Una redada contra los negocios oscuros en Tucumán

EL PAIS › LA JUSTICIA ALLANO AYER QUINCE PROPIEDADES DE LOS HERMANOS ALE A RAIZ DE UNA DENUNCIA POR LAVADO DE ACTIVOS

Angel “El Mono” Ale, tras una reja en su casa, a punto de ser allanada, en la capital tucumana.

La primera intervención de la Procelac puso en jaque a una organización presuntamente vinculada con la trata de personas.

Por Fernando Krakowiak

El juez federal Fernando Poviña allanó ayer en la provincia de Tucumán quince propiedades de Rubén “La Chancha” Ale, un empresario vinculado con el mundo del fútbol y la política provincial, sindicado como integrante de la red de trata que secuestró y mantuvo cautiva a Marita Verón. La causa se inició en diciembre a partir de una denuncia que la Unidad de Información Financiera (UIF) presentó ante la flamante Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) luego de haber detectado una serie de movimientos de dinero por parte de Ale que no se correspondían con sus ingresos declarados. La Procelac, en la primera intervención desde su creación, hizo la denuncia ante el juez Poviña, quien luego de analizar las pruebas comisionó a cerca de trescientos gendarmes para llevar adelante un operativo que anoche todavía continuaba. Durante el procedimiento, se secuestró dinero, armas y una serie de documentos que podrían estar relacionados con el juego clandestino y la trata de personas.

Rubén Ale y su hermano El Mono Angel comenzaron como puesteros en el mercado de abasto de San Miguel de Tucumán, luego se vincularon con el negocio del juego y en la década del ’80 adquirieron notoriedad al pasar a liderar la barra brava de San Martín de Tucumán, club que La Chancha Rubén terminaría presidiendo. “La banda de los Ale” gestó por entonces estrechos lazos con la política provincial que les terminaron sirviendo como escudo frente a las denuncias por tráfico de drogas, trata de personas y otros hechos delictivos. Al mismo tiempo, comenzaron a montar una serie de negocios legales, como la empresa de juegos de azar y apuestas Point Limits y la agencia de remises Cinco Estrellas. Esa firma llegó a tener una flota de más de 500 autos y durante la gobernación de Julio Miranda se la designó como veedora de la ciudad, lo que en los hechos significó que los remiseros podían denunciar sospechosos y sintonizar la frecuencia policial en sus autos. Las casas de juego y la agencia de remises fueron dos de las propiedades que ayer allanó la Gendarmería.

Los Ale eran intocables en la provincia, pero luego del secuestro de Marita Verón, el 3 de abril de 2002, esa situación comenzó a cambiar. Susana Trimarco, la mamá de Marita, los denunció en reiteradas ocasiones por su supuesta responsabilidad en la venta de drogas y el negocio de la prostitución. Incluso los señaló como los responsables de la desaparición de su hija. En la causa estuvieron imputadas las ex parejas de Rubén Ale, María Jesús Rivero y Daniela Milhein. También el ex esposo de Milhein, Alejandro González. Sin embargo, La Chancha logró permanecer al margen. Trimarco denunció incluso que Ale habría sobornado a los jueces para que sus ex mujeres fueran absueltas, como finalmente ocurrió, pero esa acusación tampoco prosperó. El juicio por el secuestro y la desaparición de Marita Verón terminó sin detenidos, pero la investigación de los movimientos financieros de Ale podría finalmente llevarlo a la cárcel por lavado de dinero.

La Unidad de Investigación Financiera que encabeza José Sba-ttella recibió el año pasado reportes de operaciones sospechosas que involucraban a Ale emitidos por entidades financieras. Este organismo avanzó con la investigación y corroboró las irregularidades. “No hay ninguna explicación lógica de la acumulación de riqueza que logró Ale en los últimos años”, señaló ayer Sbattella a Página/12. Apenas la fiscal general Alejandra Gils Carbó creó en diciembre la Procelac para combatir el lavado de activos, Sbattella se presentó ante ese organismo con la denuncia. Su titular, el fiscal Carlos Gonella, completó la investigación e hizo la denuncia ante el Juzgado Federal Nº 2, a cargo de Fernando Poviña. El magistrado reaccionó rápido y ayer ordenó los allanamientos en un operativo que incluyó el despliegue de 300 gendarmes, 30 inspectores de la UIF y el uso de camiones y helicópteros. Las autoridades justificaron el despliegue como forma de neutralizar cualquier intento de resistencia que pudiera ejercer Ale o la gente que le responde, fundamentalmente los integrantes de la barra brava de San Martín de Tucumán.

Además de allanar la empresa de juegos Point Limits y la agencia de remises Cinco Estrellas, los gendarmes fueron a la casa de Ale, la de su hermano El Mono, la de su ex pareja Daniela Milhein y la de la actual pareja de María Jesús Rivero. También estuvieron en el club San Martín, donde Ale sigue pisando fuerte

Durante las horas previas, el operativo se manejó con un fuerte hermetismo para evitar filtraciones. Los vínculos de Ale con políticos y policías provinciales llevaron a extremar los cuidados para que nadie le advirtiera lo que venía. De hecho, los inspectores que fueron llegando a la provincia se hospedaron en distintos hoteles para no llamar la atención y recién se reunieron a la mañana temprano, minutos antes del comienzo de los allanamientos. “El operativo fue un éxito porque logramos trabajar de manera coordinada y evitando filtraciones. Fue muy importante el rol del juez y del fiscal federal Carlos Brito, la predisposición de la UIF y del comandante principal de Gendarmería, Fabio Benegas”, declaró ante este diario el titular de la Proselac, Carlos Gonella.

En los allanamientos se secuestraron dinero y armas aparentemente no declaradas, junto con una serie de documentos que anoche el juez estaba analizando para decidir si ordenaba la detención de los hermanos Ale. El enriquecimiento que registró esta familia durante los últimos años está a la vista en la provincia, tanto en las viviendas ostentosas como en los autos de alta gama que utilizan y nunca se preocuparon por disimular. Hasta ahora, el movimiento del dinero de los Ale no había sido objeto de una investigación judicial, pero si no logran justificar el origen de los fondos podrían terminar en la cárcel por lavado de activos.

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-215120-2013-03-05.html

Timerman: "Este memorándum es un paso adelante"

"Aunque el imputado diga que no va a contestar preguntas, el juez puede volver a la Argentina y dar comienzo al juicio", aclaró Timerman.

El canciller volvió a defender el documento firmado entre la Argentina e Irán por la investigación del atentado a la AMIA, que ayer recibió dictamen favorable en el Senado y será tratado el próximo jueves en el recinto. Timerman aseguró que "se buscará la manera de que quienes sean encontrados culpables por el juez argentino paguen por el delito que cometieron". Además, consideró que con una sentencia "podríamos ir a organismos internacionales, pues habría una fortaleza mucho mayor en nuestro pedido".

"Fue un muy buen debate. Contesté todas las preguntas y aclaré todo lo que había que aclarar, más allá de todo lo que está claro en el memorándum, por una cuestión de respeto a los senadores, que algunos creo no lo habían leído", expresó Timerman esta mañana respecto al plenario de comisiones de la Cámara alta de ayer. Del encuentro participaron autoridades de las entidades de la comunidad judía (AMIA y DAIA) y referentes de organizaciones que representan a familiares de víctimas del atentado de 1994.

El canciller sostuvo que "por más esfuerzos que haya hecho la Presidenta de ofrecer alternativas, recién ahora parece que Irán está dispuesto a escuchar y a aceptar las razones que tiene la Argentina para resolver finalmente, encontrar a los culpables y hacer justicia en la causa AMIA".

"Ayer quedó claro que este memorándum es un paso adelante que va a destrabar una causa está paralizada totalmente desde 2006", sostuvo el titular de la cartera de Relaciones Exteriores en declaraciones formuladas esta mañana a radio Vorterix. En ese marco, el canciller aseveró que "vamos a buscar la manera de que quienes sean encontrados culpables por el juez argentino paguen por el delito que cometieron", al tiempo que remarcó que, con una sentencia, "podríamos ir a organismos internacionales, pues habría una fortaleza mucho mayor en nuestro pedido".

En tanto, al ser consultado sobre la ausencia del juez Rodolfo Canicoba Corral y el fiscal Alberto Nisman en el encuentro realizado ayer en el Senado, Timerman dijo que "es un tema que debe resolver el cuerpo legislativo, que decidió no citarlos". Además, afirmó que el magistrado "es favorable a viajar a Teherán".

En cuanto a la postura de los familiares de las víctimas del atentado, Timerman remarcó que de tres organizaciones presentes ayer, dos se manifestaron de acuerdo y una -Apemia- expresó su desacuerdo, y recordó que las entidades "están todas en contra de la AMIA y la DAIA, pues consideran que son parte del encubrimiento".

Por otra parte, consultado sobre la posibilidad de que los iraníes se nieguen a declarar, el canciller afirmó que "aunque el imputado diga que no va a contestar preguntas, el juez puede volver a la Argentina y dar comienzo al juicio", al respecto destacó que de esa manera "El juicio que no puede empezar ahora por razones legales, va a empezar". En ese sentido, criticó la tapa del diario La Nación, que tituló: "Admitió Timerman que los iraníes pueden no declarar". El funcionario remarcó que "no soy yo el que da ese derecho, es la Constitución Nacional la que da ese derecho".

http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-213861-2013-02-14.html

Procesaron con prisión preventiva a 50 represores del Operativo Independencia

La decisión de la Justicia tucumana es extensiva a Jorge Videla y Mario Menéndez. No será citada a declarar la ex presidenta Isabel Perón.

La decisión de la Justicia tucumana es extensiva a Jorge Videla y Mario Menéndez. (Foto archivo)

La Justicia tucumana procesó ayer con prisión preventiva a medio centenar de personas, entre ellas al ex presidente de facto Jorge Rafael Videla, por las torturas y asesinatos de militantes políticos durante el denominado Operativo Independencia, antes del golpe militar de 1976, aunque rechazó un pedido de citar a indagatoria a la ex mandataria María Estela Martínez de Perón.

El juez federal Daniel Bejas procesó, entre otros, a los ex policías Roberto El Tuerto Albornoz, Ricardo Oscar Sánchez, Luis Armando De Cándido, a los ex militares Mario Benjamín Menéndez y Fernando Luís Labayru.

Además, el magistrado también procesó a los civiles Miguel Angel Carrasco, Carlos Alberto Diacono y Julio César Sarmiento, por este operativo que significó la intervención masiva de las Fuerzas Armadas y la implementación de un plan sistemático de exterminio de opositores políticos en la provincia de Tucumán.

Al respecto, todos ellos están imputados como autores mediatos o materiales de delitos de lesa humanidad cometidos contra 269 víctimas antes del último golpe militar, entre febrero de 1975 y marzo de 1976.

"Durante el Operativo Independencia en Tucumán se implementó un estado de excepción (estado de sitio de hecho) en el que se desconocieron los derechos fundamentales de las personas y se suspendieron en forma absoluta sus garantías, en el marco de un proceso de desapoderamiento de las autoridades políticas-civiles que culminó con el golpe de estado del 24 de marzo de 1976", determinó la resolución.

Bejas sostuvo que los delitos de privación ilegítima de libertad con torturas, abuso sexual y homicidio cometidos durante el operativo, fueron parte de un "ataque sistemático desde el Estado contra sindicalistas y personas involucradas con la lucha social, a los que se habría identificado como «enemigos» del plan económico y político que definía la «nueva argentinidad», por lo que se considera configurado el contexto del delito de genocidio".

Entre los aspectos más relevantes del expediente, el magistrado no hizo lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal para que preste declaración indagatoria de la ex presidenta María Estela Martínez de Perón, quien autorizó el Operativo Independencia, que comenzó en Tucumán en febrero de 1975 y que fue comandado por Acdel Edgardo Vilas y luego por Antonio Domingo Bussi, en la antesala del golpe de Estado.

Para justificar la desvinculación de la ex presidenta, Bejas señaló "discordancias" que hicieron que la imputación en su contra sea "débil y confusa", al remarcar que si el Ministerio Público considera que durante el operativo las Fuerzas Armadas "actuaron con la aquiescencia o autorización de las autoridades civiles de la época", las acusaciones deberían "también captar ministros, legisladores, gobernadores y jueces, es decir un espectro representativo del gobierno civil" y no "acotarse" a Isabelita.

"Este magistrado considera que se encuentra demostrado con el nivel de probabilidad que habilita esta etapa procesal, que desde el año 1974 las Fuerzas Armadas comenzaron a distanciarse de las autoridades civiles y de las directivas del gobierno constitucional, a fin consumar un plan represivo que comenzó a gestarse desde fines de los años 60 dirigido contra la ciudadanía en general bajo el difuso e intangible objetivo de combatir el enemigo subversivo marxista ", apuntó el juez.

Grupos de ultraderecha. Y agregó que "dicho plan represivo, dirigido a la toma del poder civil no habría contado con la aquiescencia del gobierno civil en su conjunto, sino con la complicidad de algunos grupos de ultra derecha directamente vinculados con el accionar del Ejército, como fue por ejemplo la Alianza Anticomunista Argentina (AAA o Triple A) dirigida por el entonces ministro de Bienestar Social José López Rega".

En el marco de la megacausa el Ministerio Público Fiscal substanció la investigación de delitos cometidos en perjuicio de 269 víctimas, imputando a un total de 138 personas, y al formular su ampliación de requerimiento de instrucción describió al Operativo Independencia como "una intervención masiva de las Fueras Armadas y la implementación de un plan sistemático de exterminio de opositores políticos mediante la utilización del aparato estatal con aquiescencia del gobierno civil en Tucumán".

http://www.lacapital.com.ar/politica/Procesaron-con-prision-preventiva-a-50-represores-del-Operativo-Independencia-20121229-0032.html

El líder de los espías del dictador Videla

El Batallón 601, símbolo de la tarea de Inteligencia del Ejército.

PROCESARON A CARLOS ALBERTO MARTINEZ, JEFE DE INTELIGENCIA DEL EJERCITO DE LA ULTIMA DICTADURA

El juez federal Daniel Rafecas lo culpó de delitos de lesa humanidad contra 1194 víctimas. Señaló que “su aporte fue trascendental a los fines de la diagramación del plan de acción a llevar a cabo en el marco de la ‘lucha antisubversiva’”.

El general de división retirado Carlos Alberto Martínez, ex jefe de Inteligencia del Ejército durante los primeros dos años de la última dictadura, fue procesado ayer por delitos de lesa humanidad contra 1194 víctimas. El juez federal Daniel Rafecas destacó que Martínez fue desde su cargo “el principal asesor del comandante general del Ejército”, léase del dictador Jorge Rafael Videla, y que “su aporte fue trascendental a los fines de la diagramación del plan de acción a llevar a cabo en el marco de la ‘lucha antisubversiva’”. El militar, de 84 años, detenido por primera vez en junio último y ahora procesado con prisión preventiva luego de 34 años de impunidad, seguirá gozando de arresto domiciliario en San Miguel, provincia de Buenos Aires.

Martínez fue procesado por su actuación como titular de la Jefatura II de Inteligencia del Ejército entre el 24 de marzo de 1976 y el 23 de enero de 1978, cuando pasó a comandar la Secretaría de Informaciones del Estado, la SIDE, a la que volvería en los primeros años del menemismo de la mano de Juan Bautista Yofre. Rafecas lo imputó por su actuación en jurisdicción del Primer Cuerpo de Ejército, que incluyó los centros clandestinos Banco, Atlético, Olimpo, Vesubio, Superintendencia de Coordinación Federal, Garaje Azopardo, Automotores Orletti, Sheraton, entre otros. El documento judicial que lleva la firma de Albertina Carón, secretaria del juzgado, tiene más de 3500 páginas e incluye el detalle de los delitos sufridos por cada víctima, imputados a Martínez como “partícipe necesario”: 1194 privaciones ilegales de la libertad, 696 tormentos (en tres casos seguidos de muerte) y 151 homicidios. Martínez “realizó un aporte fundamental respecto de los hechos acaecidos en el ámbito del Primer Cuerpo de Ejército, aporte sin el cual seguramente las detenciones, tormentos, homicidios y desapariciones de personas no habrían alcanzado la magnitud y alto grado de lesividad constatado en la presente investigación”, destacó.

El juez responsabilizó a Martínez por operativos ilegales como los registrados en el Hospital Posadas, en la Quinta la Pastoril o Quinta de Moreno, en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) de Castelar; también lo procesó por siete secuestros ocurridos en Marcos Paz, incluido el del ex intendente Oscar Felipe Sánchez, por los secuestros de profesionales y empleados de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) como Antonio Misetich, entre otros prestigiosos científicos que están desaparecidos; y por el homicidio del coronel Bernardo Alberte, ex edecán de Juan Domingo Perón, a quien un grupo de militares arrojó al vacío desde un sexto piso la madrugada del golpe de Estado.

La responsabilidad de Martínez no sólo surge del cargo que ocupó y de los discursos de la época, sino también de documentación secuestrada durante los allanamientos a la casa donde vive, en España 865, partido de San Miguel y otra propiedad en Muñiz, también en San Miguel. La Justicia encontró allí directivas del funcionamiento de los órganos de inteligencia, un balance de gestión titulado “Experiencias y enseñanzas recogidas en la lucha contra la subversión”, y un cuestionario respondido a máquina en el que Martínez explica que el Batallón 601, que dependía de la Jefatura II a su cargo, le brindaba “apoyo técnico de interrogadores” al Primer Cuerpo de Ejército. Se trataba de “personal adiestrado en técnicas de interrogatorio y con un profundo conocimiento sobre la organización a la que perteneciera el detenido”, puntualizó.

El militar resaltó en otro escrito el rol de los infiltrados durante la dictadura. “La verdadera eficacia de la inteligencia contrasubversiva no se derivó de esos tortuosos procedimientos denunciados (en referencia a los interrogatorios bajo tormentos), sino de la extremadamente riesgosa tarea de infiltración de las principales organizaciones subversivas que el área de inteligencia de las FF.AA. y de seguridad desarrollaron paciente y estoicamente”, escribió. “No debe ser soslayada la labor llevada a cabo por los agentes infiltrados”, sostuvo Rafecas, y apuntó que “son pocos los registros que se poseen hoy en día acerca del personal infiltrado en las organizaciones de la época”.

Durante los allanamientos también se encontraron documentos sobre la situación de Montoneros y el PRT-ERP en marzo de 1978. Rafecas apuntó que esas pruebas “ponen de manifiesto el conocimiento concreto que tenía Carlos Alberto Martínez, como máximo responsable del aparato de inteligencia y encargado de la conducción del ‘esfuerzo de inteligencia’, de las acciones y resultado de las mismas que eran llevadas a cabo por las Fuerzas Armadas y de seguridad”. “Así, la información que recaía en la Jefatura II de Inteligencia del Ejército proveniente de los sistemas de inteligencia de todas las Fuerzas Armadas y de seguridad era utilizada por el Comando General del Ejército para trazar la estrategia de desarrollo de la ‘lucha antisubversiva’”, sostuvo el juez.

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-210689-2012-12-27.html

Baltasar Garzón afronta el segundo juicio en su contra

En calidad de observadores asisten al proceso miembros de Human Rights Watch y la Comisión Internacional de Justistas. Amnistía Internacional calificó de "escandaloso" el hecho de que el magistrado "sea juzgado por buscar la justicia, la verdad".

Aún sin la sentencia del proceso que comenzó y finalizó la semana por haber autorizado presuntas escuchas ilegales, el reconocido magistrado español y figura internacional de la defensa de los derechos humanos volvió a comparecer ante el Tribunal Supremo español, esta vez por haber iniciado una investigación sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el la Guerra Civil (1936-1939) y la dictadura franquista (1939-1975). Antes de entrar, saludó a las cientos de personas que se movilizaron en señal de apoyo y luego ingresó a escuchar las acusaciones en su contra que incluyen un pedido de inhabilitación por 20 años.

Dos organizaciones de extrema derecha, el pseudosindicato Manos Limpias y y la asociación Libertad e Identidad, acusan a Garzón por haberse declarado competente en 2008 para investigar los crímenes cometidos por el franquismo. La fiscalía pide la absolución. Garzón acusaba al dictador Francisco Franco y a 44 altos funcionarios de su régimen, todos ya muertos, de delitos contra los derechos humanos.

Suspendido desde hace dos años como juez instructor de la Audiencia Nacional española, Garzón está acusado de haber ignorado intencionadamente la Ley de Amnistía de 1977 cuando en 2008 se declaró competente para investigar la desaparición de más de 100 mil personas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista. Pero tuvo que abandonar esta investigación porque la fiscalía le obligó a inhibirse.

La semana pasada, Garzón fue sometido a un primer juicio por prevaricación, acusado de haber violado el derecho de la defensa al haber ordenado la intervención de conversaciones en prisión entre los presuntos cabecillas de una vasta trama de corrupción y sus abogados, en la denominada trama Gürtel.

Garzón, de 56 años, alcanzó renombre internacional con el inicio de procesos contra los represores de la última dictadura militar en Argentina y por haber ordenado la detención del dictador chileno Augusto Pinochet en Londres, en octubre de 1998, aunque al final no consiguió su objetivo de que este fuese extraditado a España.

En calidad de observadores asisten al proceso miembros de Human Rights Watch y la Comisión Internacional de Justistas. Amnistía Internacional calificó de "escandaloso" el hecho de que el magistrado "sea juzgado por buscar la justicia, la verdad y la reparación para las víctimas y los familiares de una violación masiva de derechos humanos".

http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-186131-2012-01-24.html 

Conferencia de prensa contra el aumento del subte

A las 17 de este martes, los diversos sectores políticos, gremiales y sociales que integran la multisectorial contra la modificación de la tarifa de subterráneos y Premetro brindarán una conferencia de prensa en el hotel Bauen. “Analizaremos los argumentos del juez. Hay un repudio generalizado para el aumento de la tarifa. Al gobierno porteño le importa muy poco la gente que lo votó”, destacó Roberto Pianelli, secretario General del Sindicato de Trabajadores de Subtes.

A raíz del fallo del juez en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad Juan Lima, en el que resolvió rechazar los pedidos de dictado de una medida cautelar que suspenda los efectos de la medida dispuesta por Mauricio Macri para modificar la tarifa del subte y elevarla a 2.50 pesos, los diversos sectores que encabezaron los 8 amparos brindarán este martes a las 17, una conferencia de prensa en el hotel Bauen.

“Vamos a juntarnos. Veremos los argumentos del juez. Nos han comentado que habrá apelación sobre el fallo del juez. Hay un repudio generalizado para el aumento de la tarifa”, expresó ante Radio 10 Roberto Pianelli, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Subtes.

Y agregó: “Al Gobierno porteño le importa muy poco la gente que lo votó. El Jefe de Gobierno dijo que se iban a estudiar los costos operativos. Prometió 11 kilómetros e hizo 450 metros en cuatro años de gobierno”. 

Por su parte, Juan Manuel Karg, secretario de la Mesa Ejecutiva de la FUBA, sostuvo que “el fallo de Lima -que aún tiene la posibilidad de ser apelado en la Camara en lo contencioso, administrativo y tributario- cedió al argumento de que, si se retrotraía el aumento, se ponía el riesgo el servicio”.

“La campaña que ha hecho Metrovías – Roggio y algunos multimedios de comunicación ha tenido su eco en este fallo, que le da la espalda a más de 200.000 usuarios que firmaron contra la suba, a los 8 recursos de amparo presentados por legisladores y asociaciones de consumidores, y a más de 60 organizaciones sociales y políticas de la Ciudad de Buenos Aires. Tal como alguna vez advirtió Eduardo Galeano, ´la justicia, a veces, es un poco injusta´: más de un millón y medio de pasajeros se están viendo perjudicados por esta medida”, dijo Karg.

En la conferencia de prensa no sólo se expresarán las diversas posturas ante el fallo y las medidas judiciales a seguir, también se informará la posición que tomarán los trabajadores del subte, quienes si bien resolvieron no realizar este martes apertura de molinetes (medida que se ha implementado en los últimos días, tras entrar en vigencia el incremento del boleto de subte), no descartan el endurecimiento de las medidas de protesta contra la modificación tarifaria.

http://www.noticiasurbanas.com.ar/info_item.shtml?sh_itm=201f5bec48f26801891de77b219b2f32

Juez español Baltasar Garzón llevado ante la justicia por escuchas ilegales

El juez español Baltasar Garzón llegó este martes al Tribunal Supremo para sentarse por primera vez en el banquillo de los acusados por presuntamente haber ordenado escuchas ilegales en un caso de corrupción, se trata de un primer proceso contra el magistrado que será juzgado la semana próxima por investigar crímenes del franquismo.

A Garzón, de 56 años, lo esperaba a las afueras de la institución una concentración de apoyo. En la audiencia el juez escuchó las alegaciones de su abogado defensor, Francisco Baena Bocanegra, quien se quejó de faltas en el procedimiento del juicio que se celebra en el Tribunal Supremo de Madrid.

También pidió que se le garantice la posibilidad de poder recurrir en segunda instancia a la Sala 61 del Tribunal en caso de una posible condena.

El defensor Baena Bocanera planteó además la recusación de los magistrados Luciano Varela y Manuel Marchena, por considerar que su imparcialidad está comprometida al ser éstos los instructores de otras dos causas abiertas a Garzón: la relativa a la Memoria Histórica y la que le investiga por los patrocinios de los cursos que impartió en Nueva York (Estados Unidos) entre 2005 y 2006.

Sobre esta última causa, el magistrado es investigado por la desestimación de una querella por delito fiscal contra el Banco Santander, luego de que esta entidad financiara dichos cursos.

La investigación en este caso está en curso y la justicia aún no fijó una fecha de juicio.

Garzón está imputado por "uso de instrumentos de escucha y grabación en violación de las garantías constitucionales" en la investigación de un escándalo de corrupción conocido como "trama Gürtel", que a inicios de 2009 implicó a altos cargos del Partido Popular (PP, derecha), que gobierna España desde diciembre.

El caso Gürtel es conocido como uno de los más escandalosos episodios de corrupción política de la historia democrática en España.
Suspendido de sus funciones desde mayo de 2010, el juez Garzón tiene pendientes dos casos por presunta prevaricación, es decir, por tomar una decisión injusta a sabiendas, hecho que llevó a sus colegas a denunciar una maniobra política.

El magistrado español es conocido por la detención del dictador chileno, Augusto Pinochet, en 1998 en Londres.

Asimismo, se prevé que este 24 de enero el mismo Tribunal Supremo de Madrid juzgue a Garzón por querer investigar sobre los más de 100 mil desaparecidos de la Guerra Civil española (1936-39) y de la dictadura franquista (1939-75). A pesar de la existencia de la ley de amnistía aprobada en España en octubre de 1977.

“Estamos ante un hecho que avergüenza a la democracia española, a la justicia y al propio Tribunal Supremo que es juzgar a un inocente, en primer lugar por haber querido juzgar al franquismo y también por haber querido luchar contra la corrupción", declaró el diputado Gaspar Llamazares, a las puertas del tribunal.

"Se han abierto tres causas contra el juez Garzón, es un hecho insólito y sin precedentes", agregó a los periodistas el abogado defensor.

Si el juez es declarado culpable podría ser condenado a un máximo de 17 años de inhabilitación profesional, lo que supondría el final de su carrera.

http://www.telesurtv.net/secciones/noticias/102755-NN/juez-espanol-baltasar-garzon-llevado-ante-la-justicia-por-escuchas-ilegales/

El Gobierno Nacional expresa su repudio a los incidentes en Jujuy

“El gobierno nacional repudia los hechos de violencia sucedidos en la ciudad Libertador General San Martín de la provincia de Jujuy,  y solicitamos a la justicia que, en forma inmediata, se investigue y se esclarezcan  los hechos”.

"También le hemos pedido al Gobierno provincial que separe de sus funciones a quienes hayan tenido responsabilidad en estos hechos”.

“Es necesario también que se determine si hubo responsabilidad en la actuación del juez que ordenó la medida”. 

"Este gobierno siempre ha priorizado el diálogo para la resolución de este tipo de conflictos y nunca ha criminalizado la protesta social. Es imprescindible que se actúe rápidamente y se haga justicia”.

  

Florencio Randazzo, Ministro del Interior

PRENSA MINISTERIO DEL INTERIOR 

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Modificación de la Ley de Concurso y Quiebras

CFK: "Recibimos ayer en Casa de Gobierno a Luis Alberto Caro y a representantes del Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas, ocasión en la que se promulgaron las modificaciones a la Ley de Quiebras, que establecen la prioridad a los trabajadores para adquirir un crédito y continuar con la producción de la empresa".

Se publicó hoy en el Boletín Oficial la promulgación de la Ley que modifica la de Concurso y Quiebras, que posibilita que los trabajadores, organizados en cooperativa, continuen con la explotación de la empresa, a fin de conservar la fuente laboral. El Estado deberá brindar asistencia técnica.

La presidenta Cristina Fernández, por Decreto 874/2011 publicado hoy en el Boletín Oficial promulgó la Ley Nº 26.684, que modifica la Ley de Concurso y Quiebras.

El Decreto lleva la firma de la Presidenta, el Jefe de Gabinete, Aníbal Fernández y el ministro de Economía, Amado Boudou.

Entre otras cuestiones establece que en caso de quiebra “la conservación de la fuente de trabajo habilita la continuación inmediata de la explotación de la empresa o de alguno de sus establecimientos, si las dos terceras partes del personal en actividad o de los acreedores laborales, organizados en cooperativa, incluso en formación, la soliciten al síndico o al juez”.

También dice que “en toda quiebra, aun las comprendidas en el artículo precedente, el síndico debe informar al juez dentro de los veinte (20) días corridos contados a partir de la aceptación del cargo, sobre la posibilidad de continuar con la explotación de la empresa del fallido o de alguno de sus establecimientos y la conveniencia de enajenarlos en marcha”. 

“En la continuidad de la empresa –agrega- se tomará en consideración el pedido formal de los trabajadores en relación de dependencia que representen las dos terceras partes del personal en actividad o de los acreedores laborales quienes deberán actuar en el período de continuidad bajo la forma de una cooperativa de trabajo”.

A tales fines “deberá presentar en el plazo de veinte (20) días, a partir del pedido formal, un proyecto de explotación conteniendo las proyecciones referentes a la actividad económica que desarrollará, del que se dará traslado al síndico para que en plazo de cinco (5) días emita opinión al respecto. El término de la continuidad de la empresa, cualquiera sea su causa, no hace nacer el derecho a nuevas indemnizaciones laborales”. 

Dice que el informe del síndico debe expedirse sobre la posibilidad de mantener la explotación sin contraer nuevos pasivos, salvo los mínimos necesarios para el giro de la explotación de la empresa o establecimiento.

También sobre la ventaja que resultaría para los acreedores de la enajenación de la empresa en marcha; la ventaja que pudiere resultar para terceros del mantenimiento de la actividad; el plan de explotación acompañado de un presupuesto de recursos, debidamente fundado; los contratos en curso de ejecución que deben mantenerse; en su caso, las reorganizaciones o modificaciones que deben realizarse en la empresa para hacer económicamente viable su explotación; los colaboradores que necesitará para la administración de la explotación; explicar el modo en que se pretende cancelar el pasivo preexistente.

En caso de disidencias o duda respecto de la continuación de la explotación por parte de los trabajadores, el juez, si lo estima necesario, puede convocar a una audiencia a los intervinientes en la articulación y al síndico, para que comparezcan a ella, con toda la prueba de que intenten valerse.

Por otra parte en otra modificación expresa que la autorización para continuar con la actividad de la empresa será dada por el juez en caso de que de su interrupción pudiera emanar una grave disminución del valor de realización, se interrumpiera un ciclo de producción que puede concluirse, en aquellos casos que lo estime viable económicamente o en resguardo de la conservación de la fuente laboral de los trabajadores de la empresa declarada en quiebra.

En su autorización el juez debe pronunciarse explícitamente por lo menos sobre el plan de la explotación, para lo cual podrá hacerse asesorar por expertos o entidades especializadas; el plazo por el que continuará la explotación; a estos fines se tomará en cuenta el ciclo y el tiempo necesario para la enajenación de la empresa; este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez, por resolución fundada; la cantidad y calificación profesional del personal que continuará afectado a la explotación; los bienes que pueden emplearse; la designación o no de uno o más coadministradores; y la autorización al síndico para contratar colaboradores de la administración.

En otra de las modificaciones expresa que “en toda quiebra que se haya dispuesto la continuidad de la explotación de la empresa o de alguno de sus establecimientos por parte de las dos terceras partes del personal en actividad o de los acreedores laborales, organizados en cooperativas, incluso en formación, el Estado deberá brindarle la asistencia técnica necesaria para seguir adelante con el giro de los negocios”.

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Carancho previsional

LA ANSES DENUNCIO A UN JUEZ DE CORDOBA POR ESTAFA

El organismo de la seguridad social puso al descubierto un modus operandi en la Justicia para abultar el monto de los pagos a jubilados por reactualización de haberes.

 Por Tomás Lukin

La Anses denunció que existe un mecanismo destinado a defraudar a la seguridad social que involucra al Juzgado Federal de Río Cuarto, estudios de abogados y jubilados que reclaman por el ajuste de sus haberes. La operatoria consistía en autorizar montos mayores a los que habían conferido las sentencias favorables a los jubilados. Además, habilitaba a través de peritos oficiales el doble cobro de una porción de los fallos. Las irregularidades que derivaron en una denuncia penal contra el juez Carlos Arturo Ochoa salieron a la luz cuando el magistrado intimó a la Anses al pronto pago de 6 casos puntuales. Sin embargo, el organismo que conduce Diego Bossio ya detectó 20 casos con el mismo modus operandi que serán incorporados a la demanda y pretende analizar más de 1700 expedientes en estado de ejecución del mismo juzgado. Si se comprueban esas irregularidades, el monto de la estafa superaría los 60 millones de pesos.

La Anses solicitó la suspensión de los plazos procesales por 60 días para analizar esos casos pero el juzgado todavía no hizo lugar al pedido. En noviembre pasado el organismo inició un proceso de auditoría interna con el objetivo de ordenar el mecanismo de pago de fallos judiciales. Ese trabajo le permitió dictar la semana pasada una resolución, anticipada por Página/12, con el objetivo de “acelerar y transparentar” el pago de las sentencias, informatizar el proceso y establecer un nuevo orden de liquidación que combina edad, nivel de haberes y la antigüedad del caso para priorizar a los más postergados.

Bossio y el ministro de Economía, Amado Boudou, explicaron ayer en conferencia de prensa que los cambios en el sistema de pago de sentencias permitieron detectar las irregularidades en el Juzgado Federal de Río Cuarto. El 10 de marzo, durante una audiencia, el magistrado Ochoa intimó a la Anses a cumplir con 6 sentencias donde el organismo detectó que el juez otorgaba en las ejecuciones montos significativamente superiores a los que figuraban en los fallos de primera instancia. Según precisó Bossio, para abultar el monto que debía pagar la Anses los peritos oficiales cometían dos tipos de irregularidades al momento de la liquidación. Por un lado, no tenían en cuenta pagos que ya había realizado la seguridad social, condenando al organismo a pagar dos veces por una porción de la misma deuda y, por el otro, incorporaban precedentes judiciales que no figuraban en la sentencia firme. Por ejemplo, si la decisión en primera instancia implicaba actualizar los haberes de acuerdo con el índice correspondiente al fallo Badaro, el perito añadía otros fallos como Sánchez o Eliff y así lograba incrementar la suma que debía pagar la Anses.

Como resultado, el juzgado ordenó embargos millonarios sobre las cuentas del organismo. “El 50 por ciento del total de los embargos que tiene la Anses por el pago de sentencias a favor de los jubilados provienen de la ciudad de Río Cuarto. Son más de 60 millones de pesos embargados por decisión del juez Ochoa”, sostuvo Bossio. La semana pasada la gerencia de Legales de la Anses expresó al juzgado su disconformidad, detalló las irregularidades y solicitó la suspensión de los plazos procesales por 60 días para revisar las 1700 ejecuciones dictadas en condiciones similares. Sin embargo, el juzgado todavía no dio lugar al pedido. “Es un modus operandi que implica un perjuicio contra el sistema previsional. Se habla mucho de las sentencias en contra de la Anses, pero en muchos casos hay interesados más allá de los jubilados”, señaló Boudou. “Ningún gobierno benefició tanto a los jubilados como los de Néstor y Cristina Kirchner”, evaluó.

En la denuncia penal, la Anses les imputa al juez y los peritos oficiales los delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público, estafa agravada por tratarse del erario y prevaricato, figura penal que pretende evidenciar que el magistrado falló en forma contraria al derecho. En la seguridad social confían que existen antecedentes que avalan con fuerza la causa radicada en la fiscalía de Guillermo Marijuán.

Consumidores presentan un amparo contra Cablevisión

Una asociación presentó una medida judicial contra la decisión del juez Ricardo Bustos Fierro, quien permitió a la empresa aumentar el valor del abono. Según un informe de Tiempo Argentino, la operadora obtendrá una ganancia de 1500 millones de pesos.

Los consumidores reaccionan contra Cablevisión

La Asociación de Usuarios y Consumidores de la República Argentina (Asucra) presentó hoy un amparo contra la decisión del juez federal de Córdoba, Ricardo Bustos Fierro, que hizo lugar a una medida cautelar presentada por Cablevisión que le permite aumentar el valor del abono básico y suspende una resolución tomada por la Secretaría de Comercio Interior.

La presentación fue realizada por la titular de (ASUCRA), Cecilia Casas, en el juzgado en lo civil y comercial número 9 a cargo de Paula Hualde.

"Nos estamos presentando contra el aumento de Cablevisión y nos informaron que en una semana estará la resolución. No obstante, más allá de la decisión de la justicia, vamos a realizar la semana próxima una medida de fuerza en las puertas de la empresa Cablevisión, convocando a otras asociaciones, usuarios y consumidores", explicó.

En este contexto, Casas pidió a los usuarios de Cablevisión que no paguen sus facturas con el aumento -que llevó a 147 pesos el servicio- y que pague solamente los 109 pesos que fijó la secretaria de Comercio, en base a la estimación de costos y de ganancias por el servicio de cable".

En tanto, la titular de ASUCRA señaló que "Cablevisión y el Grupo Clarín presentaron la cautelar ante este juez porque saben que tiene antecedentes apoyando a sectores políticos con sus medidas", y recordó que el magistrado fue quien falló a favor de la re-reelección del ex presidente Carlos Menem en la década del noventa.

A fines del año pasado, el juez federal cordobés también dictó una medida cautelar a través de la cual decidió suspender la "aplicación y ejecución" de la resolución 100/10 de la Secretaría de Comunicaciones, que dispuso la caducidad de la licencia de Fibertel para prestar servicios de Internet.

Bustos Fierro se pronunció a favor de un recurso presentado por Cablevisión y determinó la suspensión de las resoluciones 50/2010 y 36/2011 dispuestas por la Secretaría de Comercio Interior en las que se fijó un abono básico de 109 pesos para los primeros meses del año y la restitución de los montos cobrados de más por la operadora.

Según un informe de Tiempo Argentino, la operadora de cable del multimedios Clarín obtendrá en un plazo de 12 meses –febrero de 2011 contra febrero de 2012– una ganancia extraordinaria de 1500 millones de pesos por incrementar las tarifas de manera inconsulta, en clara violación de la Ley de Lealtad Comercial
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La Justicia insiste con el desalojo

El juez federal de Quilmes Luis Armella ratificó la orden de desalojo de los departamentos destinados a las personas que deben ser reubicadas para avanzar con el saneamiento del Riachuelo. Armella instó a la autoridad de la cuenca y los gobiernos responsables a crear un sistema de información de asignación de viviendas. El ministro del Interior, Florencio Randazzo, repitió que la Policía Metropolitana tiene la competencia para actuar y apuntó que el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, "tiene grandes problemas de gestión. La toma no se resuelve a sangre y fuego sino con una política de vivienda social", agregó.

Armella ya había ordenado el desalojo el miércoles de la semana pasada, pero aún no fue cumplida por diferencias entre los gobiernos nacional y porteña sobre la competencia para llevarla a cabo.

El ministro de Justicia, Julio Alak, había resaltado que la Policía Metropolitana tiene hace dos años la competencia para cumplir con la orden de delitos de ese tipo. Pero el jefe de la Policía Metropolitana, Eugenio Burzaco, repitió que la Ciudad no cuenta con "grupos especiales" para el operativo y solicitó la intervención de la Policía Federal para concretar el desalojo.

En la nueva intimación, el juez advirtió al titular de la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), Juan José Mussi; a las fuerzas de seguridad que disponga la ministra de Seguridad de la Nación, Nilda Garré, y a la Policía Metropolitana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que la orden de liberar los departamentos usurpados continúa con "plena vigencia".

Y agregó: "Deberá ser acatada sobre la totalidad de las viviendas y/o construcciones que se encuentran dentro del predio citado, bajo apercibimiento de aplicar las sanciones ya notificadas".

El magistrado también reclamó a Mussi y al jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que una vez desalojado el predio realicen "en forma inmediata la asignación de las viviendas" a sus reales beneficiarios. Ayer, Larreta indicó que el desalojo de la toma "va más allá de las discusiones políticas, es un problema legal", pero no habló sobre el déficit habitacional y la subejecución en materia de vivienda por parte del gobierno local.

En la resolución, Armella también requirió al titular de la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo y a autoridades de los gobiernos nacional, bonaerense y porteño "la planificación de un sistema de información de la asignación de las viviendas que se vayan planificando y construyendo, distinto al que se está realizando hasta ahora, y que prevea las acciones y medidas a adoptarse para la custodia y preservación de los predios"

Ahora pelean por una toma de viviendas

NACION Y CIUDAD, ENFRENTADOS ANTE UN PEDIDO JUDICIAL DE DESALOJO EN EL SUR PORTEÑO

Un juez federal pidió el desalojo de viviendas ocupadas el sábado. El gobierno nacional dice que el tema es atribución de la Justicia y la policía porteña. Macri acusó a la Presidenta por no cumplir la orden judicial.

 Por Eduardo Videla

La ocupación de un edificio de viviendas sociales por parte de familias en situación de déficit habitacional volvió a enfrentar a los gobiernos nacional y porteño sobre a la resolución del conflicto. El debate giró en torno de quién debía desalojar a los ocupantes, no más de un centenar, en su mayoría mujeres y niños, pero nadie habló acerca de cómo solucionar el problema de vivienda del cual estas familias son un emergente. La orden impartida el miércoles por el juez federal de Quilmes, Jorge Armella, para que se desaloje el lugar, no fue cumplida porque el gobierno nacional adujo que el conflicto no es competencia de las fuerzas de seguridad bajo su jurisdicción, mientras que la Policía Metropolitana argumentaba que la orden judicial la obligaba a ir con una fuerza nacional.

El complejo habitacional ubicado en el cruce de Castañares y Lafuente, en el Bajo Flores, fue ocupado el sábado a la mañana por un grupo de personas, pero el hecho recién se conoció públicamente el miércoles. El complejo está compuesto por 204 departamentos, de los cuales 128 iban a ser destinados a personas que viven en el asentamiento El Pueblito, sobre la margen del Riachuelo, en el marco del cumplimiento de la sentencia de la Corte Suprema de la Nación.

En conferencia de prensa, el jefe de Gobierno de la ciudad, Mauricio Macri, acusó ayer por la tarde a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de ser la responsable de “que no se respete lo que decide la Justicia y no se aplique la ley”. Desde el gobierno nacional, en tanto, el ministro de Justicia, Julio Alak, argumentó que el hecho “es competencia de la Justicia Contravencional, Penal y de Faltas de la ciudad”, porque la competencia sobre el delito de usurpación “fue transferida por el Congreso de la Nación a la ciudad en febrero del 2008”, por lo que debería intervenir la Policía Metropolitana.

Lo curioso es que fue la propia Secretaría de Medio Ambiente de la Nación la que denunció ante el juez federal de Quilmes la ocupación de los edificios. Este magistrado es quien tiene a su cargo la ejecución de la sentencia de la Corte Suprema de la Nación que ordena es saneamiento de la Cuenca Riachuelo-Matanza y la solución habitacional para quienes viven sobre la orilla de esos ríos.

También presentó la denuncia ante el tribunal federal el representante legal de la Corporación Buenos Aires Sur, encargada de la construcción de las viviendas. La Justicia porteña, en tanto, intervino de oficio desde un primer momento. Lo hicieron los fiscales Carlos Raffetto y Luis Duocastella Arbizu, quienes le ordenaron a la Policía Federal cercar el predio. La fuerza dispuso entonces la presencia de unos 50 efectivos, a los que se sumaron una docena de agentes de la Metropolitana, relató una fuente del Ministerio Público Fiscal a Página/12. “Si el propietario del predio (la Corporación del Sur) pide la intervención del juez federal, y el juez acepta, los fiscales porteños ya no tienen nada que hacer allí”, sostuvo la fuente.

Macri denunció ayer que los federales no habían hecho nada para impedir la toma del predio. “No defendieron el lugar”, acusó. Pero no bien terminó de decirlo, su ministro de Seguridad, Guillermo Montenegro, aclaró que algunos de los efectivos resultaron heridos durante la toma. No quedó claro cómo pudieron lastimarse si no defendieron el lugar.

Macri reiteró ayer por la tarde que “no hay promesas para la gente que tomó las viviendas”, porque “no se van a dar beneficios a aquellos que viole la ley”. Cerró así la posibilidad de negociación con los ocupantes, a los que sólo se les ofreció la posibilidad de censarse, propuesta que fue rechazada.

Antes de la ocupación, coincidieron las fuentes, un grupo de personas ingresó para saquear algunos departamentos y el obrador. Hubo una maniobra de distracción sobre la avenida Cruz, y cuando la policía fue a ese lugar, ingresaron para llevarse calefones, cocinas y herramientas de los departamentos, que estaban prácticamente terminados. Luego ingresó un grupo de mujeres con niños y finalmente otro grupo de varones.

En principio se dijo que la ocupación era protagonizada por unas 140 familias, pero ayer el ministro Montenegro evaluó que los ocupantes eran “entre 75 y 90”. Esas personas habían quedado aisladas anoche dentro del edificio, sin luz ni agua, y con restricciones para el ingreso de víveres: si salían, no podían volver a ingresar.

Los ocupantes y sus familiares expresaron durante todo el día que se sentían “estafados por el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) que los había inscripto en planes para obtener una casa” y que no les habían cumplido. Otros denunciaron que, incluso, llegaron a cobrarles entre 8 mil y 20 mil pesos para adjudicarles algunas de esas viviendas. En todo momento manifestaron su intención de quedarse en esos lugares. Casi todos son vecinos de asentamientos del Bajo Flores, donde viven hacinadas miles de personas y esperan desde hace años una respuesta habitacional.

Una fuente del juzgado de Armella fundamentó ante Página/12 la intervención de ese tribunal en que allí deben “hacer cumplir el fallo de la Corte Suprema, que ordena relocalizar los asentamientos, en el marco del proceso de saneamiento de la cuenta del Matanza-Riachuelo”. Sin embargo, dejó abierta la posibilidad para que la Justicia porteña intervenga en la causa por usurpación, un delito cuya competencia fue trasferida a la ciudad.

El juez había ordenado el miércoles al Ministerio de Seguridad de la Nación que designe a una fuerza de seguridad de su órbita para proceder al allanamiento y desalojo de los edificios ocupados, con la colaboración de la Policía Metropolitana. Y le impuso a la secretaria de Seguridad, Cristina Caamaño, una multa de 500 pesos por día de incumplimiento de la medida.

Por la mañana, la Federal y su par porteña se limitaron a hacer un cerco en torno del predio. El ministerio que conduce Nilda Garré elevó al juez un pedido de reconsideración de la medida, argumentando que por tratarse de “un bien del dominio privado del Gobierno de la Ciudad, es claro que la investigación y el juzgamiento del delito de usurpación, cuando se cometa en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires, es competencia del Ministerio Público y del Poder Judicial locales”.

Sin embargo, por la tarde, el juez ratificó la medida. Macri aprovechó la situación para acusar al gobierno nacional y, de paso, emplear el recurso del miedo: “Si no se hace cumplir la ley, mañana se pueden quedar con su casa”, advirtió.

Los hechos parecían desmentir a las partes: la Justicia porteña había intervenido de hecho, hasta que desistió de hacerlo, sin reclamar por su competencia a la Justicia Federal. Y la Policía Federal había obedecido órdenes de la Justicia porteña, apenas se produjo la ocupación. Eso sí, de viviendas, ni hablar.