Testigo desaparecido

DENUNCIA EN LA CAUSA SOBRE EL OBISPO PONCE DE LEON

Víctor Martínez está desaparecido desde el lunes. Sus familiares presentaron un hábeas corpus. Es un testigo clave en el caso del obispo Carlos Ponce de León

 Por Laura Vales

Víctor Martínez, testigo en la causa en la que se investiga la muerte del obispo Carlos Horacio Ponce de León, asesinado durante la dictadura en un accidente simulado, se encuentra desaparecido desde el lunes. Así lo denunciaron sus familiares, que presentaron un hábeas corpus. En el pedido de intervención a la Justicia advirtieron que Martínez había tenido años atrás amenazas de muerte. A las dos de la tarde del lunes salió de su casa, en la ciudad de Buenos Aires, para ir a una escribanía ubicada en el microcentro, a la que nunca llegó.

“Tenía después un turno con su terapeuta a las 17.30 y tampoco fue. Estamos preocupados”, relató anoche la abogada Gabriela Scopel. Vestía camisa blanca, pantalón y zapatos negros y un pulóver oscuro. La letrada agregó que en los hospitales de la ciudad, tanto como en el SAME y en la Policía Federal dijeron no tener rastros de él.

Martínez era el único acompañante de Ponce de León cuando el 11 de julio de 1977 el obispo sufrió el accidente que le causó la muerte. Tenía entonces 19 años –hoy tiene 52– y estaba haciendo el servicio militar en la Prefectura Naval, donde estuvo secuestrado después del accidente.

Como obispo de la diócesis de San Nicolás, Ponce de León había acompañado a los trabajadores de Villa Constitución perseguidos por el terrorismo de Estado e intercedió por varios desaparecidos. Su muerte conmocionó a la zona por su similitud con la del obispo de La Rioja, Enrique Angelelli, que había ocurrido un año antes.

La investigación del asesinato fue reabierta luego de la anulación de las leyes de impunidad, pero se topó con continuos obstáculos en su avance. El principal investigado es el ex teniente coronel Manuel Fernando Saint Amant, jefe de la represión en la zona, hoy procesado (pero en libertad) en numerosas causas de desaparición de personas.

En el año 2008, el fiscal federal Juan Patricio Murray tuvo un fuerte cruce con el juez de la causa, Carlos Villafuerte Ruzo, cuando tras enterarse de que el cadáver del obispo había sido sacado de su tumba en la Catedral, pidió un análisis de ADN para certificar que el cuerpo dentro del ataúd no hubiera sido suplantado, pero se topó con una orden del juez suspendiendo la exhumación.

Martínez declaró en el expediente y fue acusado por falso testimonio y procesado. Por esto, inició una querella contra Villafuerte Ruzo. “A fines de diciembre presentamos una demanda por persecución religiosa contra el juez, en enero hicimos una presentación de juicio político en el Consejo de la Magistratura y el 24 de marzo, en el acto en la Plaza de Mayo, hubo un grupo que colgó una bandera con la consigna ‘juicio político al juez Villafuerte Ruzo’”, reseñó la abogada Scopel.

El hábeas corpus fue presentado “en atención a las causas penales que lo tienen como víctima, testigo, denunciante y querellante”, que son “eminentemente procesos en los que se investigan violaciones a los derechos humanos”.

El testigo estaba recibiendo atención psicológica por estrés post traumático, después de la reapertura de las causas de San Nicolás. Sus familiares contaron que sufre de alta presión, pero controlada con medicamentos, y que también suele usar bastón por problemas en su columna.

Por las amenazas de muerte que recibió fue abierta una investigación en el juzgado federal de Norberto Oyarbide, aunque el expediente fue cerrado el año pasado por falta de pruebas.

La Unidad 48, un penal todo servicio

TRAS LA DENUNCIA DEL DESARMADERO, EN EL PENAL DE SAN MARTIN VIOLARON A UN PRESO

Después de publicada la información en Página/12 sobre las actividades ilegales en el penal, fue desplazado un oficial de poca relevancia. Los presos denunciantes están siendo derivados a otras cárceles. En el penal, no elevaron la denuncia del preso violado.

 Por Horacio Cecchi

Una semana después de la denuncia de que en la Unidad Penal 48 los presos salían a robar autos, que había un desarmadero y venta de drogas, el Servicio Penitenciario Bonaerense desplazó a un oficial que aparece escrachado en fotos y denuncias de los presos. La medida fue tomada un día después de publicada la información en la tapa de Página/12. A su vez, a los denunciantes, presos universitarios a quienes el director del penal los conoce como “los retobados”, comenzaron a apartarlos del pabellón de estudiantes, para derivarlos luego a otras unidades, donde serán recibidos no precisamente con las palmas. Pero en tanto, el lunes 7, a las 2 de la madrugada, dos internos violaron a otro después de que la guardia liberara el pabellón. El delito no fue denunciado ni por el médico que lo atendió ni por la guardia. Al día siguiente, otro preso fue internado en un hospital externo después de que le atravesaran un pulmón de un facazo.

El oficial se llama Eloy Guerra. Es el mismo que, según consta en el expediente judicial, aparece en fotos junto a un grupo de presos, todos vestidos con partes del uniforme del SPB y que fuera denunciado como proveedor de armas, marihuana, pasta base, cocaína y Rivotril, según informó en su nota el periodista Horacio Verbitsky.

Ocho días después de presentada la primera denuncia sobre el desarmadero penal y la banda de presos y carceleros, y horas después de que fuera pública la información, comenzó el castigo sobre los denunciantes, los internos estudiantes universitarios a quienes comenzaron a alojar en otros pabellones, para luego enviarlos a otros penales. A juzgar por los antecedentes, el castigo era previsible: según confió a este cronista un investigador del fuero judicial de San Martín, el director de la unidad, Raúl Galeano, suele decir que “el problema en el penal son los estudiantes, que siempre se me retoban”.

Mientras tanto, pocas horas después de publicada la nota en este diario, dos internos violaron a un preso que fue arrojado a la celda luego de liberar el pabellón, es decir, abandono de la guardia. La víctima, de 28 años, de conducta ejemplar 10 en los últimos tres años, estaba alojado en el penal contiguo, la U46. Sin motivo valedero informado, el domingo a última hora fue trasladado a la U48. Lo enviaron al peor pabellón, según consignan presos, abogados y funcionarios judiciales: el Pabellón 12, de Tránsito. Hacinado al doble de su capacidad, al recién llegado lo entregaron en la celda 2, donde fue atacado por dos de los tres internos, le asestaron varios facazos –uno le provocó una herida importante en un brazo– y le robaron las zapatillas. Después de controlado, lo violaron.

Ayer, el Comité Contra la Tortura, de la Comisión Por la Memoria, presentó un hábeas corpus protectivo a favor de la víctima. En el texto cita la denuncia de uno de los testigos quien aseguró que “al momento del hecho se encontraba un oficial de apellido Lavallén, quien dejó actuar a los detenidos y según nos comenta le dijo: ‘Denunciame, total tu jueza ya me cagó la vida’, y se retiró del pabellón”. El inspector de vigilancia adjutor Ezequiel Lavayén es quien recorría el 12 en ese momento. La jueza a la que se refiere en la denuncia es María del Carmen Rodríguez Melluso, del Juzgado de Ejecución 1.

Luego de la violación, la víctima fue trasladada a sanidad, donde lo primero que dijo al médico fue: “Fui violado y quiero denunciarlo”. El médico le suturó el brazo, lo revisó y sacó la conclusión de que tenía algún rasponcito en el ano. Tampoco hizo la denuncia como corresponde por tratarse de un delito gravísimo. La reacción de la guardia fue de tarde de siesta de pueblo: levantaron el teléfono y llamaron a la fiscalía 3. “Si fue violado comuníquese a la 14”, respondieron desde la fiscalía. La 14, donde se encuentra el fiscal Miguel Angel Vieira Miño, es la unidad de investigación de Delitos Sexuales. Los guardias cortaron pero no volvieron a llamar. El secretario de Ejecución Penal de la Defensoría, Juan Manuel Casolati, se enteró el martes 8 a las 22.30 por un llamado telefónico del familiar de un preso, poniéndolo en aviso de que en “la celda 2 del pabellón 12 hay un preso violado”.

Casolati se presentó el miércoles por la mañana y recibió el testimonio de la víctima, hizo un acta, y constató que las actuaciones realizadas por la guardia no habían superado la prueba del primer llamado. Ayer, se presentó en la fiscalía 14 para realizar la denuncia por violación, dio testimonio y entregó el acta correspondiente. En su testimonio citó que “los internos denuncian que el Servicio entrega muchachos a los presos pesados”.

Ayer se agregó el hábeas corpus presentado por los internos universitarios a la jueza Rodríguez Melluso. En él solicitan dejar de ser desplazados del pabellón universitario y trasladados a otros penales, pidieron mantener la posibilidad de continuar con sus estudios, reclamaron por la comida y el cese de los hostigamientos.