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jueves, 8 de marzo de 2012

La casa de Grassi ahora será su celda

PRISION DOMICILIARIA “SEVERISIMA” POR VIOLAR LAS CONDICIONES DE SU LIBERTAD




El cura condenado por abuso sexual de un chico fue trasladado en patrullero a su casa. Sólo podrá salir de allí para ir a tribunales. Perdió el beneficio de la libertad por hacer declaraciones en televisión contra quien lo denunció.

Por Carlos Rodríguez


En el interior de un patrullero, rodeado por tres policías, el cura Julio César Grassi fue llevado anoche a su domicilio de la calle Sarratea, en San Justo, de donde sólo podrá salir para concurrir a la sede del Tribunal Oral 1 de Morón, que lo condenó en 2009 a quince años de prisión por el abuso sexual de un chico que estaba a su cuidado en la Fundación Felices los Niños. La policía cumplió la orden de confinar a Grassi a “prisión domiciliaria en condiciones severísimas”, por haber violado las condiciones establecidas para que pudiera mantener su libertad, a pesar de la condena. El mismo tribunal que lo condenó y que hoy tiene una nueva composición fundó el cambio procesal en el hecho de que Gra-ssi, en un programa de América conducido por Mauro Viale, tuvo conceptos injuriosos sobre “Gabriel”, uno de los tres chicos que lo denunciaron y el único por cuyos dichos fue condenado. Entre otras inhibiciones, Grassi tenía prohibido referirse en público a sus denunciantes. “Esto le pasó por soberbio, porque subestimó las condiciones del beneficio de la libertad que le dieron y que era excepcional; no hay ningún caso en Argentina de un condenado por abuso sexual que esté libre”, le dijo a Página/12 Sergio Piris, abogado del chico conocido como “Gabriel”.

La prisión domiciliaria de Gra-ssi fue dispuesta a las 20.30 de ayer, por el Tribunal Oral 1, que hoy está integrado por su presidente, Claudio José Chaminade, Daniel Alberto Leppé y Mario Daniel Gómez, el único que estuvo en el juicio oral donde el cura fue condenado. El fallo fue el corolario de una jornada que comenzó a las 9, con una audiencia en la cual los abogados querellantes Sergio Piris y Juan Pablo Gallego y el fiscal del juicio oral Alejandro Varela fundamentaron el pedido de “prisión inmediata” de Grassi que habían presentado meses atrás, basándose en dos hechos con los cuales el sacerdote había violado las condiciones que se le impusieron para permitirle seguir en libertad.

Piris y Gallego recordaron a este diario que, en la presentación, habían mencionado “las expresiones agraviantes y descalificatorias” del testigo–víctima conocido como “Gabriel”, formuladas por Grassi durante una edición del programa que conduce Mauro Viale en América. “En esa ocasión, Grassi volvió a repetir que la denuncia formulada en su contra por ‘Gabriel’ era totalmente falsa, que el testigo es ‘mentiroso’ y que toda la causa ‘estaba armada’”, recordó Piris.

Al mismo tiempo, habían denunciado que en un reportaje en el diario La Nación, el abogado mediático Fernando Burlando, amigo personal de Grassi, dijo que se había entrevistado con el sacerdote en la sede de la fundación. El cura tiene prohibido el ingreso a ese lugar, que fue escenario de los hechos por los cuales fue condenado. En relación con esa entrevista, Burlando, que fue citado como testigo, negó haber dicho que se reunió con Grassi en Felices los Niños y desmintió lo publicado por el diario. Por su parte, la periodista Romina Manguel, autora de la nota, ratificó lo publicado y lo dicho por el abogado, en el sentido de que el encuentro había sido en la institución a la que Grassi no puede entrar.

El Tribunal Oral 1, luego de escuchar esos testimonios y los de un grupo de personas citados por la defensa de Grassi, pidió tiempo para deliberar y llegar a una decisión. Esto se postergó desde las 15.30, cuando finalizó la audiencia, hasta las 20.30. En ese momento, los jueces resolvieron dictar la prisión domiciliaria, por comprobar la denuncia en el video del reportaje de Mauro Viale, que fue visto durante la sesión. En eso basaron su resolución, dado que desestimaron, porque quedaban algunas dudas, la supuesta reunión en la fundación.

El desenlace, con Grassi detenido en un patrullero y rodeado de policías, se preveía “desde el mismo final de la audiencia”, dijeron a este diario algunos testigos presenciales. “A Grassi se lo veía muy nervioso, consultando en forma permanente a sus abogados, uno de los cuales, al parecer sin respuestas, sólo le comentó: ‘Ahora hay que ver qué onda’, en alusión a la inminente decisión de los jueces.”

El fiscal Alejandro Varela, uno de los responsables de la acusación contra Grassi en el juicio oral, confirmó que la prueba clave fue el video del programa donde Grassi “se refirió a las víctimas”. El abogado Sergio Piris recordó que el pedido de detención se basó en lo que dicta el artículo 148 del Código Procesal de la provincia de Buenos Aires, que se refiere a las actitudes de la persona imputada por un delito que indiquen la posibilidad de un intento de fuga o de un afán de resistirse a las normas que fija el proceso judicial.

El fallo del Tribunal Oral 1 establece que Grassi sólo podrá abandonar su domicilio para concurrir a la sede judicial ante una citación de los jueces. “El domicilio fijado es el de la calle Sarratea, que es donde vive Grassi. Esto, de hecho, le impide estar en La Blanquita, que es la residencia donde Grassi trabaja y que está justo enfrente de la sede de la Fundación Felices los Niños”, aclaró Piris. Los defensores de Grassi pueden apelar ante la Cámara de Garantías de Morón.

Piris se manifestó “conforme” con la situación, aunque señaló que el pedido de la querella y del fiscal fue que Grassi “quedara detenido en una unidad penitenciaria”. El abogado se manifestó disconforme, en cambio, “con la falta de seguimiento que se hizo sobre Gra-ssi, no sólo por sus declaraciones públicas en contra de las víctimas, sino porque tampoco se le hizo un seguimiento psicológico y psiquiátrico, como correspondería a una persona condenada en primera y en segunda instancia”, ya que la condena fue confirmada por la Cámara de Casación Penal.

Juan Pablo Gallego consideró que “el contenido del fallo tiene conceptos muy duros sobre el comportamiento de Grassi y por eso se dispuso que la prisión domiciliaria se cumpla en condiciones severísimas”. Para Gallego, con la prisión domiciliaria “se comienza a cerrar una historia de diez años de una impunidad casi inédita”. Subrayó que el cura “cayó víctima de su propio personaje, de su propia torpeza”.

martes, 19 de abril de 2011

Dinosaurios sueltos


 Por Carlos Rozanski *
En septiembre del año pasado, un tribunal penal de La Plata condenó a 14 años de prisión a un ingeniero por abusar sexualmente de sus dos hijos de 5 y 6 años de edad. Hace pocos días, dos jueces de la Cámara Penal de la misma ciudad decidieron beneficiar al violador preso y otorgarle la prisión domiciliaria, dándole además permiso para salir a trabajar en una empresa de La Plata. El fallo se basó en lo esencial en que el ingeniero es un “buen vecino”, que les causó “buena impresión” y hubo una presentación con 714 firmas, presumiblemente de vecinos tan buenos como él, los que, según los jueces, se convierten en “garantes” de que el hombre se presente cada vez que sea requerido, y eso demuestra que se trata de “una persona querida y apreciada en el ámbito social en el que se desenvuelve”.
El abuso sexual infantil es uno de los delitos más graves que puede cometer una persona. En la mayoría de los casos, los abusadores son familiares o personas cercanas a los niños que son “apreciados en el ámbito social en el que se desenvuelven”. Eso hace que los abusos en general sean continuados en el tiempo, con el agravante de que las víctimas están unidas a sus abusadores por algún vínculo afectivo. Esas características generan un daño imposible de medir en la mente y el cuerpo de las criaturas, a quienes el victimario priva no sólo de un despertar sexual normal sino, además, a quienes somete a una tortura que comienza en el primer abuso y continúa a veces a lo largo de toda su vida. La posibilidad de elaborar esos traumas y acceder paulatinamente a una existencia feliz, si bien es muy difícil, no es imposible. Hay factores que van a contribuir para un mejor pronóstico, y que son una intervención oportuna, especializada y respetuosa de parte de la Justicia, un acompañamiento terapéutico de las criaturas víctimas y también la contención hacia quienes las han ayudado, en general madres no abusadoras, docentes y vecinos. En sentido contrario, hay factores que lejos de ayudar a las víctimas, las alejan de la posibilidad de un futuro mejor. El principal, sin duda, es la mala justicia. Son aquellos jueces representantes de la peor ideología que un funcionario puede sustentar, los que realizan un aporte esencial para el mantenimiento de los mitos, prejuicios y estereotipos de género y edad, que siempre rodean casos como el del buen vecino de City Bell. Son los que miran con unos ojos a los acusados de piel clara y con otros a los de piel oscura y, finalmente, desarrollan ante hipótesis similares, mecanismos de razonamiento distintos. Eso se llama “doble estándar” y es la forma más sofisticada de discriminar con apariencia legal y de perpetuar, entre otras cosas, la impunidad del abuso sexual infantil. Semejante despropósito deja a las víctimas expuestas no sólo a las presiones de su abusador en libertad, sino que además las obliga a la destructiva tarea de no sentirse culpables. De tratar de entender algún día, por qué si ellas sienten que fueron tan dañadas, muchos vecinos creen –como en este caso– que su papá es tan bueno. La historia del abuso demuestra que a veces no alcanza una vida para semejantes elaboraciones, salvo que como parece insinuarse los restantes vecinos del lugar, muchísimos más por cierto, puedan expresarse descalificando a aquellos que por ignorancia o identificación de clase se atrevieron a avalar semejante monstruosidad.
Es útil recordar a Eric Priebke, un nazi que había matado de propia mano hombres, mujeres y niños en la Italia de la Segunda Guerra Mundial. Descubierto hace años viviendo en Bariloche, se lo detuvo, juzgó y condenó en Italia. Desde el primer momento de la noticia, algunos habitantes de esa hermosa ciudad tuvieron la misma reacción que los de City Bell. Las palabras fueron las mismas, “Eric es un buen vecino”. El resto de la sociedad dijo lo contrario y lo propio hizo el Estado argentino que lo extraditó y los jueces italianos que lo condenaron a prisión perpetua.
Siempre van a existir ciudadanos que firmen a favor de un violador de clase alta, lo esperable es que cada vez sean menos y que haya muchos otros que puedan alzar su voz para diferenciarse y reclamar justicia. Nuestro país ha avanzado más que muchos otros en la investigación y mejora de la intervención en casos de abuso sexual infantil, adulto y trata de personas. El caso del ingeniero pone una vez más en alerta a las organizaciones sociales que trabajan en el tema y al propio Estado, que a través de los mecanismos legales del Poder Judicial deberá mostrar a la sociedad que la mayoría de sus jueces no aprueba el desamparo de los niños víctimas. Charly García hace décadas anunció que los dinosaurios van a desaparecer y a mi entender están desapareciendo, aunque todavía queden algunos sueltos por La Plata o City Bell.
* Juez del Tribunal Oral Federal 1 de La Plata.