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jueves, 14 de febrero de 2013

El caso Luciano Arruga

El caso Luciano Arruga

Luciano Arruga permanece desparecido desde el 31 de Enero de 2009 (ya cumplió 17 años). Luciano vivía con su madre y sus dos hermanos menores. Vanesa Orieta, hermana mayor de Luciano e hija de diferente padre, es la más grande, tiene 26, cursa segundo año de la carrera de Sociología de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y trabaja en una empresa en Morón. Luciano estaba por empezar la secundaria, trabajaba en una fábrica de fundición, es de River y le gusta Charly García, cumbia y reggaeton. Cada tanto cartoneaba para tener algo más, aunque su hermana le decía que no lo hiciera. “Buscamos a Luciano con la esperanza de que esté con vida, pero somos conscientes de que quizá ya no se apunte a eso”, sostiene Orieta. El abogado de la familia (Pablo Pimentel) asegura que “ya está probado que los policías del destacamento de Lomas del Mirador lo levantaron de la calle”, y un peritaje determinó que estuvo en ese centro policial. 


A la madre no le quisieron dar copia de su supuesta declaración (de Luciano Arruga) y cuando la fue a reclamarla, vio cómo limpiaban la delegación con gran energía y lavandina.

Un chico del barrio “se habría quebrado” y contó a la familia lo que sabía: un compañero de secundaria les dijo que había estado detenido junto a Luciano, y que ambos habían sido “reventados a palos”. Este chico lo vio a Luciano aparentemente muerto en la delegación, y por eso está muy asustado. “Nos golpearon mucho, a Luciano lo vi mal, lo mataron a golpes”, fueron sus palabras. 

De ser así, se habría cumplido la amenaza que supuestamente recibió en Septiembre, cuando lo detuvieron y lo llenaron de moretones mientras le decían “negrito de mierda, terminás con un tiro en el pecho”.

El Sábado 31 de Enero Mónica Alegre (la madre) se levantó temprano y ya no encontró a Luciano. Había estado con sus amigos en la esquina. En un momento fue hasta su casa (Luciano Arruga), que quedaba a pocos metros, y mientras volvía lo pararon policías del destacamento de Lomas del Mirador, creado luego de sucesivas movilizaciones por mayor seguridad, o mayor “mano dura” como acusan los vecinos de Arruga. 

“En la causa hay testigos que declararon que la policía lo levantó de la calle, ahora están ampliando sus dichos con la nueva fiscal del caso”, explicó el abogado Pablo Pimentel, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH). Es que ante la inacción de la UFI 7, a cargo de Roxana Castelli, acudieron a la Fiscalía General que pasó el caso a la fiscal Cecilia Cejas (UFI 1).

Aquel día comenzó la búsqueda por comisarías y hospitales, y presentaron un hábeas corpus, que fue rechazado. 

Dice la familia que la policía lo paraba acusándolo de robo, iban a buscarlo y les decían a los policías: “¿Dónde está el móvil para robar, el carrito de cartoneo?. Eran excusas para hostigar a chicos como él”. 

Hubo dos semanas de incertidumbre, y por un llamado extorsivo, la DDI de San Justo intervino teléfonos y apretó a amigos de mi hermano en la brigada. Era una pantomima, no lo estaban buscando” (dijo Vanesa).

Como antecedente, el 21 de Septiembre Luciano fue llevado al destacamento creado a instancias del vecino Gabriel Lombardo. Ubicado en Indart 106, de Lomas del Mirador, parece un chalet de familia más que una unidad policial. 

Cuenta Vanesa: “¡me están pegando!”, gritó Luciano mientras esperaba que lo liberaran. Cuando salió, señaló uno a uno a los golpeadores. Todos se negaron a dar sus nombres. Acá no te hicimos nada. Negrito de mierda, te vamos a llevar a Quintana para que te violen, o terminás en un zanjón”, lo amenazaron. 

En el policlínico de San Justo verificaron los golpes, y, según su hermana, lo volvieron a parar cada vez que andaba por la calle.

El barrio 12 de Octubre es muy humilde y Gabriel Lombardo, Presidente de Vecinos Alerta por Lomas del Mirador (Valomi) cree que toda la inseguridad está depositada en esas cuadras. Por eso logró la creación del destacamento.

Por la detención del 21 de Septiembre no hicieron la denuncia. “Se iban a poner más violentos, no les podés tocar un pelo. Sufrimos inseguridad de parte de los que tienen que dártela. Y en este caso se les fue la mano, lamentablemente a una le toca sufrirlo. Mientras tanto, los que reclaman seguridad te miran y te señalan con el dedo”, explicó la hermana de Luciano. 

A pesar de los logros de Valomi, en la zona ocurrieron casos resonantes: los asesinatos del florista de Susana Giménez y del entrenador de Guillermo Coppola. Valomi organizó una marcha contra la inseguridad, con Constanza Guglielmi, hija de un general acusado en Conadep. Al mismo tiempo, familiares y amigos de Luciano, con el Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA) y de la FUBA, hicieron su marcha con pancartas del chico desaparecido, que pasó mediáticamente desapercibida. 

En ocasión de encontrarse Francisco De Narváez en campaña electoral, se coordinó una reunión de Valomi con el candidato, en la propia casa de Gabriel Lombardo, para hablar sobre el problema de la inseguridad y el plan de De Narváez. Finalizada la reunión, y habiéndose retirado el candidato junto a la comitiva y sus guardaespaldas, irrumpió en la vereda de la vivienda la hermana de Luciano gritando: “mi hermano está desaparecido y vos no haces nada por eso. Lo único que haces es traer más policías”, además de variados insultos.

El caso de la desaparición de Luciano, cobró cierta notoriedad en los medios a partir de la irrupción ante cámaras y ante la mirada atónita de los conductores, en el programa CQC del pasado Lunes 3 de Agosto, de dos jóvenes portando banderas por el esclarecimiento del caso. Fueron retirados por personal de seguridad al aire. El pasado Viernes 7 de Agosto desde DDT, Jorge Lanata también abordó el tema. El caso de Luciano Arruga comenzó a ser tratado por los medios como el de un “desaparecido en democracia” en la provincia de Buenos Aires.

Vanesa Orieta y su mamá Mónica Alegre se contactaron con Rosa Bru, madre del estudiante de periodismo que permanece desaparecido desde 1993, luego de haber sido torturado y asesinado en una comisaría de La Plata. No es el único caso. Iván Torres desapareció en Octubre de 2004 de la comisaría de Comodoro Rivadavia. A pesar de que la abogada Verónica Heredia logró el reconocimiento del caso como “desaparición forzada de persona” no hubo jamás una pista sobre Iván.

Aquellos días de campaña política, Valomi vivió sus últimas horas, por lo menos, en su composición original. En apariencia, el paso de De Narvaez resultó fatal para la organización vecinal. En horas posteriores, sus miembros comunicaron su apartamiento.

Pero los vecinos de dicha localidad “Matancera”, cuentan también otra historia distinta a lo relatado. Hablan de un pibe (Luciano) de condición económicamente humilde, al que tenían visto en el barrio, pero que no individualizaban como “peligroso” ni nada que se asemeje. 

La versión que relatan sostiene que Luciano, apremiado por dinero, se metió en un lío y en un ambiente que no conocía (no lo señalan como “adicto”), como es el de la droga, y habría sido convencido por los “narcos” del barrio para que a cambio de unos pesos, fuese a buscar “merca”, a un lugar determinado en la villa de Retiro, en nombre de ellos. Su trabajo o “changa” era esa, y según afirmaron, a tal punto no tenía nada que ver Luciano con el mundo de las drogas, que era la primera vez que lo hacía.

La misma versión relata que Luciano salió de Lomas del Mirador con el dinero en el bolsillo para la compra y la dirección donde debía realizarla, que llegó a dicho lugar, y que “desapareció” en algún punto desde que contactó a los “narcos” de Retiro, en adelante.

miércoles, 8 de agosto de 2012

Blaquier declara por violaciones a los derechos humanos



Desde temprano, el dueño de Ledesma realiza su declaración indagatoria ante el juez jujeño Fernado Poviña mediante videoconferencia desde el Consejo de la Magistratura. Ricardo Ariel Arédez, hijo del desaparecido exintendente de Ledesma Luis Arédez Sagues, calificó el hecho como "un paso muy importante" y aseguró que "el poder económico cómplice de la dictadura debe rendir cuentas". Además, para aplacar las versiones impulsadas por la empresa y los medios locales, Aredez aclaró que "los trabajadores jujeños que defienden su trabajo no deben tener miedo" por la pérdida sus puestos laborales.

En la puerta del
Consejo de la Magistratura
, está presente Nora Cortiñas, de la línea fundadora de Madres de Plaza de Mayo, delegaciones de ATE-Capital, CTA, H.I.J.O.S. y una gran columna de la agrupación Tupac Amaru, quienes repudian la actuación de Blaquier durante la dictadura cívico-militar.

Allí, Arédez recordó a su padre como un "referente social" que, desde su posición de médico, "mostraba especial preocupación por la atención de los niños y de los integrantes del movimiento villero y obrero del ingenio Ledesma" y pidió que "por favor no se agote en Blaquier la investigación" y que, entre otros, "la justicia también avance respecto de la esposa del titular de Ledesma, Nelly Arrieta de Blaquier y de Federico Nicholson", actual vicepresidente de la Union Industrial en representacion de Ingenio Ledesma.

lunes, 11 de junio de 2012

Un paso más hacia la extradición

LA JUSTICIA BRASILEÑA INICIO EL PROCESO PARA ENVIAR AL PAIS A UN REPRESOR DE LA ESMA




 Por Darío Pignotti 

El Supremo Tribunal Federal de Brasil comenzó con las gestiones para posiblemente extraditar a Claudio Vallejos, quien admitió haber intervenido en el secuestro del pianista brasileño Francisco Tenorio Cerqueira Junior, desaparecido.

Desde Brasilia

Uno de los capítulos menos investigados del Plan Cóndor, el que vinculó a las dictaduras de Brasil y Argentina, entre otras del Cono sur, comienza a salir de las sombras. El Supremo Tribunal Federal brasileño inició las gestiones para la posible extradición del represor argentino Claudio Vallejos, ex ESMA, quien declaró haber participado en el secuestro del pianista brasileño Francisco Tenorio Cerqueira Junior, desaparecido desde 1976, cuando realizaba una serie de presentaciones en Buenos Aires junto a Vinicius de Moraes.

Está probado con harta documentación –que incluye cartas del sindicato de músicos al dictador Ernesto Geisel (1974-1979)– que la Cancillería brasileña y la Embajada en Buenos Aires tomaron conocimiento prácticamente de inmediato del secuestro de Cerqueira Junior el 18 de marzo del ’76, y hay indicios firmes sobre la participación de agentes brasileños en los interrogatorios y torturas. Lo que hace de la desaparición de “Tenorinho” un caso emblemático del Cóndor orquestado por brasileños y argentinos.

Después de años de indiferencia judicial, el juez Gilmar Méndes, del Supremo Tribunal Federal, dio un paso firme hacia la extradición del presunto secuestrador Vallejos al ordenar la semana pasada que éste quede bajo jurisdicción de la Policía Federal, por su carácter de extraditable.

El proceso de deportación está caratulado en el Supremo como oficio 478/2012 y fue solicitado, tres meses atrás, por el fiscal federal argentino Miguel Angel Osorio, a cargo de la causa ESMA, quien en su fundamentación se refirió al Plan Cóndor y citó informaciones publicadas por Página/12.

Elisa Cerqueira era una niña de 8 años cuando su padre Francisco Tenorio, de 35, fue secuestrado. Desde entonces ha esperado en vano una respuesta de las autoridades brasileñas. “Si Vallejos es deportado allá (Argentina) va a ser juzgado y probablemente condenado, como sucedió con todos (los miembros de ESMA). Alfredo Astiz está preso y condenado. Yo creo que él tiene que ser deportado, porque acá no va a pasar nada, Brasil todavía no abrió los archivos, no reconoce su participación en este caso, amnistió a los torturadores, entonces creo que debe irse porque allá se hace justicia.” “Aquí Vallejos puede ser liberado en cualquier momento con cualquier excusa boba, por eso el gobierno argentino pidió que lo extraditen, allá va a responder por los grandes crímenes que cometió”, dijo Elisa Cerqueira al diario electrónico Carta Maior.

El Gordo Vallejos fue miembro de la Marina, actuó en la ESMA desde el comienzo de la dictadura y, según él mismo confesó, participó en el grupo de tareas que secuestró al pianista Francisco Tenorio Cerqueira Junior, que horas antes había participado de uno de los memorables recitales del poeta y ex diplomático Vinicius de Moraes junto al guitarrista Toquinho.

En la década del ’80, Vallejos desembarcó en Brasil donde repartía su tiempo entre estafas varias –por lo que fue preso más de una vez, la última en enero pasado– y vender entrevistas sobre su participación en el rapto del pianista Cerqueira Junior –un músico exquisito, poco volcado a la política—, y relatar los secuestros de varios militantes brasileños como Sidney Fix Marques dos Santos y Maria Regina Marcondes Pinto de Espinosa, quienes continúan desaparecidos desde 1976. Casos que posiblemente serán materia de indagaciones por parte del fiscal Osorio, si se lleva a cabo la deportación.

Maté por lo menos a 30 personas y perdí la cuenta de aquellos que torturé, perdí la cuenta de aquellos que yo había torturado y acabaron muertos”, declaró hace tiempo Vallejos a la revista Fatos, acaso envalentonado por las inminentes leyes de Obediencia Debida y Punto Final. También soltó la lengua para la televisión francesa, donde se despachó sobre Alfredo Astiz, y realizó declaraciones en la extinta revista argentina La Semana, a la que dijo: “Yo participé con (Rubén) Chamorro en el secuestro de (el embajador) Hidalgo Solá”, otra de las víctimas de los grupos de tareas de la ESMA, por orden del almirante Emilio Massera.

La vocación histriónica del represor y su prontuario como estafador hacen que sus afirmaciones sean tomadas con reserva, “no sabemos si todo lo que dice es verdad, pero es muy importante que esté detenido y que sea deportado” para ser interrogado por la Justicia argentina, plantea Jair Krischke, titular del Movimiento de Justicia y Derechos Humanos de Brasil, consultado por este diario.

Y luego avanza: “Esto también será importante” para la Comisión de la Verdad, creada el mes pasado por la presidenta Dilma Rousseff, porque es probable que se progrese en la reconstrucción de uno de los casos paradigmáticos del Plan Cóndor. Krischke dijo que no se puede prever cuándo habrá una definición sobre el caso, porque éste debe ser tratado por el plenario de los once miembros del Supremo Tribunal Federal, pero estima que hay “elementos” para esperar un fallo favorable dado que ya fueron concedidas otras extradiciones de represores que actuaron en Argentina, como el coronel uruguayo Manuel Cordero Piacentini, en enero de 2010, y el teniente argentino Norberto Raúl Trozzo, el año pasado.

miércoles, 20 de abril de 2011

VICTOR MARTINEZ TESTIGO DESAPARECIDO





Víctor Martinez testigo ocular del asesinato del Obispo Ponce de León se encuentra desaparecido desde el lunes 18 de abril a las 14:00 Vestía camisa blanca, pantalón y zapatos negros y un pulóver oscuro.
Ante cualquier tipo de información rogamos comunicarse con el número 15-6800-7586
Fuente: http://desde-los-satelites.blogspot.com/

Testigo desaparecido

DENUNCIA EN LA CAUSA SOBRE EL OBISPO PONCE DE LEON
Víctor Martínez está desaparecido desde el lunes. Sus familiares presentaron un hábeas corpus. Es un testigo clave en el caso del obispo Carlos Ponce de León
 Por Laura Vales
Víctor Martínez, testigo en la causa en la que se investiga la muerte del obispo Carlos Horacio Ponce de León, asesinado durante la dictadura en un accidente simulado, se encuentra desaparecido desde el lunes. Así lo denunciaron sus familiares, que presentaron un hábeas corpus. En el pedido de intervención a la Justicia advirtieron que Martínez había tenido años atrás amenazas de muerte. A las dos de la tarde del lunes salió de su casa, en la ciudad de Buenos Aires, para ir a una escribanía ubicada en el microcentro, a la que nunca llegó.
“Tenía después un turno con su terapeuta a las 17.30 y tampoco fue. Estamos preocupados”, relató anoche la abogada Gabriela Scopel. Vestía camisa blanca, pantalón y zapatos negros y un pulóver oscuro. La letrada agregó que en los hospitales de la ciudad, tanto como en el SAME y en la Policía Federal dijeron no tener rastros de él.
Martínez era el único acompañante de Ponce de León cuando el 11 de julio de 1977 el obispo sufrió el accidente que le causó la muerte. Tenía entonces 19 años –hoy tiene 52– y estaba haciendo el servicio militar en la Prefectura Naval, donde estuvo secuestrado después del accidente.
Como obispo de la diócesis de San Nicolás, Ponce de León había acompañado a los trabajadores de Villa Constitución perseguidos por el terrorismo de Estado e intercedió por varios desaparecidos. Su muerte conmocionó a la zona por su similitud con la del obispo de La Rioja, Enrique Angelelli, que había ocurrido un año antes.
La investigación del asesinato fue reabierta luego de la anulación de las leyes de impunidad, pero se topó con continuos obstáculos en su avance. El principal investigado es el ex teniente coronel Manuel Fernando Saint Amant, jefe de la represión en la zona, hoy procesado (pero en libertad) en numerosas causas de desaparición de personas.
En el año 2008, el fiscal federal Juan Patricio Murray tuvo un fuerte cruce con el juez de la causa, Carlos Villafuerte Ruzo, cuando tras enterarse de que el cadáver del obispo había sido sacado de su tumba en la Catedral, pidió un análisis de ADN para certificar que el cuerpo dentro del ataúd no hubiera sido suplantado, pero se topó con una orden del juez suspendiendo la exhumación.
Martínez declaró en el expediente y fue acusado por falso testimonio y procesado. Por esto, inició una querella contra Villafuerte Ruzo. “A fines de diciembre presentamos una demanda por persecución religiosa contra el juez, en enero hicimos una presentación de juicio político en el Consejo de la Magistratura y el 24 de marzo, en el acto en la Plaza de Mayo, hubo un grupo que colgó una bandera con la consigna ‘juicio político al juez Villafuerte Ruzo’”, reseñó la abogada Scopel.
El hábeas corpus fue presentado “en atención a las causas penales que lo tienen como víctima, testigo, denunciante y querellante”, que son “eminentemente procesos en los que se investigan violaciones a los derechos humanos”.
El testigo estaba recibiendo atención psicológica por estrés post traumático, después de la reapertura de las causas de San Nicolás. Sus familiares contaron que sufre de alta presión, pero controlada con medicamentos, y que también suele usar bastón por problemas en su columna.
Por las amenazas de muerte que recibió fue abierta una investigación en el juzgado federal de Norberto Oyarbide, aunque el expediente fue cerrado el año pasado por falta de pruebas.