Recorrida muestra Rally Dakar

13 de septiembre de 2011, París: En el marco de su visita oficial a Francia, la presidenta Cristina Fernández confirmó que en 2012 retornará al país por tercer año consecutivo el Rally Dakar, como así también tendrá lugar una fecha oficial del campeonato mundial de Moto GP en Termas de Río Hondo, Santiago del Estero. El anuncio fue realizado por la Jefa de Estado en oportunidad de recorrer una muestra fotográfica que exhibe diversos aspectos del Rally Dakar, competencia que desde hace tres años tiene a nuestro país y a la hermana República de Chile como anfitriones.

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El robo de bebés “no es un asunto de familia”

ESTELA CARLOTTO RETRUCO A LA SIP

La titular de Abuelas de Plaza de Mayo consideró "ofensivo" e "inaceptable" la declaración de la Sociedad Interamericana de Prensa, que consideró "un asunto de familia" la apropiación ilegal de bebes durante la dictadura militar, en la causa que involucra a la directora del diario Clarin, Ernestina Herrera de Noble.

"Entre las Abuelas nos parece una ofensa considerar en el plano familiar lo que es un delito de lesa humanidad", dijo Carlotto en declaraciones a Télam, al referirse a la causa que investiga la justicia desde hace diez años y que debe resolver si Marcela y Felipe Noble Herrera son hijos de desaparecidos.

Carlotto manifestó que es "inaceptable" esa postura porque "se pone del lado de los victimarios" y afirmó que el titular de la SIP, Gonzalo Marroquín, "no puede desconocer que en la Argentina hubo una dictadura que entre otras cosas robó bebés y que hay una acusación de la justicia hacia la dueña de Clarín".

Marroquín y una delegación de la SIP efectúa una visita a la Argentina para interiorizarse de la situación que atraviesan los medios de comunicación, y al ser consultado sobre el caso Noble, dijo que "era un tema muy privado" y más tarde reiteró: "Es un asunto de familia".

Durante la estadía de la SIP, Marroquín leyó una declaración, donde entre otros puntos, criticó la ley de servicios de comunicación audiovisual, sancionada por el Congreso. "Llamó a violentar la ley de medios", advirtió Carlotto al plantear que "como ciudadana me produce rechazo esta injerencia de los dueños de medios de Iberoamerica en las acciones que lleva adelante el país en torno a democratizar los medios".

Los magistrados que fueron cómplices de los represores

LA MAGISTRATURA INVESTIGA EL PAPEL DE LOS JUECES DURANTE LA DICTADURA. HAY MAS DE 20 PEDIDOS DE JUICIO POLITICO

El Consejo de la Magistratura creó una comisión para investigar el papel de los jueces durante la dictadura. Hay numerosas denuncias y pedidos de juicio político en todo el país y muchos de los involucrados son camaristas.

 Por Irina Hauser

El lunes pasado, en el juicio por el plan sistemático de apropiación de hijos de desaparecidos, Estela de Carlotto recordó en voz alta lo que le mandó decir en 1978 el entonces juez de menores Gustavo Mitchell a través de un emisario: “El doctor dice que se cuide; por lo que usted hace, podría aparecer en una zanja”. Lo que hacía Estela era buscar a su nieto nacido en cautiverio. Todavía lo busca. Mitchell hoy integra la Cámara de Casación, el tribunal penal de más jerarquía. Justo unos días antes del testimonio de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo ante el Tribunal Oral Federal 6, el Consejo de la Magistratura había tomado una decisión que no tuvo gran difusión pero que marca un nuevo rumbo: desentrañar qué papel tuvieron los jueces durante el terrorismo de Estado y cómo actuaron años después, cuando les tocó juzgar a los represores pasó a ser una prioridad para el organismo. Creó, para eso, una subcomisión especial que se ocupará de controlar que avancen y no mueran las investigaciones por la posible complicidad ejercida, desde los juzgados, con los crímenes dictatoriales. Según pudo rastrear Página/12, actualmente tramitan pedidos de juicio político de este tipo contra más de veinte jueces de todo el país, y muchos de ellos tienen rango de camaristas. En Mendoza, caso emblemático, hay varios jueces acusados en cadena, en historias que combinan sus vinculaciones con crímenes de lesa humanidad y el armado de una red de impunidad (para sí mismos y para los genocidas); en Salta, el presidente de la Cámara Federal quedó envuelto en un escándalo por alertar a su hermana sobre la detención de su hermano militar y procurarle un allanamiento “discreto”; aparecen en la lista nombres conocidos como el juez Conrado Bergesio, por la causa sobre los hijos adoptivos de Ernestina Herrera de Noble; un camarista cordobés denunciado como personal de inteligencia; otros por demoras; y hasta un planteo que compromete a un juez miembro del propio Consejo.

Dentro de ese universo que ganó visibilidad en los últimos tiempos y que se suele nombrar como “la cara civil” de la última dictadura, los jueces ocupan una importante porción y empiezan a ser investigados. Aunque subsisten ciertas resistencias corporativas, para la mayoría de los miembros del Consejo –que tiene la facultad de promover la destitución de magistrados– hoy importa y mucho qué hacían Sus Señorías ante secuestros, torturas y desapariciones o cuando recibían un hábeas corpus, y qué hacen en la actualidad si les toca juzgar aquellos hechos.

La subcomisión creada dos semanas atrás tiene varias razones de ser, que fueron definidas así: “La trascendencia institucional del tema”, “la eventual responsabilidad internacional” por la falta de juzgamiento, y la necesidad de “evitar las demoras” o la “paralización” de este tipo de expedientes, “como fue habitual hasta ahora”. Su función será controlar la evolución de las investigaciones, que son instruidas por distintos miembros del Consejo. La integrarán probablemente tres consejeros a designar y estará dentro de la estructura de la Comisión de Disciplina y Acusación, que es la encargada de dar el primer paso para iniciar el camino al juicio político, o para descartarlo.

La experiencia mendocina se convirtió en piedra basal desde que fue destituido el camarista Luis Miret. Con él quedó al descubierto un entramado de complicidades que explican por qué esta provincia tuvo serios escollos para llevar a sus represores al banquillo.

Demoras y sorpresas

El juez subrogante de Jujuy Carlos Olivera Pastor acumula denuncias en el Consejo por cómo tramita las causas, al punto que de sus investigaciones sólo se concretó un juicio oral, por un solo hecho y con Luciano Benjamín Menéndez como único imputado. La Unidad de Coordinación y Seguimiento de causas por violación a los Derechos Humanos de la Procuración lo cuestionó por liberar a un imputado a pesar de que un recurso de la fiscalía lo impedía, y le objetó su costumbre de abrir casi una causa por víctima en lugar de agrupar hechos y que se hagan los juicios en un tiempo razonable y con los acusados con vida. En Jujuy hay sólo trece procesados pese a que la fiscalía pidió ochenta indagatorias.

El juzgado de Olivera Pastor está ahora bajo una auditoría del Consejo, informaron en el organismo. La semana pasada fue tema central de la reunión de la Comisión Intrapoderes para Agilización de Causas de Lesa Humanidad que creó la Corte. Allí, el presidente de la Cámara Federal de Salta, Renato Rabbi Baldi Cabanillas, negó que hubiera retrasos en esa jurisdicción, pero recibió un tirón de orejas de los presentes, entre ellos el juez Daniel Rafecas. Rabbi Baldi, para colmo, acaba de ser denunciado porque le habría avisado a su hermana que un juez de Bahía Blanca iba a detener a su marido, Alejandro Osvaldo Marjanov, por delitos de lesa humanidad cometidos en el V Cuerpo de Ejército, y que allanarían su casa. Aunque era ajeno a la causa, Rabbi Baldi llamó a un inspector de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y le pidió que el allanamiento se hiciera “con la mayor discreción posible, preservando los bienes materiales en la vivienda de su hermana”, según declaró el funcionario policial. El militar fue finalmente detenido en Bahía Blanca. Y todo esto sin contar que el trámite de tan delicadas medidas tardó meses porque los jueces se excusaban o tomaban licencia, incluido Olivera Pastor.

Otro juzgado que será “compulsado” por el Consejo es el de Manuel Blanco, de La Plata, denunciado por organismos en 2009 por dilaciones en causas como la de la Unidad 9, la del centro clandestino La Cacha, la de la comisaría 8ª, otras por apropiación de menores y también la de la desaparición de Jorge Julio López.

Pasado y presente

“Desde que era pinche, Rueda trabajaba para los servicios de inteligencia” de la dictadura y “conocía la situación de los detenidos en el D2, igual que otros “funcionarios judiciales”. Luis Rueda es el presidente de la Cámara Federal de Córdoba y así lo describió en medio de uno de los juicios en esa provincia el ex comisario Carlos Yanicelli, uno de los acusados. El Consejo de la Magistratura tomó cartas en el asunto y Yanicelli amplió su denuncia el año pasado ante los ex consejeros Carlos Kunkel y Luis Bunge Campos. Ahora está en manos de la diputada del Frente para la Victoria Stella Maris Córdoba.

Mitchell, el camarista mencionado por Estela Carlotto, ya estaba bajo la lupa en el Consejo por su presunto aporte a la apropiación de por lo menos un menor durante la dictadura. La denuncia fue presentada por María Isabel Chorobik de Mariani (fundadora de Abuelas), dos nietas que recuperaron su identidad, Hebe de Bonafini y la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense, entre otros. Pidieron su expulsión al responsabilizarlo por entregar en julio de 1976 un bebé de 20 días, Simón Riquelo, a un subcomisario vinculado con el secuestro de su madre, la uruguaya Sara Méndez, de cuyos brazos había sido arrancado.

El relato de Carlotto del lunes último fue girado al Consejo por decisión del TOF6 y también al juez Norberto Oyarbide, que lo investiga. La presidenta de Abuelas contó que en 1978, cuando buscaba a su nieto, fue a la Casa Cuna, donde sabía que había una chiquita cuyos datos y fechas podían coincidir con los del bebé que había dado a luz su hija Laura, asesinada. Se habían llevado ya a la chiquita, pero Estela pudo ver que el juez era Mitchell. Fue a verlo, pero él no la atendió sino que le mandó un mensaje: que se “cuidara” porque “por lo que hacía podía aparecer en una zanja”.

En un rubro conexo, hay un expediente contra Bergesio, el juez de San Isidro que tuvo la causa para determinar si Marcela y Felipe Noble Herrera son hijos de desaparecidos. Se lo cuestionó por dilatar la definición sobre los estudios de ADN, y por no procurar condiciones mínimas de conservación de las muestras de material genético y sangre (guardadas en una caja fuerte). Se objetó incluso que intervino el Cuerpo Médico Forense y no el Banco Nacional de Datos Genéticos. Su sucesora en la causa, Sandra Arroyo Salgado, es una de sus denunciantes. El 30 de abril se cumplen diez años del trámite de esta causa, y aún no hay muestras de ADN fiables de los jóvenes. Paradójicamente, el camarista Mitchell podría intervenir en esta causa.

Una de las presentaciones más recientes ante el Consejo apunta al juez de Mar del Plata Rodolfo Pradas, sospechado de facilitar la fuga de los acusados de la Concertación Nacional Universitaria (CNU) antes y después del golpe. Otra dice que el juez Gustavo Duprat, de Bahía Blanca, desestimó un pedido para la detención de ocho represores a pesar de que estaba excusado.

Así, frente a éstos y otros jueces denunciados, será la nueva subcomisión la que seleccione qué pesquisas son relevantes y cuáles deberían ir al archivo. Por ejemplo, hay denuncias de casi tres años atrás (el plazo de caducidad) contra los santafesinos Marcelo Bailaque y Ricardo Vázquez; otras un poco más nuevas contra el juez Carlos Villafuerte Ruzo; y una de las más desconcertantes (por el personaje implicado) es la que cuestiona al juez Alejandro Sánchez Freytes, integrante del propio Consejo, por haber dado una indemnización (pensión por invalidez) por “las dolencias” que padece producto de sus “actos de servicio” a Luis Alberto Manzanelli, interrogador en el centro clandestino La Perla.

La hija de Carlotto dio a luz en un centro de detención

ROBO DE BEBES

María Laura Bretal, sobreviviente del centro clandestino “La Cacha”, declaró hoy que compartió el encierro con la hija de la titular de Abuelas cuando ella tenía 7 meses de embarazo. Le prometieron que el bebé iba a ser entregado a Carlotto.

Una sobreviviente declaró hoy que vio a Laura Carlotto embarazada y que, luego del parto, “le aseguraron que a ella la iban a llevar a una granja de recuperación y al bebé se lo iban a entregar a la abuela”.

En una nueva jornada del juicio oral y público que se sigue contra ex jerarcas de la última dictadura militar, encabezados por los dictadores Jorge Rafael Videla y Reynaldo Bignone, hoy declaró María Laura Bretal, una sobreviviente de ese centro de detención y torturas.

Tras narrar su secuestro el 3 de mayo de 1978, en la bonaerense localidad de Ensenada, la mujer declaró que fue conducida a “La Cacha” donde debió permanecer “engrillada y tabicada” tras dos días en el “laboratorio”, eufemismo con que los represores llamaban a la sala de torturas.

La sobreviviente dijo haber visto a Laura Carlotto, “con un embarazo de alrededor de siete meses” a quien describió como una mujer “muy difícil de confundir, hermosísima, morocha, alta con unos ojos muy bellos y una mirada muy particular”.

El testimonio tuvo momentos de mucha sensibilidad como cuando relató que, pese a la crueldad del encierro y los tormentos, la hija de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo le anticipó que “si es varón le voy a poner Guido, como mi papá”; mientras ambas ponían sus manos sobre el vientre de la muchacha “para sentir las pataditas que daba el bebé”.

Luego recordó cuando, “con motivo de las contracciones, nosotros comenzamos a gritar para que la llevaran a Laura para parir” y que la propia víctima luego le dijo que creía haber dado a luz “en un hospital militar; nosotras en ese entonces no sabíamos nada de las maternidades clandestinas”.

En la audiencia de ayer Estela de Carlotto, ratificó la existencia de un “plan sistemático, una práctica permanente” para el robo de bebés nacidos cuando sus madres estaban en ilegal cautiverio durante la última dictadura militar.

Carlotto calificó ese plan como “siniestro” y reiteró sus reclamos para que a los represores “les caiga todo el peso de la historia. No queremos revancha, solamente justicia para que se escriba la historia con toda la verdad” y señaló que ello es “la única manera de que la democracia sea permanente”.

Junto a Videla y Bignone también son juzgados por el robo de bebés los represores Jorge “el Tigre” Acosta, Santiago Omar Riveros, Rubén Franco, Antonio Vañek, Juan Azic, y el médico Jorge Magnacco, a quien se imputa su intervención profesional en los partos.

Todos los militares son juzgados por los delitos de sustracción, retención y ocultamiento de menores y sustitución de sus identidades en 34 casos, entre los que están los hijos de Laura Estela Carlotto y Horacio Fontán; de María Claudia García Iruretagoyena y Marcelo Gelman, de María Hilda Pérez de Donda y José María Laureano Donda y de Alicia Elena Alfonsín de Cabandié y Damián Cabandié.