Por qué, quiénes y cómo hace más de quince años que denuncian por prevaricato a Baltasar Garzón, cuestionándolo en su idoneidad, imparcialidad, profesionalidad, independencia, honorabilidad.
Si respondemos a estas preguntas, entenderemos los tres juicios que está enfrentando y que podrían terminar con su inigualable carrera de juez, reconocida mundialmente, que hizo que abogadas/os, juristas y ciudadanos lo miráramos con respeto, admiración, por su dedicación, su coraje, por haber aplicado el principio de Justicia universal, que tuviera tanta incidencia para las democracias sudamericanas en la lucha contra las graves violaciones a los derechos humanos en los autoritarismos de los ’70.
Baltasar Garzón tiene un origen humilde, hijo de familia campesina del interior de España, que debió trabajar muy duro para estudiar abogacía; es el hijo dilecto del pequeño pueblo donde nació, Torres, entre montañas, y tanto es así que una calle pintoresca y arbolada lleva su nombre. Ganó por concurso la plaza de juez de instrucción de la Audiencia Nacional en un país que mantiene una organización política monárquica y una judicatura corporativa mayoritariamente apegada a las tradiciones y las solemnidades.
Siempre tuvo claro que su función de juez debía desempeñarla dentro del marco de su jurisdicción y competencia en estricto apego al estado de derecho; de esa manera, con coraje y aun a costa de su seguridad y la de su familia, combatió la corrupción, el terrorismo, delitos internacionales y globalizados, por ello tuvo graves problemas, ya sea cuando persiguió y encarceló a los responsables de los GAL, como ahora con el caso Gürtel, sin tomar en cuenta que el PSOE o el Partido Popular estuvieran en ese momento en el gobierno o fueran mayoría. Habían cometido delitos y él era un juez de instrucción independiente. Como siempre Garzón repite: “Si un juez tiene miedo, debe dimitir; no se puede ser juez y no cumplir con la función”.
Hemos seguido vía web y la información con periodistas acreditados en la tercera semana de enero, el juicio por el caso Gürtel y sus análisis, donde Garzón sostuvo que no violó garantías de los detenidos para con sus abogados, explicó que fueron medidas tomadas en respeto a la legalidad, ante denuncias de la policía judicial y de los fiscales contra los internos por indicios preexistentes, por lo que ordenó intervenir comunicaciones de los imputados para evitar la continuación de la acción delictiva y que sacaran del país con destino a paraísos fiscales más de 20 millones de euros producto del ilícito, evitando el blanqueo de capitales. Advirtamos que, una vez separado de su cargo, el juez que le sucede, Antonio Pedreira, mantiene y extiende la medida, y contra éste no hay cuestionamientos ni enjuiciamiento. De la misma manera, los fiscales anticorrupción las validan y tampoco son sancionados. Sólo es contra Garzón...
Mañana comienza el segundo juicio por prevaricato, o sea, no aplicar la ley 46 de amnistía del año 1977 que establecía la impunidad de los crímenes del franquismo, cuando se declara competente al ser sorteado para investigar la desaparición de más de 100 mil personas. El juez Garzón aplicó la Constitución de España de 1978, que impone el cumplimiento de los tratados internacionales aprobados por el país, por lo que, al igual que en la Argentina, corresponde la aplicación de los tratados internacionales sobre derechos humanos como ley de jerarquía suprema.
La Justicia española cobró prestigio cuando el propio Garzón investigó, aplicó el principio de Justicia universal y ejerció su competencia contra el ex dictador de Chile Pinochet, ordenando su detención en Inglaterra; contra militares argentinos, cuando la Justicia de nuestro país hacía prevalecer las leyes de obediencia debida, punto final e indultos; cuando perseguía a los responsables por los delitos de lesa humanidad de Guatemala, de Africa, las violaciones en la cárcel de Guantánamo; pero hacer lo que debe en su propio país, cuando fueron recobrando poder los herederos de Franco, marcó el límite de lo que el poder político y económico puede tolerar.
La tercera causa que se le imputa es relativa a un curso en la Universidad de Nueva York; tres veces fue denunciado y tres veces archivado ante el Consejo del PJ y una vez con igual suerte ante la Sala Penal, siempre por no constituir delito, pero se vuelve a insistir.
Los argentinos sabemos por experiencia que aunque muchas veces pretendieron someternos y disciplinarnos, la Justicia termina abriendo puertas y llegando; si no es en España, podrá elevar su caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. No está escrita la última sentencia. Baltasar Garzón siempre estará unido al concepto de juez probo, profesional, incorruptible, independiente, con coraje, incansable, sometido sólo a la ley y a la defensa de los derechos humanos. La imagen de su voz disfónica del 19 de enero quizás es la consecuencia de lo que quiso gritar y por su hombría de bien no pudo: su decepción ante la sumisión de sus pares. Pero sólo es un paso en la adversidad. Como decimos aquí: “Fuerza, Garzón”; como dicen en su tierra las manifestaciones de apoyo “Garzón es inocente”, “Garzón es valiente”, “España al revés”.
* Jueza de la Cámara Federal de Casación Penal, Sala II. Doctora en Ciencias Jurídicas y Sociales, FCJS - UNL. Doctora en Derecho, FD - UNR. Profesora Titular Ordinaria de Derecho Constitucional, FD - UNR.
