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martes, 15 de mayo de 2012

Fresnada: "Es un cargo ligado a mi pasado, pero sobre todo a mi futuro"

Juan Martín Fresneda

El flamante secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda, agradeció a través de Twitter su nombramiento --que fue confirmado esta mañana en el Boletín Oficial--, manifestó su "orgullo" por asumir al frente de la secretaría y aseguró que su desempeño será de "compromiso con la democracia y con este proyecto". Fresneda, abogado e hijo de desaparecidos, ocupará el cargo que quedó vacante tras el fallecimiento, hace poco más de un mes, de Eduardo Luis Duhalde.

"Gracias a todos x el apoyo en especial a los compañeros de los organismos de ddhh, la jauretche y la militancia kirchnerista", escribió esta mañana la red social, luego de conocer la confirmación de su designación mediante el decreto 725, publicado en el Boletín Oficial con las firmas de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina; y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak.


El designado secretario de Derechos Humanos, de 37 años, hasta su nombramiento se desempeñaba como titular de la delegación Córdoba de la Anses y es uno de los fundadores de H.I.J.O.S en la provincia mediterránea. Como abogado, representó a las querellas en varios juicios por delitos de lesa humanidad realizados en territorio cordobés.

Los padres del flamante secretario, Tomás Fresneda y María Argañaraz, fueron secuestrados en julio de 1977 en la ciudad de Mar del Plata durante la "Noche de las Corbatas". Al momento del rapto, su madre estaba embarazada de cuatro meses.

Además de pertenecer a H.I.J.O.S, Fresneda es uno de los principales referentes de la agrupación kirchnerista ´La Jauretche´ en Córdoba y apoderado del Frente para la Victoria (FpV) en esa provincia mediterránea. En tanto, en las elecciones del año pasado ocupó el quinto lugar en la lista de candidatos a diputados nacionales del FpV.

jueves, 4 de agosto de 2011

Anuncio aumento a jubilados, aniversario CIN

03 de Agosto de 2011, Buenos Aires: La presidenta Cristina Fernández encabezó el acto conmemorativo del XXV aniversario de la creación del Consejo Interuniversitario Nacional, en el Salón de las Mujeres Argentinas del Bicentenario de Casa de Gobierno. Allí anunció aumentos para jubilados y el pago del BODEN 2012.





lunes, 27 de junio de 2011

La Anses y Conectar Igualdad

CFK: "La Anses informó que el programa Conectar Igualdad superará, la semana próxima, las 800.000 netbooks entregadas a alumnos y docentes secundarios de más de 2.300 escuelas de todo el país. "Es un orgullo para todos los argentinos".




sábado, 21 de mayo de 2011

Debate sobre los derechos de los discapacitados






El pasado viernes 13 de mayo de 2011, se llevó a cabo un encuentro en Rosario, bajo la consigna “Políticas Públicas en Derecho de personas con discapacidad”, en el bar “Te Conozco Mascarita“, de Laprida 1220. Con la participación del candidato a gobernador de Santa Fé, Agustín “Chivo” Rossi, el Jefe de Anses y candidato a primer concejal de Rosario, Dr. Roberto Sukerman, y el candidato a intendente de Rosario, Héctor “Tigre” Cavallero, junto con representantes en apoyo a los derechos de personas con problemas motrices, no videntes, hipoacúsicos, miastenia gravis, cistitis intersticial, obesidad, fibrosis quística, distrofia muscular, síndrome de down, celíacos, sordo mudos, HIV.
El “Chivo”, quién se disculpó al principio por no poder permanecer, debido a una reunión a la cual debía asistir, manifestó: “La reunión que realizamos hoy tiene por objetivo escuchar las demandas de estos sectores y saber cuáles son las dificultades que encuentran a nivel nacional, provincial y municipal”.
Un testimonio remarcó que los profesionales deberían aprender lenguaje de señas y en los centros de salud públicos y privados, integrar y darle prioridad a una persona con discapacidad como a cualquier otra persona, ya que, muchas veces, quiénes padecen hipoacusia tienen que ir al psicólogo acompañado de alguien. Sukerman recordó el ejemplo dela Presidenta, quién en todos los actos públicos, cuenta con una intérprete traductora en vivo.
La salud fue el primer tema de discusión. Todavía no rige la ley de celíacos para personas con discapacidad. La sociedad no toma a personas con síndrome de down. Una señora expresó: “¿Que pasa con las personas de bajos recursos, que no tienen obra social? Debería ser obligación de los centros de salud darles la información en mano de lo que tienen que hacer, lo más claro posible. Hay chicos que a los 2 años de edad, todavía no tuvieron estimulación sexual, porque no saben, no les llega la información. No tienen registro de eso y nadie se los enseña. Cuando tienen que hacer un trámite en la ANSES, nadie les enseña como llenar esos papeles. No queremos más que se hable de inclusión o integración si no se la práctica”. Una de las personas agregó: “¿Yo quisiera saber cuantos son los colectivos que tienen la rampa, para personas con discapacidad? Una cosa que se desconoce es el tema de las rampas en las calles para personas con discapacidad. “Ya sea algo tipo “Bicisenda”, “Sillasenda” (risas), para poder tener un mejor ascenso”.
“Tigre” Cavallero señaló: “El departamento para discapacitados tiene que ser una Agencia de gestión. Yo creo que nuestra sociedad no es solidaria. Hace falta una campaña de concientización. Estamos maldiciendo la oscuridad en vez de prender la luz”. El Dr. Sukerman explayó: “En Anses se ha reincorporado a dos chicos hipoacúsicos a trabajar. Me parece un buen ejemplo para quiénes creen que alguien con discapacidad no está capacitado para trabajar. Parece que los discapacitados somos nosotros. A nivel municipal, me da mucha bronca que muchas personas con discapacidad estén vendiendo tarjetas de colectivo detrás de una cabina. Trabajan en condiciones laborales pésimas, es una vergüenza. Cuando una persona, además de tener una discapacidad, es pobre, es para avergonzarnos. Lo ideal sería que puedan ir a escuelas comunes, no especiales, que se puedan aplicar varias actividades de inclusión. El problema es que no hay maestras integradoras”.
También participaron del encuentro la vicepresidenta del concejo municipal, Norma López; la jefa de Anses Rosario Zona Oeste, Valeria Laferla, y la especialista en discapacidad, Iris Pérez.

FUENTEhttp://nestorkirchnervive.wordpress.com/2011/05/21/debate-sobre-los-derechos-de-los-discapacitados/
Andrés Belguich

viernes, 6 de mayo de 2011

Sobre la hora, la Anses se impuso a Techint

SIDERAR, EMPRESA CONTROLADA POR EL HOLDING DE LOS ROCCA, NO PODRA DISTRIBUIR DIVIDENDOS
La Justicia ratificó un fallo favorable al organismo previsional que le impide al grupo empresario repartir ganancias de su último ejercicio. En el fondo de la cuestión está la pelea política por la participación del Estado en las empresas.
 Por Javier Lewkowicz
La Justicia no le permitió a Siderar distribuir dividendos por 1511 millones de pesos, tal como había sido aprobado en la controvertida asamblea de accionistas donde la firma desconoció la normativa vigente. En una pulseada judicial que se definió en el último aliento, el Gobierno consiguió frenar el reparto de ganancias que la compañía tenía previsto hacer hoy. Definida la suspensión del pago a los accionistas, la Comisión Nacional de Valores (CNV) permitiría que la acción de Siderar vuelva a cotizar en la Bolsa. El siguiente foco de conflicto será la designación del directorio, donde la Anses pretende colocar al economista Axel Kicillof, resistido por Techint. La empresa ya comunicó que continuará con el cuarto intermedio llamado en la última asamblea. Sin embargo, la CNV aclaró que sólo podrá tener legitimidad una nueva asamblea donde se vuelvan a votar los estados contables, la distribución de dividendos y, además, la conformación del directorio. El organismo de control le requerirá hoy a la firma que haga el llamado al nuevo cónclave.
En la Anses y la CNV hubo ayer satisfacción por la decisión del juez Hernán Diego Papa, a cargo del Juzgado Nacional en lo Comercial Nº12. Sin embargo, el freno al pago de dividendos no constituye en sí mismo un anhelo para el Gobierno (incluso la Anses hubiera recibido 393 millones de pesos en efectivo). La disputa tiene un carácter político, cuyo eje es la negativa de Techint a aceptar, por más injustas que le parezcan, las reglas de juego, al desconocer el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 441 que amplió la participación estatal en las firmas donde la Anses tiene inversiones. El comportamiento de Siderar fue muy diferente del que mostraron las demás empresas donde el Estado es accionista, que reconocieron la vigencia del DNU. El freno de la Justicia a Techint le da fortaleza al planteo de fondo del Gobierno, que es el cuestionamiento a la firma por burlar la normativa. “El fallo deja en claro la solidez de la postura de la Anses”, evaluaron en el organismo previsional. Refuerza esa línea interpretativa que ayer el juez Papa haya “exhortado” a Siderar a “evitar nuevas presentaciones ante este tribunal que conlleven confusión”.
La jugada del Gobierno de ampliar la representación estatal en las empresas de las cuales la Anses es accionista tuvo un objetivo particular en Siderar. En esa compañía está aún como director formal Aldo Ferrer, aunque hace un tiempo que es embajador en Francia. Para el reemplazo, el Gobierno propuso a Axel Kicillof, pero el candidato más potable para Techint era el ex director de la Cepal Bernardo Kosacoff. Como regía un límite del cinco por ciento para los votos de la Anses como accionista, techo heredado del sistema de las AFJP, el nombre debía salir por un consenso al que las partes no llegaron. Un día antes de la asamblea de Siderar donde se votaría la conformación del nuevo directorio, el Gobierno eliminó el límite del 5 por ciento a partir del DNU, de manera que podría designar tres directores en la firma.
En la asamblea, la empresa optó por no reconocer la vigencia del DNU. De esa forma, se aprobó el balance contable, la distribución de dividendos por 1511 millones de pesos y, justo antes de designar el directorio, se pasó a un cuarto intermedio para el 11 de mayo. La Anses recurrió a la Justicia pidiendo la nulidad de la asamblea y la suspensión de los estados contables y los dividendos distribuidos. Además, cuestionó que Siderar mantuviera unos 6800 millones de pesos congelados en utilidades de ejercicios anteriores no distribuidas. El juez Papa otorgó la medida cautelar, aunque aclaró que las ganancias acumuladas podrían desafectarse al pago de dividendos. En paralelo, la CNV declaró irregular la asamblea.
Los abogados de Siderar percibieron que la aprobación del juez Papa al reparto de dividendos podría ser una forma de legitimar la cuestionada asamblea, ya que uno de sus efectos principales quedaría en pie. Por eso Siderar pidió que el juez explicite su posición. Papa ofreció la misma respuesta que en el fallo principal, y Techint informó entonces que hoy pondría los 1511 millones a disposición de los accionistas.
La Anses respondió solicitándole al juez que revea su postura. En primer lugar, en el organismo previsional entendían que no se pueden distribuir dividendos surgidos de un balance contable que el propio juez cuestiona. A su vez, también estaba en pie la resolución de irregularidad de la CNV. En línea con lo presentado por Anses, el juez Papa confirmó que Siderar no está facultada a pagar dividendos derivados de las cuentas pertenecientes al balance 2010, aprobado en la última asamblea. “Siderar lamenta comunicar a los accionistas que el pago de dividendos en efectivo no podrá ser abonado”, informó la firma y anticipó a la Bolsa que apelará la negativa de la Justicia, a pesar del “exhorto” del juez. En realidad, Papa no se desdijo, aunque su primer fallo era bastante oscuro. Ahora aclaró que la firma sólo podría distribuir utilidades acumuladas previas a 2010, aunque no de forma inmediata, sino con la aprobación de los órganos de administración pertinentes de la firma.
Fuentes de la CNV indicaron a este diario que “como la confusión alrededor de la distribución de dividendos desapareció, es posible que mañana (por hoy) se levante la suspensión de la cotización de la acción de Siderar”. La CNV impidió que Siderar cotice para no generar “confusión entre los inversores”. De no haberlo hecho, la distribución de dividendos que la firma aseguraba que iba a realizar hubiera incentivado la compra de acciones que luego se “desinflarían” con la decisión de la Justicia.

jueves, 21 de abril de 2011

“Hubo una clara violación del orden jurídico”

 LA ANSES PRESENTO ANTE LA JUSTICIA UNA DENUNCIA CONTRA TECHINT POR SU ACTUACION EN SIDERAR
La demanda sostiene que el grupo empresario buscó “tomar justicia por mano propia” y cometió graves irregularidades. Por eso se reclama la suspensión de lo resuelto en la asamblea. También se objeta la política de distribución de dividendos.
 Por Javier Lewkowicz y David Cufré
“Siderar tomó justicia por mano propia”, aseguró la Anses en la presentación que realizó ayer ante el Juzgado Comercial Nº 12 de la ciudad de Buenos Aires, a cargo de Hernán Papa. En base a fuentes judiciales, Página/12 pudo reconstruir el documento donde el organismo que conduce Diego Bossio detalló lo sucedido en la última asamblea de accionistas de la empresa. La firma “mostró un grado de puerilidad y desprecio por el orden jurídico que mueve al asombro”, indica. A partir de la serie de irregularidades detalladas al juez, el Gobierno solicitó “la suspensión preventiva de la ejecución de las resoluciones” de la asamblea, entre las cuales están la aprobación del balance contable, la distribución de dividendos y el pase a un cuarto intermedio para definir la designación del directorio de la compañía. Techint no explicó por qué dejó sin distribuir unos 6800 millones de pesos que obtuvo como ganancias en ejercicios anteriores.
La Anses es titular de más de 90 millones de acciones escriturales ordinarias de Techint, casi el 26 por ciento del capital social, con derecho a un voto por acción. Con el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que eliminó el techo del 5 por ciento en la participación política de la Anses en las empresas donde mantiene inversiones, el organismo previsional está en condiciones de votar por la totalidad de su tenencia accionaria.
El DNU entró en plena vigencia al día siguiente de su promulgación, es decir, el jueves 14 de abril. Siderar enseguida comenzó a estudiar la presentación de un recurso de amparo en la Justicia, para intentar frenar la aplicación de la medida. Pero la inmediatez de su asamblea de accionistas, que se realizaba un día después, motivó que la firma se concentrara en la estrategia que iba a tomar en ese cónclave. Techint decidió establecer para cada votación (referida a la aprobación del estado contable, honorarios de los directores y distribución de dividendos, entre otros) un doble cómputo para la participación de la Anses, uno por el 5 por ciento y otro por el 26 por ciento. El holding especulaba con que una futura medida cautelar que frenara el DNU le permitiría mantener la asamblea en pie, al considerar la representación en base al 5 por ciento. La designación de nuevos directores, cuarto intermedio mediante, podría terminar de definirse más adelante, ya con la decisión de la Justicia vigente.
Con ese objetivo en mente, al comienzo de la asamblea los representantes de Ternium, que es el accionista controlante de Siderar, dieron una breve introducción recordando las “controversias” suscitadas alrededor del DNU y luego mocionaron para que, conforme una supuesta imprecisión del marco legal, se computaran los votos de la Anses de la doble forma antes mencionada. Esa modalidad se repetiría en cada votación del día. “La moción recibió diversas adhesiones y al cabo fue votada favorablemente por la mayoría del capital accionario, con expreso voto adverso de la Anses”, explicó el organismo previsional a la Justicia.
Luego de una serie de votaciones en las cuales la Anses tuvo una postura contraria a la empresa, el punto 7 del orden del día tenía que ver con la conformación de los miembros del directorio. La Anses recordó que había notificado a la Bolsa que haría uso del voto acumulativo, un mecanismo para multiplicar el peso de los votos del accionista minoritario. Ofreciendo “vagos argumentos”, como que “el voto acumulativo en el marco del doble cómputo podría generar confusión” y cuestionando la constitucionalidad del DNU, Techint propuso levantar la asamblea y pasar a un cuarto intermedio, para definir el directorio recién el 11 de mayo, iniciativa que apoyaron todos menos la Anses, que en cambio ratificó la vigencia del DNU y advirtió que podría iniciar acciones judiciales.
“La asamblea se constituyó en clara violación de una norma plenamente vigente”, indicó la Anses a la Justicia. Respecto del interrogante que Techint puso sobre la validez del DNU, el organismo previsional explicó que “cuanto mucho una expresión semejante pudo significar que el DNU podría posteriormente ser impugnado, pero tal impugnación debía necesariamente hacerse por vías legales y judiciales y no, antes de hacerla, `tomando la justicia en mano propia’ como hizo Siderar”.
La empresa “se circunscribió a decidir que el DNU no era de su agrado y conveniencia y se comportó prescindiendo de él, sin autorización de ningún magistrado, como si lisa y llanamente el DNU no existiera”, criticó. Resaltó que el doble cómputo reconocía por un lado el DNU, pero a la vez lo desconocía: “Es un contrasentido, ninguna norma puede regir y no regir al mismo tiempo”. “Al haber prescindido de la aplicación de una norma imperativa plenamente vigente a ese momento, la asamblea y todas sus resoluciones son nulas de nulidad absoluta.” Esa impugnación total le pidió la Anses al juez.
Otra de las irregularidades de la asamblea fue la distribución de dividendos. Siderar obtuvo en 2010 una ganancia de más de 1700 millones de pesos. La moción de la asamblea fue derivar 910 mil pesos a la Fundación Hermanos Agustín y Enrique Rocca y distribuir más de 1500 millones de dividendos. Antes de la votación, la Anses pidió aclaración sobre el destino de ganancias de otros ejercicios consignados por el balance de la empresa en las cuentas “Reservas futuros dividendos” por unos 6100 millones de pesos, “Reserva facultativa” por casi 44 millones y “Resultados diferidos” por casi 700 millones, junto con los 175 millones del ejercicio 2010 que se buscaba colocar en “resultados no asignados”. Techint contestó que la requisitoria era “tema ajeno a la orden del día”.
La distribución de dividendos debería ser el principal destino de las ganancias, y cualquier otra asignación debe ser justificada a los accionistas, indica la Anses. “La falta de explicaciones sobre el destino de los fondos asignados constituyó una palmaria violación del derecho de información de la Anses”, indica el documento. El organismo previsional además cuestiona que Techint atribuya utilidades a una cuenta que es una pura y lisa “nada jurídica”, “con la paradoja de asignar fondos a ‘resultados no asignados’”. En total son más de 6800 millones de pesos sobre los cuales Techint no dio precisiones.
“En definitiva, Siderar ha resuelto distribuir apenas un 18 por ciento de sus resultados acumulados –1500 millones–, lo cual es un porcentaje exiguo, y lo ha hecho negando la posibilidad hasta de cualquier explicación sobre la posibilidad de distribuir un monto mayor”, concluyó la Anses, que votó en contra de la distribución que decidió la asamblea. La distribución de dividendos de parte de Emdersa, holding de distribuidoras eléctricas del noroeste, también fue cuestionada por la Anses ante la Justicia, donde obtuvo un reciente fallo favorable.

miércoles, 20 de abril de 2011

Carancho previsional

LA ANSES DENUNCIO A UN JUEZ DE CORDOBA POR ESTAFA
El organismo de la seguridad social puso al descubierto un modus operandi en la Justicia para abultar el monto de los pagos a jubilados por reactualización de haberes.
 Por Tomás Lukin
La Anses denunció que existe un mecanismo destinado a defraudar a la seguridad social que involucra al Juzgado Federal de Río Cuarto, estudios de abogados y jubilados que reclaman por el ajuste de sus haberes. La operatoria consistía en autorizar montos mayores a los que habían conferido las sentencias favorables a los jubilados. Además, habilitaba a través de peritos oficiales el doble cobro de una porción de los fallos. Las irregularidades que derivaron en una denuncia penal contra el juez Carlos Arturo Ochoa salieron a la luz cuando el magistrado intimó a la Anses al pronto pago de 6 casos puntuales. Sin embargo, el organismo que conduce Diego Bossio ya detectó 20 casos con el mismo modus operandi que serán incorporados a la demanda y pretende analizar más de 1700 expedientes en estado de ejecución del mismo juzgado. Si se comprueban esas irregularidades, el monto de la estafa superaría los 60 millones de pesos.
La Anses solicitó la suspensión de los plazos procesales por 60 días para analizar esos casos pero el juzgado todavía no hizo lugar al pedido. En noviembre pasado el organismo inició un proceso de auditoría interna con el objetivo de ordenar el mecanismo de pago de fallos judiciales. Ese trabajo le permitió dictar la semana pasada una resolución, anticipada por Página/12, con el objetivo de “acelerar y transparentar” el pago de las sentencias, informatizar el proceso y establecer un nuevo orden de liquidación que combina edad, nivel de haberes y la antigüedad del caso para priorizar a los más postergados.
Bossio y el ministro de Economía, Amado Boudou, explicaron ayer en conferencia de prensa que los cambios en el sistema de pago de sentencias permitieron detectar las irregularidades en el Juzgado Federal de Río Cuarto. El 10 de marzo, durante una audiencia, el magistrado Ochoa intimó a la Anses a cumplir con 6 sentencias donde el organismo detectó que el juez otorgaba en las ejecuciones montos significativamente superiores a los que figuraban en los fallos de primera instancia. Según precisó Bossio, para abultar el monto que debía pagar la Anses los peritos oficiales cometían dos tipos de irregularidades al momento de la liquidación. Por un lado, no tenían en cuenta pagos que ya había realizado la seguridad social, condenando al organismo a pagar dos veces por una porción de la misma deuda y, por el otro, incorporaban precedentes judiciales que no figuraban en la sentencia firme. Por ejemplo, si la decisión en primera instancia implicaba actualizar los haberes de acuerdo con el índice correspondiente al fallo Badaro, el perito añadía otros fallos como Sánchez o Eliff y así lograba incrementar la suma que debía pagar la Anses.
Como resultado, el juzgado ordenó embargos millonarios sobre las cuentas del organismo. “El 50 por ciento del total de los embargos que tiene la Anses por el pago de sentencias a favor de los jubilados provienen de la ciudad de Río Cuarto. Son más de 60 millones de pesos embargados por decisión del juez Ochoa”, sostuvo Bossio. La semana pasada la gerencia de Legales de la Anses expresó al juzgado su disconformidad, detalló las irregularidades y solicitó la suspensión de los plazos procesales por 60 días para revisar las 1700 ejecuciones dictadas en condiciones similares. Sin embargo, el juzgado todavía no dio lugar al pedido. “Es un modus operandi que implica un perjuicio contra el sistema previsional. Se habla mucho de las sentencias en contra de la Anses, pero en muchos casos hay interesados más allá de los jubilados”, señaló Boudou. “Ningún gobierno benefició tanto a los jubilados como los de Néstor y Cristina Kirchner”, evaluó.
En la denuncia penal, la Anses les imputa al juez y los peritos oficiales los delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público, estafa agravada por tratarse del erario y prevaricato, figura penal que pretende evidenciar que el magistrado falló en forma contraria al derecho. En la seguridad social confían que existen antecedentes que avalan con fuerza la causa radicada en la fiscalía de Guillermo Marijuán.

“Si quieren tomar decisiones que armen un partido”

EN MEDIO DE LA PELEA CON TECHINT, LA PRESIDENTA CUESTIONO A LAS CORPORACIONES QUE PRETENDEN MANEJAR LA CASA ROSADA
La disputa entre el Gobierno y el holding de los Rocca sigue escalando en el terreno político. El grupo empresario reclamó la intervención del Congreso y obtuvo eco en la oposición, mientras Cristina Kirchner pidió que los que quieran gobernar que vayan a elecciones.
 Por Javier Lewkowicz
“Las corporaciones de turno no pueden ocupar nunca más la Casa de Gobierno para tomar decisiones, como lo hicieron durante años. El que quiera hacerlo que abandone la corporación y cree un partido político”, reclamó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en un tiro por elevación al Grupo Techint. El holding que encabeza Paolo Rocca había salido a pedir, en un intento explícito de marcar agenda política, que “el Congreso se expida sobre el DNU 441”. Ese decreto permitió que la participación del Estado en las empresas donde la Anses mantiene inversiones sea acorde con su peso accionario. Ya instalada en el campo político, la disputa con Techint tiene otro capítulo en los tribunales, porque hoy la Anses –tal como anticipó Página/12– hará una presentación ante el fuero comercial pidiendo que se impugne la última asamblea de accionistas de Siderar. La Comisión Nacional de Valores (CNV) también inició una investigación formal para aplicarle un sumario administrativo a Techint.
El DNU 441 eliminó el techo del cinco por ciento en la representación como accionista de la Anses en las empresas donde mantiene inversiones. La medida fue desconocida por Siderar en su asamblea ordinaria, por lo que fue sancionada por la CNV, que declaró la reunión como “irregular”. Techint, controlante de la acería, presentó un recurso de amparo y rápidamente se metió en la arena política, procurando incidir sobre la agenda de la oposición. Tanto en sus declaraciones públicas como en la presentación judicial, el holding optó por la estrategia de objetar el DNU desde la formalidad, argumentando que “no hubo ni necesidad ni urgencia” al momento en que fue dictado.
“En nuestro criterio no tiene justificación la aplicación de un Decreto de Necesidad y Urgencia, ya que la Constitución nacional sólo justifica que el Ejecutivo legisle en circunstancias muy excepcionales que hicieran imposible ir al Congreso”, manifestó el presidente de Ternium-Siderar, Daniel Novegil. En un mensaje que apuntó, sin decirlo, a las fuerzas que enfrentan al Gobierno, el empresario indicó que “lo mínimo que pedimos es un debate parlamentario en el que podamos expresar nuestras ideas”. Martín Berardi, director general de Siderar, agregó a través de la red social Twitter que “no podemos aceptar que se cambien las reglas de juego sin pasar por el Congreso”.
La Presidenta no dejó pasar la oportunidad de dejar en evidencia la estrategia de Techint. “No se trata de negar la importancia que las corporaciones tienen en la vida económica de un país, pero una cosa es participar en las decisiones y otra es imponer condiciones al poder político. El que lo quiera hacer que abandone la corporación y vaya a elecciones”, enfatizó durante un acto que encabezó en Santiago del Estero. Allí inauguró un dique, un centro de atención médica y una escuela técnica, donde entregó netbooks a través del programa Conectar Igualdad. Por su parte, el ministro de Economía, Amado Boudou, sostuvo en conferencia de prensa que “el grupo Techint está corriendo el eje de la discusión, se habla del DNU 441 cuando en realidad el foco es que no quieren tratar a los accionistas en pie de igualdad. Es un verdadero papelón internacional”.
Frente a la consulta de Página/12 sobre cuáles serían los próximos pasos de la Anses para reclamar por su derecho como accionista, Bossio adelantó que el organismo realizará hoy una presentación ante la Justicia comercial donde precisará todas las irregularidades que verificó en la última asamblea de accionistas de Siderar y pedirá suspender e impugnar esa reunión. En la asamblea, Techint sostuvo un “doble cómputo” para la Anses: el 5 por ciento para la representación política como accionista y el 26 por ciento en relación con su participación como cuota del capital social. Esa distinción, luego del DNU 441, no existe más, ya que el peso en la votación debe igualarse a la tenencia accionaria, según la explicación oficial. Al no otorgarle a la Anses el 26 por ciento de los votos, la empresa desconoció la medida oficial.
Además de la presentación judicial, Bossio hizo una denuncia ante la CNV donde le solicita iniciar un sumario contra Siderar. La CNV en primer lugar debe confeccionar una investigación, proceso que comenzó el viernes pasado luego de la asamblea de Techint. En su estudio del caso, la entidad que controla el mercado de valores constató irregularidades (que motivaron la declaración de nulidad de la asamblea), por lo que sería esperable que finalmente abra un sumario administrativo, que podrá estar dirigido a la compañía, al accionista controlante o a los miembros del directorio. Según la gravedad del incumplimiento, la CNV puede decidir realizar una advertencia o aplicar una multa.
Tampoco faltó, de parte de Techint, la mención al presidente Hugo Chávez. “La injerencia del Estado en la marcha de las compañías, los controles de precios y la no intervención del Congreso tiene una cierta similitud con lo que el Grupo vivió en Venezuela”, indicó Novegil. Bossio justificó la participación estatal, ya que “no hay ningún tipo de conflicto de intereses entre el Estado y Techint”. Distinta era la situación “cuando la AFJP Consolidar, que pertenecía al Banco Francés, tenía acciones del Banco Galicia, ahí era lógico aplicar el límite del 5 por ciento”. Desde 2008 la Anses puso directores en 27 empresas.
Otro de los puntos en disputa es la distribución de dividendos. En su última asamblea, Siderar dispuso repartir más de 1500 millones de pesos. En la votación correspondiente la Anses se opuso, y luego la CNV impugnó la asamblea, lo que puso en duda la entrega de beneficios a los accionistas, incluido el propio organismo previsional. Boudou aclaró que el Estado “se vio obligado a rechazar la distribución de dividendos de Siderar, correspondientes al último ejercicio, porque la firma no informó el destino de ese resultado ni distribuyó unos 6440 millones de pesos de dividendos correspondientes a años anteriores”. “Tradicionalmente Siderar apuesta más a inversiones a largo plazo en ARG para crecer (sic), que al reparto de dividendos”, respondió, por Twitter, la empresa.

La UIA dijo que la participación del Estado en los directorios “no es un problema importante para el país”

ECONOMIA
La postura de la Unión Industrial Argentina fue dada a conocer por su titular, Miguel Acevedo, quien consideró que “sería bueno sentarse y dialogar para encontrar una solución” a la polémica desatada entre el holding Techint y el Gobierno nacional, luego del decreto presidencial que amplía la participación del Estado en los directorios donde la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) tiene acciones.
En declaraciones radiales, el dirigente argumentó que si bien "las empresas privadas no quieren una injerencia del Estado", lo que inició la discusión fue "una cuestión fortuita por las inversiones de las AFJP". Y dejó en claro que el asunto "no es un problema grave ni importante para el país".
No obstante puntualizó que conflicto "es entre el Gobierno y todo el sector empresario, no solo Techint, porque (la medida) afecta a todas las empresas" y puntualizó que "es un momento preocupante, pero no el peor" en la relación entre el Gobierno y los empresarios.
En este sentido abogó por "bajarle la importancia a este tema" porque, reiteró, "no es una cuestión importante para el país", y afirmó esta discusión "no está influyendo en la cotización del dólar" que subió tres centavos en los últimos días hasta colocarse a 4,10 pesos.

Agustín Rossi con La Agrupación Néstor Kirchner VIVE en Rosario



El sábado 19 de marzo de 2011, la comunidad Agrupación Néstor Kirchner Vive tuvo una charla militante con el diputado del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, quién en un tono de carácter íntimo y amistoso, brindó una charla en Complejo La Toma (Rosario), dando a conocer su proyecto como candidato a gobernador de Santa Fé.
A su lado derecho, desde Buenos Aires, el referente nacional de Agrupación Néstor Kirchner Vive, Leandro Lópina, y a su izquierda, la referente local, María Ravier.
Sus temas fundamentales: seguridad, producción, higiene pública y distribución de riquezas. Cuestionó al gobierno de Binner por “falta de responsabilidad y eficiencia” en dichos campos, quién en lugar de proponer leyes nuevas, delega permanentemente la culpa a los gobiernos antecesores, y frente a los reclamos sociales apela a la tan repetida negativa: “Esto no se puede hacer”. Manifestó: “Hubo avances, pero debemos reconocer que no vemos una provincia diferente a la de hace tres años atrás”.
Propuso la instalación de una policía metropolitana en la provincia para prevenir la inseguridad, acompañado de políticas de proceso lento pero profundo para poder combatir la desigualdad, ya que, según el: “Justicia social es darle a los que menos tienen”.
En un momento hizo alusión a las críticas del monopolio hacia el gobierno nacional, tomando como referencia la entrevista del periodista Jorge Fontevecchia a Jorge Lanata, y opinando al respecto: “Son dos personas ilegítimas que se legitiman entre ellos”.
Agradeció la participación de la juventud presente, recordando que hasta hace unos pocos años, habían sido excluidos de la participación política, debido a que el menemismo arrasó con los valores de lucha, compromiso y esperanzas de los jóvenes. Hasta hace diez años la consigna era: “Que se vayan todos”. Y que “si hay algo que siempre estuvo alejado del poder político fue el Rock. Con el Kirchnerismo empezó a acercarse”. Claro y preciso.
Finalmente se retiró y dio lugar al Jefe de ANSES y candidato a Primer Concejal de Rosario: Roberto Sukerman, y a la Vicepresidenta del Concejo por el Frente parala Victoria: Norma López, quiénes desarrollaron puntualmente el asunto del voto, la seguridad y la campaña política.
En un acto de apoyo concreto, la Agrupación Néstor Kirchner Vive se sumó a la campaña del Chivo Rossi y afirma seguir defendiendo el modelo que impulsó nuestro Ex Presidente dela Nación, Néstor Kirchner, en el 2003.

Andrés Belguich

martes, 19 de abril de 2011

Extienden la Asignación Familiar por embarazo

Se publicó hoy el Decreto que extendió la Asignación Familiar por embarazo, una prestación monetaria no retributiva mensual que se abonará a la mujer embarazada desde la décimo segunda semana de gestación hasta el nacimiento. La medida apunta a bajar la mortalidad materna.

Por Decreto 446/2011, publicado hoy en el Boletín Oficial, se extendió la Asignación Familiar por embarazo, anunciado ayer por la presidenta Cristina Fernández, que consistirá en una prestación monetaria no retributiva mensual que se abonará a la mujer embarazada desde la decimo segunda semana de gestación hasta el nacimiento o interrupción del embarazo.

Sólo corresponderá la percepción del importe equivalente a una Asignación por Embarazo para Protección Social, aún cuando se trate de embarazo múltiple. La percepción de esta asignación no será incompatible con la Asignación Universal por Hijo para Protección Social por cada menor de 18 años, o sin límite de edad cuando se trate de un discapacitado, a cargo de la mujer embarazada.

Para ello se modificó la Ley N° 24.714 en relación con la Asignación por Embarazo para Protección Social. Se sustituye el inciso c) del artículo 1º de la Ley Nº 24.714 incorporado por el Decreto Nº 1602/09, el cual quedará redactado de la siguiente forma:

“c) Un subsistema no contributivo compuesto por la Asignación por Embarazo para Protección Social y la Asignación Universal por Hijo para Protección Social, destinado, respectivamente, a las mujeres embarazadas y a aquellos niños, niñas y adolescentes residentes en la República Argentina; que pertenezcan a grupos familiares que se encuentren desocupados o se desempeñen en la economía informal.”

Para acceder a la Asignación por Embarazo para Protección Social, se requerirá: a) Que la embarazada sea argentina nativa o por opción, naturalizada o residente, con residencia legal en el país no inferior a tres años previos a la solicitud de la asignación.
b) Acreditar identidad, mediante Documento Nacional de Identidad.
c) La acreditación del estado de embarazo mediante la inscripción en el “Plan Nacer” del Ministerio de Salud. En aquellos casos que prevea la reglamentación, en que la embarazada cuente con cobertura de obra social, la acreditación del estado de embarazo será mediante certificado médico expedido de conformidad con lo previsto en dicho plan para su acreditación. Si el requisito se acredita con posterioridad al nacimiento o interrupción del embarazo, no corresponde el pago de la asignación por el período correspondiente al de gestación.
d) La presentación por parte del titular del beneficio de una declaración jurada relativa al cumplimiento de los requisitos exigidos por la presente y a las calidades invocadas. De comprobarse la falsedad de alguno de estos datos, se producirá la pérdida del beneficio, sin perjuicio de las sanciones que correspondan.

Establece además que durante el período correspondiente entre la decimo segunda y la última semana de gestación, se liquidará una suma igual al ochenta por ciento del monto previsto, la que se abonará mensualmente a las titulares a través del sistema de pago de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). El veinte por ciento restante será abonado una vez finalizado el embarazo y en un solo pago, a través del mismo sistema que se utilice para la liquidación mensual de esta asignación, en la medida que se hubieran cumplido los controles médicos de seguimiento previstos en el “Plan Nacer” del Ministerio de Salud.

La falta de acreditación producirá la pérdida del derecho al cobro del veinte por ciento reservado.

Se encomienda a la Anses la adopción de las medidas conducentes para la aplicación del presente régimen en un plazo máximo que no podrá superar el 1º de mayo del año 2011.

Se da cuenta a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso Nacional. El Decreto lleva la firma de la Presidenta y de todos los ministros del Gabinete Nacional.

En los considerandos expresa que es obligación del Estado Nacional adoptar políticas públicas que permitan mejorar la situación de los grupos familiares en situación de vulnerabilidad social.

Menciona luego la Ley Nº 24.714 que instituyó con alcance nacional y obligatorio un Régimen de Asignaciones Familiares otorgando distintas prestaciones destinadas a la protección del grupo familiar.

Luego el Decreto Nº 1602/09 creó la Asignación Universal por Hijo para Protección Social, incluyendo en el Régimen de Asignaciones Familiares instituido por la Ley Nº 24.714 a los grupos familiares no alcanzados por las mismas, previstas en el mencionado régimen, en la medida que se encuentren desocupados o se desempeñen en la economía informal.

Dice luego que en el marco de la política social que está llevando a cabo el gobierno y considerando los resultados positivos que ha generado a incorporación de la citada Asignación Universal por Hijo para Protección Social en lo concerniente a la reducción de la pobreza, resulta conveniente continuar ampliando la cobertura de las asignaciones familiares, optimizando progresivamente los beneficios que brinda el Sistema de Seguridad Social.

Señala que la mortalidad materna es un indicador de la injusticia social, la inequidad de género y la pobreza, ya que el problema se vincula estrechamente con las dificultades de acceso a la educación y a los servicios de atención médica especializados.

Entendemos –agrega- que la cobertura en el ámbito de la seguridad social debe ser atendida desde el estado de gestación, de forma tal de brindar a la madre embarazada programas públicos de atención de diagnóstico y tratamiento oportuno, disminuyendo de esta forma los índices de mortalidad maternal, perinatal, neonatal e infantil que se encuentran asociados a problemas en el acceso a los servicios de salud.

Sostiene además que el hecho de que la mortalidad maternal, perinatal y neonatal sea superior en los estratos de ingresos más bajos, indica que hacer universales los programas públicos, es una cuestión de equidad y justicia social.

A los efectos de darle protección a la madre embarazada resulta necesario establecer una prestación que dé cobertura a la contingencia del estado de embarazo de aquellas mujeres que se encuentran en similares condiciones que las personas que acceden a la Asignación Universal por Hijo para Protección Social.
Destaca que como requisito obligatorio para el cobro del cien por ciento de la Asignación creada para la cobertura del estado de embarazo, resulta imprescindible exigir el cumplimiento de los controles sanitarios con la inscripción al “Plan Nacer” del Ministerio de Salud o la certificación médica expedida de conformidad con dicho plan, para los casos que cuenten con cobertura de obra social.

Expresa además que la necesidad de brindar ayuda inmediata a las situaciones descriptas dificulta seguir los trámites ordinarios previstos por la Constitución Nacional para la sanción de las leyes, por lo que el Poder Ejecutivo Nacional, adopta la medida con carácter excepcional.

Boudou: "Es un verdadero papelón de Techint"

 REPRESENTANTES DEL ESTADO EN LAS EMPRESAS
El ministro de Economía defendió la resolución para ampliar la presencia de la Anses en el directorio de las firmas donde cuenta con participación accionaria y negó que la disputa haya hecho caer ayer la bolsa porteña. Más temprano, el presidente de Ternium-Siderar, Daniel Novegil, reclamó un debate parlamentario sobre el tema y consideró que la decisión "va a limitar la expansión mundial de la compañía". Ayer la Presidenta pidió que "se distribuyan las utilidades que les pertenecen a los 40 millones de argentinos".
En una conferencia de prensa que brindó este mediodía en el Palacio de Hacienda junto al titular de la Anses, Diego Bossio, el ministro de Economía dijo que las caídas de ayer en los mercados estuvieron vinculadas a la baja en la calificación de la deuda estadounidense.
"Causa sorpresa leer que el efecto Techint hace caer a la Bolsa. Hay que tener cuidado en cómo se informa a la población. No sé si están pagos por Clarín o no, perdón por Techint, o si están en tándem. Hubo una noticia de mucha gravedad en Estados Unidos, y querer hacer creer que esto tenía que ver con que Techint iba a tener uno o dos directores del Estado es tener intencionalidad política e intentar tergiversar a través de un análisis la realidad", advirtió Boudou.
El director ejecutivo de la ANSES, Diego Bossio, adelantó que el Gobierno realizará "en las próximas horas" una presentación judicial contra la empresa Siderar, del grupo Techint, por irregularidades en la asamblea de accionistas del viernes pasado, en la cual se rechazó la incorporación de representantes estatales en el directorio de la firma. Bossio señaló que el organismo que encabeza pidió a la Comisión Nacional de Valores (CNV) la realización de "un sumario contra los directores" de Siderar.
El funcionario aclaró que el Estado "se vio obligado a rechazar" la distribución de los más de 1500 millones de pesos de dividendos de Siderar, correspondientes al último ejercicio, porque la firma no informó el destino de ese resultado, ni distribuyó unos 6440 millones de pesos de dividendos correspondiente a años anteriores.
Por su parte, el presidente de Ternium-Siderar, Daniel Novegil, afirmó esta mañana que "en nuestro criterio no tiene justificación la aplicación de un Decreto de Necesidad y Urgencia, ya que la Constitución Nacional sólo justifica que el Ejecutivo legisle en circunstancias muy excepcionales que hicieran imposible ir al Congreso". Novegil expresó: "Lo mínimo que pedimos nosotros es un debate parlamentario en el que podamos expresar nuestras ideas".
Anoche, Ternium-Siderar, la mayor empresa siderúrgica del país y parte del conglomerado Techint, presentó un amparo ante la Justicia en rechazo a la resolución de la Comisión Nacional de Valores (CNV) de declarar "irregulares e ineficaces" las decisiones adoptadas en la última asamblea de accionistas, en la que la Anses buscó ampliar su participación en el directorio.
"Ha habido bastante confusión con todas las declaraciones que han ocurrido, incluidas las de la Presidenta de ayer. Esto se inicia en 1993, cuando se crean las AFJP. Para evitar la injerencia en el manejo de las compañías, el Congreso fija en cinco por ciento el poder de voto de las acciones que la Anses tenía en las diferentes empresas".
En el año 2008 "se las nacionaliza, se las traspasa al Estado y el ministro Boudou, fue al Congreso y como número 1 de la Anses en ese momento mantuvo explícitamente el cinco por ciento para lograr la aprobación. Hoy, dos años y medio después, el Gobierno dicta un DNU anulando la limitación del cinco por ciento y, en definitiva, permitiendo la injerencia política en la vida de las empresas. Eso se está discutiendo".
Novegil señaló en declaraciones a radio 10 que "uno escucha al ministro Randazzo que cuando le preguntan 'por qué no mandan al Congreso el tema en vez de sacar un decreto' y contesta 'porque hubiera habido demasiadas dificultades para que salga', se empieza a entender cuál era la necesidad". "Luego se escucha al director que la Anses (Axel Kicillof) está proponiendo colocar hablando de control de precios, que pedirán precios diferenciales. Ello va a limitar la expansión mundial de la compañía, y se empieza a entender lo que es la injerencia, y recuerda episodios vividos no hace demasiado tiempo en Venezuela y comienza a preocupar", manifestó.