Los internos corren desnudos y mojados por el patio, sólo uno llegó a ponerse un calzoncillo al salir de la ducha, mientras los guardiacárceles los persiguen con barras de metal. No es un motín en la cárcel de San Felipe en Mendoza, sólo otro de los divertimentos sádicos que fueron filmados con el celular de un agente penitenciario, que hasta tituló el video: “Policías en acción”. El material fue difundido ayer por el noticiero Visión 7, junto a una filmación de un guardia que lanza una llamarada a un interno que pide fuego para prender un cigarrillo y otra de dos guardias practicando boxeo. “Las torturas no son aisladas, forman parte del problema institucional de las penitenciarías de Mendoza”, aseguró Pablo Salinas, abogado del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos.
Diego Lavado, otro de los abogados que como Salinas denuncia esta situación desde el 2004, explicó que las corridas son “un juego” de los guardiacárceles, a los que se ve con guantes de látex: “Cronometran el tiempo que tardan los presos en llegar y, si se demoran, los castigan”. Lavado, integrante de la asociación Xumex, entregó 400 videos a la Justicia en febrero pasado, luego de que un familiar de un preso encontrara ese celular que el penitenciario Daniel Perón había perdido.
“Fuego para un pucho” se llama el pequeño clip que muestra a un guardia apretando un desodorante sobre el fuego del encendedor, luego de que un interno que está dentro de la celda le pide fuego para fumar. El tercer video difundido, comentó Lavado, “es una práctica de box entre guardias, uno de ellos, pelirrojo, es el que después aparece moliendo a trompadas a William Vargas”. La imagen de Vargas, de 19 años, recorrió decenas de noticieros nacionales e internacionales a principios de febrero y fue publicada en este diario.
Este joven, condenado a tres años por la tenencia simple de siete plantines de marihuana, recibió esa golpiza luego de pasar por la enfermería, donde los guardias consiguieron el certificado médico para encubrirse. “Luego de golpearlo, lo dejaron 15 días en una celda de aislamiento, para que no se noten los golpes. Todo el sistema de la cárcel se confabula en estos casos”, denunció Lavado. Tras el escándalo inicial fueron cesanteados el jefe de Seguridad Interna mendocina, Leonardo Carabajal; el jefe de Servicio y de Turno del Penal, Ramón Birlonga, y Rodolfo Valdez.
“Además siguen detenidos cuatro guardias, un gran avance. Muchas veces se aplica la figura de ‘apremios’ que es excarcelable. Pero el fiscal Santiago Garay determinó que se trató ‘torturas’, un delito que desde la vuelta a democracia, cuando se modificó el Código Penal, se equiparó al de homicidios, con penas entre 8 y 25 años”, explicó el abogado Pablo Salinas. En Mendoza, agregó, estos delitos se vienen denunciando desde 2004 y llegaron hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que un año después obligó a las autoridades a auditar las cárceles.
La auditoría se levantó en 2010 y el reclamo de las organizaciones de derechos humanos nuevamente llegó a la CIDH para que se proteja la integridad física y psíquica de las personas privadas de su libertad. Mientras tanto, coincidieron Lavado y Salinas, es importante que se apruebe el protocolo facultativo de las Naciones Unidas para prevenir la violencia en la cárceles, institutos de menores u hospitales psiquiátricos. El proyecto, a nivel nacional, tiene media sanción, al igual que en Mendoza, donde se analizó luego del escándalo público que generó la difusión de los videos de la cárcel San Felipe.
El protocolo es complementario de la firma de la Convención contra la Tortura de la ONU. Establece que el comité, que trabaja ad honorem y es independiente, y un procurador penitenciario elegido con un proceso similar al utilizado para elegir jueces, puede hacer inspecciones sin ningún tipo de restricción.
Por su parte, Salinas advirtió que en la institución penitenciaria “todavía hay influencias de la dictadura, en especial de la escuela de (Julio César) Santuchone”. Hace pocas semanas, en medio de los juicios a los represores, las organizaciones de derechos humanos obligaron a que se saque el cuadro del represor Santuchone, colgado en un museo de la policía en la Comisaría séptima de la ciudad de Mendoza.
En el celular de Perón aún quedan videos sin difundir. “Hay uno en el que se ve que un penitenciario le mete su miembro masculino en la boca a otro que se quedó dormido haciendo guardia. Parece que estuvieran en un viaje de egresados. Se mezclan las torturas con los chistes estúpidos”, comentó Lavado, quien cree que el material, además de servirle a la Justicia, podría ser de “interés para los psicólogos del personal penitenciario”. Es que Perón tenían 1600 videos en total: “Era un cineasta fracasado”.
Por Emilio Ruchansky