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martes, 26 de marzo de 2013

Carlotto afirmó que el Papa "nunca habló de los desaparecidos, ni de los nietos"

26.03.2013 | Aseguró que "nunca" cambió su opinión sobre el flamante Sumo Pontífice

La titular de Abuelas de Plaza de Mayo le reclamó al nuevo jefe de la Iglesia Católica un "gesto" de reconocimiento a la lucha de los organismos de Derechos Humanos. Nora Cortiñas, de Madres Línea Fundadora, se sumó a las críticas. 

Por: 
Tiempo Argentino


A una semana de la asunción de Jorge Bergoglio como Papa continuaron ayer los cuestionamientos en relación al rol que sostuvo durante la última dictadura cívico militar, cuando era superior provincial de los jesuitas en Buenos Aires. Tanto la titular de Abuelas, Estela Carlotto, como su par de Madres Línea Fundadora, Nora Cortiñas, criticaron la falta de compromiso que mantuvo el religioso durante el terrorismo de Estado. Después del acto del domingo al cumplirse el 37 aniversario del golpe, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo recordó que el ahora máximo responsable de la Iglesia Católica "nunca habló de los desaparecidos ni de los nietos" y le reclamó "un gesto" de apoyo a los organismos de Derechos Humanos y al trabajo que desde hace 35 años realiza la institución localizando a hijos de desaparecidos apropiados en la última dictadura y devolviéndoles su verdadera identidad. 
"Siempre tuvimos ganas de hablar con él. Esperábamos que nos convocara como máximo exponente de nuestra Iglesia en Argentina pero nunca nos llamó. Esto lo digo con dolor y para que se revierta, no para condenar. Nunca habló de nuestros desaparecidos ni de los nietos que estamos buscando", aseguró la dirigente en diálogo con radio Del Plata.
En ese sentido, Carlotto manifestó su deseo de tener un encuentro con Bergoglio ya sea cuando el Papa venga a la Argentina o en el mismo Vaticano: "Podemos viajar, conversar y darnos la mano que nunca nos dimos. Tenemos confianza en él. Le deseamos lo mejor, que el Espíritu Santo lo ilumine y sea el Papa que espera el mundo", aseguró.
La titular de Abuelas también rechazó haber modificado sus dichos luego de haber cuestionado la designación de Bergoglio por el papel que tuvo en la última dictadura. "No cambiamos nuestro discurso según la ocasión", señaló. Y agregó: "Es argentino, lo cual nos da una inmensa satisfacción, nos pone contentas, ya que es bueno para Argentina y para Latinoamérica que sea Papa un hombre que vivió, sufrió y fue feliz en esta tierra, porque va a saber lo que necesitamos desde la Iglesia".
Sobre el tema también se refirió la titular de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Nora Cortiñas, quien advirtió que durante la última dictadura el ahora Papa "no cumplió el rol que tenía que cumplir ante el horror". Y agregó: "Bergoglio ocultó y dejó de decir cosas que su investidura lo obligaba a decir. No sé si lo hizo por miedo o miró para otro lado". 
Cortiñas pidió analizar "este presente y futuro" del religioso y opinó: "Es un cargo político que le dieron, quizá quisieron favorecer la imagen de Argentina en un proceso que estamos con avances, con cambios".
Tanto Abuelas como Madres Línea Fundadora firmaron ayer el discurso leído en el acto central por el 24 de marzo de 1976 en el que además de pedir por una democratización de la Justicia reclamaron "Juicio y Castigo para una parte de la Iglesia que no sólo optó por el silencio, sino también por participar en los crímenes". 
Durante el acto recordaron que jamás hubo "un mensaje que condene el accionar de sus integrantes en la dictadura" pero Christian von Wernich, sacerdote condenado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad, sigue siendo parte de la Iglesia. Por otro lado, reivindicaron "a quienes desde la base de esa institución decidieron abrazar las luchas del pueblo y conformaron la Iglesia tercermundista". "Ahí estaban Angelelli, Murias, Longueville, Silva, Adur, Domon, Duquet y Mugica, luchando junto a muchos otros compañeros por una Iglesia del pueblo", subrayaron. «

domingo, 17 de marzo de 2013

Murió José Alfredo Martínez de Hoz, ex ministro de la dictadura

A LOS 87 AÑOS

El ex ministro de Economía de la última dictadura cívico-militar falleció en la ciudad de Buenos Aires, a los 87 años. Estaba procesado y con arresto domiciliario.


Martínez de Hoz estaba procesado y con arresto domiciliario en la causa que investiga el secuestro extorsivo de Federico y Miguel Gutheim en 1976, quienes resistían la venta de activos propios.

sábado, 29 de diciembre de 2012

Procesaron con prisión preventiva a 50 represores del Operativo Independencia

La decisión de la Justicia tucumana es extensiva a Jorge Videla y Mario Menéndez. No será citada a declarar la ex presidenta Isabel Perón.



La decisión de la Justicia tucumana es extensiva a Jorge Videla y Mario Menéndez. (Foto archivo)

La Justicia tucumana procesó ayer con prisión preventiva a medio centenar de personas, entre ellas al ex presidente de facto Jorge Rafael Videla, por las torturas y asesinatos de militantes políticos durante el denominado Operativo Independencia, antes del golpe militar de 1976, aunque rechazó un pedido de citar a indagatoria a la ex mandataria María Estela Martínez de Perón.

El juez federal Daniel Bejas procesó, entre otros, a los ex policías Roberto El Tuerto Albornoz, Ricardo Oscar Sánchez, Luis Armando De Cándido, a los ex militares Mario Benjamín Menéndez y Fernando Luís Labayru.

Además, el magistrado también procesó a los civiles Miguel Angel Carrasco, Carlos Alberto Diacono y Julio César Sarmiento, por este operativo que significó la intervención masiva de las Fuerzas Armadas y la implementación de un plan sistemático de exterminio de opositores políticos en la provincia de Tucumán.

Al respecto, todos ellos están imputados como autores mediatos o materiales de delitos de lesa humanidad cometidos contra 269 víctimas antes del último golpe militar, entre febrero de 1975 y marzo de 1976.

"Durante el Operativo Independencia en Tucumán se implementó un estado de excepción (estado de sitio de hecho) en el que se desconocieron los derechos fundamentales de las personas y se suspendieron en forma absoluta sus garantías, en el marco de un proceso de desapoderamiento de las autoridades políticas-civiles que culminó con el golpe de estado del 24 de marzo de 1976", determinó la resolución.

Bejas sostuvo que los delitos de privación ilegítima de libertad con torturas, abuso sexual y homicidio cometidos durante el operativo, fueron parte de un "ataque sistemático desde el Estado contra sindicalistas y personas involucradas con la lucha social, a los que se habría identificado como «enemigos» del plan económico y político que definía la «nueva argentinidad», por lo que se considera configurado el contexto del delito de genocidio".

Entre los aspectos más relevantes del expediente, el magistrado no hizo lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal para que preste declaración indagatoria de la ex presidenta María Estela Martínez de Perón, quien autorizó el Operativo Independencia, que comenzó en Tucumán en febrero de 1975 y que fue comandado por Acdel Edgardo Vilas y luego por Antonio Domingo Bussi, en la antesala del golpe de Estado.

Para justificar la desvinculación de la ex presidenta, Bejas señaló "discordancias" que hicieron que la imputación en su contra sea "débil y confusa", al remarcar que si el Ministerio Público considera que durante el operativo las Fuerzas Armadas "actuaron con la aquiescencia o autorización de las autoridades civiles de la época", las acusaciones deberían "también captar ministros, legisladores, gobernadores y jueces, es decir un espectro representativo del gobierno civil" y no "acotarse" a Isabelita.

"Este magistrado considera que se encuentra demostrado con el nivel de probabilidad que habilita esta etapa procesal, que desde el año 1974 las Fuerzas Armadas comenzaron a distanciarse de las autoridades civiles y de las directivas del gobierno constitucional, a fin consumar un plan represivo que comenzó a gestarse desde fines de los años 60 dirigido contra la ciudadanía en general bajo el difuso e intangible objetivo de combatir el enemigo subversivo marxista ", apuntó el juez.

Grupos de ultraderecha. Y agregó que "dicho plan represivo, dirigido a la toma del poder civil no habría contado con la aquiescencia del gobierno civil en su conjunto, sino con la complicidad de algunos grupos de ultra derecha directamente vinculados con el accionar del Ejército, como fue por ejemplo la Alianza Anticomunista Argentina (AAA o Triple A) dirigida por el entonces ministro de Bienestar Social José López Rega".

En el marco de la megacausa el Ministerio Público Fiscal substanció la investigación de delitos cometidos en perjuicio de 269 víctimas, imputando a un total de 138 personas, y al formular su ampliación de requerimiento de instrucción describió al Operativo Independencia como "una intervención masiva de las Fueras Armadas y la implementación de un plan sistemático de exterminio de opositores políticos mediante la utilización del aparato estatal con aquiescencia del gobierno civil en Tucumán".

viernes, 28 de diciembre de 2012

Condenan a perpetua a los imputados en el juicio de la masacre de San Nicolás

El Tribunal Oral Federal 2 (TOF2) de Rosario condenó ayer a prisión perpetua de cumplimiento en cárcel común a los tres imputados en el juicio por delitos de lesa humanidad cometidos...



Vigilia. Militantes y familiares celebraron el fallo afuera del tribunal.


El Tribunal Oral Federal 2 (TOF2) de Rosario condenó ayer a prisión perpetua de cumplimiento en cárcel común a los tres imputados en el juicio por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura en San Nicolás y pidió que se investigue a otras personas como presuntos partícipes de los crímenes ventilados en el proceso oral.

El tribunal condenó a prisión perpetua e inhabilitación absoluta a los ex coroneles Fernando Manuel Saint Amant y Antonio Federico Bossie —jefe y número dos del Area Militar 2012 con asiento en San Nicolás durante el terrorismo de Estado— y aplicó la misma pena al entonces jefe de la Policía Federal de esa ciudad Jorge Muñoz por la causa conocida como la masacre de Juan B. Justo.

En el juicio se ventilaron los pormenores de un operativo realizado en la madrugada del 19 de noviembre de 1976 en una vivienda de calle Juan B. Justo al 600 de San Nicolás por el Ejército y la policía, en el que fueron asesinados el matrimonio conformado por Omar Amestoy y María del Carmen Fettolini y sus hijos María Eugenia y Fernando, de tres y cinco años.

También murió en ese episodio represivo Ana María Granada, quien alcanzó a resguardar con un colchón dentro de un placard a su bebé de apenas 5 meses, quien fue adoptado ilegalmente y luego recuperado por Abuelas para recuperar su identidad como Manuel Gonçalvez.

El tribunal también condenó a Saint Amant por la privación ilegítima de la libertad y los homicidios de seis militantes de la JP-Montoneros entre abril y mayo de 1977, y por el secuestro de José Emilio Mastroberardino, quien alquiló su vivienda a uno de los matrimonios desaparecidos.

En esa causa se investigaron las desapariciones y muertes de María Regina Spotti, María Rosa Baronio, Eduardo Luis Reale, Horacio Arístides Martínez, María Cristina Alvira y Raquel Rosa Alvira.

Por último, la sentencia contra el ex jefe militar contempló la sustracción, retención y ocultamiento de un menor de 10 años y el robo agravado por haber sido cometido con armas contra los militantes de la JP-Montoneros.

La lectura de la sentencia fue seguida por cientos de militantes, familiares y ex detenidos durante la dictadura que se movilizaron hasta los tribunales federales, como viene ocurriendo cada vez que hay un juicio por delitos de lesa humanidad.

Tras conocerse la sentencia, Florencia Amestoy, familiar del matrimonio asesinado en la Masacre de Juan B. Justo, sostuvo que "la Justicia no repara las ausencias pero sí cura un poco el alma maltrecha".

"Llegamos a fin de año con mucha justicia en este país, un país más justo, más libre y más seguro porque los genocidas están donde tendrían que haber estado hace más de 30 años: tras las rejas", señaló visiblemente emocionada Amestoy.

En tanto, Víctor Almada, compañero de la desaparecida Regina Spotti, señaló que las condenas conocidas ayer "son el cimiento de una larga historia, porque hoy sólo había tres acusados y son muchos más".

"No tengo mucha paz pero sí una gran alegría, porque nuestro compromiso con la historia es largo", señaló el hombre que llevaba colgado de su cuello una fotografía de su mujer asesinada por la dictadura.

Por su parte, José María Cholo Budassi, representante de la Mesa de la Memoria de San Nicolás y testigo en el juicio, recordó que "nunca fueron tan acertadas las palabras de Néstor Kirchner cuando asumió y dijo: «Llegamos sin rencores pero con memoria»".

Y agregó el militante de los derechos humanos: "Hoy llegamos con rencores pero con justicia".

La lectura de la sentencia del tribunal integrado por los jueces Jorge Venegas Echagüe, Omar Digerónimo y Beatriz Caballero de Barabani, fue acompañada por medio millar de militantes de las agrupaciones juveniles La Cámpora, Martín Fierro y JP-Evita, además de por las Madres y Abuelas de Plaza 25 de Mayo de Rosario y la agrupación Hijos.

También acompañaron a las víctimas y los familiares los nietos recuperados Horacio Pietragalla (diputado nacional del Frente para la Victoria) y Victoria Montenegro, así como autoridades del gobierno de Santa Fe y legisladores y concejales de Rosario y otras localidades.

jueves, 27 de diciembre de 2012

El líder de los espías del dictador Videla

El Batallón 601, símbolo de la tarea de Inteligencia del Ejército.

PROCESARON A CARLOS ALBERTO MARTINEZ, JEFE DE INTELIGENCIA DEL EJERCITO DE LA ULTIMA DICTADURA

El juez federal Daniel Rafecas lo culpó de delitos de lesa humanidad contra 1194 víctimas. Señaló que “su aporte fue trascendental a los fines de la diagramación del plan de acción a llevar a cabo en el marco de la ‘lucha antisubversiva’”.

El general de división retirado Carlos Alberto Martínez, ex jefe de Inteligencia del Ejército durante los primeros dos años de la última dictadura, fue procesado ayer por delitos de lesa humanidad contra 1194 víctimas. El juez federal Daniel Rafecas destacó que Martínez fue desde su cargo “el principal asesor del comandante general del Ejército”, léase del dictador Jorge Rafael Videla, y que “su aporte fue trascendental a los fines de la diagramación del plan de acción a llevar a cabo en el marco de la ‘lucha antisubversiva’”. El militar, de 84 años, detenido por primera vez en junio último y ahora procesado con prisión preventiva luego de 34 años de impunidad, seguirá gozando de arresto domiciliario en San Miguel, provincia de Buenos Aires.

Martínez fue procesado por su actuación como titular de la Jefatura II de Inteligencia del Ejército entre el 24 de marzo de 1976 y el 23 de enero de 1978, cuando pasó a comandar la Secretaría de Informaciones del Estado, la SIDE, a la que volvería en los primeros años del menemismo de la mano de Juan Bautista Yofre. Rafecas lo imputó por su actuación en jurisdicción del Primer Cuerpo de Ejército, que incluyó los centros clandestinos Banco, Atlético, Olimpo, Vesubio, Superintendencia de Coordinación Federal, Garaje Azopardo, Automotores Orletti, Sheraton, entre otros. El documento judicial que lleva la firma de Albertina Carón, secretaria del juzgado, tiene más de 3500 páginas e incluye el detalle de los delitos sufridos por cada víctima, imputados a Martínez como “partícipe necesario”: 1194 privaciones ilegales de la libertad, 696 tormentos (en tres casos seguidos de muerte) y 151 homicidios. Martínez “realizó un aporte fundamental respecto de los hechos acaecidos en el ámbito del Primer Cuerpo de Ejército, aporte sin el cual seguramente las detenciones, tormentos, homicidios y desapariciones de personas no habrían alcanzado la magnitud y alto grado de lesividad constatado en la presente investigación”, destacó.

El juez responsabilizó a Martínez por operativos ilegales como los registrados en el Hospital Posadas, en la Quinta la Pastoril o Quinta de Moreno, en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) de Castelar; también lo procesó por siete secuestros ocurridos en Marcos Paz, incluido el del ex intendente Oscar Felipe Sánchez, por los secuestros de profesionales y empleados de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) como Antonio Misetich, entre otros prestigiosos científicos que están desaparecidos; y por el homicidio del coronel Bernardo Alberte, ex edecán de Juan Domingo Perón, a quien un grupo de militares arrojó al vacío desde un sexto piso la madrugada del golpe de Estado.

La responsabilidad de Martínez no sólo surge del cargo que ocupó y de los discursos de la época, sino también de documentación secuestrada durante los allanamientos a la casa donde vive, en España 865, partido de San Miguel y otra propiedad en Muñiz, también en San Miguel. La Justicia encontró allí directivas del funcionamiento de los órganos de inteligencia, un balance de gestión titulado “Experiencias y enseñanzas recogidas en la lucha contra la subversión”, y un cuestionario respondido a máquina en el que Martínez explica que el Batallón 601, que dependía de la Jefatura II a su cargo, le brindaba “apoyo técnico de interrogadores” al Primer Cuerpo de Ejército. Se trataba de “personal adiestrado en técnicas de interrogatorio y con un profundo conocimiento sobre la organización a la que perteneciera el detenido”, puntualizó.

El militar resaltó en otro escrito el rol de los infiltrados durante la dictadura. “La verdadera eficacia de la inteligencia contrasubversiva no se derivó de esos tortuosos procedimientos denunciados (en referencia a los interrogatorios bajo tormentos), sino de la extremadamente riesgosa tarea de infiltración de las principales organizaciones subversivas que el área de inteligencia de las FF.AA. y de seguridad desarrollaron paciente y estoicamente”, escribió. “No debe ser soslayada la labor llevada a cabo por los agentes infiltrados”, sostuvo Rafecas, y apuntó que “son pocos los registros que se poseen hoy en día acerca del personal infiltrado en las organizaciones de la época”.

Durante los allanamientos también se encontraron documentos sobre la situación de Montoneros y el PRT-ERP en marzo de 1978. Rafecas apuntó que esas pruebas “ponen de manifiesto el conocimiento concreto que tenía Carlos Alberto Martínez, como máximo responsable del aparato de inteligencia y encargado de la conducción del ‘esfuerzo de inteligencia’, de las acciones y resultado de las mismas que eran llevadas a cabo por las Fuerzas Armadas y de seguridad”. “Así, la información que recaía en la Jefatura II de Inteligencia del Ejército proveniente de los sistemas de inteligencia de todas las Fuerzas Armadas y de seguridad era utilizada por el Comando General del Ejército para trazar la estrategia de desarrollo de la ‘lucha antisubversiva’”, sostuvo el juez.

lunes, 23 de abril de 2012

Comenzó el primer juicio contra represores en Catamarca


Cámara Oral Federal 


El primer juicio en Catamarca por delitos de lesa humanidad durante la dictadura militar comenzó a las 9.40 en la Cámara Oral Federal, ante una fuerte custodia policial, con la presencia de familiares de las víctimas y organizaciones de derechos humanos.


En este juicio, serán juzgados el ex-Jefe del Regimiento de Infantería 17, Carlos Alberto Lucena; y el ex Jefe General de Policía, Juan Daniel Rauzzino, acusados como presuntos autores por la desaparición y muerte de los catamarqueños Francisco Gregorio Ponce, su hermano Julio Genaro Burgos, Griselda del Huerto Ponce, y Nelly Yolanda Borda, en hechos ocurridos entre abril de 1976 y enero de 1977.

miércoles, 28 de marzo de 2012

Comenzó el juicio por la "Escuelita II"

Son 24 los represores acusados de delitos de lesa humanidad ocurridos en Río Negro y Neuquén que empezaron a ser juzgados por el Tribunal Oral Federal neuquino. Uno de ellos es el exagente de Inteligencia Raúl Guglielminetti, sindicado por haber integrado grupos de tareas junto con otros ocho ex militares que en 2008 había sido condenados por el funcionamiento del Centro Clandestino de Detención que funcionó en el batallón militar de Neuquén.


En el banquillo de los acusados se sentarán jefes militares, suboficiales, civiles que trabajaban en inteligencia del Ejército, personal de Gendarmería y comisarios rionegrinos retirados, que al momento de los hechos integraban el área de inteligencia de la policía o la jefatura de comisarías de Cinco Saltos y Cipolletti.

El resto de los acusados integraron otras fuerzas de seguridad nacionales y de la policía provincial de Río Negro. Durante el juicio se investigarán 39 casos de víctimas del terrorismo de Estado, seis de las cuales permanecen en condición de detenidos-desaparecidos.

lunes, 5 de marzo de 2012

“Hoy hay que ganar la guerra política”


EL DICTADOR JORGE RAFAEL VIDELA SE EXPLAYO EN SUS APRECIACIONES CONTRA EL GOBIERNO KIRCHNERISTA

La revista española Cambio 16 publicó la segunda parte de la entrevista al represor preso en Campo de Mayo, en la que se lo consulta como si fuera un dirigente opositor. “Si el país cambia hacia otro rumbo, seguramente no estaríamos presos”. dijo.

El dictador Jorge Rafael Videla está seguro de que si los tiempos políticos cambian podría salir en libertad: “La suerte nuestra, la de los militares detenidos, está en que el país se encamine por otra dirección. Si el país cambia hacia otro rumbo, seguramente no estaríamos presos”. La revista española Cambio 16 publicó ayer la segunda parte de la amistosa entrevista al ex jefe del gobierno de facto. El sociólogo y periodista Ricardo Angoso, vinculado con organismos que defienden como presos políticos a los detenidos por crímenes de lesa humanidad, nuevamente lo muestra interpelado como a un dirigente político. Distinto de aquella primera vez, en la que el dictador explicó con toda claridad la “excelente” relación que los militares mantuvieron con la Iglesia católica o la “colaboración” que dieron los sectores empresarios, ahora abunda en las críticas sobre el presente. Habla del espacio de la oposición y convoca a la necesidad de generar “un cambio” en el que deja asomar cierta idea de un golpe de Estado: “Hablo de un cambio –dijo–, claro, por la vía democrática, ya no es el tiempo de los golpes de Estado, aunque tampoco habría Fuerzas Armadas para darlo ni vocación para hacerlo”.

La primera parte de la entrevista salió publicada a mediados de febrero en la revista española. Videla se mostró entonces como ahora: hace su reconstrucción histórica, va del gobierno de Héctor Cámpora al de Isabel Perón; se mete en las internas de la Junta Militar y reconoce que aquello que en la primera parte mencionó como “licencia para matar” se hizo a base de órdenes que “fueron precisas” y “existieron”.

“¿Por qué la Junta no dio instrucciones más precisas, incluso por escrito, de lo que estaba haciendo y de las órdenes que impartía?”, preguntó Angoso. “Creo que órdenes existieron y fueron precisas, no puedo entrar en detalle ahora en todas ellas. Las órdenes estaban y los que las impartieron, que fueron asumidas por cada uno de los miembros de la cadena de mando que las dieron.”

La nueva parte de la entrevista está dividida en dos. La primera histórica. La segunda, más abundante en la revisión sobre el presente. A lo largo del texto, el periodista le otorga el status de un dirigente político. “¿Cómo ve la Argentina de hoy, tiene esperanzas de que haya algún cambio?”, le pregunta. O: “¿En qué ha fallado este gobierno, qué les diría a los argentinos sobre el mismo?”.

Ya la primera vez, el tono del reportaje recibió críticas de los organismos de derechos humanos, entre otros sectores. Se dijo que era complaciente y muchos se sorprendieron por las preguntas que no estaban, como el robo de bebés. El contenido del reportaje, en cambio, siguió distintas derivas. Se pidió que algunos de sus dichos fueran introducidos como prueba en los juicios de lesa humanidad, entre otras cosas por el reconocimiento explícito que Videla hizo, por ejemplo, de la alianza con la Iglesia. Las agrupaciónes Hijos y Abuelas de Plaza de Mayo criticaron el lugar en el que aún se instala el dictador, como parte del espacio de los perseguidos políticos y de la venganza. Hijos respondió: “Venganza, por definición, sería robarles sus hijos, secuestrarlos, torturarlos, violarlos, tenerlos en cautiverio, tirarlos vivos al mar, robarles sus bienes, fusilarlos. Nunca hicimos nada de eso ni lo haremos”.

También la presidenta Cristina Kirchner se hizo eco de ese reportaje. Aquella vez, Videla reconoció que el “peor momento” de los represores les llegó con los Kirchner. La semana pasada, en el discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, la Presidenta contó lo que le pasó cuando leyó esa frase sobre los Kirchner que Página/12 reprodujo en su tapa. En esa ocasión recordó a Néstor Kirchner y el acto de recuperación del edificio de la Escuela Mecánica de la Armada: “La gran pena es que él no haya podido leer eso porque yo fui con él, lo peleé mucho el 24 de marzo de 2004 cuando en la ESMA tuvo un discurso muy fuerte. Yo le había dicho que lo escribiera porque se iba a poner nervioso y después lo peleé por algunas cosas. Y la verdad que cuando leí el reportaje lo único que lamenté es no tenerlo cerca para pedirle perdón”. Entonces, dijo, “llevé el diario allá a Río Gallegos y se lo metí debajo de la bandera porque ese diario era de él”.

Angoso consiguió la entrevista después de entre “siete y ocho meses” de gestiones, según explicó semanas atrás a un diario argentino. Llegó a Videla, según dijo, a través de unos “contactos en el Ejército argentino. Una fuente militar, digamos, me facilitó el acceso a Campo de Mayo”. La entrevista duró tres horas, sobre una guía de veinticinco preguntas que el dictador respondió sentado en su habitación de la prisión de Campo de Mayo, acompañado de su mujer y sus hijos. El bruto de la entrevista tenía veinticinco páginas de desgrabación.

“La República está desaparecida”, dice Videla en el texto. Y cuando Angoso le pregunta si tiene esperanzas de que en el futuro haya algún cambio, advierte aquello de que con otro gobierno ellos no estarían presos. “Yo digo que estamos en una situación hoy muy negativa, totalmente negativa, hemos perdido una gran oportunidad en las últimas elecciones de sentar puntos de apoyo a una oposición sólida y que actuara responsablemente para cambiar este estado de cosas al que me refería antes. Hablo de un cambio, claro, por la vía democrática, ya no es el tiempo de los golpes de Estado, aunque tampoco habría Fuerzas Armadas para darlo ni vocación para hacerlo. Esta situación de inmediato no va a cambiar, lamentablemente, porque no veo el actor, el líder, y no creo en los iluminados.”

Luego se queja de “la pretensión permanente de seguir escarbando en el pasado”, y como si no recordara su intervención en el asunto, sugiere que los desaparecidos son un invento. “Por ejemplo, hay que encontrar una solución para resolver el famoso problema de los desaparecidos y ofrecérsela a la sociedad argentina. ¿Son una realidad, son un invento, son una especulación política o económica? ¿Qué son realmente los desaparecidos?”

Más tarde, el periodista vuelve a intervenir como si actuara ante el líder de la oposición. En forma más supina, Videla aquí también advierte que la “única vía es sacarlos del gobierno”, aunque ¿aclara? que “no a través de un golpe”. “¿En qué ha fallado este gobierno, qué les diría a los argentinos sobre el mismo?”, le pregunta. “Este gobierno ha asociado el campo con la oligarquía y como enemigo de ese socialismo que ellos pregonan, no podemos esperar de esta gente una solución, la única vía es sacarlos del gobierno y no a través de un golpe de Estado, sino a través de los cauces democráticos. Yo, en las últimas elecciones habidas en el país, esperaba que apareciera un líder o un movimiento para hacer frente a lo que vivimos, que todos los dirigentes de la oposición se unieran para combatir esta lacra y salir hacia adelante, pero bueno, no apareció y no fue así. Quisiera ser optimista, pero no puedo, aunque siga peleando desde la cárcel, desde aquí. Quiero dar a conocer al mundo lo que pasa. La consigna del prisionero de guerra es la evasión, mientras que para el preso político la lucha es otra, que es el campo de la política y que es antipático quizá para los militares. Hoy hay que ganar la guerra política a través de los mensajes y los medios de comunicación, y ésa es nuestra función: no quedarnos de brazos cruzados.”

lunes, 23 de enero de 2012

Fuerza, Garzón

Por Ana María Figueroa 

Por qué, quiénes y cómo hace más de quince años que denuncian por prevaricato a Baltasar Garzón, cuestionándolo en su idoneidad, imparcialidad, profesionalidad, independencia, honorabilidad.

Si respondemos a estas preguntas, entenderemos los tres juicios que está enfrentando y que podrían terminar con su inigualable carrera de juez, reconocida mundialmente, que hizo que abogadas/os, juristas y ciudadanos lo miráramos con respeto, admiración, por su dedicación, su coraje, por haber aplicado el principio de Justicia universal, que tuviera tanta incidencia para las democracias sudamericanas en la lucha contra las graves violaciones a los derechos humanos en los autoritarismos de los ’70.

Baltasar Garzón tiene un origen humilde, hijo de familia campesina del interior de España, que debió trabajar muy duro para estudiar abogacía; es el hijo dilecto del pequeño pueblo donde nació, Torres, entre montañas, y tanto es así que una calle pintoresca y arbolada lleva su nombre. Ganó por concurso la plaza de juez de instrucción de la Audiencia Nacional en un país que mantiene una organización política monárquica y una judicatura corporativa mayoritariamente apegada a las tradiciones y las solemnidades.

Siempre tuvo claro que su función de juez debía desempeñarla dentro del marco de su jurisdicción y competencia en estricto apego al estado de derecho; de esa manera, con coraje y aun a costa de su seguridad y la de su familia, combatió la corrupción, el terrorismo, delitos internacionales y globalizados, por ello tuvo graves problemas, ya sea cuando persiguió y encarceló a los responsables de los GAL, como ahora con el caso Gürtel, sin tomar en cuenta que el PSOE o el Partido Popular estuvieran en ese momento en el gobierno o fueran mayoría. Habían cometido delitos y él era un juez de instrucción independiente. Como siempre Garzón repite: “Si un juez tiene miedo, debe dimitir; no se puede ser juez y no cumplir con la función”.

Hemos seguido vía web y la información con periodistas acreditados en la tercera semana de enero, el juicio por el caso Gürtel y sus análisis, donde Garzón sostuvo que no violó garantías de los detenidos para con sus abogados, explicó que fueron medidas tomadas en respeto a la legalidad, ante denuncias de la policía judicial y de los fiscales contra los internos por indicios preexistentes, por lo que ordenó intervenir comunicaciones de los imputados para evitar la continuación de la acción delictiva y que sacaran del país con destino a paraísos fiscales más de 20 millones de euros producto del ilícito, evitando el blanqueo de capitales. Advirtamos que, una vez separado de su cargo, el juez que le sucede, Antonio Pedreira, mantiene y extiende la medida, y contra éste no hay cuestionamientos ni enjuiciamiento. De la misma manera, los fiscales anticorrupción las validan y tampoco son sancionados. Sólo es contra Garzón...

Mañana comienza el segundo juicio por prevaricato, o sea, no aplicar la ley 46 de amnistía del año 1977 que establecía la impunidad de los crímenes del franquismo, cuando se declara competente al ser sorteado para investigar la desaparición de más de 100 mil personas. El juez Garzón aplicó la Constitución de España de 1978, que impone el cumplimiento de los tratados internacionales aprobados por el país, por lo que, al igual que en la Argentina, corresponde la aplicación de los tratados internacionales sobre derechos humanos como ley de jerarquía suprema.

La Justicia española cobró prestigio cuando el propio Garzón investigó, aplicó el principio de Justicia universal y ejerció su competencia contra el ex dictador de Chile Pinochet, ordenando su detención en Inglaterra; contra militares argentinos, cuando la Justicia de nuestro país hacía prevalecer las leyes de obediencia debida, punto final e indultos; cuando perseguía a los responsables por los delitos de lesa humanidad de Guatemala, de Africa, las violaciones en la cárcel de Guantánamo; pero hacer lo que debe en su propio país, cuando fueron recobrando poder los herederos de Franco, marcó el límite de lo que el poder político y económico puede tolerar.

La tercera causa que se le imputa es relativa a un curso en la Universidad de Nueva York; tres veces fue denunciado y tres veces archivado ante el Consejo del PJ y una vez con igual suerte ante la Sala Penal, siempre por no constituir delito, pero se vuelve a insistir.

Los argentinos sabemos por experiencia que aunque muchas veces pretendieron someternos y disciplinarnos, la Justicia termina abriendo puertas y llegando; si no es en España, podrá elevar su caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. No está escrita la última sentencia. Baltasar Garzón siempre estará unido al concepto de juez probo, profesional, incorruptible, independiente, con coraje, incansable, sometido sólo a la ley y a la defensa de los derechos humanos. La imagen de su voz disfónica del 19 de enero quizás es la consecuencia de lo que quiso gritar y por su hombría de bien no pudo: su decepción ante la sumisión de sus pares. Pero sólo es un paso en la adversidad. Como decimos aquí: “Fuerza, Garzón”; como dicen en su tierra las manifestaciones de apoyo “Garzón es inocente”, “Garzón es valiente”, “España al revés”.

* Jueza de la Cámara Federal de Casación Penal, Sala II. Doctora en Ciencias Jurídicas y Sociales, FCJS - UNL. Doctora en Derecho, FD - UNR. Profesora Titular Ordinaria de Derecho Constitucional, FD - UNR.

viernes, 20 de enero de 2012

"El juicio servirá para conocer la complicidad civil que existió en ese proceso nefasto”


El 9 de febrero en el Aula Magna de la Universidad comenzará el juicio por el asesinato de Carlos Alberto Moreno ocurrido en nuestra ciudad durante la última dictadura. Su hijo, destacó que no solo serán enjuiciados tres militares, sino también dos civiles que son los dueños de la quinta en donde habrían asesinado a su padre.


El 9 de febrero en el Aula Magna de la Universidad comenzará el juicio por el asesinato de Carlos Alberto Moreno, ocurrido en nuestra ciudad durante la última dictadura. Martín Moreno, su hijo, destacó la importancia que tendrá el hecho ya que “servirá para destapar muchas cosas y que la gente conozca el rol que tuvieron algunos civiles en Tandil y la región”. 

El hecho es de real importancia para nuestra ciudad ya que es la primera vez que se lleva a cabo en Tandil un juicio por delitos de lesa humanidad relacionado con la última dictadura militar. Para eso se montará un Tribunal Federal en el edificio del Rectorado de la Unicen para que sean juzgados por el delito de “privación ilegal de la libertad agravada, imposición de tormentos agravados y homicidio calificado” los militares Julio Alberto Tomassi, Roque Italo Pappalardo, José Luis Ojeda; y los civiles Emilio Felipe Méndez y Julio Manuel Méndez. 

Como se ha informado, el 29 de marzo de 1977 en la ciudad de Olavarría, Carlos Alberto Moreno, abogado laboralista de Aoma, salió de su casa hacia la escuela donde trabajaba su mujer a dar aviso de su ausencia, y no volvió. Testigos manifestaron que esa noche dos sujetos de civil y con armas de guerra lo detuvieron en la estación de servicio “San Ignacio”, a una cuadra de la casa. 

Según testimonios, Moreno estuvo secuestrado en el centro clandestino de detención conocido como “La chacra “ propiedad de Emilio Méndez (entonces gerente del Banco Comercial de Tandil, según consta en la causa) y Julio Manuel Méndez, considerados partícipes secundarios por ser dueños de la chacra en la que el joven olavarriense estuvo ilegalmente detenido y sometido a tormentos. 

El 3 de mayo, Carlos Alberto Moreno logró escapar por la zona de quintas. Diversas personas del Paraje Los Laureles, lo ven corriendo siendo perseguido. Moreno es herido y vuelto a detener por orden del entonces Mayor Papalardo. 

Por este caso, los militares Tommasi, Pappalardo y Ojeda, están imputados como coautores y se encuentran privados de su libertad; los dos primeros en arresto domiciliario y el tercero en una unidad penal. En cambio los civiles, que llegan a juicio como partícipes secundarios, están libres durante el transcurso de la instrucción e inclusive se los puede ver circulando por nuestra ciudad. 

El tribunal, integrado por los jueces Néstor Rubén Parra, Roberto Atilio Falcone y Mario Alberto Portela se trasladará a nuestra ciudad para llevar adelante el juicio que será ventilado en la zona en donde transcurrieron los hechos. Está previsto que las audiencias sean los jueves y viernes y se calcula que el juicio podría tener entre dos y tres meses de duración. 


Movilización 

En diálogo con LA VOZ, Martín Moreno, hijo de Carlos y quien no llegó a conocer a su padre ya que cuando desapareció su madre estaba embarazada, sostuvo que “sin duda es una gran movilización lo que estamos sintiendo y además una gran alegría. Por fin, después de tanto tiempo, se logra llevar a juicio a loa asesinos y cómplices directo del secuestro, tortura y asesinato de mi viejo”. 

Respecto a la causa en si, el entrevistado destacó que lo “interesante” será que “se va a destapar la olla y conocer la complicidad civil que existió en ese proceso nefasto”. 

Martín Moreno, quien tiene familiares en nuestra ciudad, señaló que si bien él está radicado en La Plata a partir de los próximos días estará más tiempo por Tandil ya que la idea es realizar de manera paralela con el juicio distintas actividades que sirvan para informar todo lo que sucedió en esa época. 

“Gratamente nos hemos dado cuenta que nos somos los únicos los que estamos luchando por esta causa, por eso es importante el acompañamiento que estamos teniendo de muchas instituciones de Derechos Humanos de Tandil y la zona. Ya que no sólo en Tandil sucedieron estas cosas, sino también en localidades vecinas y será bueno que el resto de la comunidad sepa lo que pasó”, agregó el Moreno. 

Por último, al ser consultado sobre que sensación le causaba que los hermanos Méndez puedan circular por la ciudad como cualquier vecino, el entrevistado sostuvo que “obviamente produce mucha indignación, no sólo desde lo particular sino también desde lo general porque aún falta mucho por juzgar. De todas formas, nosotros como familiares preferimos reparar en la alegría que genera el inicio del proceso en donde se juzgará”. 

miércoles, 9 de noviembre de 2011

Página/12: Preso por delitos de lesa humanidad


Era el párroco de Casilda. Constituyó su prisión domiciliaria en una casa de retiros espirituales. En la causa se señaló que “ingresaba a la sala de torturas” del Servicio de Informaciones y que era parte del aparato represivo.
 Por José Maggi
El ex capellán de la policía de Rosario Eugenio Zitelli, acusado por delitos de lesa humanidad cometidos en el Servicio de Informaciones de esa ciudad, quedó detenido ayer. El juez federal Marcelo Bailaque ordenó ayer la indagatoria de 17 represores, a quienes interrogará en los próximos días. Lo hizo en el marco de la llamada causa Feced residual. El nombre más impactante de la lista es el del sacerdote. La lista la encabeza Jorge Rafael Videla, le siguen el ex general Ramón Genaro Díaz Bessone y Alfredo Sotera –jefe de la inteligencia militar– y llega hasta quien hace unos días era el párroco de Casilda. “Es un paso trascendental para la Justicia, porque en la región no había ningún miembro de la jerarquía eclesiástica detenido por casos de terrorismo de Estado”, señalo el fiscal federal Gonzalo Stara, quien había pedido la detención del sacerdote por el caso de Eduardo Bracaccini, entre otros, desaparecido de Casilda.
El juez Bailaque reveló a Página/12 que “Zitelli está detenido y se constituyó en prisión domiciliaria en una casa de retiros espirituales de Zavalla” y designó un defensor particular, Eduardo Romera. Este letrado fue defensor en su momento de Eduardo J. López, el ex presidente de Ñuls que tuvo varios trámites procesales ante la Justicia Federal.
La detención e indagatoria del ex capellán de la Unidad Regional II entre los años 1964 y 1983, Eugenio Zitelli, era una de las tantas cuentas pendientes de la Justicia tras los reiterados pedidos de las querellas y la fiscalía de la causa Díaz Bessone.
Tras los testimonios de los sobrevivientes del Servicio de Informaciones de Dorrego y San Lorenzo en el desarrollo del juicio oral en curso, se había solicitado la indagatoria al sacerdote que hoy vive en Casilda y está a cargo de la parroquia de esa ciudad, por considerar que existían pruebas suficientes para demostrar el “apoyo explícito de las autoridades de la Iglesia al golpe genocida en la UR II”, según sostuvo en su momento la abogada querellante Gabriela Durruty y agregó: “En esa convicción esta querella solicitó al juez Bailaque que indague a Eugenio Zitelli por los delitos de privación ilegítima de la libertad, tormentos y asociación ilícita, y esperamos que así lo haga”, pedido que se está concretando en estas horas.
Por su parte, en sus alegatos, el fiscal Stara aseguró que “está registrado” que el cura Zitelli “ingresaba a la sala de torturas” del Servicio de Informaciones y que era parte del aparato de represión montado en ese centro clandestino de detención.
Muchos fueron los testimonios que complicaron al ex capellán. Uno de ellos fue el de Ana Ferrari, quien recordó que cuando la trasladaron a la Alcaidía de Mujeres, a metros del SI, Zitelli les habló a las presas y les dijo que tenían que entender “que la tortura era un arma más de la guerra que estamos viviendo”.
El listado de los represores con pedido de indagatoria en esta causa se completa con cuatro de los actuales imputados en la causa Díaz Bessone: Mario Marcote, Rubén Lofiego, Carlos Scortecchini y Ramón Vergara. Los cuatro quedaron detenidos de inmediato al presentarse ayer para comenzar la audiencia oral del juicio.
También figuran en la nómina Lucio César Nast; Ramón Telmo Alcides Ibarra; Julio Héctor Fermoselle; Diego Portillo, Ernesto Vallejo, Carlos Ulpiano Altamirano, Ovidio Marcelo Olazagoitia, Eduardo Dugour y Ricardo Corrales, la mano derecha de Agustín Feced.
Ayer, el magistrado les tomó declaración a dos ex policías, Portillo y Vallejos, y hoy hará lo propio con Ibarra, que nombró al mismo defensor particular que Díaz Bessone, el doctor Gonzalo Miño.
Uno de los personajes más oscuros del listado es sin dudas Corrales, quien fuera la mano derecha de Feced durante toda su jefatura en la Unidad Regional II. Este es señalado como uno de los principales colaboradores del terrorismo de Estado en la ciudad y sobre él aún no recayó ningún tipo de imputación. En la década del ’70 trabajó en inteligencia de la policía, y pesan sobre él acusaciones de homicidios, tormentos, privación de la libertad y asociación ilícita. Corrales acompañaba a su jefe en todos los operativos.

lunes, 16 de mayo de 2011

Otro miembro de la familia judicial involucrado en la represión

DETUVIERON A UN EX JUEZ EN LA RIOJA
Roberto Catalán, ex magistrado federal de La Rioja, está acusado de "imposición de tormentos, incumplimiento de los deberes de funcionario y falsedad ideológica". Hasta ahora el único juez condenado por delitos de lesa humanidad es el santafesino Víctor Brusa, que recibió una pena de 21 años de prisión por participar en sesiones de tortura en 1976 y 1977. En Mendoza se investiga la complicidad los camaristas federales Otilio Romano y Luis Francisco Miret, mientras en Córdoba hay un proceso similar abierto contra dos fiscales y un ex magistrado.
El pasado viernes por la tarde se le recibió declaración indagatoria a Catalán, y finalizada la misma el juez Daniel Herrera Piedrabuena ordenó la detención y alojamiento en el Servicio Penitenciario Provincial, pero debido al estado de salud del imputado se dispuso "preventivamente" la prisión domiciliaria.
Catalán fue denunciado por Leopoldo Juan González, quien expresó que luego de ser detenido en abril de 1976, fue visitado dos años después por el entonces juez Catalán en el Batallón de Ingenieros en Construcciones 151 de La Rioja. Según la declaración de González, Catalán le notificó que habían encontrado en su domicilio "una carpeta con materiales subversivos, a lo que respondí que siendo escritor yo entendía que dichos volantes y papeles recogidos en actos en la calle, eran para mi documentos históricos y servirían para algún día escribir sobre los acontecimientos vividos en el país antes del golpe".
"También me notificó que habían encontrado una pistola calibre 22 que reconocí como mía. Cuando quise declarar sobre las torturas recibidas, se negó a ponerlo en el escrito diciendo que 'esas cosas no tenían valor por haber pasado mucho tiempo', y que era mejor olvidar", detalló. Catalán "dio por terminada la declaración, dobló la hoja y pretendió que la firmara, cuando me negué, el escribiente dio la vuelta al escritorio me tomó de los pelos y tirando mi cabeza para atrás me metió una pistola en la boca, diciendo que si no firmaba era boleta, así firmé lo que no fue mi declaración, sino lo que el Dr. Roberto Catalán quiso poner", indicó González.
Ante dicha denuncia, el Ministerio Público Fiscal, representado por Marta Kunath, fiscal federal subrogante, promovió acción penal en contra Catalán, solicitando su detención, que finalmente ordenó el juez Herrera Piedrabuena.
Mientras tanto, hace un mes en Córdoba la Justicia dejó la puerta abierta para seguir investigando a los ex fiscales federales Alí Fuad Alí y Antonio Sebastián Cornejo y al ex juez federal Miguel Angel Puga, a partir de la decisión de la Cámara Federal de Apelaciones cordobesa de rechazar por unanimidad los planteos de prescripción elevados por los abogados defensores. La causa está también en manos de Herrera Piedrabuena.
En Mendoza, el fiscal general Omar Palermo detalló la connivencia de la Justicia con los represores y solicitó que se cite a declaración indagatoria a los actuales camaristas federales de Mendoza Otilio Romano y Luis Francisco Miret y al ex juez Gabriel Guzzo, entre otros, por abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, por omitir hacer cesar detenciones ilegales y por encubrir por omisión el deber de denuncia. Calificaciones que tributan en delitos de lesa humanidad. Miret y Romano ya fueron denunciados ante el Consejo de la Magistratura por organismos de derechos humanos y el propio ministro de Justicia provincial.

viernes, 6 de mayo de 2011

En Argentina inician alegatos por crímenes cometidos por el ESMA durante la última dictadura












El juicio oral contra 17 integrantes del grupo de tareas acusados de delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) durante la última dictadura argentina (1976-1983), entró este jueves en su etapa final con el inicio de los alegatos que este viernes determinarán los primeros pedidos de sentencias.

Ante el proceso judicial, que se lleva a cabo en el El Tribunal Oral Federal 5 de Buenos Aires (Capital), el secretario de Derechos Humanos de ese país suramericano, Eduardo Luis Duhalde, exigió una "alta condena" para todos los represores enjuiciados, entre los que se encuentra el ex marino Alfredo Astiz.

"Sin poder anticipar la sentencia, porque eso es propio del tribunal, creo, sin duda, que va a haber una alta condena para la mayoría de los procesados", aseveró Duhalde.

Todos los criminales están acusados de al menos 86 casos de delitos de lesa humanidad cometidos en la principal cárcel clandestina de la dictadura militar de Argentina (1976-1983).

Las audiencias de los alegatos se iniciaron después de que el pasado abril un tribunal de Argentina condenara a prisión perpetua al ex dictador Reynaldo Bignone por crímenes de lesa humanidad en perjuicio de diez víctimas del último régimen militar.

Sin embargo, Duhalde remarcó que la "megacausa" de la ESMA no cierra el capítulo de los abusos en la dictadura, ya que "hay juicios muy importantes en trámite, como la masacre de Margarita Belén (fusilamiento de una treintena de presos políticos en 1976), de la que se espera la sentencia dentro de dos o tres meses".

"Se perdieron veinte años con las leyes de impunidad. Muchos represores murieron, pero también muchos testigos y familiares de víctimas. Y ese tiempo perdido no se recupera (…) lógicamente, las víctimas desearían que los juicios fuesen más rápidos", comentó en torno al tiempo transcurrido desde los crímenes hasta los juicios.

Pese a esta afirmación el activista insistió en que "es preferible una justicia tardía a una injusticia eterna".

De casi cinco mil casos, se evalúan 86  

Paralelo a las declaraciones de Duhalde, este jueves el abogado de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Martín Rico, expresó que el Gobierno “alegará en nombre de los 30 mil desaparecidos y de todas las víctimas del terrorismo de Estado”.

Rico indicó que el juicio es por 86 victimas, pero que realmente fueron  de las casi cinco mil que pasaron por la ESMA.

Los medios locales explicaron que la penalidad corresponde al delito de coautores directos de las privaciones ilegales de libertad y cinco homicidios.

Los asesinatos corresponden a los miembros del grupo cuyos cuerpos fueron hallados en playas de la Costa Atlántica y enterrados luego de ser arrojados de los conocidos “vuelos de la muerte”, que según fuentes extraoficiales, fueron el mecanismo de muerte para miles de personas que fueron arrojadas al mar vivas y anestesiadas desde aviones militares.

Este proceso judicial por los crímenes de la ESMA comenzó en diciembre de 2009 y en él se juzgan el secuestro y desaparición del escritor Rodolfo Walsh, el 25 de marzo de 1977, cuyo cuerpo fue visto por sobrevivientes en la ESMA.

También incluye las muertes de las monjas francesas Alice Domon y Leonie Duquet.

Por otro lado, se busca hacer justicia por los casos de otras 63 víctimas que estuvieron secuestradas en la ESMA.

En el juicio están acusados 17 represores, entre ellos el canciller de la dictadura Oscar Montes, Adolfo Donda y Antonio Pernías.

viernes, 15 de abril de 2011

Jorge Rafael Videla se quebró


Por Ricardo Ragendorfer
Vueltas de la vida. O, mejor dicho, una parábola biográfica que ni siquiera hubiese imaginado el más febril hacedor del realismo mágico: el otrora poderoso teniente general que llegó a la jefatura del Ejército para encabezar la dictadura más sangrienta de la historia argentina tal vez no comprenda el desafortunado vuelco que dio el carácter de sus títulos y honores; de hecho, ahora ese hombre sólo es el “interno Videla, Jorge Rafael”, según los registros de su actual lugar de residencia, la Cárcel Federal de Campo de Mayo (U34).
Con dos condenas a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad y con un juicio en marcha por su papel en el plan sistemático de robo de bebés, el viejo ex militar acaba de violar otra norma, esta vez, la ley de la gravedad. Durante la tarde del 15 de marzo, mientras deambulaba con otros genocidas por el patio del presidio, súbitamente perdió la vertical. Y su brazo derecho, aquel brazo firme con el que hace 35 años trazó su camino hacia el poder absoluto, se quebró en varias partes. “Fractura diafisaria y subcapital del húmero”, dirían los médicos. Un verdadero guiño del infierno.
El recurso del método. Durante la mañana del 17 de octubre de 1975, el elegante Hotel Casino Carrasco, situado a nueve kilómetros de la ciudad de Montevideo, parecía una fortaleza; en sus alrededores había un dispositivo que incluía carros de asalto, tanques y tropas armadas con ametralladoras y fusiles automáticos. Ningún civil podía acercarse. Y en ello había una razón de peso: allí se desarrollaba la XI Conferencia de los Ejércitos Americanos, cuyo tema central era la lucha contra la “infiltración marxista en la región”. Los representantes de unos 17 ejércitos reunidos en un salón del segundo piso estallaron en una sonora ovación cuando el general uruguayo Luis Queirolo, quien oficiaba como secretario del evento, le cedió la palabra al delegado argentino: el teniente general Jorge Rafael Videla. Unas semanas antes había sido designado comandante en jefe del Ejército. Y ahora abriría su ponencia con una frase filosa y elocuente:
–Si es preciso, en Argentina deberán morir todas las personas necesarias para lograr la seguridad del país.
Sabía de lo que hablaba.
Por ese entonces, en el más absoluto de los secretos, había comenzado a sesionar el llamado Equipo Compatibilizador Interfuerzas (ECI). Se trataba de una suerte de estado mayor clandestino, integrado por el Ejército, la Armada y la Aeronáutica, cuya tarea primordial consistía en delinear las coordenadas de la represión ilegal y a la vez lubricar los engranajes del aparato golpista.
–Esta lucha va a traer abusos y algún que otro error, pero habrá un costo menor en vidas humanas que en un conflicto prolongado –advirtió Videla, mientras sacudía el brazo derecho como para espantar a una mosca imaginaria.
Quizás en ese instante se haya visto a sí mismo en una ya remota mañana de 1973 efectuando su ronda de despedida por el Colegio Militar en su calidad de director; días antes había sido ascendido a general y estaba por hacerse cargo de la jefatura del Primer Cuerpo. En tales circunstancias, entró a un aula. Allí un instructor dialogaba con los cadetes de tercer año acerca del “problema de la subversión”. Y él se interesó por el asunto.
–¿De qué hablaban? –preguntó, como para romper el hielo.
Los alumnos se lo explicaron, y uno de ellos resumió la posición del grupo con las siguientes palabras:
– Pensamos que a los extremistas hay que eliminarlos sin miramientos.
El instructor dijo lo suyo:
–No coincido con esa idea, mi general. Habría que instrumentar tribunales militares con capacidad para dictar la pena de muerte.
Su nombre era Ricardo Brinzoni y por entonces tenía grado de teniente. Videla lo miró y, simplemente, dijo:
–Yo no estoy en desacuerdo con los cadetes de tercer año.
Y siguió su camino.
Es posible que al evocar tal episodio, Videla haya caído en la cuenta de que esos jóvenes ya eran subtenientes. Y que algunos participarían activamente en la aplicación del terrorismo de Estado.
Esa misma noche regresó de Montevideo a bordo de un avión militar. Tal vez entonces escrutara el horizonte marrón del Río de la Plata, en cuyas aguas poco después comenzarían a ser arrojadas sus víctimas. Y quizá pensara que la profundidad de su lecho estaba a la altura del escalofriante secreto que debía guardar.
Porque ya por entonces era consciente de que la estrategia de su cruzada consistía simplemente en desatar una cacería contra la sociedad civil, dado que –según su lógica– en ella estaba depositada “la fortaleza de la subversión marxista”. Es decir: su retaguardia. Acerca de este asunto había departido hasta el cansancio con su maestro y único amigo, el general retirado Hugo Miatello. Éste solía decir: “En esta guerra no hay un frente palpable”. Y luego, invariablemente, agregaba: “Acá, el enemigo está por todos lados”.
El tipo era un estudioso de la guerra de Indochina. Y creía haber encontrado grandes coincidencias entre la situación política del sudeste asiático y la que imperaba por esos días en la Argentina. Videla, desde luego, le creía a pies juntillas.
Tanto es así que su principal estrategia para “pacificar” al país se basaría en el uso intensivo de la inteligencia a partir de informaciones arrancadas mediante la tortura. Según aquella tesitura, en la denominada “lucha contra la subversión”, las verdaderas batallas se librarían en los interrogatorios. Esa iría a ser la columna vertebral de las operaciones militares. Y para dicho propósito era necesario armar un ejército secreto, integrado por oficiales y suboficiales organizados en pequeñas células terroristas, con identidades ocultas, vehículos no identificables, centros clandestinos de detención y mandos paralelos.
Así, con esa ligereza mental, fue concebido el Estado terrorista. El resto de la historia es conocido.
Videla supo ser un sujeto de pocas palabras. Y sólo una cita suya fue digna de pasar a la posteridad: “Los desaparecidos no están, no existen, no son. No están ni vivos ni muertos, están desaparecidos”.
La ira de Dios. Videla, hijo de un capitán del Ejército, fue bautizado con el nombre de dos muertos: sus hermanos Jorge y Rafael, quienes fallecieron de sarampión en 1921, dos años antes de que él naciera en una casa apenas separada por un alambrado del Regimiento VI de Mercedes. Ambas circunstancias le moldearon el alma y también su destino. Casado con la hija de un embajador de cuño conservador, padre diligente, miembro de Acción Católica y cursillista fervoroso, dueño de un carácter parco, aunque afable, nunca se interesó en demasía por las cuestiones políticas; simplemente creía en el Ejército como único y último baluarte de la Nación. Tanto es así que, en nombre de tales valores privados y públicos, se convertiría en un genocida. Y, a la vez, en una muestra viviente de la banalidad del mal.
Ahora, prisionero de por vida por sus crímenes, quebrado –al menos, en el aspecto óseo– y cautivo en el basurero de la Historia, el “interno Videla, Jorge Rafael”, sólo es un cadáver insepulto que aguarda su turno de ingreso en el Reino de las Tinieblas.
Que su querido Dios se apiade de su alma.

La Argentina ahora es un país más seguro

EL REPRESOR LUIS ABELARDO PATTI RECIBIO SU PRIMERA CONDENA POR DELITOS DE LESA HUMANIDAD
El ex policía y ex intendente de Escobar recibió prisión perpetua a ser cumplida en un establecimiento del Servicio Penitenciario. Reynaldo Bignone, Santiago Omar Riveros y Martín Rodríguez fueron condenados a la misma pena. A un quinto acusado le dieron seis años.
 Por Victoria Ginzberg
Los brazos se unieron en los respaldos de las sillas. Los hermanos Gastón y Manuel Gonçalves, Juana, Diego y Antonio Muniz Barreto, Soledad D’Amico y sus abogados formaron un lazo que los contenía a todos. Cuando la jueza Lucía Larrandart terminó de leer el fallo, se miraron entre ellos, intentaron secarse las lágrimas que seguían apareciendo, se pararon y se abrazaron. La presidenta del Tribunal Oral Federal 1 de San Martín acababa de anunciar la condena de Luis Abelardo Patti, Reynaldo Benito Bignone y otros tres represores por los secuestros, tormentos y asesinatos de sus padres.
Patti, Bignone, Santiago Omar Riveros y Martín Rodríguez recibieron prisión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua más accesorias legales y pago de costas. Al quinto acusado, Juan Fernando Meneghini, le tocaron seis años. Meneghini fue comisario de la 1a de Escobar durante la última dictadura, pero el tribunal consideró que no había tantas pruebas en su contra y no lo culpó por homicidios o tormentos. Más allá de este dato, que los querellantes evaluarán si apelarán o no después del 5 de mayo, cuando conozcan los fundamentos, los abogados, fiscales y familiares de las víctimas se retiraron satisfechos del auditorio Hugo del Carril, en José León Suárez, donde se realizó el juicio.
El dato clave de la decisión judicial de ayer, que fue aplaudido tanto o más que las condenas, lo aportó la jueza cuando comunicó que “el cumplimiento de la pena impuesta a todos los acusados se llevará a cabo en un establecimiento del Servicio Penitenciario Federal” y anuló en el acto la prisión domiciliaria de Meneghini. El policía era el único de los acusados que estaba en la sala cuando se leyó la sentencia. El resto habría optado por permanecer en una habitación contigua. No se informó si Patti llevaba puesto su disfraz de enfermo terminal –que incluye un cuello ortopédico y una camilla– que lució las pocas veces que se dejó ver durante el juicio. El ex intendente de Escobar está actualmente alojado en la clínica Fleni de esa localidad, donde, se supone, se repone de un accidente cerebrovascular. Según se desprende del fallo, el represor podría seguir internado, pero en prisión. Una opción podría ser Ezeiza, donde hay un centro de salud nuevo.
“Es un show para victimizarse. Tiene algo, pero no es un cuadro de la gravedad que quiere mostrar”, opinaron los fiscales Augusto de Luca y Marcelo García Berro, que junto con Juan Murray fueron los delegados de la Procuración en este juicio y se fueron con la satisfacción del deber cumplido.
“Es un cobarde, como lo demostró todo este tiempo y cuando aparece con la camilla me da vergüenza ajena”, dijo a Página/12 Manuel Gonçalves apenas bajó del estrado. Lo importante para él, en ese momento, era cosechar: “Esto es fruto de tanto esfuerzo y peleas, como nos enseñaron las Madres y las Abuelas, porque aunque hubo momentos de derrota, nuestro objetivo era llegar a este día, en el que un tribunal dicte sentencia. Siendo uno de los protagonistas del avasallamiento de la democracia, Patti usó las instituciones para sostener su impunidad. Tuvimos que trabajar el doble que en otros casos. Nos insultaba a todos queriendo ostentar cargos públicos. Y no hay que olvidarse que sus alianzas políticas, por ejemplo con el duhaldismo, llegan hasta hoy”.
Tanto los familiares de las víctimas como los abogados Ana Oberlin y Pablo Llonto destacaron el largo camino que tuvieron que atravesar para que Patti sea condenado. “Fue un caso muy difícil, más complejo que otros, tuvimos que pelear para que no sea diputado, ni candidato, tuvimos amenazados a un montón de testigos. Hasta la prueba, que parecía complicada, se demostró que era contundente”, manifestó Oberlin.
“Es un día histórico. Esto es un alivio y fortalece a la democracia. Patti es un emblema, es tan asesino como los demás, pero se sustrajo a la Justicia y engañó a la sociedad. Ahora se terminó de derribar esa patraña que alguna gente creía, ahora ya nadie le puede creer, salvo los que sean como él o les convenga”, dijo a Página/12 la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, mientras se sacaba una foto con dos muchachas que la abordaron con una cámara digital. Mientras intentaba salir del auditorio y antes de que se acercara otro grupo cámara en mano, agregó: “Cárcel común y cadena perpetua son dos frases para poner en bronce. Es un triunfo del pueblo”.

Víctimas, testimonios, pruebas

Patti, Bignone, Riveros y Rodríguez fueron condenados por los secuestros, aplicación de tormentos y asesinatos de Gastón Gonçalves y Diego Muniz Barreto; el secuestro, aplicación de tormentos y tentativa de homicidio de Juan Fernández, las desapariciones de Carlos Souto y Luis y Guillermo D’Amico y la detención ilegal de Osvaldo Arriosti.
El ex diputado Muniz Barreto y Fernández, que era su secretario, fueron secuestrados en Escobar en febrero de 1977. Los llevaron a la comisaría de la zona, a la Unidad Regional Tigre y finalmente a Campo de Mayo. De allí salieron el 5 de marzo en un Fiat 128 adormecidos con alguna sustancia. Fueron arrojados con el auto a un arroyo cercano a Raíces Oeste, en Entre Ríos. Muniz Barreto murió, pero Fernández sobrevivió y antes de irse al exilio dejó su testimonio ante un escribano público.
Patti está implicado en este caso desde el principio. La ex esposa de Muniz Barreto lo denunció en 1977. Así figura en una presentación hecha ante la Nunciatura por la mujer. Un amigo de la familia declaró en la causa que el 17 de febrero se entrevistó con un hombre que dijo venir de parte de Muniz Barreto (era familiar de un preso de la comisaría de Escobar) que le entregó una nota de puño y letra del diputado que decía: “Movete rápido, estamos en Escobar. Nos detuvo el suboficial inspector Luis A. Patti”. Muniz Barreto mandó dos mensajes más de este tipo que llegaron a la familia y a su empresa. Según el informe del personal de la comisaría de Escobar, Patti fue promovido el 7 de marzo de 1977, un día después del asesinato de Muniz Barreto.
Los secuestros de Souto, los hermanos D’Amico y Arriosti se produjeron en 1977 en la zona de Garín. Arriosti sobrevivió a su cautiverio e identificó a Patti como uno de los hombres que lo capturó.
Gonçalves fue secuestrado el 24 de marzo de 1976 en Zárate. Dos testigos narraron que estuvieron detenidos con él en un camión celular ubicado detrás de la comisaría de Escobar, donde Patti cumplía funciones de oficial subinspector. El 2 de abril de 1976 el cadáver de Gonçalves fue dejado en el paraje El Cazador, en la ruta 4. Lo habían fusilado y después incinerado. Veinte años más tarde, el cuerpo, que estaba enterrado en el cementerio de Escobar como NN, fue identificado por el Equipo Argentino de Antropología Forense. Unos meses antes de su secuestro, Gonçalves y su mujer habían discutido con Patti a raíz de la organización de un acto en Escobar. “Ya vas a ver lo que te va a pasar. Te voy a hacer matar”, lo amenazó el policía.
Patti, representado por Silvio Duarte y el ex juez Alfredo Bisordi, intentó mostrarse como un “perseguido político” pero testimonios y pruebas documentales desarmaron su estrategia. Durante el juicio, por ejemplo, se presentó un volante elaborado en 1975 por la Juventud Peronista –que terminó archivado en la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires– en el que se denunciaba que en la comisaría de Escobar “se atropellaba la dignidad humana” y se mencionaba al oficial “Patti” como uno de los “siniestros personajes que llevan a cabo estos bestiales hechos”.

Canciones

Los acusados tuvieron la posibilidad de decir sus “últimas palabras” por la mañana. Hicieron uso de su derecho Bignone y Rodríguez. El primero aprovechó para criticar a Carlotto, que había narrado, en la causa sobre el plan sistemático de apropiación de bebés, dos encuentros que tuvo con él. “Me arrepiento de haberle abierto mi casa y mi corazón”, dijo el represor. Carlotto contestó después: “No dijo que se arrepentía de los crímenes que cometió”. Rodríguez, que hasta febrero del año pasado fue profesor en la Universidad Católica de Salta, hizo un largo alegato político que hasta incluyó una queja porque no se había sancionado el 82 por ciento móvil para los jubilados, lo que provocó la risa del público.
La condena a Rodríguez fue ponderada por Llonto. “Hace mucho sabíamos que había un represor al que llamaban ‘Toro’, pero recién el año pasado pudimos identificarlo y ya está condenado. Debe ser el caso que más rápido se resolvió”, señaló.
Juana Muniz Barreto apretaba dos pulseras de mostacillas de colores y pelo de elefante. Se las trajo su papá de Africa, cuando viajó para escapar de persecuciones de la Triple A y las levó al juicio también el día que declaró. Ante las cámaras de televisión que la abordaban después del fallo contaba que ahora le toca hacer de mamá. “Tengo dos hijos y no creo haber sido mala madre hasta ahora. Les dejo el legado de pelear por lo que uno cree justo, pero hasta ahora estuve muy dedicada a mi papá. Ahora es el momento de mis hijos.”
Cuando Larrandart leyó la decisión que ella y sus colegas Horacio Segretti y María Lucía Cassain habían tomado, en el auditorio se escucharon aplausos y gritos. Muchos “bravo” y algún “vamos Argentina”. Se alzaron decenas de fotos en blanco y negro de desaparecidos vistos en Campo de Mayo y se entonó el clásico “Como a los nazis, les va a pasar, adonde vayan los iremos a buscar”. Afuera se habían montado dos pantallas gigantes y un escenario al que luego subirían Los Auténticos Decadentes. Allí, mientras hablaba la jueza, se escuchó una canción compuesta especialmente para la ocasión: “Miren, miren que alegría/ miren, miren qué emoción/ Luis Abelardo Patti se pasea en tanga por el pabellón”.