Todos condenados por el incendio de Cromañón

EL PAIS › CASACION CONSIDERO TAMBIEN CULPABLES A LOS INTEGRANTES DE CALLEJEROS Y ATENUO LA CONDENA QUE PESABA SOBRE CHABAN

Los jueces revocaron la absolución del tribunal oral a la banda y le adjudicaron responsabilidad “culposa” en el incendio. El dueño del boliche fue beneficiado en la sentencia de ayer. A los tres funcionarios les agravaron la situación.

 Por Emilio Ruchansky

La Cámara de Casación decidió ayer dar un vuelco a la sentencia del tribunal oral que impuso las condenas por la tragedia de Cromañón. Atenuó la calificación del delito impuesto a Omar Chabán, y por tanto la pena que le corresponderá: ya no es “incendio doloso”, sino “culposo”. La misma responsabilidad les achacó también a los integrantes de Callejeros, que habían resultado absueltos. Los jueces consideraron que no se trató de un acto “doloso” o intencional, sino que todos actuaron con negligencia. Además, tres funcionarios, uno de los cuales había sido absuelto, recibieron condenas por “omisión de los deberes de funcionario público” y por cierta responsabilidad en el incendio. El tribunal ordenó además liberar la calle Mitre al 3100, cerca de Cromañón, donde está el santuario de los familiares al que volvieron ayer, con su rezo silencioso. “Vamos con alegría, aunque esperábamos penas más altas”, aseguró Amelia Borras, sobreviviente y madre de una víctima.

Como todos los acusados están libres y, según ya adelantaron los abogados defensores de varios de ellos, las condenas serán apeladas, el fallo de la sala III de la Cámara de Casación no deja a nadie tras las rejas porque no hay una condena firme. Las penas para la banda, su manager Diego Argañaraz, Chabán y su mano derecha, Raúl Villareal, y el resto de los condenados deberá fijarlas el tribunal oral 24 una vez que reciba de vuelta el expediente. El máximo posible es de 11 años. Cinco por el incendio culposo seguido de muerte y seis por el cohecho.

Una hora y media tardaron los camaristas para leer el veredicto; mientras, una secretaria bajaba y subía las escaleras que salían de una puerta falsa, disimulada en un tramo del recubrimiento de madera de las paredes. “Por problemas técnicos vamos a empezar en unos minutos”, dijo en un momento la joven. En un balcón de la sala, sus colegas se reían. “Todavía no llegó la Guardia de Infantería”, bromeó uno. Los amigos y familiares de las víctimas ya habían invadido un salón que da al púlpito de los magistrados, separado por un blindex. El episodio había hecho huir a la presidenta del tribunal, la jueza Liliana Catucci.

En medio de la pelea se oyó el pedido imposible de una madre a un policía que le impedía el paso: “¡Devolvenos a nuestros hijos! ¡La puta que te parió!”. Dos madres y una joven se repartieron las hojas con los 193 nombres y pasaron lista. Primero se dijo “presente”, después “justicia”. Para poner orden, una joven secretaria que dirigió la ceremonia judicial pidió a los abogados de las partes que tomaran asiento. A paso de monaguillo, un grandote trajeado transportó los tres cuerpos del veredicto, 2150 páginas.

Cuando la sala se llenó de uniformados con cascos, palos y escudos, y el grandote cambió por tercera vez las copas de agua helada que estaban sobre el altar de los jueces, la secretaria exigió reverencia: “De pie, por favor”. La jueza Catucci pidió silencio y fue inmediatamente acatada por los presentes, de un lado y del otro del blindex. Eran las 11.30. La jueza explicó que por el volumen de la sentencia sobre la causa 11.684 iba a leer sólo la “parte dispositiva” y las partes se llevarían un CD con una copia del texto de la sentencia.

La lectura no duró más de cinco minutos, nadie festejó ni insultó. Salvo al final, cuando se dictaminó la reapertura de la calle Bartolomé Mitre. Mucho tuvo que ver la ausencia de todos los acusados en la sala, un temor que confirmaron los familiares al invadir el salón contiguo a la sala. Querían asegurarse de que se los llevaran detenidos a los imputados, algo que de todas formas no iba a ocurrir. El primero en ser sentenciado por los jueces Catucci, Eduardo Riggi y Angela Ledesma fue Chabán, el gran beneficiado de la jornada.

Los camaristas revocaron la calificaron de “incendio doloso”, por la que se condenó al gerenciador de Cromañón en agosto de 2009 a 20 años de prisión, de los cuales cumplió dos años y medio. En los argumentos de su voto, Catucci afirmó que “con sólo recordar que Chabán, (el manager Diego) Argañaraz, Villarreal y los demás integrantes del grupo Callejeros estaban presentes en el lugar, queda descartado de plano un quehacer doloso (porque) de lo contrario, ellos mismos hubieran sido las primeras víctimas”. A Chabán le adjudicaron además el delito de cohecho activo, por la coima pagada a la policía para que hiciera la vista gorda con el control de la gente que entraba al boliche.

En la lectura siguió Villarreal, que había recibido un año por ser “partícipe secundario” y ahora quedó en la misma situación que Chabán, sólo que el “cohecho” en su caso fue como “partícipe necesario”.

Argañaraz fue el siguiente y también recibió una baja en la pena al cambiarse la calificación: antes había sido condenado a 18 años por “partícipe necesario del incendio doloso”, ahora se le adjudicó “incendio culposo” y también “partícipe necesario” del cohecho.

“Ellos conocían la posibilidad de que se produjera un foco ígneo”, escribió la jueza Catucci, quien consideró que se manejaron con “negligencia” e “imprudencia”. Por ello fueron condenados, a la misma figura que el manager, los músicos Patricio Fontanet, Eduardo Vázquez, Juan Alberto Carbone, Christian Torrejón, Maximiliano Djerfy y Elio Delgado.

En el caso de los funcionarios, los camaristas entendieron y dieron como probado que sabían de la situación irregular en el que estaba el boliche. Se trata de las ex subsecretaria de Control Comunal Fabiana Fiszbin y la ex directora adjunta de Fiscalización y Control Ana María Fernández, que habían sido condenadas a 2 años de cárcel, y Gustavo Torres, ex director de Fiscalización y Control del Gobierno porteño, que había sido absuelto. Ahora, los tres fueron condenados por el delito de “omisión de los deberes de funcionario público en concurso ideal con el delito de incendio culposo seguido de muerte”.

“Fiszbin, Torres y Fernández tenían la obligación y la facultad de actuar frente a los alertas descriptos –sostiene el fallo–. En este último sentido, siendo los encargados por ley de controlar las condiciones de seguridad, salubridad e higiene de los locales bailables, era su deber adoptar aquellas medidas que resultaran adecuadas para neutralizar los peligros que los denominados alertas les anunciaban. Por tanto, es posible sostener que los funcionarios eran garantes de la evitación de resultados típicos como los producidos en locales como República Cromañón, al menos en sentido formal, ya que era la ley misma la que establecía su deber de control.”

Quien siguió en la lectura del veredicto fue el subcomisario Carlos Díaz, quien ya había recibido una condena de 18 años y resultó beneficiado ayer por el cambio de “culposo” a “doloso”. Para los jueces, “no caben dudas” de que existió “un pacto venal”, un eufemismo para referirse a la coima que recibía de Villarreal. “Esa actividad funcionó como concausa del incendio”, sentenciaron. El último de los 14 condenados fue Daniel Cardell, escenógrafo de Callejeros, absuelto antes y ahora culpable de los mismos delitos que la banda, ya que se lo tomó como un integrante más.

Terminada la lectura de los veredictos, un silencio generalizado desconcertó a los propios jueces. Sólo unos pocos detrás del blindex protestaron porque se ordenó liberar el santuario ubicado en la calle Mitre al 3100, donde la noche del 30 de diciembre de 2004 se desató el incendio en el que murieron 193 personas y casi 1500 resultaron heridas. A diferencia de aquel fallo de 2009, con los familiares y los seguidores de Callejeros marchando por separado, sólo se rompió un vidrio ayer en medio de los empujones en el hall de entrada y nadie tiró piedras sobre el tribunal tras la sentencia.

Bajo el cielo nublado, frente al tribunal, Cristina Bernasconi reconoció que el fallo “era lo que esperaba”. La madre del fallecido Nicolás Landoni se sentía “aliviada”, al igual que Amelia Borras, que por primera vez en mucho tiempo no lloró de bronca. Un pequeño grupo de fieles de Callejeros pasó por el lugar y debieron retirarse. “O los cagamos a trompadas”, fue la oferta que escucharon de parte de un grandulón enfurecido.

Los magistrados que fueron cómplices de los represores

LA MAGISTRATURA INVESTIGA EL PAPEL DE LOS JUECES DURANTE LA DICTADURA. HAY MAS DE 20 PEDIDOS DE JUICIO POLITICO

El Consejo de la Magistratura creó una comisión para investigar el papel de los jueces durante la dictadura. Hay numerosas denuncias y pedidos de juicio político en todo el país y muchos de los involucrados son camaristas.

 Por Irina Hauser

El lunes pasado, en el juicio por el plan sistemático de apropiación de hijos de desaparecidos, Estela de Carlotto recordó en voz alta lo que le mandó decir en 1978 el entonces juez de menores Gustavo Mitchell a través de un emisario: “El doctor dice que se cuide; por lo que usted hace, podría aparecer en una zanja”. Lo que hacía Estela era buscar a su nieto nacido en cautiverio. Todavía lo busca. Mitchell hoy integra la Cámara de Casación, el tribunal penal de más jerarquía. Justo unos días antes del testimonio de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo ante el Tribunal Oral Federal 6, el Consejo de la Magistratura había tomado una decisión que no tuvo gran difusión pero que marca un nuevo rumbo: desentrañar qué papel tuvieron los jueces durante el terrorismo de Estado y cómo actuaron años después, cuando les tocó juzgar a los represores pasó a ser una prioridad para el organismo. Creó, para eso, una subcomisión especial que se ocupará de controlar que avancen y no mueran las investigaciones por la posible complicidad ejercida, desde los juzgados, con los crímenes dictatoriales. Según pudo rastrear Página/12, actualmente tramitan pedidos de juicio político de este tipo contra más de veinte jueces de todo el país, y muchos de ellos tienen rango de camaristas. En Mendoza, caso emblemático, hay varios jueces acusados en cadena, en historias que combinan sus vinculaciones con crímenes de lesa humanidad y el armado de una red de impunidad (para sí mismos y para los genocidas); en Salta, el presidente de la Cámara Federal quedó envuelto en un escándalo por alertar a su hermana sobre la detención de su hermano militar y procurarle un allanamiento “discreto”; aparecen en la lista nombres conocidos como el juez Conrado Bergesio, por la causa sobre los hijos adoptivos de Ernestina Herrera de Noble; un camarista cordobés denunciado como personal de inteligencia; otros por demoras; y hasta un planteo que compromete a un juez miembro del propio Consejo.

Dentro de ese universo que ganó visibilidad en los últimos tiempos y que se suele nombrar como “la cara civil” de la última dictadura, los jueces ocupan una importante porción y empiezan a ser investigados. Aunque subsisten ciertas resistencias corporativas, para la mayoría de los miembros del Consejo –que tiene la facultad de promover la destitución de magistrados– hoy importa y mucho qué hacían Sus Señorías ante secuestros, torturas y desapariciones o cuando recibían un hábeas corpus, y qué hacen en la actualidad si les toca juzgar aquellos hechos.

La subcomisión creada dos semanas atrás tiene varias razones de ser, que fueron definidas así: “La trascendencia institucional del tema”, “la eventual responsabilidad internacional” por la falta de juzgamiento, y la necesidad de “evitar las demoras” o la “paralización” de este tipo de expedientes, “como fue habitual hasta ahora”. Su función será controlar la evolución de las investigaciones, que son instruidas por distintos miembros del Consejo. La integrarán probablemente tres consejeros a designar y estará dentro de la estructura de la Comisión de Disciplina y Acusación, que es la encargada de dar el primer paso para iniciar el camino al juicio político, o para descartarlo.

La experiencia mendocina se convirtió en piedra basal desde que fue destituido el camarista Luis Miret. Con él quedó al descubierto un entramado de complicidades que explican por qué esta provincia tuvo serios escollos para llevar a sus represores al banquillo.

Demoras y sorpresas

El juez subrogante de Jujuy Carlos Olivera Pastor acumula denuncias en el Consejo por cómo tramita las causas, al punto que de sus investigaciones sólo se concretó un juicio oral, por un solo hecho y con Luciano Benjamín Menéndez como único imputado. La Unidad de Coordinación y Seguimiento de causas por violación a los Derechos Humanos de la Procuración lo cuestionó por liberar a un imputado a pesar de que un recurso de la fiscalía lo impedía, y le objetó su costumbre de abrir casi una causa por víctima en lugar de agrupar hechos y que se hagan los juicios en un tiempo razonable y con los acusados con vida. En Jujuy hay sólo trece procesados pese a que la fiscalía pidió ochenta indagatorias.

El juzgado de Olivera Pastor está ahora bajo una auditoría del Consejo, informaron en el organismo. La semana pasada fue tema central de la reunión de la Comisión Intrapoderes para Agilización de Causas de Lesa Humanidad que creó la Corte. Allí, el presidente de la Cámara Federal de Salta, Renato Rabbi Baldi Cabanillas, negó que hubiera retrasos en esa jurisdicción, pero recibió un tirón de orejas de los presentes, entre ellos el juez Daniel Rafecas. Rabbi Baldi, para colmo, acaba de ser denunciado porque le habría avisado a su hermana que un juez de Bahía Blanca iba a detener a su marido, Alejandro Osvaldo Marjanov, por delitos de lesa humanidad cometidos en el V Cuerpo de Ejército, y que allanarían su casa. Aunque era ajeno a la causa, Rabbi Baldi llamó a un inspector de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y le pidió que el allanamiento se hiciera “con la mayor discreción posible, preservando los bienes materiales en la vivienda de su hermana”, según declaró el funcionario policial. El militar fue finalmente detenido en Bahía Blanca. Y todo esto sin contar que el trámite de tan delicadas medidas tardó meses porque los jueces se excusaban o tomaban licencia, incluido Olivera Pastor.

Otro juzgado que será “compulsado” por el Consejo es el de Manuel Blanco, de La Plata, denunciado por organismos en 2009 por dilaciones en causas como la de la Unidad 9, la del centro clandestino La Cacha, la de la comisaría 8ª, otras por apropiación de menores y también la de la desaparición de Jorge Julio López.

Pasado y presente

“Desde que era pinche, Rueda trabajaba para los servicios de inteligencia” de la dictadura y “conocía la situación de los detenidos en el D2, igual que otros “funcionarios judiciales”. Luis Rueda es el presidente de la Cámara Federal de Córdoba y así lo describió en medio de uno de los juicios en esa provincia el ex comisario Carlos Yanicelli, uno de los acusados. El Consejo de la Magistratura tomó cartas en el asunto y Yanicelli amplió su denuncia el año pasado ante los ex consejeros Carlos Kunkel y Luis Bunge Campos. Ahora está en manos de la diputada del Frente para la Victoria Stella Maris Córdoba.

Mitchell, el camarista mencionado por Estela Carlotto, ya estaba bajo la lupa en el Consejo por su presunto aporte a la apropiación de por lo menos un menor durante la dictadura. La denuncia fue presentada por María Isabel Chorobik de Mariani (fundadora de Abuelas), dos nietas que recuperaron su identidad, Hebe de Bonafini y la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense, entre otros. Pidieron su expulsión al responsabilizarlo por entregar en julio de 1976 un bebé de 20 días, Simón Riquelo, a un subcomisario vinculado con el secuestro de su madre, la uruguaya Sara Méndez, de cuyos brazos había sido arrancado.

El relato de Carlotto del lunes último fue girado al Consejo por decisión del TOF6 y también al juez Norberto Oyarbide, que lo investiga. La presidenta de Abuelas contó que en 1978, cuando buscaba a su nieto, fue a la Casa Cuna, donde sabía que había una chiquita cuyos datos y fechas podían coincidir con los del bebé que había dado a luz su hija Laura, asesinada. Se habían llevado ya a la chiquita, pero Estela pudo ver que el juez era Mitchell. Fue a verlo, pero él no la atendió sino que le mandó un mensaje: que se “cuidara” porque “por lo que hacía podía aparecer en una zanja”.

En un rubro conexo, hay un expediente contra Bergesio, el juez de San Isidro que tuvo la causa para determinar si Marcela y Felipe Noble Herrera son hijos de desaparecidos. Se lo cuestionó por dilatar la definición sobre los estudios de ADN, y por no procurar condiciones mínimas de conservación de las muestras de material genético y sangre (guardadas en una caja fuerte). Se objetó incluso que intervino el Cuerpo Médico Forense y no el Banco Nacional de Datos Genéticos. Su sucesora en la causa, Sandra Arroyo Salgado, es una de sus denunciantes. El 30 de abril se cumplen diez años del trámite de esta causa, y aún no hay muestras de ADN fiables de los jóvenes. Paradójicamente, el camarista Mitchell podría intervenir en esta causa.

Una de las presentaciones más recientes ante el Consejo apunta al juez de Mar del Plata Rodolfo Pradas, sospechado de facilitar la fuga de los acusados de la Concertación Nacional Universitaria (CNU) antes y después del golpe. Otra dice que el juez Gustavo Duprat, de Bahía Blanca, desestimó un pedido para la detención de ocho represores a pesar de que estaba excusado.

Así, frente a éstos y otros jueces denunciados, será la nueva subcomisión la que seleccione qué pesquisas son relevantes y cuáles deberían ir al archivo. Por ejemplo, hay denuncias de casi tres años atrás (el plazo de caducidad) contra los santafesinos Marcelo Bailaque y Ricardo Vázquez; otras un poco más nuevas contra el juez Carlos Villafuerte Ruzo; y una de las más desconcertantes (por el personaje implicado) es la que cuestiona al juez Alejandro Sánchez Freytes, integrante del propio Consejo, por haber dado una indemnización (pensión por invalidez) por “las dolencias” que padece producto de sus “actos de servicio” a Luis Alberto Manzanelli, interrogador en el centro clandestino La Perla.