Tucumán: ordenan procesar a 40 imputados por el "Operativo Independencia"

Entre los acusados está el dictador Videla, el ex gobernador de las Malvinas, Mario Benjamín Menéndez, además de otros militares, policías y civiles. Es por delitos cometidos antes del golpe del 76

Crédito foto: NA

La justicia tucumana procesó a 40 imputados, entre ellos militares, policías y civiles, por los delitos de torturas y asesinatos de militantes políticos durante el denominado "Operativo Independencia", antes del golpe militar de 1976.

El juez federal de Tucumán, Daniel Bejas, dispuso la medida en un fallo de 500 fojas en el que procesó a los ex policías Roberto "El Tuerto" Albornoz, Ricardo Oscar Sánchez, Luis Armando de Cándido; el ex dictador Jorge Rafael Videla; el ex gobernador de las Islas Malvinas, Mario Benjamín Menéndez y Fernando Luis Labayru.

En tanto, dispuso además el procesamiento de los civiles Miguel Ángel Carrasco, Carlos Alberto Diacono y Julio César Sarmiento, entre otros. Según fuentes judiciales, en su fallo Bejas aclaró los motivos por los cuales no llamó a declaración indagatoria a la ex presidente María Estela Martínez de Perón, quien autorizó el "Operativo Independencia", que comenzó en Tucumán en febrero de 1975 y que fue comandado por Adel Edgardo Vilas y luego por Antonio Domingo Bussi.

Además, Bejas avanzó en la investigación de delitos sexuales cometidos contra mujeres detenidas y también violaciones a hombres que estaban ilegalmente detenidos en centros clandestinos de detención. El 5 de febrero de 1975 la entonces presidenta María Estela Martínez de Perón firmó el decreto "secreto" en el que ordenaba al Ejército iniciar el "Operativo Independencia".

Según la investigación del Ministerio Público Fiscal, durante el "Operativo Indepedencia", "fueron sistemáticos los secuestros, la desaparición de personas y las torturas en el primer centro clandestino de detención que funcionó en el país conocido como "La Escuelita", que operaba en la escuela Diego de Rojas en la localidad de Famaillá.

La acusación de la fiscalía explica que el Operativo Independencia "consistió en la intervención masiva de las fuerzas armadas y de seguridad en un plan sistemático de exterminio de opositores políticos mediante la utilización del aparato estatal y de control social a través del terror".

http://www.infobae.com/notas/688747-Tucuman-ordenan-procesar-a-40-imputados-por-el-Operativo-Independencia.html

Lo que sabía de la matanza

Arismendi fue jefe policía de Rosario.

 Por Lorena Panzerini 

Será una declaración informativa en el marco de la causa que se abrió por la presunta complicidad de la policía.

Los ex jefes de la Unidad Regional II, Néstor Arismendi y Daniel Cabrera, brindarán una declaración informativa hoy ante el Juzgado de Instrucción Nº 7, en el marco de la investigación judicial por presunta conexión policial con los imputados en el triple crimen de villa Moreno. La instancia se realizará luego de que los policías ya imputados en la causa que se desprende de la masacre declararan ante la Justicia que durante los procedimientos, tras la masacre del 1º de enero pasado, estuvieron en contacto con sus superiores.

Arismendi fue citado por el juez Juan Andrés Donnola tras las declaraciones que hicieron los imputados en la causa. El oficial inspector de zona 3ª, Eduardo Carrillo, que estaba de servicio la madrugada de la masacre; el ex comisario de la seccional 15ª, Abel Santana; el entonces oficial del destacamento del Heca, Lisandro Martín; y el suboficial de Inspecciones, Mario Centurión dijeron haber respondido a órdenes de sus superiores en los procedimientos realizados.

Las dudas sobre la complicidad policial con los acusados de los homicidios surgió en los días siguientes a la matanza. Carrillo es uno de los oficiales mencionados en el fallo del juez Luis María Caterina, cuando (durante la feria) procesó al "Quemado" Rodríguez. Actualmente está relevado. Quien lo nombró fue la novia de Maxi Rodríguez, Sofía L. cuando relató: "Me dijo que vaya a la esquina de Ovidio Lagos y Doctor Riva que ahí la esperaban dos policías amigos, uno de civil y el otro uniformado, que estarían en un Peugeot 206". El uniformado era Carrillo, el de civil era Centurión.

Antes de ser relevado del cargo, el 31 de marzo pasado, Arismendi ya había sido citado por la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados. Allí declaró que se enteró del encuentro entre Sofía y los policías por los medios.

Rodríguez, en tanto, reconoció que esa noche se contactó con Centurión, quien estaba fuera de servicio, y éste habló con Carrillo. Ambos se encontraron con la chica en una estación de servicio, y de ahí la trasladaron a la comisaría. El Quemado los conocía de una circunstancia previa.

Ese episodio --que se desarrolló en paralelo con la búsqueda de la joven por parte de efectivos de la 15º-- fue "normal", según la declaración de los uniformados, quienes aseguraron que sus superiores (por entonces, Arismendi y Cabrera) estaban al tanto de todos los procedimientos tras la balacera al BMW de Maxi, en Garay y Vera Mujica, alrededor de las 3 de la madrugada de Año Nuevo, y que derivó en la matanza de los militantes sociales, una hora después.

Por otro lado, en las próximas horas serán citadas la médica que atendió a Maximiliano Rodríguez cuando llegó herido al Hospital de Emergencias (Heca); y una oficial de servicio que ingresó al centro de salud a las 9 del 1º de año, debido a que la comparación entre el libro de guardia del hospital y el de la Seccional 15º muestra "varias discordancias".

En tanto, la defensa del "Quemado", quien la semana pasada reconoció haberse contactado telefónicamente con los policías al día siguiente de la masacre, apeló la reformulación del procesamiento de su cliente.

http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/rosario/9-34203-2012-06-12.html

Torturas a soldados en Malvinas: la causa llega a la Corte

Deberá decidir si van a juicio 80 militares por cometer vejámenes contra su propia tropa. La imputación es impulsada por el Centro de Ex Combatientes de La Plata.

Hace algunas semanas, el 31 de diciembre de 2011, Tiempo Argentino publicó datos acerca de denuncias impulsadas por ex combatientes de Malvinas contra 80 oficiales y suboficiales argentinos, acusados de haber cometido, durante el conflicto bélico distintos vejámenes en perjuicio de soldados de su propia tropa. La nota también informaba acerca del recurso extraordinario presentado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación a finales de diciembre pasado por los querellantes, el Centro de Ex Combatientes (CECIM) de La Plata, para que el máximo tribunal tomara la investigación, luego de que pocos días antes la Sala I de la Cámara de Casación Penal declarara que los delitos denunciados no eran de lesa humanidad, lo que podía significar la prescripción del proceso. Pero el CECIM no fue el único que efectuó un reclamo de esas características. También en los últimos días, Javier De Luca, fiscal general ante la Cámara de Casación Penal –Fiscalía Nº 4– interpuso un recurso en el mismo sentido, por entender que la Sala I “resolvió la argumentación, pero no la parte dispositiva, la que ordena el sobreseimiento” de los acusados, y que “la causa no está terminada”.

Ambas presentaciones ante la Corte Suprema de Justicia tienen una explicación. Aunque la recopilación de denuncias de ex combatientes comenzaron en 2005 y en su momento fueron declaradas imprescriptibles por la jueza federal de Río Grande Lilian Herráez y la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia (integrada por Hebe Lilia Corchuelo de Huberman, Alejandro Ruggero y Mario Reynaldi), la defensa de los imputados logró que la Sala I de la Cámara de Casación Penal no las considerara como de lesa humanidad, y reenvió las actuaciones a los tribunales originales para cambiar su dictamen. Frente a esa situación, los ex soldados y la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, en calidad de pretensos querellantes, también recurrieron a la misma Sala para hacerse escuchar, con el objetivo de que los hechos no prescribieran. Pero en esa oportunidad, los camaristas Raúl Madueño, Juan Edgardo Fégoli y Luis María Cabral no estuvieron tan predispuestos a escuchar la otra campana, y declararon “inadmisible” el recurso de casación solicitado por los damnificados para seguir adelante.

“Por eso yo interpuse mi pedido ante la Corte Suprema –manifestó De Luca a Tiempo Argentino (ver aparte)–, ya que Casación se equivocó al negarle esa posibilidad a los ex combatientes.” De Luca agregó que “la causa penal continúa y los imputados siguen siendo imputados”, ya que “frente a una cuestión federal como esta, es imposible impedir que el máximo tribunal sea el que tenga la última palabra, de una vez y para siempre”. 

Los casos de apremios y violaciones a los Derechos Humanos suman aproximadamente 120, e incluyen vejámenes, estaqueos, torturas, simulacros de fusilamiento, castigo físico y presión psicológica.

“La Sala I es el reducto donde están los jueces más retrógrados que hay en la Justicia Federal –manifestó a este diario Ernesto Alonso, secretario de Relaciones Institucionales del Centro de Ex Combatientes de La Plata (CECIM)–, son militantes de la impunidad, y lo siguen ratificando en cada resolución.” La acusación impulsada por el organismo se gestó en 2005, cuando el entonces subsecretario de Derechos Humanos de Corrientes, Pablo Vassel, se dedicó a reunir horas de filmación, documentos y testimonios de víctimas. En ese momento, los delitos tipificados fueron homicidio, abandono de persona, reducción a la servidumbre, torturas, extorsión, amenazas y privación ilegítima de la libertad.

Una de las primeras voces fue la de Darío Gleriano, que recordó haber sido estaqueado por sus responsables de tropa. Pero después, las denuncias se fueron sumando cada vez más. “Habitualmente (nuestro superior) nos obligaba a ir a un pozo, que nosotros llamábamos ‘El Pozo de los Lamentos’. Ese pozo estaba lleno de agua congelada. Ahí nos ordenaba meter las manos y los pies por más de media hora”, contó Silvio Eduardo Katz, clase 1962. Pablo Perazzo relató que un oficial “sacó un arma, una 9 milímetros, y comenzó a dispararme a los pies”.

A Eduardo José Ortuondo también lo sumergieron en pozos con agua helada, y fue atado en el suelo con las piernas y brazos extendidos. “Un suboficial se paró sobre el arco interno de mis pies –relató–, se puso a saltar sobre ellos y me preguntaba: ‘¿Le duele Ortuondo?’. Yo le respondí: ‘¿Quién es el enemigo, el que está allá o el que está aca?’.”

Orlando Pascua sostuvo ante el Tribunal Federal de Río Grande, a cargo de la jueza Lilian Herráez, que en Malvinas presenció el estaqueamiento de un soldado chaqueño de apellido Ferreyra. Y otro que aportó datos fue el ex conscripto David Zambrino.

Aquellas primeras palabras de Gleriano fueron las que, finalmente, derivaron en esta investigación por torturas ocurridas durante los enfrentamientos en el sur. La causa arrancó gracias a un escrito elevado por el damnificado ante la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense, luego remitido a la Fiscalía de Política Criminal de la Procuración General de la Nación. Después, a eso se sumaron denuncias ante instituciones y organismos de Corrientes, Santa Fe y la Ciudad de Buenos Aires, entre otros lugares. En el Chaco, las declaraciones fueron tomadas y trabajadas por la Comisión Permanente de Asesoramiento Legislativo de Derechos Humanos de esa provincia.

Fuente: Tiempo Argentino

http://www.diarioregistrado.com/politica/57246--torturas-a-soldados-en-malvinas-la-causa-llega-a-la-corte.html