La Unidad 48, un penal todo servicio

TRAS LA DENUNCIA DEL DESARMADERO, EN EL PENAL DE SAN MARTIN VIOLARON A UN PRESO

Después de publicada la información en Página/12 sobre las actividades ilegales en el penal, fue desplazado un oficial de poca relevancia. Los presos denunciantes están siendo derivados a otras cárceles. En el penal, no elevaron la denuncia del preso violado.

 Por Horacio Cecchi

Una semana después de la denuncia de que en la Unidad Penal 48 los presos salían a robar autos, que había un desarmadero y venta de drogas, el Servicio Penitenciario Bonaerense desplazó a un oficial que aparece escrachado en fotos y denuncias de los presos. La medida fue tomada un día después de publicada la información en la tapa de Página/12. A su vez, a los denunciantes, presos universitarios a quienes el director del penal los conoce como “los retobados”, comenzaron a apartarlos del pabellón de estudiantes, para derivarlos luego a otras unidades, donde serán recibidos no precisamente con las palmas. Pero en tanto, el lunes 7, a las 2 de la madrugada, dos internos violaron a otro después de que la guardia liberara el pabellón. El delito no fue denunciado ni por el médico que lo atendió ni por la guardia. Al día siguiente, otro preso fue internado en un hospital externo después de que le atravesaran un pulmón de un facazo.

El oficial se llama Eloy Guerra. Es el mismo que, según consta en el expediente judicial, aparece en fotos junto a un grupo de presos, todos vestidos con partes del uniforme del SPB y que fuera denunciado como proveedor de armas, marihuana, pasta base, cocaína y Rivotril, según informó en su nota el periodista Horacio Verbitsky.

Ocho días después de presentada la primera denuncia sobre el desarmadero penal y la banda de presos y carceleros, y horas después de que fuera pública la información, comenzó el castigo sobre los denunciantes, los internos estudiantes universitarios a quienes comenzaron a alojar en otros pabellones, para luego enviarlos a otros penales. A juzgar por los antecedentes, el castigo era previsible: según confió a este cronista un investigador del fuero judicial de San Martín, el director de la unidad, Raúl Galeano, suele decir que “el problema en el penal son los estudiantes, que siempre se me retoban”.

Mientras tanto, pocas horas después de publicada la nota en este diario, dos internos violaron a un preso que fue arrojado a la celda luego de liberar el pabellón, es decir, abandono de la guardia. La víctima, de 28 años, de conducta ejemplar 10 en los últimos tres años, estaba alojado en el penal contiguo, la U46. Sin motivo valedero informado, el domingo a última hora fue trasladado a la U48. Lo enviaron al peor pabellón, según consignan presos, abogados y funcionarios judiciales: el Pabellón 12, de Tránsito. Hacinado al doble de su capacidad, al recién llegado lo entregaron en la celda 2, donde fue atacado por dos de los tres internos, le asestaron varios facazos –uno le provocó una herida importante en un brazo– y le robaron las zapatillas. Después de controlado, lo violaron.

Ayer, el Comité Contra la Tortura, de la Comisión Por la Memoria, presentó un hábeas corpus protectivo a favor de la víctima. En el texto cita la denuncia de uno de los testigos quien aseguró que “al momento del hecho se encontraba un oficial de apellido Lavallén, quien dejó actuar a los detenidos y según nos comenta le dijo: ‘Denunciame, total tu jueza ya me cagó la vida’, y se retiró del pabellón”. El inspector de vigilancia adjutor Ezequiel Lavayén es quien recorría el 12 en ese momento. La jueza a la que se refiere en la denuncia es María del Carmen Rodríguez Melluso, del Juzgado de Ejecución 1.

Luego de la violación, la víctima fue trasladada a sanidad, donde lo primero que dijo al médico fue: “Fui violado y quiero denunciarlo”. El médico le suturó el brazo, lo revisó y sacó la conclusión de que tenía algún rasponcito en el ano. Tampoco hizo la denuncia como corresponde por tratarse de un delito gravísimo. La reacción de la guardia fue de tarde de siesta de pueblo: levantaron el teléfono y llamaron a la fiscalía 3. “Si fue violado comuníquese a la 14”, respondieron desde la fiscalía. La 14, donde se encuentra el fiscal Miguel Angel Vieira Miño, es la unidad de investigación de Delitos Sexuales. Los guardias cortaron pero no volvieron a llamar. El secretario de Ejecución Penal de la Defensoría, Juan Manuel Casolati, se enteró el martes 8 a las 22.30 por un llamado telefónico del familiar de un preso, poniéndolo en aviso de que en “la celda 2 del pabellón 12 hay un preso violado”.

Casolati se presentó el miércoles por la mañana y recibió el testimonio de la víctima, hizo un acta, y constató que las actuaciones realizadas por la guardia no habían superado la prueba del primer llamado. Ayer, se presentó en la fiscalía 14 para realizar la denuncia por violación, dio testimonio y entregó el acta correspondiente. En su testimonio citó que “los internos denuncian que el Servicio entrega muchachos a los presos pesados”.

Ayer se agregó el hábeas corpus presentado por los internos universitarios a la jueza Rodríguez Melluso. En él solicitan dejar de ser desplazados del pabellón universitario y trasladados a otros penales, pidieron mantener la posibilidad de continuar con sus estudios, reclamaron por la comida y el cese de los hostigamientos.

Los nuevos videos de las torturas

Después de la primera difusión sobre los apremios en la cárcel de San Felipe, ayer hubo nuevos videos. En uno se ve a guardias que golpean a presos desnudos que corren en el patio. Luego festejan la tarea y saludan a cámara. Por el caso hay cuatro detenidos.

 Por Emilio Ruchansky

Los internos corren desnudos y mojados por el patio, sólo uno llegó a ponerse un calzoncillo al salir de la ducha, mientras los guardiacárceles los persiguen con barras de metal. No es un motín en la cárcel de San Felipe en Mendoza, sólo otro de los divertimentos sádicos que fueron filmados con el celular de un agente penitenciario, que hasta tituló el video: “Policías en acción”. El material fue difundido ayer por el noticiero Visión 7, junto a una filmación de un guardia que lanza una llamarada a un interno que pide fuego para prender un cigarrillo y otra de dos guardias practicando boxeo. “Las torturas no son aisladas, forman parte del problema institucional de las penitenciarías de Mendoza”, aseguró Pablo Salinas, abogado del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos.

Diego Lavado, otro de los abogados que como Salinas denuncia esta situación desde el 2004, explicó que las corridas son “un juego” de los guardiacárceles, a los que se ve con guantes de látex: “Cronometran el tiempo que tardan los presos en llegar y, si se demoran, los castigan”. Lavado, integrante de la asociación Xumex, entregó 400 videos a la Justicia en febrero pasado, luego de que un familiar de un preso encontrara ese celular que el penitenciario Daniel Perón había perdido.

“Fuego para un pucho” se llama el pequeño clip que muestra a un guardia apretando un desodorante sobre el fuego del encendedor, luego de que un interno que está dentro de la celda le pide fuego para fumar. El tercer video difundido, comentó Lavado, “es una práctica de box entre guardias, uno de ellos, pelirrojo, es el que después aparece moliendo a trompadas a William Vargas”. La imagen de Vargas, de 19 años, recorrió decenas de noticieros nacionales e internacionales a principios de febrero y fue publicada en este diario.

Este joven, condenado a tres años por la tenencia simple de siete plantines de marihuana, recibió esa golpiza luego de pasar por la enfermería, donde los guardias consiguieron el certificado médico para encubrirse. “Luego de golpearlo, lo dejaron 15 días en una celda de aislamiento, para que no se noten los golpes. Todo el sistema de la cárcel se confabula en estos casos”, denunció Lavado. Tras el escándalo inicial fueron cesanteados el jefe de Seguridad Interna mendocina, Leonardo Carabajal; el jefe de Servicio y de Turno del Penal, Ramón Birlonga, y Rodolfo Valdez.

“Además siguen detenidos cuatro guardias, un gran avance. Muchas veces se aplica la figura de ‘apremios’ que es excarcelable. Pero el fiscal Santiago Garay determinó que se trató ‘torturas’, un delito que desde la vuelta a democracia, cuando se modificó el Código Penal, se equiparó al de homicidios, con penas entre 8 y 25 años”, explicó el abogado Pablo Salinas. En Mendoza, agregó, estos delitos se vienen denunciando desde 2004 y llegaron hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que un año después obligó a las autoridades a auditar las cárceles.

La auditoría se levantó en 2010 y el reclamo de las organizaciones de derechos humanos nuevamente llegó a la CIDH para que se proteja la integridad física y psíquica de las personas privadas de su libertad. Mientras tanto, coincidieron Lavado y Salinas, es importante que se apruebe el protocolo facultativo de las Naciones Unidas para prevenir la violencia en la cárceles, institutos de menores u hospitales psiquiátricos. El proyecto, a nivel nacional, tiene media sanción, al igual que en Mendoza, donde se analizó luego del escándalo público que generó la difusión de los videos de la cárcel San Felipe.

El protocolo es complementario de la firma de la Convención contra la Tortura de la ONU. Establece que el comité, que trabaja ad honorem y es independiente, y un procurador penitenciario elegido con un proceso similar al utilizado para elegir jueces, puede hacer inspecciones sin ningún tipo de restricción.

Por su parte, Salinas advirtió que en la institución penitenciaria “todavía hay influencias de la dictadura, en especial de la escuela de (Julio César) Santuchone”. Hace pocas semanas, en medio de los juicios a los represores, las organizaciones de derechos humanos obligaron a que se saque el cuadro del represor Santuchone, colgado en un museo de la policía en la Comisaría séptima de la ciudad de Mendoza.

En el celular de Perón aún quedan videos sin difundir. “Hay uno en el que se ve que un penitenciario le mete su miembro masculino en la boca a otro que se quedó dormido haciendo guardia. Parece que estuvieran en un viaje de egresados. Se mezclan las torturas con los chistes estúpidos”, comentó Lavado, quien cree que el material, además de servirle a la Justicia, podría ser de “interés para los psicólogos del personal penitenciario”. Es que Perón tenían 1600 videos en total: “Era un cineasta fracasado”.