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jueves, 14 de febrero de 2013

El caso Luciano Arruga

El caso Luciano Arruga

Luciano Arruga permanece desparecido desde el 31 de Enero de 2009 (ya cumplió 17 años). Luciano vivía con su madre y sus dos hermanos menores. Vanesa Orieta, hermana mayor de Luciano e hija de diferente padre, es la más grande, tiene 26, cursa segundo año de la carrera de Sociología de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y trabaja en una empresa en Morón. Luciano estaba por empezar la secundaria, trabajaba en una fábrica de fundición, es de River y le gusta Charly García, cumbia y reggaeton. Cada tanto cartoneaba para tener algo más, aunque su hermana le decía que no lo hiciera. “Buscamos a Luciano con la esperanza de que esté con vida, pero somos conscientes de que quizá ya no se apunte a eso”, sostiene Orieta. El abogado de la familia (Pablo Pimentel) asegura que “ya está probado que los policías del destacamento de Lomas del Mirador lo levantaron de la calle”, y un peritaje determinó que estuvo en ese centro policial. 


A la madre no le quisieron dar copia de su supuesta declaración (de Luciano Arruga) y cuando la fue a reclamarla, vio cómo limpiaban la delegación con gran energía y lavandina.

Un chico del barrio “se habría quebrado” y contó a la familia lo que sabía: un compañero de secundaria les dijo que había estado detenido junto a Luciano, y que ambos habían sido “reventados a palos”. Este chico lo vio a Luciano aparentemente muerto en la delegación, y por eso está muy asustado. “Nos golpearon mucho, a Luciano lo vi mal, lo mataron a golpes”, fueron sus palabras. 

De ser así, se habría cumplido la amenaza que supuestamente recibió en Septiembre, cuando lo detuvieron y lo llenaron de moretones mientras le decían “negrito de mierda, terminás con un tiro en el pecho”.

El Sábado 31 de Enero Mónica Alegre (la madre) se levantó temprano y ya no encontró a Luciano. Había estado con sus amigos en la esquina. En un momento fue hasta su casa (Luciano Arruga), que quedaba a pocos metros, y mientras volvía lo pararon policías del destacamento de Lomas del Mirador, creado luego de sucesivas movilizaciones por mayor seguridad, o mayor “mano dura” como acusan los vecinos de Arruga. 

“En la causa hay testigos que declararon que la policía lo levantó de la calle, ahora están ampliando sus dichos con la nueva fiscal del caso”, explicó el abogado Pablo Pimentel, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH). Es que ante la inacción de la UFI 7, a cargo de Roxana Castelli, acudieron a la Fiscalía General que pasó el caso a la fiscal Cecilia Cejas (UFI 1).

Aquel día comenzó la búsqueda por comisarías y hospitales, y presentaron un hábeas corpus, que fue rechazado. 

Dice la familia que la policía lo paraba acusándolo de robo, iban a buscarlo y les decían a los policías: “¿Dónde está el móvil para robar, el carrito de cartoneo?. Eran excusas para hostigar a chicos como él”. 

Hubo dos semanas de incertidumbre, y por un llamado extorsivo, la DDI de San Justo intervino teléfonos y apretó a amigos de mi hermano en la brigada. Era una pantomima, no lo estaban buscando” (dijo Vanesa).

Como antecedente, el 21 de Septiembre Luciano fue llevado al destacamento creado a instancias del vecino Gabriel Lombardo. Ubicado en Indart 106, de Lomas del Mirador, parece un chalet de familia más que una unidad policial. 

Cuenta Vanesa: “¡me están pegando!”, gritó Luciano mientras esperaba que lo liberaran. Cuando salió, señaló uno a uno a los golpeadores. Todos se negaron a dar sus nombres. Acá no te hicimos nada. Negrito de mierda, te vamos a llevar a Quintana para que te violen, o terminás en un zanjón”, lo amenazaron. 

En el policlínico de San Justo verificaron los golpes, y, según su hermana, lo volvieron a parar cada vez que andaba por la calle.

El barrio 12 de Octubre es muy humilde y Gabriel Lombardo, Presidente de Vecinos Alerta por Lomas del Mirador (Valomi) cree que toda la inseguridad está depositada en esas cuadras. Por eso logró la creación del destacamento.

Por la detención del 21 de Septiembre no hicieron la denuncia. “Se iban a poner más violentos, no les podés tocar un pelo. Sufrimos inseguridad de parte de los que tienen que dártela. Y en este caso se les fue la mano, lamentablemente a una le toca sufrirlo. Mientras tanto, los que reclaman seguridad te miran y te señalan con el dedo”, explicó la hermana de Luciano. 

A pesar de los logros de Valomi, en la zona ocurrieron casos resonantes: los asesinatos del florista de Susana Giménez y del entrenador de Guillermo Coppola. Valomi organizó una marcha contra la inseguridad, con Constanza Guglielmi, hija de un general acusado en Conadep. Al mismo tiempo, familiares y amigos de Luciano, con el Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA) y de la FUBA, hicieron su marcha con pancartas del chico desaparecido, que pasó mediáticamente desapercibida. 

En ocasión de encontrarse Francisco De Narváez en campaña electoral, se coordinó una reunión de Valomi con el candidato, en la propia casa de Gabriel Lombardo, para hablar sobre el problema de la inseguridad y el plan de De Narváez. Finalizada la reunión, y habiéndose retirado el candidato junto a la comitiva y sus guardaespaldas, irrumpió en la vereda de la vivienda la hermana de Luciano gritando: “mi hermano está desaparecido y vos no haces nada por eso. Lo único que haces es traer más policías”, además de variados insultos.

El caso de la desaparición de Luciano, cobró cierta notoriedad en los medios a partir de la irrupción ante cámaras y ante la mirada atónita de los conductores, en el programa CQC del pasado Lunes 3 de Agosto, de dos jóvenes portando banderas por el esclarecimiento del caso. Fueron retirados por personal de seguridad al aire. El pasado Viernes 7 de Agosto desde DDT, Jorge Lanata también abordó el tema. El caso de Luciano Arruga comenzó a ser tratado por los medios como el de un “desaparecido en democracia” en la provincia de Buenos Aires.

Vanesa Orieta y su mamá Mónica Alegre se contactaron con Rosa Bru, madre del estudiante de periodismo que permanece desaparecido desde 1993, luego de haber sido torturado y asesinado en una comisaría de La Plata. No es el único caso. Iván Torres desapareció en Octubre de 2004 de la comisaría de Comodoro Rivadavia. A pesar de que la abogada Verónica Heredia logró el reconocimiento del caso como “desaparición forzada de persona” no hubo jamás una pista sobre Iván.

Aquellos días de campaña política, Valomi vivió sus últimas horas, por lo menos, en su composición original. En apariencia, el paso de De Narvaez resultó fatal para la organización vecinal. En horas posteriores, sus miembros comunicaron su apartamiento.

Pero los vecinos de dicha localidad “Matancera”, cuentan también otra historia distinta a lo relatado. Hablan de un pibe (Luciano) de condición económicamente humilde, al que tenían visto en el barrio, pero que no individualizaban como “peligroso” ni nada que se asemeje. 

La versión que relatan sostiene que Luciano, apremiado por dinero, se metió en un lío y en un ambiente que no conocía (no lo señalan como “adicto”), como es el de la droga, y habría sido convencido por los “narcos” del barrio para que a cambio de unos pesos, fuese a buscar “merca”, a un lugar determinado en la villa de Retiro, en nombre de ellos. Su trabajo o “changa” era esa, y según afirmaron, a tal punto no tenía nada que ver Luciano con el mundo de las drogas, que era la primera vez que lo hacía.

La misma versión relata que Luciano salió de Lomas del Mirador con el dinero en el bolsillo para la compra y la dirección donde debía realizarla, que llegó a dicho lugar, y que “desapareció” en algún punto desde que contactó a los “narcos” de Retiro, en adelante.

viernes, 28 de diciembre de 2012

Tucumán: ordenan procesar a 40 imputados por el "Operativo Independencia"

Entre los acusados está el dictador Videla, el ex gobernador de las Malvinas, Mario Benjamín Menéndez, además de otros militares, policías y civiles. Es por delitos cometidos antes del golpe del 76

Crédito foto: NA

La justicia tucumana procesó a 40 imputados, entre ellos militares, policías y civiles, por los delitos de torturas y asesinatos de militantes políticos durante el denominado "Operativo Independencia", antes del golpe militar de 1976.

El juez federal de Tucumán, Daniel Bejas, dispuso la medida en un fallo de 500 fojas en el que procesó a los ex policías Roberto "El Tuerto" Albornoz, Ricardo Oscar Sánchez, Luis Armando de Cándido; el ex dictador Jorge Rafael Videla; el ex gobernador de las Islas Malvinas, Mario Benjamín Menéndez y Fernando Luis Labayru.

En tanto, dispuso además el procesamiento de los civiles Miguel Ángel Carrasco, Carlos Alberto Diacono y Julio César Sarmiento, entre otros. Según fuentes judiciales, en su fallo Bejas aclaró los motivos por los cuales no llamó a declaración indagatoria a la ex presidente María Estela Martínez de Perón, quien autorizó el "Operativo Independencia", que comenzó en Tucumán en febrero de 1975 y que fue comandado por Adel Edgardo Vilas y luego por Antonio Domingo Bussi.

Además, Bejas avanzó en la investigación de delitos sexuales cometidos contra mujeres detenidas y también violaciones a hombres que estaban ilegalmente detenidos en centros clandestinos de detención. El 5 de febrero de 1975 la entonces presidenta María Estela Martínez de Perón firmó el decreto "secreto" en el que ordenaba al Ejército iniciar el "Operativo Independencia".

Según la investigación del Ministerio Público Fiscal, durante el "Operativo Indepedencia", "fueron sistemáticos los secuestros, la desaparición de personas y las torturas en el primer centro clandestino de detención que funcionó en el país conocido como "La Escuelita", que operaba en la escuela Diego de Rojas en la localidad de Famaillá.

La acusación de la fiscalía explica que el Operativo Independencia "consistió en la intervención masiva de las fuerzas armadas y de seguridad en un plan sistemático de exterminio de opositores políticos mediante la utilización del aparato estatal y de control social a través del terror".

jueves, 7 de junio de 2012

Provincia repudió las agresiones a periodistas en Malvinas Argentinas

El equipo de Télam fue brutalmente agredido por una patota de encapuchados cuando cubría un caso de mala praxis en el hospital de Pablo Nogués.


El Secretario de Comunicación Pública del gobierno bonaerense, Juan Courel, repudió hoy las agresiones sufridas por trabajadores de prensa en la localidad de Malvinas Argentinas y defendió el “derecho a la libre expresión”.

“El Gobernador Daniel Scioli repudia las actitudes de intolerancia y agresiones a trabajadores de prensa y a ciudadanos en general por sus convicciones particulares, por su descontento o por ejercer su derecho a la libre expresión”, expresó el funcionario al referirse al violento ataque.


Según la agencia de noticias Télam, “los periodistas habían concurrido a cubrir un presunto caso de mala praxis en el hospital municipal de Pablo Nogués cuando la patota, identificada con Cariglino, los agredió y les robó su equipo de trabajo, increpándolos para que se vayan del lugar”.


“Al llegar al lugar el equipo de Télam se encontró con un grupo de personas encapuchadas, que les impidieron ingresar al centro asistencial o tomar contacto con los manifestantes, en su mayoría familiares y vecinos de la niña con muerte cerebral”, continuó el cable del ente oficial.


Julio Mosle, de Télam, fue agredido a golpes de puño y puntapiés por un grupo de unas 20 personas, mientras a pocos metros los policías lejos de protegerlo “se corrieron del lugar”, relató el periodista, quien a causa de los golpes recibidos en la cara perdió dos piezas dentales.


“Fue subido por un grupo numeroso de agresores sobre el capot de un patrullero de la policía bonaerense, donde le propinaron una dura golpiza ante la mirada del personal uniformado que en ningún momento intervino”, continúa el medio de difusión que controla la Casa Rosada. 


En tanto, la fotógrafa Florencia Downes, también de Télam “debió refugiarse en el interior de un supermercado, situado a siete cuadras del hospital, para evitar ser agredida”.


En su declaración ante la policía, Federico Molinari, chofer de Télam, relató que la zona donde los manifestantes protestaban por el caso de mala praxis fue “cercada” por el grupo de encapuchados, que en todo momento se vieron auxiliados en su tarea de agresión por personal municipal de tránsito, conocidos como “zorros grises”.


Por su parte el reportero gráfico de Tiempo Argentino Mariano Vega, también recibió golpes -puñetazos, puntapiés e incluso cinturonazos-, y le rompieron la cámara, según informó ese diario en su versión digital.


“Mariano Vega fue agredido por una patota del intendente Jesús Cariglino, en el partido de Malvinas Argentinas, mientras cubría un presunto caso de mala praxis por la muerte de una menor, en el hospital municipal de Pablo Nogués”, publicó Tiempo.


El diario detalló que “Vega fue golpeado y perseguido por varias cuadras, al igual que periodistas de la agencia Télam y de Crónica que también se encontraban en el lugar. Además, sufrió la rotura de su cámara fotográfica”.

martes, 17 de enero de 2012

Agrupaciones sociales y políticas marchan contra la trata


Un conjunto de agrupaciones sociales y políticas de la Ciudad de Buenos Aires marcharán el viernes próximo en contra de la trata de personas.
La marcha se realiza luego de que Lorena Martins, hija de un ex agente de la Side, hiciera una denuncia penal contra su padre como supuesto jefe de una red de prostitución y trata de personas que contaría con complicidad de funcionarios y policías, quienes habrían percibido sobornos.

La protesta fue convocada por la Agrupación 17 de Noviembre, Centro de Estudios para la Inclusión Social (CEIS), el Frente Transversal, Frente Grande, La Nunca Menos, la Asociación Camino Real del Oeste, la Asociación Centro Aguafuertes, el Partido de la Victoria, el Partido Comunista y Red por Buenos Aires.

Las agrupaciones señalaron que “las recientes denuncias sobre trata han puesto en conocimiento de la ciudadanía sobre la existencia de organizaciones delictivas ligadas a las fuerzas de seguridad y al poder político de la Ciudad de Buenos Aires".

“Desde hace años venimos expresando preocupación frente a la problemática de la trata, la promoción de la prostitución y las injustas condiciones de vida a que se ven sometidas mujeres jóvenes, pobres o extranjeras, explotación que se ha visto incrementada en la Ciudad en los últimos cuatro años”, afirmaron.

Asimismo, destacaron que "según consta en la denuncia, los pagos que Raúl Martins efectuó para obtener protección de sus prostíbulos en la Ciudad, los hizo en la Comuna de nuestro barrio al referente del PRO Raúl Ríos (ex presidente de la Agencia Gubernamental de Control), en concepto de `aportes de campaña´”.

“Como vecinos del barrio de Flores vemos con decepción cómo personajes y prácticas de la vieja política se encarnan en la incipiente comuna generándole un severo daño institucional", consideraron.

La marcha se realizará el viernes, a las 17, a la sede de la comuna 7, ubicada en Culpina y Rivadavia
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viernes, 19 de agosto de 2011

A 35 años de la denominada "Masacre de Fátima"


Mañana se cumplen 35 años de la denominada "Masacre de Fátima", en la que fueron asesinados 30 presos políticos, "uno los capítulos más oscuros de la historia" porque "se trató de una feroz y desnuda represión ejecutada por quienes usurparon el poder el 24 de marzo de 1976".

Así describió el hecho el fiscal Federico Delgado cuando el 20 de septiembre de 2005 solicitaba la elevación a juicio oral y público de la causa, proceso que finalmente ocurrió en 2008.

"Se trató de una feroz penetración de un Estado que desnudó su poder coercitivo sobre al sociedad civil", enfatizó Delgado en su presentación.

Las víctimas de aquella matanza fueron Inés Nocetti, Ramón Lorenzo Vélez, Angel Osvaldo Leiva, Conrado Alsogaray, José Daniel Bronzel, Selma Julia Ocampo, Haydée Cirullo de Carnaghi, Norma Frontini, Jorge Daniel Argente y Carmen María Carnaghi.

La macabra mano de la "Masacre de Fátima" también alcanzó a Horacio Oscar García Castelú, Alberto Evaristo Comas, Susana Pedrini de Bronzel, Juan Carlos Vera, Carlos Pargas, Ricardo Herrera Carrizo, Roberto Olivestre, Enrique Aggio, María Rosa Lincon y Cecilia Podolsky de Bronzel, junto con 10 personas más no identificadas.

El 19 de agosto de 1976 un grupo militar se instaló en un control caminero sobre la ruta 8.

Poco después de las 4 de la madrugada del 20 de agosto, una gran explosión despertó a toda la localidad bonaerense de Fátima.

Los obreros de un horno de ladrillos cercano se encontraron con una escena macabra, restos humanos esparcidos en un radio de cien metros.

Inmediatamente la zona fue cercada por soldados que impedían el paso y a los reporteros gráficos se les secuestraron las fotos tomadas.

Los soldados y el personal civil recogían pedazos de los cuerpos dinamitados y los cargaban en un camión de la Municipalidad de Pilar.

Según el parte policial de la época, las víctimas eran treinta personas -diez mujeres y veinte hombres- la mayoría jóvenes, incluso algunos adolescentes.

Luego de ocurrida la Masacre, el gobierno militar por intermedio del Ministerio del Interior emitió un comunicado en el que repudió el hecho y lo atribuyó a “la demencia de grupos irracionales que con hechos de esta naturaleza pretenden perturbar la paz interior y la tranquilidad del pueblo argentino”, y expresó la firme voluntad de “esclarecer el hecho y sancionar a los responsables”.

Sólo cinco pudieron ser identificados en ese momento: Nocetti, Vélez, Leiva, Comas y Alzogaray, en tanto los cuerpos de las víctimas no identificadas fueron enterrados como NN en el Cementerio de Presidente Derqui, de donde fueron exhumados en 1985 para su identificación por parte del Equipo Argentino de Antropología Forense.

Sin embargo poco después, la sanción de la ley de Obediencia Debida archivó el expediente y detuvo los procesos iniciados.

En 1998, una presentación judicial de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Plata permitió el inicio de los llamados “Juicios de la Verdad”, que si bien por la vigencia de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida no permitían juzgar a los responsables de los delitos de lesa humanidad, sí permitieron seguir conociendo lo ocurrido con las víctimas.

Según testimonios ofrecidos a la CONADEP, a la hora de encontrar los cuerpos, estos estaban atados y vendados.

Pero lo más escalofriante es que se les encontraron orificios en la cabeza, provocados por armas de fuego, y habrían llegado al lugar de la masacre, ya muertos.

Según consta en el expediente, la mayor parte de las víctimas padeció su cautiverio en el centro clandestino que funcionó en la Superintendencia de Seguridad Federal, unidad perteneciente a la Policía Federal, en la calle Moreno 1417 de la Ciudad de Buenos Aires.

Este hecho formó parte del juicio a las Juntas en el que se comprobó la participación directa del ejército, en ese entonces al mando de Jorge Rafael Videla.

En 2003 la causa fue reabierta y seis ex-policías de la Federal fueron detenidos y puestos a disposición de la justicia.

En junio de 2004 el juez Rodolfo Canicoba Corral procesó con prisión preventiva y embargó a los policías federales Juan Carlos Lapuyole, Carlos Vicente Marcote y Carlos Enrique Gallone, recordado por aquella foto que recorrió el mundo abranzando a una madre de Plaza de Mayo en 1983.

Se determinó que Lapuyole y Marcote, quien falleció sin ser juzgado, fueron los responsables de las direcciones generales de Inteligencia y Operaciones de Superintendencia de Seguridad Federal y que Gallone fue jefe de una de las “brigadas” que actuaron en el lugar, donde funcionó un centro clandestino de detención durante la última dictadura.

En febrero del 2006 la causa judicial, que forma parte de la "megacausa" por gravísimas violaciones a los derechos humanos cometidas en la órbita del Primer Cuerpo, fue elevada a juicio oral por el juez federal Daniel Rafecas.

En julio del 2008, Lapuyole y Gallone fueron condenados a prisión perpetua por su accionar en la detención y asesinato de las víctimas de Fátima, en tanto Miguel Angel Trimarchi, otro de los imputados, fue absuelto.

jueves, 30 de junio de 2011

PLAN CINTURÓN SUR

28 de junio de 2011, Buenos Aires: La presidenta Cristina Fernández lanzó el "Plan Cinturón Sur", destinado a reforzar la seguridad en la zona sur de la Capital Federal. Además, entregó equipamiento y anunció la reasignación de mil policías federales y el refuerzo con 2.500 gendarmes y prefectos.



miércoles, 6 de abril de 2011

Sigue el pataleo en el gobierno porteño

UNA PELEA ADICIONAL POR UN SERVICIO POLICIAL
Funcionarios de la Ciudad volvieron a quejarse por la decisión del ministerio de Seguridad nacional de que los policías que prestaban servicios adicionales pasen a cumplir tareas de vigilancia y prevención en la calle. Rodríguez Larreta afirmó que presentarán una denuncia contra la ministra Garré por incumplimiento de deberes de funcionario público. Macri habló de "un alud de políticas que fomentan la anarquía".
El jefe de gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta, expresó que el gobierno de Macri "está muy preocupado" por la medida adoptada por la Nación, por la cual los policías que prestaban servicios adicionales para la Ciudad pasaron a cumplir tareas de vigilancia y prevención en la calle. El ministerio de Seguridad nacional le comunicó a la administración porteña que el convenio por el que se realizaba ese servicio se rescindirá a partir del próximo 6 de mayo.
Larreta confirmó que planean presentar una denuncia contra la ministra Garré por incumplimiento de deberes de funcionario público. "Esperemos que la Justicia lo avale, no se puede entender que dejaron a los chicos sin custodia, esto va directamente contra los porteños, acá están dejando sin seguridad a los porteños", sostuvo el funcionario.
"Realmente es increíble está decisión de la ministra Garré, que obviamente fue avalada por la presidente Cristina Kirchner", "No se puede entender la medida", insistió y además negó que "sea por una cuestión de dinero".
Macri, en tanto, sostuvo que la ministra de Seguridad "debería dar un paso atrás definitivo", al advertir que "hasta que no mejore la seguridad no se puede dejar de custodiar esos lugares". El mandatario comunal reiteró que la Policía Metropolitana no tiene la capacidad suficiente para remplazar a los efectivos de la Federal desafectados de las dependencias porteñas. "No tenemos la cantidad de efectivos suficientes para suplir a la Policía Federal. Estamos formando de a 500 cadetes por año. Deberíamos salir de las comunas que estamos cuidando para ocupar escuelas y hospitales. Me parece una locura", insistió.
Por su parte, el ministro de Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, sostuvo que no se "puede utilizar una fuerza policial con un provecho personal" para ver "cómo le complicamos la existencia a Macri".
Desde el Ministerio de Seguridad nacional sostienen que la actual rescisión había sido informada a Montenegro en la reunión de febrero y que el 17 de marzo hubo una intimación por nota. Afirman que la deuda es de 27,5 millones y corresponde a siete meses.
Montenegro admitió que en la reunión mantenida tiempo atrás con Garré "se habló en general de varios temas, incluida la posibilidad de que en algún momento -y en línea general yo dije que estaba de acuerdo- que dejara la Policía Federal de cumplir servicios adicionales, pero para mejorar la calidad del servicio". Sin embargo, negó que en ese encuentro se haya conversado de que se iba a tomar "esta medida concreta" de retirar la custodia policial de los edificios públicos.
Por otra parte, rechazó que la decisión de las autoridades nacionales esté vinculada con la deuda que la Ciudad mantiene con la Policía Federal por el adicional que se le paga por el servicio de custodia en establecimientos porteños. "Si fuera una cuestión de plata hubieran hecho el reclamo correspondiente, que se está haciendo, y la verdad es que ésta es la misma deuda que hay desde hace seis años y se está pagando como siempre, no es que nosotros no reconocemos la deuda", aclaró.
Según fuentes del Ministerio que conduce Nilda Garré, la Policía Federal presta servicios adicionales en unos 800 objetivos de la Ciudad de Buenos Aires. De ellos se dieron de baja ayer 114, que involucraban a unos 1400 efectivos.
El servicio de policía adicional se prestaba desde septiembre de 2006, cuando el entonces jefe de Gobierno, Jorge Telerman, firmó un convenio con el jefe de la Policía Federal, Néstor Valleca. Antes de eso no existía el servicio policial adicional en dependencias oficiales porteñas. El acuerdo significó, sobre todo, un importante ingreso para los efectivos policiales, que ganan a razón de 94 pesos por módulo de cuatro horas diarias, lo que suma un total mensual de 2000 pesos promedio por agente. Fuentes del Ministerio de Seguridad nacional aseguran que los policías no perderán ese ingreso, ya que serán compensados con 1000 pesos como adicional por servicio de calle, además del pago de horas extra.
La Federal, además, no dejará de prestar servicios en dependencias judiciales porteñas –tribunales y fiscalías– pero lo hará como parte de su función, ya que no está incluido en el convenio denunciado.

martes, 29 de marzo de 2011

Receta de Garré para la protesta social

LA MINISTRA DE SEGURIDAD PRESIDIRA HOY LA REUNION DEL CONSEJO DE SEGURIDAD NACIONAL
Ante sus pares de todo el país y los jefes de las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales, Garré presentará hoy el protocolo de actuación ante las manifestaciones. Bajo conducción política y sin armas de fuego, eje de los acuerdos.
 Por Raúl Kollmann
La ministra de Seguridad, Nilda Garré, presentará hoy ante los ministros de Seguridad de las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como ante los jefes de todas las fuerzas de seguridad del país, la propuesta de un acta-acuerdo en la que se establecen las bases de actuación de las fuerzas de seguridad ante manifestaciones públicas. El texto, al que tuvo acceso exclusivo Página/12 señala, por ejemplo, que la intervención de las fuerzas policiales será progresiva, comenzando por el diálogo con los organizadores de la protesta; que siempre los poderes ejecutivos deberán designar a un funcionario político responsable de coordinar todas las acciones, se establecerá claramente la prohibición de portar armas de fuego a todo el personal policial que pudiera tener contacto directo con los manifestantes, quedando prohibido el uso de pistolas lanzagases; las postas de goma sólo podrán usarse para fines defensivos; todo el personal policial debe estar identificado y esa identificación debe verse claramente sobre el uniforme; habrá un funcionario policial a cargo de la operación y otro funcionario a cargo del control; en las manifestaciones previstas tendrán que establecerse barreras (vallas) para salvar la integridad de los manifestantes y evitar que haya terceras personas perjudicadas; se prohíbe la utilización de vehículos no identificados; todos los detenidos deberán ser transportados en patrulleros o vehículos específicos; los efectivos policiales deberán garantizar la libre cobertura de los medios de prensa y queda prohibido impedir la toma de fotografías, imágenes o testimonios.
La primera reunión plenaria del Consejo Nacional de Seguridad empezará hoy a las 9.30 de la mañana en el Salón Gaudí del City Tower Hotel de la calle Bolívar, en pleno centro porteño. Garré encabezará un encuentro en el que estarán presentes todos los ministros de Seguridad del país, los jefes de las policías provinciales y los titulares de las fuerzas federales, la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria, así como funcionarios del Registro Nacional de Armas; la Aduana Nacional y la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
El temario será muy extenso y abarca dos protocolos: uno, el de preservación del lugar del hecho o escena del crimen, y el segundo, de evaluación psicológica de los integrantes de las fuerzas de seguridad. En ambos temas, la experiencia ha mostrado errores en los años recientes. En forma sistemática se alteraron elementos claves de los lugares donde se producen delitos, al punto que los casos de contaminación son mayoría: aparecen perfiles genéticos y huellas de identidad del personal que interviene en las investigaciones; se pierden rastros, proyectiles y otras evidencias sustanciales para esclarecer los casos. En forma paralela, ante la presión por incorporar más y más efectivos, ha ocurrido que se incorporan a las fuerzas de seguridad individuos con gravísimos problemas psicológicos y que incluso registran serios antecedentes penales.
Desde el punto de vista del combate del delito, habrá dos temas que serán abordados con mucho detenimiento: la trata de personas y el combate al narcotráfico. El Ministerio de Seguridad de la Nación llevará protocolos y documentos para poner a consideración de todos los participantes, que son los ministros y funcionarios que tienen bajo su responsabilidad la conducción de las fuerzas de seguridad en cada distrito y a nivel nacional. En el equipo de Garré había anoche satisfacción porque estarán presentes tanto los ministros de Seguridad bonaerense, Ricardo Casal, como el porteño, Guillermo Montenegro.
Garré realizará la presentación inicial y uno de los puntos clave del temario será el acta-acuerdo denominada Criterios Mínimos sobre la Actuación de los Cuerpos Policiales y las Fuerzas de Seguridad en Manifestaciones Públicas. El texto se basa en considerandos en los que se plantea como prioridad la vigencia de los derechos humanos, la preservación de la vida, los Códigos de Conducta aprobados por las Naciones Unidas e incluso el Acuerdo para la Seguridad Democrática, suscripto por referentes de casi todas las fuerzas políticas argentinas. Sobre esas bases, se propone el acta-acuerdo, ya que el Consejo Nacional de Seguridad tiene entre sus funciones proponer doctrinas y planes para las acciones y operaciones policiales.
El acta-acuerdo propone criterios muy concretos frente a las manifestaciones públicas:
  • El objetivo es el respeto y protección de los participantes, así como reducir las afectaciones que puedan causar las manifestaciones en derechos de otras personas y bienes públicos.
  • Se buscará garantizar el control del tránsito para minimizar los inconvenientes para personas ajenas y reducir la posibilidad de hechos de violencia con los manifestantes.
  • Se agotarán todos los recursos para garantizar la resolución de los conflictos que no implique daños a la integridad física de las personas. Por ello, la intervención de los cuerpos policiales debe ser progresiva, comenzando por el diálogo con los organizadores de la manifestación.
  • La negociación con los organizadores no podrá estar en manos de quien conduzca el procedimiento operativo policial.
  • Cuando las manifestaciones sean programadas o con amplia concurrencia o cuando se prevean riesgos potenciales, el Poder Ejecutivo deberá designar un funcionario político responsable de coordinar todas las acciones y hacer cumplir las normas.
  • No podrán participar en los operativos los policías que se encuentren bajo investigación por casos anteriores de uso excesivo de la fuerza. Deberá existir una capacitación previa del personal que intervenga.
  • Se establecerá claramente la prohibición de portar armas de fuego. El personal que intervenga no dispondrá de municiones de poder letal. La utilización de pistolas lanzagases está prohibida. Se considerará falta grave la utilización de armamento o munición no provista por la institución correspondiente.
  • Las postas de goma sólo podrán ser utilizadas con fines defensivos en caso de peligro para la integridad física de algún miembro del personal interviniente. No se puede utilizar ese material para dispersar una manifestación.
  • Los agresivos químicos y antitumultos sólo podrán ser utilizados en última instancia y siempre previa orden del jefe del operativo.
  • Todo el personal interviniente deberá portar identificación clara que pueda advertirse a simple vista en los uniformes.
  • Todo el personal que intervenga será previamente individualizado y se registrarán el armamento, la munición, los vehículos, los equipos y los aparatos de telefonía celular.
  • La responsabilidad operativa y la de control recaerá en funcionarios policiales diferentes.
  • Se establecerán con claridad los canales de comunicación de las fuerzas policiales y se registrarán esas comunicaciones.
  • En operativos programados, se dispondrán barreras físicas (vallas) que ayuden a preservar la integridad física de los manifestantes y los efectivos policiales.
  • Se dispondrá que, siempre que los riesgos para el personal no lo desaconsejen, que los cuerpos especiales (policía montada, canes, infantería) se mantengan a distancia prudente de la manifestación y sólo intervendrán en caso de que las condiciones lo exijan.
  • Se prohíbe expresamente la utilización de móviles que no se encuentren debidamente identificados. Si hubiera detenidos, éstos sólo podrán ser trasladados en patrulleros o vehículos específicos.
  • Se velará por el respeto de grupos que requieran una protección especial de sus derechos, tales como niños, jóvenes, mujeres, ancianos, pueblos originarios y personas con capacidades diferentes.
  • Los efectivos de seguridad deben garantizar la actividad periodística. Los periodistas no podrán ser molestados, detenidos ni trasladados. El personal actuante debe abstenerse de realizar acciones que impidan el registro de imágenes o la obtención de testimonios.
El espíritu general del texto es “la voluntad de no reprimir la protesta social, garantizar la libertad de expresión y atender a las causas de los conflictos por vías políticas y no violentas de entendimiento”. Habrá que ver si este primer encuentro de todos los ministros y jefes de las fuerzas de seguridad sienta las bases para una forma de actuación común en todo el país.

martes, 22 de marzo de 2011

El fiscal puso bajo la lupa a tres policías

EL HINCHA DE SAN LORENZO MURIO DE UN EDEMA PULMONAR Y CEREBRAL, REVELO LA AUTOPSIA
Los resultados no están completos y de ellos dependerá cuál versión sobre los episodios seguirá la investigación: la del asesinato, como acusa la familia e involucra a los efectivos, o la del paro cardíaco, que esgrime la Federal.
Un edema y una hemorragia pulmonar y cerebral provocaron la muerte del hincha de San Lorenzo Ramón Aramayo, fallecido en un confuso episodio en las afueras del estadio de Vélez, el domingo, según reveló la autopsia practicada ayer, lo que podría dar por tierra con la versión policial de que la muerte se produjo a causa de un paro cardíaco. El cuerpo de Aramayo presentaba además lesiones en las mejillas, en las rodillas y en los codos, así como también en la región dorsal, que pudieron haber sido producidas en el forcejeo con los efectivos policiales, que lo detuvieron tras el cacheo. Sin embargo, los estudios mostraron que el tamaño del corazón de Aramayo era superior a lo normal.
Los peritos forenses ordenaron realizar análisis complementarios para determinar si la muerte fue natural. De esa manera, el fiscal de instrucción Patricio Lugones, a cargo de la causa, buscará confirmar si murió golpeado por los policías, tal como lo denunciaron los familiares, o falleció de un paro cardiorrespiratorio, como asegura la policía.
El fiscal ya caratuló la causa como “muerte dudosa sospechada de criminalidad”, porque se dio en un escenario de violencia, más allá de que no se haya comprobado aún que fuera víctima de maltrato. El funcionario acumula videos y fotos que complican la situación de los involucrados. Tres policías de la comisaría 44ª fueron pasados a disponibilidad preventiva a raíz de su participación en el cacheo que derivó en la muerte de Aramayo, y la Justicia separó a la Policía Federal de la investigación del asunto, solicitando la colaboración de Gendarmería.
Las versiones sobre lo que ocurrió corren por dos vertientes diferentes. Por un lado, desde el Ministerio de Seguridad afirmaron que todo comenzó en el cacheo ubicado sobre la calle Barragán al 200, cuando Aramayo se negó a ser “cacheado” por la policía y pasó un primer control. Pero antes de llegar al segundo fue detenido por varios policías con los que forcejeó y cayó al piso, donde fue esposado por la fuerza. Esto sucedió a 300 metros del ingreso a la cancha de Vélez.
Aramayo, según las fuentes, fue apartado de la cola que realizaban los hinchas y quedó apoyado con custodia policial contra la persiana metálica azul de un galpón, hasta que los efectivos le retiraron las esposas. Pero en ese momento, de acuerdo con los voceros del ministerio, Aramayo se descompuso y se pidió colaboración a médicos del SAME que, al llegar, determinaron que ya había fallecido. El hombre presentaba algunas lesiones menores en el rostro, en los codos y en las rodillas, presuntamente producidas en el momento del forcejeo con los policías que lo retuvieron. El domingo, el director del SAME, Alberto Crescenti, había comprobado “politraumatismos” en el cuerpo de Aramayo.
Sin embargo, la familia denunció que Aramayo fue asesinado a golpes por la policía. Uno de los abogados de la familia, Gustavo Galazzo, aseguró por testigos –uno de ellos un amigo de Aramayo llamado Juan Pablo, con quien había ido a la cancha– que se puso muy nervioso cuando intentó cachearlo la policía. “A Ramón lo esposaron, lo golpearon y por eso falleció”, señaló el letrado.
De acuerdo con los testimonios recabados por el abogado, Aramayo “fue cacheado entre varios policías”. “Le maniataban las manos y le apretaban los testículos para esposarlo”, puntualizó. Y prosiguió: “Al parecer, con el correr de los segundos se empezó a descompensar y le quitaron las esposas. Cuando llega Juan Pablo, piden una ambulancia. Pero cuando arriban los médicos para asistirlo, ya había fallecido”.
Galazzo dijo desconocer el motivo por el cual hubo resistencia a ser cacheado. El letrado comentó que desconoce si el hincha pudo haber tenido un cigarrillo de marihuana, según versiones, como argumento para no dejarse cachear. Ante ese panorama, Galazzo sostuvo que “si (Aramayo) estuvo o no bajo los efectos de alcohol o de un estupefaciente no quita lo que pasó. Se lo hubiera aprehendido y llevado a la comisaría. Acá se lo trató violentamente y esta persona falleció a raíz de eso”, enfatizó.
Fuentes cercanas a Lugones confirmaron que convocarán a declarar como testigos a varios policías que estuvieron en la zona del cacheo, pero a la vez estimaron que el fiscal se abstendría de llamar a los tres efectivos puestos en disponibilidad ante la posibilidad de que surjan pruebas en su contra.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) recordó, en un comunicado, el asesinato de Rubén Carballo, de 17 años, ocurrido en noviembre de 2009, como consecuencia de la represión policial protagonizada por los efectivos de la misma comisaría contra los asistentes de un recital del grupo de rock Viejas Locas, también en el mismo estadio de Vélez. “La falta de una reacción política y judicial inmediata y la convalidación de una versión policial de aquel hecho permitieron que el caso quedara impune”, recordó el organismo.
Ayer fueron liberadas las seis personas que aún quedaban detenidas en la 44ª. De esos enfrentamientos, un policía que resultó herido en las inmediaciones del estadio tiene gravemente comprometido un ojo, y está aún internado en el Hospital Churruca.
El encuentro entre Vélez y San Lorenzo, suspendido a los siete minutos, se completaría el 20 de abril y a puertas cerradas.

jueves, 17 de marzo de 2011

Bahrein reprimió a los manifestantes

 EL REINO SUNNITA IMPUSO UN TOQUE DE QUEDA Y HAY AL MENOS SEIS MUERTOS
Pocas horas después de que entraran miles de soldados sauditas para apoyar a la monarquía, la policía y el ejército sacaron a los manifestantes de la Plaza de la Perla, epicentro de la protesta.
 Por Patrick Cockburn *
Miles de soldados y policías, apoyados por tanques y helicópteros, avanzaron ayer detrás de nubes de gas lacrimógeno para aplastar a los manifestantes pro democracia en Bahrein. El ataque, que sucedió inmediatamente después de la llegada de las mil tropas sauditas a Bahrein, rápidamente sacó a los manifestantes de su campo en la Plaza de la Perla, el corazón simbólico de la protesta. Se reportó que tres manifestantes y tres policías habían muerto.
Nubes de humo oscuro surgían sobre el centro de la capital, Manama, mientras la monarquía sunnita Al Jalifa hacía un intento riesgoso para continuar su reinado de 200 años sobre la mayoría de la población chiíta. Se incendiaron las carpas blancas de los manifestantes y hubo un sonido de lo que parecieron ser disparos, así como balas de goma y granadas de gas lacrimógeno. Se informó que dos policías habían muerto por la gente que huía de la plaza en sus automóviles.
“El ejército tomó el poder y está disparando desde helicópteros a la gente en la Plaza de la Perla”, dijo Ali Salman, el presidente de Al Wefaq, el mayor partido de la oposición en Bahrein, en una entrevista telefónica. “El ejército ha capturado todas las rutas y está deteniendo a la gente que va al hospital Salmaniya o a los médicos que se van de ahí. Tienen que ir a un hospital más pequeño que no está tan bien equipado.”
Salman dijo que las tropas sauditas no tomaban parte de la acción del gobierno contra los manifestantes pero mientras los sauditas “están en Bahrein es una luz verde para que nuestro ejército mate gente. Los sauditas no quieren que más países del GCC (Consejo de Cooperación del Golfo) sean democráticos. De los 560.000 ciudadanos bahreiníes, 370.000, unos dos tercios, son chiítas. Todo el ejército y casi toda la policía son sunnitas. La población de la isla es de unos 1,2 millón, de los cuales la mitad son trabajadores extranjeros.
La policía antimotín y los soldados comenzaron su ataque a las 7 AM, pero encontraron sólo una resistencia limitada en la Plaza de la Perla que terminó después de dos horas. En el centro de salud de Budaya, un testigo que había ido a dar sangre, le dijo a una agencia de noticias que había visto decenas de muertos pero que las instalaciones eran demasiado pequeñas aún para que los heridos encontraran un lugar para sentarse.
“He visto unas heridas horribles, montones de personas heridas por disparos”, dijo. “Uno tenía la mitad de su cabeza lastimada. A otro le faltaba la mano por algún tipo de bala. Estaba usando su otra mano para hacer la señal de la victoria.” La versión de los hechos del gobierno bahreiní en la Plaza de la Perla es que sus fuerzas fueron atacadas por 250 “saboteadores” que tiraron bombas de nafta y que se vieron obligados a responder.
En las áreas chiítas, en el campo, la gente iba a las mezquitas a orar como señal de protesta cuando comenzó el ataque del ejército. Se informó que los soldados estaban entrando en los pueblos chiítas, afuera de Manama, donde fueron recibidos con piedras y bombas de petróleo en algunos lugares. Un toque de queda de 4 AM a 4PM fue impuesto en la mayoría del país y las fuerzas de seguridad han limitado el movimiento de los periodistas. Los celulares aparentemente colapsaron mientras las fuerzas del gobierno atacaban y los servicios de Internet estaban muy lentos.
Salman dijo que su partido no estaba llamando a protestas inmediatas y le dijo a los manifestantes que no confrontaran con el ejército, pero “después de dos o tres días la gente encontrará una manera de expresar sus sentimientos”. No creía que hubiera una posibilidad de diálogo entre los reformistas y el gobierno “mientras continúen las muertes”.
El ataque total del régimen sunnita por querer imponer su sectarismo sobre sus propias poblaciones mayormente chiítas, con el apoyo de Arabia Saudita y otras monarquías sunnitas, probablemente provoque una larga crisis en el Golfo y profundice las divisiones entre ambas comunidades.
* De The Independent de Gran Bretaña. Especial para Página/12.
Traducción: Celita Doyhambéhère.