El proyecto, con dictamen de las comisiones de Salud, DD HH y Legislación General, establece el consentimiento informado para que el paciente pueda elegir a qué prácticas quiere someterse y a cuáles no.
Según el texto, votado por 142 diputados a favor y 6 encontra, el paciente "tiene derecho a aceptar o rechazar determinadas terapias o procedimientos médicos o biológicos, con o sin expresión de causa, como así también a revocar posteriormente su manifestación de la voluntad".
En ese marco, "el paciente que presente una enfermedad irreversible, incurable o se encuentre en estado terminal o haya sufrido lesiones que lo coloquen en igual situación, informado de forma fehaciente, tiene el derecho de manifestar su voluntad en cuanto al rechazo de procedimientos quirúrgicos, de hidratación y alimentación".
En el supuesto de incapacidad del paciente a brindar el consentimiento informado a causa de su estado físico "el mismo podrá ser dado por las personas mencionadas en el artículo de la ley 24.193" de donación de órganos.
Esa norma plantea que, en caso de que el enfermo no esté en condiciones de decidir por él mismo, quiénes podrán decidir sobre la vida del paciente son el cónyuge no divorciado que convivía con el enfermo, su pareja si hace más de tres años que están juntos, los padres, los hijos, hermanos y nietos mayores de 18 años y demás parientes hasta segundo grado.
Por último, la iniciativa establece que ningún profesional interviniente que haya obrado de acuerdo a las disposiciones de la ley, está sujeto a responsabilidad civil, penal ni administrativa.
Durante el breve debate en el recinto, apremiados por la inminente finalización del período de sesiones, los diputados resumieron en dos discursos la fundamentación de la iniciativa.
El titular de la comisión de Salud, Antonio Morante (Frentepara la Victoria) dijo que "por todos los medios se intentará mantener la vida, pero cuando ello no es posible se tiene que permitir evitar el dolor para que el paciente tenga una muerte tranquila y digna".
Por su parte Juan Carlos Vega, del bloque de la Coalición Cívica, dijo que este proyecto llega "para evitar la industria de la muerte", en referencia a los centros de salud, y consideró que "en realidad se trata de una ley de `vida digna`".
Según el texto, votado por 142 diputados a favor y 6 encontra, el paciente "tiene derecho a aceptar o rechazar determinadas terapias o procedimientos médicos o biológicos, con o sin expresión de causa, como así también a revocar posteriormente su manifestación de la voluntad".
En ese marco, "el paciente que presente una enfermedad irreversible, incurable o se encuentre en estado terminal o haya sufrido lesiones que lo coloquen en igual situación, informado de forma fehaciente, tiene el derecho de manifestar su voluntad en cuanto al rechazo de procedimientos quirúrgicos, de hidratación y alimentación".
En el supuesto de incapacidad del paciente a brindar el consentimiento informado a causa de su estado físico "el mismo podrá ser dado por las personas mencionadas en el artículo de la ley 24.193" de donación de órganos.
Esa norma plantea que, en caso de que el enfermo no esté en condiciones de decidir por él mismo, quiénes podrán decidir sobre la vida del paciente son el cónyuge no divorciado que convivía con el enfermo, su pareja si hace más de tres años que están juntos, los padres, los hijos, hermanos y nietos mayores de 18 años y demás parientes hasta segundo grado.
Por último, la iniciativa establece que ningún profesional interviniente que haya obrado de acuerdo a las disposiciones de la ley, está sujeto a responsabilidad civil, penal ni administrativa.
Durante el breve debate en el recinto, apremiados por la inminente finalización del período de sesiones, los diputados resumieron en dos discursos la fundamentación de la iniciativa.
El titular de la comisión de Salud, Antonio Morante (Frente para la Victoria) dijo que "por todos los medios se intentará mantener la vida, pero cuando ello no es posible se tiene que permitir evitar el dolor para que el paciente tenga una muerte tranquila y digna".
Por su parte Juan Carlos Vega, del bloque de la Coalición Cívica, dijo que este proyecto llega "para evitar la industria de la muerte", en referencia a los centros de salud, y consideró que "en realidad se trata de una ley de `vida digna`".
