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lunes, 25 de marzo de 2013

A 37 años del Golpe de Estado

CIUDAD › MULTITUDINARIO ACTO EN ROSARIO A 37 AÑOS DEL GOLPE DE ESTADO


 
"Nunca pudieron acallar del todo la voluntad popular"

La manifestación la encabezó la bandera de los organismos de Derechos Humanos, con las fotos de los desaparecidos. Detrás marcharon organizaciones políticas, sociales, gremiales, universitarias y de todo tipo. Gran presencia de dirigentes políticos.

Por Sonia Tessa


Las columnas parecían interminables. Cuadras y cuadras --más de 15-- de personas que cantaban sus propias consignas, atrás de las banderas que eligieron, pero todas juntas, como cada año, para repudiar el golpe cívico-militar-clerical del 24 de marzo de 1976. Aquella madrugada, cuando tomaron el control operacional del país, las Fuerzas Armadas prohibieron las manifestaciones públicas. Ayer, 37 años después, unas 20 mil personas salieron a las calles de Rosario para exorcizar el olvido. Muchos de los manifestantes ni siquiera habían nacido entonces. Llegaron y coparon el Monumento a la Bandera. "El objetivo de acallar para siempre la voluntad popular no lo pudieron cumplir", decía el documento que se turnaron para leer varios militantes, y que fue consensuado por organismos de derechos humanos, organizaciones sociales y políticas, con excepción de partidos de izquierda que participaron de la marcha, pero se fueron del acto en desacuerdo con el documento.

La reivindicación de la militancia de los 30 mil desaparecidos, la exigencia de aceleración de las causas por delitos de lesa humanidad que "duermen en los cajones" de la justicia, el pedido para acumular la causa contra Pedro "Pili" Rodríguez en curso con el resto de los casos de desaparecidos del cordón industrial de San Lorenzo y la inmediata búsqueda de los represores prófugos fueron algunos de los reclamos leídos a viva voz por ex presos políticos y militantes de derechos humanos. El pedido de justicia por Jorge Julio López y Silvia Suppo también tuvo lugar en ese documento. "Nos alarman las denuncias por espionajes de Gendarmería contra integrantes de las organizaciones populares", decía también el documento, en el que se reseñó el momento histórico que vive América Latina. "Hemos alcanzado un piso más alto pero nuestros sueños son ambiciosos como los que desvelaron a nuestros compañeros desaparecidos", fue la parte del documento consensuado que le tocó leer a Andrés Destefani, hijo de la testigo de la causa Brusa Silvia Suppo, asesinada el 29 de marzo de 2010, pocos meses de la sentencia de ese juicio.

"Tenemos la satisfacción de ser el primer país del mundo en juzgar a genocidas dentros de sus fronteras y con juez natural", leyó Rocío, la nieta de Potongo Camuglia, desaparecido de San Lorenzo, cuya causa exigen acumular con la de Manuel Casado, iniciada el viernes pasado en el Tribunal Oral Federal número 1. Era también parte del documento leído al final de la marcha, que salió poco antes de las 18 de la plaza San Martín y llegó al Monumento a la Bandera al grito de "Madres de la Plaza, el pueblo las abraza". Las Madres Norma Vermeulen y Elsa Chiche Massa estaban allí, con sus pañuelos blancos. "Estoy muy emocionada por tanta demostración de cariño", dijo Vermeulen, una de las pocas Madres que todavía está en condiciones de continuar con la ronda de cada jueves en la plaza 25 de Mayo. Una de las fundadoras, Esperanza Labrador, que murió en noviembre de 2011, estaba presente con su foto en la pancarta que portó su hija, Manuela.

En la pantalla instalada sobre el escenario del Monumento, las imágenes de los desaparecidos Marta Bugnone y Jorge Ayastuy llevaban la leyenda: "Vos podés ser quién buscamos". Matías Ayastuy, que tenía nueve meses cuando se llevaron a sus padres, busca a un hermano que pudo haber nacido entre marzo y agosto de 1978 en el centro clandestino de detención El Banco, en Buenos Aires. Otras imágenes mostraban a Raquel Negro y Tulio Valenzuela, los padres de Sabrina Gullino Valenzuela, que recuperó su identidad en 2008. Ella busca a su hermano mellizo, nacido con ella entre febrero y marzo de 1978 en el hospital Militar de Paraná. Ella fue "abandonada" por los represores y entregada en adopción pero de su hermano nada se sabe, sólo que le dieron el alta en el Instituto Privado de Pediatría de Paraná el 27 de marzo de ese año. En el acto, se recordó que esos niños --hoy adultos-- apropiados "son los hermanos de todos".

La manifestación la encabezó, como siempre, la bandera de los organismos de Derechos Humanos. Ana Moro y otras históricas luchadoras llevaron esa primera bandera con las fotos de los desaparecidos. Detrás estaba la de Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, con una cuadra de manifestantes. La bandera de Hijos congregó también a una importante columna. Después el heterogéneo abanico de organizaciones políticas, sociales, gremiales, universitarias y de todo tipo. La Bancaria y Empleados de Comercio se sumaron en San Luis y España. Sitratel (gremio de telefónicos), Amsafé y la Central de los Trabajadores Argentinos estuvieron presentes.

De la larga marcha participaron desde la presidenta de la Corte Suprema de Justicia de la provincia, Angélica Gastaldi, hasta los fiscales federales Mabel Colalongo y Federico Reynares Solari. Una presencia inesperada fue el arquero de Ñúbel, Nahuel Guzman. Más previsible fue que estuvieran los diputados nacionales Agustín Rossi y Marcos Cleri, así como los concejales Norma López, Roberto Sukerman y Alberto Cortés. La abigarrada columna de Unidos y Organizados cantó de manera intermitente la marcha peronista. En la columna del Partido Socialista, el senador provincial Miguel Lifschitz fue la figura destacada.

Al llegar al Monumento, una muy nutrida columna de Amsafé y CTA Rosario, como así también el Partido de los Trabajadores Socialistas, Pan y Rosas y Partido Obrero, entre otras organizaciones de izquierda, se separaron de la manifestación. Con las consignas de la aparición con vida de Julio López y la derogación de la ley antiterrorista, entre otras, decidieron no participar del acto. También un grupo de organizaciones sociales --Caleidoscopio, Causa y Efecto, el Frente Popular Darío Santillán, entre otros-- se fue a Córdoba, para terminar en un pequeño acto en la plaza frente al Concejo.

martes, 19 de marzo de 2013

El primer beato sería un cura asesinado por la dictadura

Se trata de Carlos de Dios Murias

Carlos de Dios Murias.

Carlos de Dios Murias, un fraile franciscano torturado y asesinado durante la última dictadura militar, podría convertirse en la primera beatificación del papa Francisco, según publicó el diario italiano La Stampa. 

Murias fue asesinado por las Fuerzas Armadas en La Rioja, en 1976, y su canonización fue firmada por Jorge Bergoglio en mayo de 2011 luego de que la impulsara la diócesis de esa provincia.

"La causa para la canonización, la comenzó Bergoglio en mayo de 2011, cuando firmó los papeles correspondientes. Y lo hizo con discreción para evitar ser bloqueado por otros obispos argentinos, que aún se oponen a iniciativas similares basadas en el compromiso social de los sacerdotes", afirmó al medio el padre Carlos Trovarelli, Ministro Provincial de los Frailes Menores Conventuales en Argentina y Uruguay. 

Murias nació en 1945 en Córdoba y fue ordenado sacerdote por Enrique Angelelli, el obispo de La Rioja, famoso por su pastoral de los campesinos. 

Poco antes del golpe, Angelelli envió a Murias, en compañía del francés Gabriel Longueville, a un pueblo llamado El Chamizal para ayudar a los campesinos. Luego comenzó a recibir amenazas de los militares: "La tuya no es la Iglesia en la que creemos".

En julio de 1976, Murias fue secuestrado junto a su compañero y alojado en una base de la Fuerza Aérea. Dos días después, su cadáver fue encontrado en medio del campo, sin ojos y sin manos.

"Tan pronto como la diócesis de La Rioja comenzó los trámites para practicar la canonización, el cardenal Bergoglio firmó inmediatamente la documentación. Era mayo de 2011, cuando nadie sospechaba que dos años después sería Papa", señala La Stampa.

Según Trovarell: "Se le aconsejó ser discreto: muchos obispos argentinos, especialmente los más viejos, se oponen a juicios basados en el compromiso social. Gracias a su cautela, el proceso siguió adelante".

miércoles, 4 de julio de 2012

Ya juzgan los crímenes de la dictadura en San Nicolás


El Tribunal Oral Federal 2 (TOF2) de Rosario comenzó ayer el juicio oral contra los ex coroneles del Ejército Manuel Fernando Saint Amant y Antonio Federico Bossié, y el ex comisario general de la Policía Federal Jorge Muñoz, por crímenes de lesa humanidad cometidos en la ciudad de San Nicolás

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Los imputados. Saint Amant, ex jefe del Area Militar 132; su segundo, Bossié, y el ex policía Muñoz.

Por Jorge Kaplán / La Capital 


El Tribunal Oral Federal 2 (TOF2) de Rosario comenzó ayer el juicio oral contra los ex coroneles del Ejército Manuel Fernando Saint Amant y Antonio Federico Bossié, y el ex comisario general de la Policía Federal Jorge Muñoz, por crímenes de lesa humanidad cometidos en la ciudad de San Nicolás. El proceso unifica tres causas que incluyen la llamada masacre de calle Juan B. Justo, la desaparición de un grupo de militantes de la JP y el secuestro y tormentos en perjuicio del locatario de la casa donde vivía un matrimonio desaparecido.

En la primera audiencia del juicio se comenzó con la lectura de los pedidos de elevación a juicio, de la causa por la masacre, de las querellas de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, su homóloga de la Nación y la de Manuel Gonçalves, nieto recuperado y único sobreviviente de los hechos. Se prevé que hoy se haga lo propio con el de la Fiscalía y se comience con los pedidos de elevación a juicio de la causa Alvira, otro de los expedientes acumulados.

El TOF2 además ayer resolvió la detención de los imputados Bossié y Muñoz, que estaban en libertad, mientras duren las audiencias del juicio oral, a partir de un pedido que la Fiscalía presentó la semana pasada y al que las querellas adhirieron. La solicitud se basó en el riesgo de fuga de los acusados, teniendo en cuenta la gravedad de los cargos en su contra. Saint Amant, en tanto, permanecerá con el régimen de arresto domiciliario.

En la sala de audiencias se pudo ver entre el público al subsecretario de DDHH de la Nación, Luis Alem; el secretario del área bonaerense, Guido Carlotto; su par de Santa Fe, Horacio Coutaz, y la diputada provincial Alicia Gutiérrez.

En la lectura de la acusación sobresalieron algunos aspectos que dan la gravedad de los hechos. En la masacre de calle Juan B. Justo, en la madrugada del 19 de noviembre de 1976, efectivos del Ejército y policías de varias jurisdicciones irrumpieron en la casa donde vivía la familia Amestoy y en la cual se encontraba también Ana María Granada y su hijo Manuel Gonçalves de apenas meses de vida. Allí fueron asesinados Omar Amestoy y su esposa María del Carmen Fettolini de varios disparos en la cabeza, mientras que Granada recibió 14 impactos de bala. En el informe policial se alegó que las víctimas se habían "suicidado".

Los niños Fernando y María Eugenia Amestoy (de 4 y 6 años respectivamente) fueron llevados en grave estado al Hospital San Felipe donde fallecieron a causa de los gases. Según testigos se arrojaron al menos 30 granadas dentro de la casa, muchas de ellos a través de la claraboya del baño, donde habían puesto a los chicos tratando de resguardarlos de las balas. Tampoco hay evidencia de que las víctimas hayan estado armadas o efectuado disparos
.http://www.lacapital.com.ar/politica/Ya-juzgan-los-crimenes-de-la-dictadura-en-San-Nicolas-20120704-0027.html

viernes, 19 de agosto de 2011

A 35 años de la denominada "Masacre de Fátima"


Mañana se cumplen 35 años de la denominada "Masacre de Fátima", en la que fueron asesinados 30 presos políticos, "uno los capítulos más oscuros de la historia" porque "se trató de una feroz y desnuda represión ejecutada por quienes usurparon el poder el 24 de marzo de 1976".

Así describió el hecho el fiscal Federico Delgado cuando el 20 de septiembre de 2005 solicitaba la elevación a juicio oral y público de la causa, proceso que finalmente ocurrió en 2008.

"Se trató de una feroz penetración de un Estado que desnudó su poder coercitivo sobre al sociedad civil", enfatizó Delgado en su presentación.

Las víctimas de aquella matanza fueron Inés Nocetti, Ramón Lorenzo Vélez, Angel Osvaldo Leiva, Conrado Alsogaray, José Daniel Bronzel, Selma Julia Ocampo, Haydée Cirullo de Carnaghi, Norma Frontini, Jorge Daniel Argente y Carmen María Carnaghi.

La macabra mano de la "Masacre de Fátima" también alcanzó a Horacio Oscar García Castelú, Alberto Evaristo Comas, Susana Pedrini de Bronzel, Juan Carlos Vera, Carlos Pargas, Ricardo Herrera Carrizo, Roberto Olivestre, Enrique Aggio, María Rosa Lincon y Cecilia Podolsky de Bronzel, junto con 10 personas más no identificadas.

El 19 de agosto de 1976 un grupo militar se instaló en un control caminero sobre la ruta 8.

Poco después de las 4 de la madrugada del 20 de agosto, una gran explosión despertó a toda la localidad bonaerense de Fátima.

Los obreros de un horno de ladrillos cercano se encontraron con una escena macabra, restos humanos esparcidos en un radio de cien metros.

Inmediatamente la zona fue cercada por soldados que impedían el paso y a los reporteros gráficos se les secuestraron las fotos tomadas.

Los soldados y el personal civil recogían pedazos de los cuerpos dinamitados y los cargaban en un camión de la Municipalidad de Pilar.

Según el parte policial de la época, las víctimas eran treinta personas -diez mujeres y veinte hombres- la mayoría jóvenes, incluso algunos adolescentes.

Luego de ocurrida la Masacre, el gobierno militar por intermedio del Ministerio del Interior emitió un comunicado en el que repudió el hecho y lo atribuyó a “la demencia de grupos irracionales que con hechos de esta naturaleza pretenden perturbar la paz interior y la tranquilidad del pueblo argentino”, y expresó la firme voluntad de “esclarecer el hecho y sancionar a los responsables”.

Sólo cinco pudieron ser identificados en ese momento: Nocetti, Vélez, Leiva, Comas y Alzogaray, en tanto los cuerpos de las víctimas no identificadas fueron enterrados como NN en el Cementerio de Presidente Derqui, de donde fueron exhumados en 1985 para su identificación por parte del Equipo Argentino de Antropología Forense.

Sin embargo poco después, la sanción de la ley de Obediencia Debida archivó el expediente y detuvo los procesos iniciados.

En 1998, una presentación judicial de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Plata permitió el inicio de los llamados “Juicios de la Verdad”, que si bien por la vigencia de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida no permitían juzgar a los responsables de los delitos de lesa humanidad, sí permitieron seguir conociendo lo ocurrido con las víctimas.

Según testimonios ofrecidos a la CONADEP, a la hora de encontrar los cuerpos, estos estaban atados y vendados.

Pero lo más escalofriante es que se les encontraron orificios en la cabeza, provocados por armas de fuego, y habrían llegado al lugar de la masacre, ya muertos.

Según consta en el expediente, la mayor parte de las víctimas padeció su cautiverio en el centro clandestino que funcionó en la Superintendencia de Seguridad Federal, unidad perteneciente a la Policía Federal, en la calle Moreno 1417 de la Ciudad de Buenos Aires.

Este hecho formó parte del juicio a las Juntas en el que se comprobó la participación directa del ejército, en ese entonces al mando de Jorge Rafael Videla.

En 2003 la causa fue reabierta y seis ex-policías de la Federal fueron detenidos y puestos a disposición de la justicia.

En junio de 2004 el juez Rodolfo Canicoba Corral procesó con prisión preventiva y embargó a los policías federales Juan Carlos Lapuyole, Carlos Vicente Marcote y Carlos Enrique Gallone, recordado por aquella foto que recorrió el mundo abranzando a una madre de Plaza de Mayo en 1983.

Se determinó que Lapuyole y Marcote, quien falleció sin ser juzgado, fueron los responsables de las direcciones generales de Inteligencia y Operaciones de Superintendencia de Seguridad Federal y que Gallone fue jefe de una de las “brigadas” que actuaron en el lugar, donde funcionó un centro clandestino de detención durante la última dictadura.

En febrero del 2006 la causa judicial, que forma parte de la "megacausa" por gravísimas violaciones a los derechos humanos cometidas en la órbita del Primer Cuerpo, fue elevada a juicio oral por el juez federal Daniel Rafecas.

En julio del 2008, Lapuyole y Gallone fueron condenados a prisión perpetua por su accionar en la detención y asesinato de las víctimas de Fátima, en tanto Miguel Angel Trimarchi, otro de los imputados, fue absuelto.

miércoles, 23 de marzo de 2011

Fiscalía argentina identifica tripulantes de "vuelo de la muerte" de monja francesa


La Fiscalía argentina identificó este martes a los tripulantes del vuelo en el que fueron arrojadas al mar tres de las fundadoras de la organización Madres de Plaza de Mayo y la monja francesa Léonie Duquet durante la última dictadura en ese país suramericano (1976-1983).

"Están individualizados el vuelo y sus tripulantes. Incluso viajé en búsqueda de los mecánicos (de los aviones) que podrían haber sobrevivido", informó el fiscal argentino, Miguel Ángel Osorio.

Explicó que analizó unos dos mil 755 vuelos realizados entre 1976 y 1978 por dos aviones de la Prefectura (guardia costera), con la sospecha de que algunos podrían haber sido utilizados para los llamados “vuelos de la muerte”.

Precisó que "del análisis de esos vuelos, estamos convencidos que podemos terminar de individualizar al que fue usado para arrojar a tres fundadoras de Madres de Plaza de Mayo, una militante humanitaria y la monja francesa”.

Durante la dictadura militar argentina, aviones de la Marina, la Prefectura y la Fuerza Aérea se utilizaron para arrojar a activistas sociales al mar o al río de la Plata, con la intención de hacerlos desaparecer, aunque algunos cuerpos fueron devueltos por las aguas.

Los cuerpos de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo fueron devueltos por el mar y encontrados en Santa Teresita, una ciudad de la costa atlántica argentina a finales de diciembre de 1978 y enterrados como NN (sin identificar) en un cementerio cercano.

En el 2005, el Equipo Argentino de Antropología Forense indentificó los restos.

Las cinco mujeres fueron secuestradas en diciembre de 1977 junto a otras siete personas que siguen desaparecidas, entre ellas la monja francesa Alice Domon, en un operativo que se inició con la infiltración de Madres de Plaza de Mayo por parte del ex marino Alfredo Astiz.

Al grupo lo trasladaron a la Escuela de Mecánica de la Armada (Esma), el más emblemático centro de torturas y muerte de la dictadura que dejó 30 mil desaparecidos, según organismos humanitarios.

Los "vuelos de la muerte" fueron una práctica en la que miles de personas fueron arrojadas al mar vivas y anestesiadas desde aviones militares.
El próximo 24 de marzo se conmemora en Argentina el día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia por las muertes de civiles producidas en la dictadura militar que gobernó el país suramericano.