En busca de la complicidad judicial en el robo de niños

LA JUSTICIA INVESTIGARA LAS ADOPCIONES DE TODOS LOS BEBES ABANDONADOS EN LA CIUDAD Y LA PROVINCIA DURANTE LA DICTADURA

El juicio por la apropiación de menores ya provocó otros efectos: el juez Norberto Oyarbide analiza los expedientes penales y tutelares de chicos supuestamente abandonados entre 1976 y 1983. Y la Corte bonaerense releva guardas y trámites de adopción en ese período.

 Por Irina Hauser

La Justicia comenzó a meterse en un terreno hasta ahora poco explorado, más bien eludido, en las investigaciones sobre apropiación de hijos de desaparecidos: el de las adopciones con las que se intentó dar aspecto de legalidad a la entrega de niños nacidos en cautiverio o arrancados a sus padres secuestrados durante el terrorismo de Estado. Es una pista que inevitablemente lleva también a indagar en la responsabilidad de los jueces que intervinieron en cada caso y que pone al descubierto cómo actuaron algunos de ellos que aún están en funciones. El juez federal Norberto Oyarbide analiza ocho cajas de expedientes penales y tutelares sobre chicos supuestamente abandonados entre 1976 y 1983 que tramitaron en los tres juzgados de menores porteños. La Corte Suprema bonaerense está haciendo un relevamiento de guardas y trámites de adopción durante la dictadura, y ya informó a Abuelas de Plaza de Mayo sobre la existencia de 15 mil expedientes que servirán para cotejar información. La jueza de San Isidro Sandra Arroyo Salgado analiza legajos de 15 adopciones que tramitó la misma jueza que intervino en las de Marcela y Felipe Noble Herrera.

“Tenemos la expectativa de poder detectar el blanqueo de apropiaciones mediante mecanismos de adopción. La posibilidad de encontrar un nieto en esa búsqueda existe y es alta. De los 104 casos resueltos, el 30 por ciento fueron chicos robados por procedimientos de guarda y adopción”, señaló Alan Iud, abogado de Abuelas, a Página/12. A la vez advirtió que hasta ahora pocos jueces se han decidido a avanzar contra sus pares envueltos en esos trámites irregulares. “Sólo en Santa Fe se llegó a procesar al juez Luis Vera Candiotti por supresión de identidad”, agregó.

Adopciones express

Simón Riquelo recuperó su identidad en 2002, cuando se comprobó que era hijo de Sara Méndez, uruguaya, secuestrada el 13 de julio de 1976 en su casa de Belgrano, en Buenos Aires, por un operativo conjunto del Plan Cóndor. A ella la trasladaron al centro clandestino de detención Automotores Orletti. A Simón, que tenía sólo veinte días, se lo llevaron. “No se preocupe, señora –le dijeron los hombres de civil, después de molerla a golpes–, al niño no le va a pasar nada, porque no es una guerra contra los niños.” Sara buscó a su hijo incansablemente, y lo encontró 26 años después. Se lo habían dado en adopción a Osvaldo Parodi, un subcomisario que habría estado vinculado con su propio secuestro, igual que el ex agente de la SIDE Eduardo Ruffo. El policía obtuvo en menos de un mes la guarda definitiva del chiquito. ¿Quién se la dio? El entonces juez de menores Gustavo Mitchell, actual integrante de la Cámara de Casación Penal.

El año pasado, un grupo de querellantes en la causa sobre el plan sistemático de apropiación de hijos de desaparecidos, encabezadas por María Isabel Chorobik de Mariani, fundadora de Abuelas, decidió denunciar penalmente a Mitchell junto con la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires y la Fundación Anahí. En el pedido de juicio político ante el Consejo de la Magistratura también se presentó Hebe de Bonafini. Analizaron qué había hecho el juez al recibir la denuncia del abandono de Riquelo, hallado en teoría en la puerta del Sanatorio Norte –cerca de la casa de Sara– y cómo lo entregó a Parodi. No se hizo “la más mínima medida de investigación tendiente a localizar a los padres o la familia del menor secuestrado, y todo ello frente a la infinidad de hábeas corpus que en aquella época se presentaban”, decía la denuncia, que le tocó al juez Oyarbide, y que también pedía que se incautaran los expedientes penales y tutelares vinculados con supuestos abandonos de niños durante la última dictadura.

Oyarbide optó por empezar de la manera más amigable y mandó un oficio en el que pide en buenos términos la documentación a sus colegas de los juzgados de menores. Con este método recopiló unos cuarenta, que están en pleno análisis. El abogado Alejo Ramos Padilla, que representa a Chicha Mariani, querellante, le dijo a Página/12 que en un conjunto de expedientes de abandono de niños tramitados por Mitchell pudo observar el mismo mecanismo: “Llegaba la denuncia de abandono de los bebés, en ascensores, alguna iglesia, en un hall, donde fuera. En cuestión de horas o unos días el juez disponía hasta la guarda definitiva. La guarda provisoria a veces la daba en veinticuatro horas. Tenemos visto un expediente donde dos agentes de Coordinación Federal (centro clandestino de la Policía Federal) llevan un chiquito de dos días de vida al Hospital Elizalde. Pero el juzgado no realiza ninguna medida para ver de dónde salió ese chico o qué pasó con sus padres. Ni en éste ni en ningún trámite de los que pudimos ver”, advirtió Ramos Padilla. En el caso de Riquelo, agregó, en la primera foja hay una declaración de un policía de la comisaría 33ª, Vicente Caccaviello, que figura como quien encuentra al bebé. Sin embargo, cuando declaró en la causa contra Ruffo, dijo que ignoraba los hechos y que, si lo hubiera hallado él, obviamente “lo recordaría”.

Estela

Hace dos semanas, durante el juicio sobre apropiación de menores, la titular de Abuelas, Estela Carlotto, contó ante el Tribunal Oral Federal 6 (TOF6) una anécdota escalofriante. Cuando buscaba a su nieto en 1978 –relató– acudió a la Casa Cuna porque sabía que había allí una beba cuyos datos y fecha de nacimiento podían coincidir con los del bebé que había dado a luz su hija Laura durante su cautiverio, después del cual fue asesinada. La beba, le dijeron, sólo había estado dos días ahí, pero Estela pudo ver los papeles que decían que el juez era Mitchell. Intentó que la atendiera, pero él le mandó un mensaje a través de un emisario: “El doctor dice que se cuide; por lo que usted hace podría aparecer en una zanja”. Años más tarde, Carlotto supo a través de ex detenidas que su nieto era varón. Todavía lo busca. Su reciente testimonio dio lugar a que el TOF6 derivara denuncias al juzgado de Oyarbide y al Consejo.

El abogado Ramos Padilla había hecho una presentación que incluía ese mismo relato de la presidenta de Abuelas publicado en el libro Botín de guerra, donde además decía que en la Casa Cuna a la nena la llamaban María Julieta. Ramos Padilla sostiene que es Julieta Treviño, a quien Mitchell dio en guarda para su adopción a unos parientes suyos, también “en forma expeditiva”. Además, el abogado había cuestionado a su vez a dos funcionarios judiciales que fueron secretarios de Mitchell durante la dictadura. Uno de ellos, José Allevato, lo sucedió más tarde al frente del juzgado. Con el menemismo fue director de Asuntos Jurídicos de la SIDE. El otro, José Martínez Sobrino, integra el TOF6 que lleva adelante el juicio por robo de hijos de desaparecidos, pero por esta denuncia quedó afuera del caso.

Jueces y jueces

Desde que Carlotto volvió a poner el tema en el tapete, la causa de Oyarbide recuperó envión. Por lo pronto ella está citada para dar testimonio este miércoles, dijeron allegados a la causa. Abuelas se presentó como querellante. Pero además, el juzgado resolvió mandar oficios para chequear la nómina de todos los jueces y secretarios que estuvieron al frente de los juzgados de menores durante el terrorismo de Estado. Mitchell, por su parte, hizo una presentación en la que dice que entre 1976 y 1983 habrá tramitado unas cuatro denuncias de bebés que eran denunciados como “NN”, abandonados, al año.

También se presentó, de manera espontánea y con un escrito, la actual jueza federal María Servini de Cubría, que fue jueza de menores todo el período investigado. “Quiero aventar toda sospecha sobre mi actuación como magistrado en las causas en las que se involucraba a menores abandonados, tanto durante la dictadura militar, como en los gobiernos civiles constitucionales que lo precedieron y sucedieron en mi gestión de juez”, dice. “Arbitré todos los medios entonces a mi alcance para dar con los familiares de los niños encontrados y cuando pude dar con los mismos, dispuse su inmediata entrega”, agrega. Servini cuenta dos casos de bebés que aparecieron con cartelitos, uno que decía que era hijo de un miembro de Montoneros, y otro que decía su nombre, Emiliano Hueravilo. En ambos casos encontró a los abuelos con solicitadas en los diarios. Más allá de su autodefensa, Servini le avisa a Oyarbide que debería encontrar en la caja fuerte de su ex juzgado algunos expedientes que podrían dar pistas fuertes sobre apropiaciones de hijos de desaparecidos. “Ordené resguardar las actuaciones de mayor relevancia en el ámbito más seguro y reservado”, informa, con lo que deja en evidencia que los jueces sabían perfectamente de dónde podían venir esos chicos que aparecían como por arte de magia y terminaban en hospitales pediátricos.

El expediente a cargo de Oyarbide todavía está en sus inicios. “Es una investigación necesaria”, remarcó el abogado Iud. Del mismo modo, contó que el año pasado le pidieron a la Corte bonaerense un relevamiento de expedientes de adopción en la provincia de Buenos Aires, con la intención de tener datos sistematizados y accesibles sobre posibles jóvenes apropiados para cotejar con su propia información. En una acordada, ese tribunal resolvió revisar archivos y libros de mesa de entradas y, luego, al menos 15 mil expedientes. En Capital, Ramos Padilla dice que muchos expedientes tutelares fueron destruidos, quemados, ya en democracia con la excusa de falta de espacio. Sin embargo, agrega Iud, había una acordada de la Corte Suprema que ordenaba preservarlos.

La semana pasada, la jueza Arroyo Salgado, en el contexto de la causa sobre el origen de Marcela y Felipe Noble Herrera, dispuso relevar 15 expedientes de menores anotados como “NN” que tramitaron en el juzgado de Ofelia Hejt (fallecida), la misma jueza que los entregó como hijos adoptivos a la dueña de Clarín. Ramos Padilla sostiene que el expediente que instruye Oyarbide es “la demostración, a partir de Mitchell, de la complicidad judicial, que aún existe, con el sistema perverso establecido para consolidar la apropiación de niños, mediante el robo de su historia, su origen, su identidad y la entrega a los apropiadores a través de un marco de supuesta legalidad judicial”.

Los magistrados que fueron cómplices de los represores

LA MAGISTRATURA INVESTIGA EL PAPEL DE LOS JUECES DURANTE LA DICTADURA. HAY MAS DE 20 PEDIDOS DE JUICIO POLITICO

El Consejo de la Magistratura creó una comisión para investigar el papel de los jueces durante la dictadura. Hay numerosas denuncias y pedidos de juicio político en todo el país y muchos de los involucrados son camaristas.

 Por Irina Hauser

El lunes pasado, en el juicio por el plan sistemático de apropiación de hijos de desaparecidos, Estela de Carlotto recordó en voz alta lo que le mandó decir en 1978 el entonces juez de menores Gustavo Mitchell a través de un emisario: “El doctor dice que se cuide; por lo que usted hace, podría aparecer en una zanja”. Lo que hacía Estela era buscar a su nieto nacido en cautiverio. Todavía lo busca. Mitchell hoy integra la Cámara de Casación, el tribunal penal de más jerarquía. Justo unos días antes del testimonio de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo ante el Tribunal Oral Federal 6, el Consejo de la Magistratura había tomado una decisión que no tuvo gran difusión pero que marca un nuevo rumbo: desentrañar qué papel tuvieron los jueces durante el terrorismo de Estado y cómo actuaron años después, cuando les tocó juzgar a los represores pasó a ser una prioridad para el organismo. Creó, para eso, una subcomisión especial que se ocupará de controlar que avancen y no mueran las investigaciones por la posible complicidad ejercida, desde los juzgados, con los crímenes dictatoriales. Según pudo rastrear Página/12, actualmente tramitan pedidos de juicio político de este tipo contra más de veinte jueces de todo el país, y muchos de ellos tienen rango de camaristas. En Mendoza, caso emblemático, hay varios jueces acusados en cadena, en historias que combinan sus vinculaciones con crímenes de lesa humanidad y el armado de una red de impunidad (para sí mismos y para los genocidas); en Salta, el presidente de la Cámara Federal quedó envuelto en un escándalo por alertar a su hermana sobre la detención de su hermano militar y procurarle un allanamiento “discreto”; aparecen en la lista nombres conocidos como el juez Conrado Bergesio, por la causa sobre los hijos adoptivos de Ernestina Herrera de Noble; un camarista cordobés denunciado como personal de inteligencia; otros por demoras; y hasta un planteo que compromete a un juez miembro del propio Consejo.

Dentro de ese universo que ganó visibilidad en los últimos tiempos y que se suele nombrar como “la cara civil” de la última dictadura, los jueces ocupan una importante porción y empiezan a ser investigados. Aunque subsisten ciertas resistencias corporativas, para la mayoría de los miembros del Consejo –que tiene la facultad de promover la destitución de magistrados– hoy importa y mucho qué hacían Sus Señorías ante secuestros, torturas y desapariciones o cuando recibían un hábeas corpus, y qué hacen en la actualidad si les toca juzgar aquellos hechos.

La subcomisión creada dos semanas atrás tiene varias razones de ser, que fueron definidas así: “La trascendencia institucional del tema”, “la eventual responsabilidad internacional” por la falta de juzgamiento, y la necesidad de “evitar las demoras” o la “paralización” de este tipo de expedientes, “como fue habitual hasta ahora”. Su función será controlar la evolución de las investigaciones, que son instruidas por distintos miembros del Consejo. La integrarán probablemente tres consejeros a designar y estará dentro de la estructura de la Comisión de Disciplina y Acusación, que es la encargada de dar el primer paso para iniciar el camino al juicio político, o para descartarlo.

La experiencia mendocina se convirtió en piedra basal desde que fue destituido el camarista Luis Miret. Con él quedó al descubierto un entramado de complicidades que explican por qué esta provincia tuvo serios escollos para llevar a sus represores al banquillo.

Demoras y sorpresas

El juez subrogante de Jujuy Carlos Olivera Pastor acumula denuncias en el Consejo por cómo tramita las causas, al punto que de sus investigaciones sólo se concretó un juicio oral, por un solo hecho y con Luciano Benjamín Menéndez como único imputado. La Unidad de Coordinación y Seguimiento de causas por violación a los Derechos Humanos de la Procuración lo cuestionó por liberar a un imputado a pesar de que un recurso de la fiscalía lo impedía, y le objetó su costumbre de abrir casi una causa por víctima en lugar de agrupar hechos y que se hagan los juicios en un tiempo razonable y con los acusados con vida. En Jujuy hay sólo trece procesados pese a que la fiscalía pidió ochenta indagatorias.

El juzgado de Olivera Pastor está ahora bajo una auditoría del Consejo, informaron en el organismo. La semana pasada fue tema central de la reunión de la Comisión Intrapoderes para Agilización de Causas de Lesa Humanidad que creó la Corte. Allí, el presidente de la Cámara Federal de Salta, Renato Rabbi Baldi Cabanillas, negó que hubiera retrasos en esa jurisdicción, pero recibió un tirón de orejas de los presentes, entre ellos el juez Daniel Rafecas. Rabbi Baldi, para colmo, acaba de ser denunciado porque le habría avisado a su hermana que un juez de Bahía Blanca iba a detener a su marido, Alejandro Osvaldo Marjanov, por delitos de lesa humanidad cometidos en el V Cuerpo de Ejército, y que allanarían su casa. Aunque era ajeno a la causa, Rabbi Baldi llamó a un inspector de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y le pidió que el allanamiento se hiciera “con la mayor discreción posible, preservando los bienes materiales en la vivienda de su hermana”, según declaró el funcionario policial. El militar fue finalmente detenido en Bahía Blanca. Y todo esto sin contar que el trámite de tan delicadas medidas tardó meses porque los jueces se excusaban o tomaban licencia, incluido Olivera Pastor.

Otro juzgado que será “compulsado” por el Consejo es el de Manuel Blanco, de La Plata, denunciado por organismos en 2009 por dilaciones en causas como la de la Unidad 9, la del centro clandestino La Cacha, la de la comisaría 8ª, otras por apropiación de menores y también la de la desaparición de Jorge Julio López.

Pasado y presente

“Desde que era pinche, Rueda trabajaba para los servicios de inteligencia” de la dictadura y “conocía la situación de los detenidos en el D2, igual que otros “funcionarios judiciales”. Luis Rueda es el presidente de la Cámara Federal de Córdoba y así lo describió en medio de uno de los juicios en esa provincia el ex comisario Carlos Yanicelli, uno de los acusados. El Consejo de la Magistratura tomó cartas en el asunto y Yanicelli amplió su denuncia el año pasado ante los ex consejeros Carlos Kunkel y Luis Bunge Campos. Ahora está en manos de la diputada del Frente para la Victoria Stella Maris Córdoba.

Mitchell, el camarista mencionado por Estela Carlotto, ya estaba bajo la lupa en el Consejo por su presunto aporte a la apropiación de por lo menos un menor durante la dictadura. La denuncia fue presentada por María Isabel Chorobik de Mariani (fundadora de Abuelas), dos nietas que recuperaron su identidad, Hebe de Bonafini y la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense, entre otros. Pidieron su expulsión al responsabilizarlo por entregar en julio de 1976 un bebé de 20 días, Simón Riquelo, a un subcomisario vinculado con el secuestro de su madre, la uruguaya Sara Méndez, de cuyos brazos había sido arrancado.

El relato de Carlotto del lunes último fue girado al Consejo por decisión del TOF6 y también al juez Norberto Oyarbide, que lo investiga. La presidenta de Abuelas contó que en 1978, cuando buscaba a su nieto, fue a la Casa Cuna, donde sabía que había una chiquita cuyos datos y fechas podían coincidir con los del bebé que había dado a luz su hija Laura, asesinada. Se habían llevado ya a la chiquita, pero Estela pudo ver que el juez era Mitchell. Fue a verlo, pero él no la atendió sino que le mandó un mensaje: que se “cuidara” porque “por lo que hacía podía aparecer en una zanja”.

En un rubro conexo, hay un expediente contra Bergesio, el juez de San Isidro que tuvo la causa para determinar si Marcela y Felipe Noble Herrera son hijos de desaparecidos. Se lo cuestionó por dilatar la definición sobre los estudios de ADN, y por no procurar condiciones mínimas de conservación de las muestras de material genético y sangre (guardadas en una caja fuerte). Se objetó incluso que intervino el Cuerpo Médico Forense y no el Banco Nacional de Datos Genéticos. Su sucesora en la causa, Sandra Arroyo Salgado, es una de sus denunciantes. El 30 de abril se cumplen diez años del trámite de esta causa, y aún no hay muestras de ADN fiables de los jóvenes. Paradójicamente, el camarista Mitchell podría intervenir en esta causa.

Una de las presentaciones más recientes ante el Consejo apunta al juez de Mar del Plata Rodolfo Pradas, sospechado de facilitar la fuga de los acusados de la Concertación Nacional Universitaria (CNU) antes y después del golpe. Otra dice que el juez Gustavo Duprat, de Bahía Blanca, desestimó un pedido para la detención de ocho represores a pesar de que estaba excusado.

Así, frente a éstos y otros jueces denunciados, será la nueva subcomisión la que seleccione qué pesquisas son relevantes y cuáles deberían ir al archivo. Por ejemplo, hay denuncias de casi tres años atrás (el plazo de caducidad) contra los santafesinos Marcelo Bailaque y Ricardo Vázquez; otras un poco más nuevas contra el juez Carlos Villafuerte Ruzo; y una de las más desconcertantes (por el personaje implicado) es la que cuestiona al juez Alejandro Sánchez Freytes, integrante del propio Consejo, por haber dado una indemnización (pensión por invalidez) por “las dolencias” que padece producto de sus “actos de servicio” a Luis Alberto Manzanelli, interrogador en el centro clandestino La Perla.