los últimos años se comprobó que el giro de negocios del grupo involucrado logró incorporar dos plantas de acopio u procesamiento de granos, dos grandes granjas destinadas a la cría de aves, una flota de 70 camiones destinados a la logística de cabotaje y de traslado del producto a Chile, además de autos importados (marcas Audi, BMW) de uso personal de los empresarios a cargo de las maniobras. Todos estos bienes figuraban registrados a nombre de las aludidas empresas fantasma.

Estas evidencias dieron lugar a una serie de allanamientos durante el año pasado, ordenados por el juez federal de Villa María Mario Garzón, en estudios profesionales de contadores presuntamente vinculados con la maniobra y oficinas y domicilios pertenecientes a empresarios ligados a la operatoria. Tras el secuestro y análisis de un centenar de cajas conteniendo documentación que probaría los hechos investigados, el juez ordenó ocho detenciones, de las cuales se hicieron efectivas cinco en los primeros días de septiembre de 2010.

Según se informó en la oportunidad, “se pudo establecer la participación de un importante grupo de empresas y profesionales cuya base de operaciones en la zona centro y sur de Córdoba y se extiende a Mendoza, desde donde se concretan las exportaciones que el mismo grupo realiza a Chile”. En la misma ocasión se precisó que se presumía la comercialización de unas 650 mil toneladas de soja y maíz a través de este mecanismo irregular, por un valor calculado en 430 millones de pesos. Una semana atrás, el miércoles 16, dos responsables de estudios contables de la provincia de Córdoba fueron detenidos por orden del juez Garzón presuntamente relacionados con la misma causa. Las detenciones se efectuaron en dos procedimientos simultáneos, uno en la ciudad de Villa María y el otro en Río Tercero. Ambos, profesionales pertenecientes a estudios contables de cada una de estas ciudades.

Según publicó El Diario, de Córdoba, el día posterior a los procedimientos, uno de los detenidos es el titular del estudio Alvarez y Asociados, de la ciudad de Villa María. Cita el mismo medio que dicho estudio ya había sido allanado en otra oportunidad en relación con esta misma causa.

Este bufete se especializa en brindar asesoramiento al productor agropecuario “en la aplicación de herramientas económico-financieras y de gestión que posibilitan el desarrollo integral de la empresa agrícola-ganadera”, según ofrece en su página web. Ahora se lo investiga por presunta infracción al régimen penal tributario en el artículo que pena a quien “dictaminare, informare, diere fe, autorizare o certificare actos jurídicos, balances, estados contables o documentación para facilitar la comisión de delitos”.

El mismo régimen penal tributario impone penas de tres años y seis meses a diez años a quien “formare parte de una organización o asociación compuesta por tres o más personas que habitualmente esté destinada a cometer cualquiera de los delitos tipificados en la presente ley”. Entre ellos, el “cohecho” o evasión fiscal.

Según información proveniente de la propia provincia de Córdoba, otras dos personas habrían sido detenidas en los últimos días dentro de la misma megacausa, con ramificaciones que irían más allá de las jurisdicciones citadas. Con respecto a las órdenes de detención citadas por el comunicado de la AFIP de ayer, no hubo información adicional con respecto a cuántas fueron efectivamente concretadas ni con respecto a la identidad de los involucrados. La causa aún se encuentra en secreto de sumario, lo cual justifica a su vez el silencio del juez.

Pero en las últimas semanas hubo otros procedimientos que podrían estar directamente vinculados con la megacausa cordobesa o, por lo menos, responderían a un mismo patrón o modus operandi de los evasores. En la provincia de Salta, la Justicia Federal ordenó y ejecutó cinco detenciones relacionadas con la evasión de granos, entre contadores, productores y colaboradores de uno u otro. También en esa causa se analiza el uso de “prestanombres” o firmas “truchas” para ocultar las operaciones, que eran inscriptas a nombre de gente sin capacidad económica que reclutaban los estudios contables. Se esperaba, para las semanas siguientes, más de veinte allanamientos, para evaluar los alcances de la operatoria y la posible vinculación con la aceitada red que funcionaba en Córdoba.

El santo preferido de la embajada

Mientras ecologistas y agricultores discutían los efectos dañinos de la soja transgénica o el uso de glifosato, Monsanto consiguió que el gobierno de los Estados Unidos representara sus intereses en la Argentina.

 Por Santiago O’Donnell

A lo largo del gobierno de Néstor Kirchner primero y de Cristina Fernández después, importantes funcionarios y congresistas de Estados Unidos, además de sucesivos embajadores, presionaron a la Casa Rosada para que facilitara a la empresa Monsanto el cobro de regalías por el uso de semillas transgénicas. Lo que empezó como un duro enfrentamiento, con cargamentos de harina de soja incautados en puertos europeos en el 2004 y 2005, se encaminó hacia una negociación sobre la nueva generación de semillas, dejando atrás el intento de cobro de Monsanto, señala una serie de cables filtrados por Wikileaks a los que tuvo acceso Página/12.

El conflicto se originó cuando, durante la presidencia de Carlos Menem, Monsanto introdujo la semilla Roundup en la Argentina, la del gen resistente al glifosato, pero no registró la patente. Prefirió cobrar regalías a través de las licencias. Los reclamos de Monsanto no se hicieron públicos hasta que llegaron las primeras noticias sobre embargos en Europa, pero, según funcionarios argentinos citados en los cables, comenzaron en privado durante la presidencia de Néstor Kirchner. Los cables también demuestran que esos reclamos llegaron a su máxima intensidad en 2008, durante el conflicto entre el Gobierno y la Mesa de Enlace.

Monsanto dice que el 85 por ciento de la soja que se produce en la Argentina se hace con su fórmula, pero menos de un tercio paga regalías, porque los demás usan semillas argentinas que vienen de esas plantas pero no tributan a Monsanto. Si bien el lobby oficial estadounidense a favor de Monsanto fue incesante, hasta los propios analistas de la embajada reconocieron en los cables que el reclamo era dudoso: “Los granjeros argentinos tienen derecho a replantar –no a revender– semillas generadas en una cosecha originada en semillas registradas sin pagar regalías, pero no a venderlas”, dice un cable de marzo del 2006 firmado por el entonces embajador Lino Gutiérrez.

La empresa reclamaba un pago de quince dólares por tonelada, lo cual dejaría a muchos pequeños productores en una situación difícil. Como en algunos países de Europa Monsanto había patentado su gen, les había hecho juicio a los importadores europeos con la intención de cobrarles las regalías a ellos. Pero los juicios no tenían mucho sustento legal, porque las importaciones no eran de semillas. A medida que las causas judiciales en Europa se fueron cayendo, y los embargos cesaron, los reclamos estadounidenses perdieron fuerza.

El investigador Carlos Correa escribió en 2006 en Le Monde Diplomatique un artículo en el que sugería entender el caso Monsanto equiparándolo a otro. “Supongamos que en el país A se produce tomate tratado con un pesticida que no está patentado allí. El tomate se exporta a un país B, donde sí existe patente sobre el pesticida. Naturalmente, si se examinara el tomate, se hallarían moléculas del pesticida. ¿Podría el titular de la patente impedir su importación por este motivo? Sería, obviamente, un absurdo. Una respuesta afirmativa daría un poder ilimitado a los titulares de patentes para restringir el comercio, no ya de sus propios productos, sino de todo aquello que se derive de ellos o lo contenga de alguna forma, aun residual.”

Según los cables, la presión estadounidense se intensificó a partir de 2006. Un despacho del 17 de enero de ese año da cuenta de un encuentro entre Lino Gutiérrez y la entonces ministra de Economía, Felisa Miceli. “El embajador mencionó el caso de la empresa de biotecnología Monsanto al final de la reunión. Explicó que Monsanto había intentado todas la medidas posibles para atender su necesidad de obtener una regalía por su semilla de soja GMO Roundup Ready. En ausencia de una solución doméstica, está progresando con acciones legales en un número de países europeos que importaron soja argentina. Miceli contestó que había hablado con las cuatro asociaciones agrícolas más interesadas en el tema. Estas asociaciones dijeron que Monsanto tenía derecho a exigir una regalía. El problema era ponerse de acuerdo en el precio. ‘Creo que podemos ponernos de acuerdo’, dijo ella.”

Al mes siguiente llegó una delegación de congresistas estadounidenses presidida por el poderoso presidente del Comité de Finanzas, Charles Grassley, del estado cerealero de Indiana. En su reunión con funcionarios argentinos no terminó de la mejor manera, porque el entonces secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, Alfredo Chiaradía, y el entonces secretario de Agricultura, Miguel Campos, defendieron la postura argentina de no negociar bajo presión. “La reunión terminó con una discusión sobre la disputa con Monsanto por la regalías por las semillas de soja modificadas genéticamente”, dice el cable. Y agrega: “Chiaradía cuestionó la intención verdadera detrás de los esfuerzos de Monsanto por cobrar regalías..., señalando que sólo se había convertido en un tema cuando expiró la patente del herbicida (glifosato) de Monsanto. Dijo que el gobierno estaba listo para negociar tanto las regalías como la segunda generación de semillas. Pero agregó que no lo haría con una pistola apúntandole, en referencia a las acciones legales que tomó Monsanto en Europa en contra de los cargamentos de soja argentina”.

Diplomático de carrera y experto en negociaciones comerciales, Chiaradía es el actual embajador argentino en los Estados Unidos.

Grassley le contestó que el tema no era sólo de patentes, o sea con una empresa, sino comercial, o sea que involucraba al gobierno de Estados Unidos.

“El senador Grassley señaló que, además de ser un tema de patentes, la disputa con Monsanto era un tema comercial, porque los granjeros estadounidenses que pagan regalías están en desventaja con respecto a los cultivadores argentinos.

Campos se encargó de contestarle. “Le dijo al congresista que la Argentina y Estados Unidos siempre habían trabajado codo a codo los temas de biotecnología, pero que la disputa con Monsanto estaba amenazando el futuro de la agricultura argentina.”

En junio del 2006 fue el congresista de Virginia Bob Goodlate quien presionó a favor de Monsanto en una reunión con Chiaradía, dice otro cable. “Goodlate sacó el tema de las regalías de la soja biotecnológica de Monsanto, haciendo notar que la fuerza de la economía estadounidense estaba atada a la capacidad de innovar de empresas como Monsanto... Chiaradía argumentó que el caso estaba basado en un malentendido sobre qué debe ser protegido. Mientras dijo que Monsanto debería ‘capturar la recompensa’ por el uso de su producto, la idea se aplicaba a la semilla misma, no a los productos derivados de la soja.”

En noviembre del 2006 el embajador Gutiérrez insistió sobre el tema con la ministra Miceli. “El embajador le pidió a Miceli que apoyara la última propuesta de Monsanto para resolver sus disputas con los productores argentinos... Miceli dijo que se había reunido con Monsanto en el pasado y, aunque el gobierno no puede aparecer como tomando partido en lo que es esencialmente una negociación entre Monsanto y agricultores locales, apoyará una solución.”

Al mes siguiente Gutiérrez volvió a sacar el tema, esta vez delante del ministro de Planificación, Julio De Vido, quien le recomendó que se pusiera en contacto con el secretario de Agricultura Javier de Urquiza, reemplazante de Campos, quien a su vez dijo que el tema era muy complicado porque había varias partes involucradas.

Según el cable, el secretario le dijo al embajador que estaba dispuesto a comenzar una discreta negociación. “De Urquiza se comprometió a sentarse con los accionistas con el objetivo de reanudar negociaciones. Enfatizó que las reuniones deben tener un perfil muy bajo si van a tener éxito.”

De Urquiza ya no conserva hoy su cargo en el área de Agricultura, a cargo del ministro Julián Domínguez.

En enero de 2007 el embajador volvió a insistir ante Miceli. “El embajador dijo que Monsanto sentía que necesitaba por lo menos una señal informal de aceptación del gobierno de Argentina para que los productores se sumen. Miceli respondió que Monsanto debería llevarle una oferta preaprobada y que ella trabajaría para apoyarla.”

A la semana siguiente una delegación de Departamento del Tesoro encabezada por el funcionario John Vernau actuó de portavoz del reclamo de Monsanto ante funcionarios argentinos.

En abril de 2008 el embajador Earl Anthony Wayne ya había sacado el tema delante del subsecretario para América latina, Tom Shannon, en una reunión con Alberto Fernández y la presidenta Cristina Kirchner. “Compañías como Monsanto están muy interesadas en una nueva aproximación a su trabajo en la Argentina”, dijo Wayne.

En agosto de 2008 visitó la embajada el presidente de Monsanto Argentina Juan Ferreira, para agradecer los esfuerzos diplomáticos a favor de su empresa. Por entonces las acciones legales en Europa habían perdido efectividad. “(Ferreira) explicó que Monsanto continúa con su estrategia revisada de focalizarse en el futuro y asegurarse protección legal para sus nuevas tecnologías que introducirá en el futuro... Monsanto no tuvo discusiones de alto perfil con el gobierno por las regalías durante el extendido paro granjero, pero ha mantenido contactos con organizaciones agrarias y gobernadores provinciales para asegurarse de que los proveedores sean pagados para introducir nuevas tecnologías para mejorar la producción en la Argentina.”

En septiembre de 2008 fue el turno del entonces secretario de Agricultura Charles Conner, quien sacó el tema ante De Urquiza, señala otro cable.

En diciembre de 2008 el encargado del lobby fue el representante Colin Peterson, presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara baja. “El representante Peterson le preguntó a De Urquiza por temas de comercio, incluyendo el pago de regalías por las semillas de soja usadas con tecnología de Monsanto.”

En marzo de 2009 el embajador Wayne volvió a insistir esta vez ante el nuevo secretario de Agricultura, Carlos Cheppi, y la ministra de Producción, Débora Georgi. “El embajador señaló la importancia de solucionar la prolongada disputa entre el gobierno y Monsanto por el pago de regalías”, informa el despacho enviado al Departamento de Estado. “Cheppi explicó que el gobierno estaba trabajando en una nueva ley de semillas con aportes de todas las partes involucradas, para resolver el problema, pero que la disputa con el sector del campo frenó el movimiento. Dijo que ya hay un acuerdo general sobre lo que se necesita hacer.”