Comienza juicio sobre crímenes cometidos bajo el Plan Cóndor en la Argentina

El juicio engloba cuatro causas, entre ellos asociación ilícita y privación ilegítima de la libertad en perjuicio de más de 200 personas de diferentes nacionalidades.

por DPA - 04/03/2013 - 17:53

© AFP

Luciano Benjamín Menéndez, Rafael Videla y Reynaldo Bignone.

Los dictadores argentinos Jorge Rafael Videla y Reynaldo Bignone serán juzgados a partir de mañana martes en Buenos Aires junto a una veintena de acusados por los crímenes cometidos bajo el denominado Plan Cóndor que articularon las dictaduras que gobernaron en los años 70 en el Cono Sur. 

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de la ciudad de Buenos Aires llevará a cabo el juicio de esta "megacausa", que engloba cuatro causas que investigaron los delitos cometidos en el marco del Plan Cóndor, entre ellos asociación ilícita y privación ilegítima de la libertad en perjuicio de más de 200 personas de diferentes nacionalidades, informó la agencia local DyN. 

La Justicia buscará determinar también el destino que tuvieron las víctimas de violaciones de los derechos humanos que pasaron por el centro clandestino de detención y tortura "Automotores Orletti" que funcionó en la capital argentina. 

Junto a Videla y Bignone será juzgado el ex jefe del Tercer Cuerpo del EjércitoLuciano Benjamín Menéndez, sobre quien ya pesan siete condenas a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad.

Unos 500 testigos declararán en este juicio, que podría durar hasta dos años. 

Horas antes del inicio del juicio, desconocidos realizaron hoy amenazas de bomba en nombre de un autodenominado "Comando Patriótico" a la Secretaría de Derechos Humanos de Argentina y el Archivo Nacional de la Memoria, que funciona en la ex ESMA. 

El subsecretario de Derechos Humanos, Luis Alén, informó a la agencia estatal Télam que "en los dos casos las amenazas se concretaron alrededor del mediodía mediante llamadas telefónicas realizadas en nombre de un autodenominado 'Comando Patriótico' para exigir la finalización de los juicios a los genocidas". 

El funcionario consideró que "no es casual que estas amenazas coincidan con la nueva etapa en los juicios por crímenes de lesa humanidad, como el que comienza mañana del Plan Cóndor, la articulación (represiva) de las dictaduras del Cono Sur" durante los años 70 y 80. 

Alén advirtió sin embargo que "no hay vuelta atrás" con el enjuiciamiento a los represores de la dictadura que gobernó entre 1976 y 1983. 

En la ESMA funcionó el principal centro clandestino de detención de la última dictadura, en la que desaparecieron unas 30.000 personas según los organismos de derechos humanos. De acuerdo a las estimaciones, unos 5.000 detenidos desaparecidos pasaron por la ESMA.

http://www.latercera.com/noticia/mundo/2013/03/678-511910-9-comienza-juicio-sobre-crimenes-cometidos-bajo-el-plan-condor-en-la-argentina.shtml

Ya juzgan los crímenes de la dictadura en San Nicolás

El Tribunal Oral Federal 2 (TOF2) de Rosario comenzó ayer el juicio oral contra los ex coroneles del Ejército Manuel Fernando Saint Amant y Antonio Federico Bossié, y el ex comisario general de la Policía Federal Jorge Muñoz, por crímenes de lesa humanidad cometidos en la ciudad de San Nicolás

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Los imputados. Saint Amant, ex jefe del Area Militar 132; su segundo, Bossié, y el ex policía Muñoz.

Por Jorge Kaplán / La Capital 

El Tribunal Oral Federal 2 (TOF2) de Rosario comenzó ayer el juicio oral contra los ex coroneles del Ejército Manuel Fernando Saint Amant y Antonio Federico Bossié, y el ex comisario general de la Policía Federal Jorge Muñoz, por crímenes de lesa humanidad cometidos en la ciudad de San Nicolás. El proceso unifica tres causas que incluyen la llamada masacre de calle Juan B. Justo, la desaparición de un grupo de militantes de la JP y el secuestro y tormentos en perjuicio del locatario de la casa donde vivía un matrimonio desaparecido.

En la primera audiencia del juicio se comenzó con la lectura de los pedidos de elevación a juicio, de la causa por la masacre, de las querellas de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, su homóloga de la Nación y la de Manuel Gonçalves, nieto recuperado y único sobreviviente de los hechos. Se prevé que hoy se haga lo propio con el de la Fiscalía y se comience con los pedidos de elevación a juicio de la causa Alvira, otro de los expedientes acumulados.

El TOF2 además ayer resolvió la detención de los imputados Bossié y Muñoz, que estaban en libertad, mientras duren las audiencias del juicio oral, a partir de un pedido que la Fiscalía presentó la semana pasada y al que las querellas adhirieron. La solicitud se basó en el riesgo de fuga de los acusados, teniendo en cuenta la gravedad de los cargos en su contra. Saint Amant, en tanto, permanecerá con el régimen de arresto domiciliario.

En la sala de audiencias se pudo ver entre el público al subsecretario de DDHH de la Nación, Luis Alem; el secretario del área bonaerense, Guido Carlotto; su par de Santa Fe, Horacio Coutaz, y la diputada provincial Alicia Gutiérrez.

En la lectura de la acusación sobresalieron algunos aspectos que dan la gravedad de los hechos. En la masacre de calle Juan B. Justo, en la madrugada del 19 de noviembre de 1976, efectivos del Ejército y policías de varias jurisdicciones irrumpieron en la casa donde vivía la familia Amestoy y en la cual se encontraba también Ana María Granada y su hijo Manuel Gonçalves de apenas meses de vida. Allí fueron asesinados Omar Amestoy y su esposa María del Carmen Fettolini de varios disparos en la cabeza, mientras que Granada recibió 14 impactos de bala. En el informe policial se alegó que las víctimas se habían "suicidado".

Los niños Fernando y María Eugenia Amestoy (de 4 y 6 años respectivamente) fueron llevados en grave estado al Hospital San Felipe donde fallecieron a causa de los gases. Según testigos se arrojaron al menos 30 granadas dentro de la casa, muchas de ellos a través de la claraboya del baño, donde habían puesto a los chicos tratando de resguardarlos de las balas. Tampoco hay evidencia de que las víctimas hayan estado armadas o efectuado disparos

.http://www.lacapital.com.ar/politica/Ya-juzgan-los-crimenes-de-la-dictadura-en-San-Nicolas-20120704-0027.html

Una alumna recibió 24 amonestaciones por hablar del Día de la Memoria

Las autoridades del Colegio Monseñor Audino Rodríguez y Olmos, de San Juan, castigaron a una estudiante de 16 años por hacer referencia a los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar. La madre de la alumna aseguró que las autoridades buscan “amedrentar a los demás adolescentes”.

Una alumna de un colegio católico de San Juan recibió 24 amonestaciones por hacer mención del Día de la Memoria y hablar sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar.

Belén Icazatti, madre de la adolescente de 16 años denunció que en el colegio Monseñor Audino Rodríguez y Olmos se la castigó por “hablar de la última dictadura, por querer que sus compañeros sepan que, de haber vivido en esa época, ellos podrían haber sufrido los crímenes que muchos otros jóvenes de entonces sufrieron”.

Las autoridades del establecimiento educativo, que depende de la Universidad Católica de esa provincia cuyana, se negaron a remover la sanción, por lo que la mamá denunció el hecho ante la delegación local del Inadi y presentó un expediente en el Ministerio de Educación provincial. “No obtuvimos respuestas, pero es necesario que den marcha atrás con este castigo que le impusieron a mi hija, que es discriminatorio y no tiene más sentido que el de amedrentar a los demás adolescentes, de meterles miedo para que no pongan en práctica su memoria respecto de los derechos humanos”, dijo Icazatti.

Según publica hoy Página 12, en la mañana del viernes 23 de marzo, al momento de la “reflexión” ante la bandera argentina, del que todos los estudiantes del Colegio Monseñor Audino Rodríguez y Olmos de San Juan deben participar, Micaela Lisola pidió la palabra.

“Quería hacer referencia al Día de la Memoria, contar brevemente qué había pasado el 24 de marzo de 1976 e invitar a sus compañeros a la marcha que el día siguiente se iba a hacer en la ciudad. Y la directora le dijo que no, que mejor hablara de la marcha del Día del Niño por Nacer que se realizaría el domingo siguiente en contra del aborto”, contó la madre de la adolescente.

La alumna, que es representante de los colegios privados en el Centro de Estudiantes Unidos Secundarios (CEUS), aceptó esa propuesta, subió al escenario y realizó la invitación a la marcha antiabortista, pero no bien acabó de mencionarla “sintió que le estallaba el corazón”, aseguró la madre “con las mismas palabras” que se lo contó la chica. Por eso luego habló de la dictadura, de los desaparecidos, de los robos de bebés, de las muertes e invitó a la marcha por el Día de la Memoria. “Les dijo a los chicos, que son cerca de seiscientos, que lo que pasó les podría haber pasado a ellos si vivieran en esa época y leyó una frasecita que le había escuchado decir a un nieto recuperado: Sin memoria no hay identidad y sin identidad no hay Justicia”, detalló Icazatti.

Según el relato de la mujer, fue entonces que personal directivo del colegio “se le acercó y le pidió el micrófono y Micaela se lo negó porque le dijo que tenía derecho a hablar. Tras insistencias de parte de ellos, lo entregó y se bajó del escenario”.

“En el colegio no suelen hablar de estos temas. Es muy de derecha y conservador”, descalificó Icazatti a la institución. Sin embargo, los hechos no terminaron allí. Icazatti contó que a su hija la llevaron a dirección, en donde le pidieron que se retractara. “Micaela se negó a disculparse porque sintió que le habían faltado el respeto. Entonces le plantearon la teoría de los dos demonios respecto de la última dictadura y la retaron con que no era quién para hablar de esas cosas, que era chica y que no sabía lo que había pasado”, explicó la mamá. Esa tarde leyó en el cuaderno de comunicaciones de su hija la notificación sobre la sanción que las autoridades del colegio le habían aplicado “por desobedecer” las indicaciones de la directora de no mencionar el Día de la Memoria.

Tras pedir sin éxito a las autoridades que retiren la sanción, Icazatti radicó una denuncia por discriminación ante el Inadi de San Juan y presentó una carta ante el Ministerio de Educación provincial que generó el expediente número 300-03899-I-2012. “Se trata de un acto discriminatorio y, además, de amedrentamiento al resto de los chicos. Todos tienen la mirada puesta en lo que le pasó a Micaela y la reacción de la escuela. Por eso nosotros lo consideramos una sanción disciplinadora para meter miedo –concluyó–. Es muy grave.”

http://www.unoentrerios.com.ar/pais/Una-alumna-recibio-24-amonestaciones-por-hablar-del-Dia-de-la-Memoria-20120528-0021.html

Por una reparación al pueblo español

María Carmen del Valle García, Manolo Molina Holguera, Isabel Pérez Alegre y Luis de las Barreras Galán.

Cuatro nuevos querellantes de la megacausa que lleva Servini de Cubría sobre los crímenes de lesa humanidad durante el franquismo relataron a Página/12 los motivos de sus presentaciones.

La magistrada María Servini de Cubría recibió el mes pasado 54 nuevas demandas de ex presos políticos nucleados en la asociación “La Comuna” de detenidos por el régimen franquista entre las décadas del 60 y 70. Sus demandas se integraron a la megacausa argentina que a través de principios de justicia universal podría investigar los crímenes de lesa humanidad y genocidio cometidos por la dictadura española entre 1936 y 1977. Página/12 conversó con cuatro de los nuevos querellantes durante su visita a Buenos Aires.

Manolo Molina Holguera (64), Isabel Pérez Alegre (63), María Carmen del Valle García (59) y Luis de las Barreras Galán (63) conforman la última generación de víctimas de la dictadura. Son veteranos de una lucha colectiva: vivir bajo identidad falsa, sufrir la persecución de las brigadas franquistas, dormir en los ratos libres tras noches dedicadas a la impresión de propaganda. En tiempos de la dictadura española, militaron en el Partido Comunista Marxista Leninista ( Página/12 ), actividad por la que los detuvieron en distintas oportunidades.

A 35 años de la recuperación de la democracia en España, reclaman justicia por la persecución, reclusión y torturas que sufrieron y una reparación histórica del pueblo español. Su país les ha cerrado definitivamente las puertas con la condena a Baltazar Garzón en febrero pasado, el único juez que intentó investigar esos crímenes. La mayoría de las causas abiertas en el país ibérico fueron archivadas sin que se tomara medida alguna, según afirmó en su informe “Casos cerrados, heridas abiertas” Amnistía Internacional.

La asociación La Comuna basa su nombre en la forma solidaria en que los presos políticos se agrupaban en la cárcel. Como Manolo, Isabel, Carmen y Luis, la mayor parte de los detenidos por motivos ideológicos –hubo decenas de miles– fueron amnistiados, una vez muerto el general. Sin embargo, las leyes por las que se los condenaron continúan en un paraguas de legalidad y, por tanto, en los papeles y para la historia, todos ellos aparecen como culpables.

Es una historia silenciada, asegura Manolo Molina Holguera. “La mayor parte de la población entiende que lo que hizo el franquismo después de la guerra (mal llamada ‘civil’, entre 1936 y 1939) fue un horror, en que se cometieron crímenes de lesa humanidad. Pero no muchos consideran que la dictadura fue horrorosa hasta el final.” En ese sentido, explicó que su integración a la querella argentina “no es por ir a la Justicia simplemente”.

“Es el hecho de que se recupere la verdad, que se repare la historia del pueblo español –asegura–. Porque si no pareciera que España es el país que conquistó América y que masacró a los indios. Y el país que luego masacró a los rojos. ¡Joder! Eso no se puede admitir. Hay que llevar el convencimiento a la gente de que en el país ha habido personas que han luchado por la libertad y que si no han conseguido imponerla es porque ha habido unos hijos de puta que los han masacrado. Mientras eso no se reponga, no hay paz.”

Para Carmen, el golpe del general Francisco Franco quiso borrar del mapa histórico los avances progresistas del gobierno de la Segunda República en España. “Fue uno de los estados más progresistas en, por ejemplo, aspectos feministas de toda Europa. Las mujeres tenían derecho al aborto, al divorcio, se discutía el derecho al voto femenino. En el ’36 todo eso desapareció. Con el franquismo fue ‘todas a las iglesias’. Se empezaron a llevar las faldas por los tobillos, para trabajar debían pedirle permiso a su marido o a su padre, y todos los matrimonios civiles quedaron anulados.”

“El de mis padres, por ejemplo”, acota Luis. “Yo creo que necesitamos justicia por la justicia en sí. ¿Cómo puede una sociedad, y contestadme ustedes los argentinos, continuar la vida normalmente cuando hay ciento y pico mil personas enterradas sin reconocer y sin ponerle el nombre y sin poner un sitio donde sus familias puedan decirle adiós, sin que se busque a los hijos robados de las presas por monjas (Garzón estimó que son alrededor de 30 mil), sin que cuente en la historia que somos tan vergonzosos y tan cobardes que les seguimos teniendo escondidos, sin que salga en los papeles?

Isabel asiente. “Y que las personas responsables de eso hayan sido ministros hasta en la democracia, como el caso de Fraga y otros muchos que han participado activamente en la dictadura, que son responsables. Sin hablar de altos cargos en la policía, en empresas. Gente muy reconocida socialmente que parece que su pasado ha sido estupendo.”

http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-194502-2012-05-21.html

Un represor niega y otro calla

En la segunda jornada del juicio por crímenes de lesa humanidad en Catamarca, el ex policía Juan Daniel Rauzzino decidió finalmente declarar para rechazar los cargos en su contra y asegurar que la policía provincial tenía la orden de "no tomar ningún tipo de intervención contra la subversión". Por su parte, el militar retirado Carlos Alberto Lucena se llamó a silencio. Ambos enfrentan al Tribunal Federal 1º por la desaparición y muerte de Francisco Gregorio Ponce, su hermano Julio Genaro Burgos, Griselda del Huerto Ponce y Nelly Yolanda Borda, secuestrados entre abril de 1976 y enero de 1977.

Rauzzino, quien desde el 13 de mayo de 1975 hasta el 15 de diciembre de 1976 se desempeñaba en la fuerza policial, sostuvo que "el automóvil en la que se secuestró a la joven Griselda Ponce no pertenecía a la fuerza" y descartó que "la policía tenga que ver con el hecho".

El ex policía presentó al Tribunal pruebas documentales y periodísticas de su desempeño como jefe de la Policía en ese entonces. Y argumentó: "Juro por Dios, la Patria y mis cuatro nietos que no torturé ni secuestré a nadie, ya que no soy un delincuente".

Las cuatro desapariciones seguidas de muerte son parte de las casi 30 denunciadas que se realizaron en la provincia. Los jueces Juan Carlos Reynaga, Eduardo Gabriel Casas y José Camilo Quiroga Uriburu llevan adelante el juicio, en el que se prevé la declaración de unos 51 testigos a lo largo de todo el juicio.

http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-192670-2012-04-25.html

Crímenes en "Loma Negra", donde Amalia Fortabat era la titular

Piden investigar a la empresa Loma Negra como instigadora de un crimen

La querella y el fiscal de la causa por el secuestro y homicidio del abogado laboralista Carlos Moreno reclamaron que se determinara la responsabilidad de la firma de Olavarría en el caso. Avanzan sobre militares y civiles involucrados.

Los directivos de la cementera Loma Negra de Olavarría durante la última dictadura militar, podrían terminar acusados por crímenes de lesa humanidad. Es que tanto la parte querellante como el fiscal del juicio por el secuestro, tortura y homicidio del abogado laboralista Carlos Moreno, pidieron a los jueces “promover la investigación criminal” de la empresa de Amalia Fortabat, sospechada de instigar el crimen. Para los tres militares involucrados en la causa pidieron penas de reclusión y prisión perpetua, y para los civiles de entre 14 y 20 años de prisión.

“De la documentación que forma parte de este caso, sumado a los testimonios prestados en el debate, estimo que existen elementos suficientes para promover investigación criminal contra los integrantes de la empresa Loma Negra”, dijo el fiscal Daniel Adler en su alegato en el juicio que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de Mar del Plata realiza en el aula magna del rectorado de la Universidad del Centro en Tandil. Y agregó que deberá “investigarse si este hecho se trató de un crimen por encargo o por codicia y además indagarse acerca de las conexiones de estas empresas con el poder militar del lugar a la fecha del crimen”. 

Adler también pidió investigar la “complicidad judicial”, y señaló a los ex jueces de la Corte Suprema de Justicia Gerardo Peña Guzmán y Carlos Renom.

Para los militares Roque Ítalo Pappalardo, Julio Alberto Tomassi y José Luis Ojeda pidió que se los condene a una pena de prisión perpetua y a los civiles a penas de 14 años para Julio Méndez y de 16 para Emilio Méndez. 

Más temprano, el abogado de la familia del abogado laboralista, César Sivo, realizó un alegato de cerca de cuatro horas en el que, en consonancia con el fiscal, pidió que los jueces formaran una causa judicial a los directivos de Loma Negra durante la dictadura por el secuestro, las torturas y posterior asesinato del letrado de Olavarría, y solicitó que se remita la causa a la justicia federal de Azul.

“Tenemos testimonios y numerosos elementos que marcan que Loma Negra está atrás de la muerte de Moreno. Para nosotros no hay ninguna duda de eso. La prueba es tan importante y tan profusa en ese sentido que el Tribunal no se va a negar a investigar”, explicó Sivo a Tiempo Argentino. 

Además, pidió penas de reclusión perpetua y destitución para los tres militares que se encuentran detenidos pero en situación de retiro, y de 20 años para los hermanos Méndez. También pidió la formación de una causa judicial contra el jefe del regimiento del Ejército de Olavarría, Ignacio Verdura. “No podía desconocer lo ocurrido con Moreno”, consideró el abogado. Sivo fue el primero en hablar ante los magistrados Roberto Falcone, Mario Portela y Néstor Parra. Luego lo siguieron los abogados de la Secretaría de Derechos Humanos y por último el fiscal. El jueves 15 alegarán los defensores y el viernes 16 los jueces darán el veredicto.

http://tiempo.infonews.com/2012/03/10/argentina-69852-piden-investigar-a-la-empresa-loma-negra-como-instigadora-de-un-crimen.php

Baltasar Garzón afronta el segundo juicio en su contra

En calidad de observadores asisten al proceso miembros de Human Rights Watch y la Comisión Internacional de Justistas. Amnistía Internacional calificó de "escandaloso" el hecho de que el magistrado "sea juzgado por buscar la justicia, la verdad".

Aún sin la sentencia del proceso que comenzó y finalizó la semana por haber autorizado presuntas escuchas ilegales, el reconocido magistrado español y figura internacional de la defensa de los derechos humanos volvió a comparecer ante el Tribunal Supremo español, esta vez por haber iniciado una investigación sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el la Guerra Civil (1936-1939) y la dictadura franquista (1939-1975). Antes de entrar, saludó a las cientos de personas que se movilizaron en señal de apoyo y luego ingresó a escuchar las acusaciones en su contra que incluyen un pedido de inhabilitación por 20 años.

Dos organizaciones de extrema derecha, el pseudosindicato Manos Limpias y y la asociación Libertad e Identidad, acusan a Garzón por haberse declarado competente en 2008 para investigar los crímenes cometidos por el franquismo. La fiscalía pide la absolución. Garzón acusaba al dictador Francisco Franco y a 44 altos funcionarios de su régimen, todos ya muertos, de delitos contra los derechos humanos.

Suspendido desde hace dos años como juez instructor de la Audiencia Nacional española, Garzón está acusado de haber ignorado intencionadamente la Ley de Amnistía de 1977 cuando en 2008 se declaró competente para investigar la desaparición de más de 100 mil personas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista. Pero tuvo que abandonar esta investigación porque la fiscalía le obligó a inhibirse.

La semana pasada, Garzón fue sometido a un primer juicio por prevaricación, acusado de haber violado el derecho de la defensa al haber ordenado la intervención de conversaciones en prisión entre los presuntos cabecillas de una vasta trama de corrupción y sus abogados, en la denominada trama Gürtel.

Garzón, de 56 años, alcanzó renombre internacional con el inicio de procesos contra los represores de la última dictadura militar en Argentina y por haber ordenado la detención del dictador chileno Augusto Pinochet en Londres, en octubre de 1998, aunque al final no consiguió su objetivo de que este fuese extraditado a España.

En calidad de observadores asisten al proceso miembros de Human Rights Watch y la Comisión Internacional de Justistas. Amnistía Internacional calificó de "escandaloso" el hecho de que el magistrado "sea juzgado por buscar la justicia, la verdad y la reparación para las víctimas y los familiares de una violación masiva de derechos humanos".

http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-186131-2012-01-24.html 

La Corte Penal pedirá el arresto de Khadafi

LIBIA

El fiscal jefe de la CPI, Luis Moreno Ocampo, anticipó que en los próximos días emitirá cinco órdenes de arresto por crímenes contra la humanidad, entre las cuales se incluirá la del líder libio, uno de sus hijos y su ex canciller. Según el penalista argentino, ese tipo de delitos "continúan siendo cometidos" en Libia "incluyendo muertes y persecuciones".

A principios del mes pasado, el abogado argentino había anticipado que se iniciaría una investigación por crímenes contra la humanidad en Libia por la utilización de bombas de racimo contra poblaciones civiles y la represión desatada por el régimen en febrero pasado.

La información fue publicada por el diario británico The Sun, que reveló que Moreno Ocampo pedirá este mismo miércoles al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en Nueva York la emisión de una orden de detención con el objetivo último de que Khadafi, y su hijo Saif al Islam, para que comparezcan en La Haya para responder por esos crímenes.

La CPI investiga a Khadafi y a su entorno por su presunta responsabilidad directa en la muerte de, según una estimación de la fiscalía de la Corte de La Haya, "miles" de miembros de las fuerzas de oposición, desde el inicio del movimiento rebelde, en febrero pasado.

En ese sentido, el fiscal argentino informará ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, según fuentes del alto tribunal, de los próximos pasos a dar en la investigación. "La protección de los civiles solamente se producirá cuando se arreste a los mayores responsables de los crímenes más importantes", recuerda Moreno Ocampo en un comunicado.