Después de casi dos semanas de fundamentar su alegato, la fiscalía pedirá a partir de hoy las penas para los dictadores que están siendo juzgados por treinta y cuatro apropiaciones de bebés. Videla sigue negando que haya sido un plan sistemático.
Por Alejandra Dandan
A días de las declaraciones públicas leídas como “confesión”, el dictador Jorge Rafael Videla volvió a sentarse entre los acusados del juicio por el plan sistemático de robo de bebés para escuchar el alegato de la fiscalía. Con la cara levantada y entre cabeceos que cada tanto parecían capturarlo para el lado de los sueños, oyó al fiscal Martín Niklison referirse a esas declaraciones públicas que por haber sido transmitidas en televisión o difundidas en los diarios parecen haber adquirido, de hecho, el carácter de prueba para la trama del juicio. En esa línea, Niklison le recordó que pese a que todavía lo niega, Videla fue el único dictador latinoamericano que aceptó el robo sistemático de niños.
“No tengo dudas de que en este juicio se ha podido demostrar la responsabilidad de Videla en tan aberrantes hechos –dijo el fiscal–. En esas declaraciones (públicas) se refiere a la cuestión de la apropiación de niños, pero las redujo a actos individuales de militares y policías que por caridad entregaron niños abandonados, buscando de ese modo (Videla) despegarse de estos hechos y no pasar a la historia como el único dictador latinoamericano de esa época que organizó la apropiación de los hijos de sus víctimas.” En este juicio, agregó, “no hemos visto esos supuestos actos de caridad, sino el horror que implica arrancarles los niños a sus padres y madres y la organización dispuesta para los partos y el posterior reparto de los bebés”.
A horas del pedido de condenas que se escuchará durante la mañana de hoy, la fiscalía federal leyó las acusaciones de los trece imputados del debate. Entre ellos, Videla quedó situado como el “organizador” y principal responsable, pero también acusó a Santiago Omar Riveros, por entonces jefe del Instituto Militar de Campo de Mayo, y a Reynaldo Bignone y Oscar Francos, integrantes de la última junta de comandantes.
Lo que el juicio debe probar, y es lo que intentan demostrar en estos días los alegatos de los acusadores, es que el robo de bebés fue un plan sistemático organizado desde la cúpula militar y ejercido por intermediarios que actuaron en cada uno de los centros clandestinos o en la distribución de los niños. Videla viene negando la lógica del plan con el argumento de que no hubo una orden escrita que lo haya avalado, como si ése fuera el único modo de probar una práctica sistemática. Los acusadores intentan demostrar, en cambio, que sin aquella orden el plan puede probarse por los efectos, es decir por lo que sucedió con los niños robados. O por la organización, por ejemplo, de las maternidades clandestinas, que estructuraron el alojamiento de las embarazadas, los nacimientos y la distribución de los niños. Pero además, intentan probar que es necesario recordar que cuando se probaron las desapariciones, los desaparecedores también decían que no existían porque no había órdenes escritas. Videla terminó de admitir las desapariciones más de 35 años después, en esas declaraciones públicas en las que reconoce el “pongamos que fueron siete u ocho mil”, recordó en un pasillo el fiscal federal.
En este caso, Videla está acusado por la mayor parte de los 34 expedientes de apropiación de menores que llegaron a juicio. “Si hubo centros clandestinos, fue su voluntad; si hubo desaparecidos, fue su voluntad; si hubo torturas, fue su voluntad y si hubo apropiación de menores, fue su voluntad”, dijo el fiscal.
Las acusaciones avanzaron sobre el resto de los imputados. Entre ellos, Bignone y Franco. Pese a que hicieron la carrera de ascenso militar durante la dictadura e intervinieron en lugares de decisión e incluso llevaron adelante personalmente gestiones donde hubo casos de robos de niños, están en el juicio acusados sólo “por un tramo puntual”: la orden que impartieron mientras formaban parte del último gobierno de las Juntas y que disponía la destrucción de documentos y por la ley que intentó garantizar la impunidad de quienes intervinieron en la dictadura. En palabras del equipo de fiscales, integrado además por Nuria Piñol y Viviana Sánchez, “se les atribuye los últimos actos realizados por el aparato represivo estatal para lograr que las apropiaciones se puedan seguir cometiendo y gozando de impunidad, permitiendo que quienes se habían apoderado de los menores no vieran perturbado el dominio que bajo una apariencia legal ellos ejercían”.
En ese sentido, la acusación hacia ellos desde el primer momento fue un desafío, porque se debía equiparar la sanción de una ley y una orden con las acciones de los crímenes. Para demostrar, entonces, la dimensión y el peso que puede tener una ley o una orden, la fiscalía habló de cómo normas similares pueden decretar una guerra o decidir una masacre. Compararon el acta de la Junta con una “tapa” que buscó cerrar entre otras cosas el tema de los niños y dijeron: “Un acta de la junta era un acto de voluntad de sus integrantes por el cual se podía hacer cualquier cosa mientras tuvieran el respaldo militar para hacerlo. Un acta de la junta tenía el sentido que sus integrantes quisieran darle y en este caso era poner una tapa sobre el tema desaparecidos y asegurarse de que nadie pudiera abrirla. Respecto de los niños, el objetivo era que nadie pudiera perturbar a lo que ellos llamaban familias adoptivas”.
Sólo por mencionar un ejemplo más, el llamado “Documento Final” afirma que los desaparecidos “a los efectos jurídicos y administrativos se consideran muertos”. Una “muerte” que por otra parte intentó alcanzar la figura de los niños desaparecidos.
Entre las pruebas de cada uno fueron revisados nuevamente los casos de las víctimas. El de Macarena Gelman y la decisión adjudicada a Videla del traslado de su madre a Uruguay. Aquello que Juan Gelman mencionó en su declaración de que a su nuera Claudia Iruretagoyena se la llevaron como parte de un “robo de vientres”. Las dudas que todavía quedan sobre las razones por las que se hizo el traslado. Pero la certeza a la vez de que eso también se hizo porque hubo una decisión del comandante. En esa línea, mientras se enumeraban las pruebas contra Videla apareció en primer plano la responsabilidad de Bignone en un caso por el que no está imputado: es sobre la intervención que tuvo sobre lo que sucedió con Claudia, la hija de Estela de Carlotto. La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo lo visitó a través de algunas relaciones para pedirle por su hija y para decirle que si iban a asesinarla al menos le devolvieran su cuerpo. El cuerpo efectivamente apareció, luego de que Claudia diera a luz en el Hospital Militar central y le robaran a su hijo. En el juicio se indicó que la intervención de Bignone permitió que reapareciera el cuerpo de Claudia, un dato sobre el que Niklison reparó: “De los 34 casos en que acusa la Fiscalía, es el único cuerpo de una madre asesinada que fue entregado”.
Eso, por otro lado, era una respuesta al propio Bignone, que en su última intervención durante el juicio dijo que no sabía de la existencia del robo de bebés.
