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jueves, 9 de febrero de 2012

Garzón, condenado a 11 años de inhabilitación por prevaricación en las escuchas de Gürtel

La condena, impuesta por unanimidad por los siete magistrados del tribunal
Sostienen que Garzón restringió el derecho de defensa de los implicados
La sentencia supone en la práctica el fin de su carrera al tener 57 años



El juez Baltasar Garzón ha sido condenado a 11 años de inhabilitación por prevaricación por el Tribunal Supremo por ordenar las escuchas del caso Gürtel entre los presuntos cabecillas y sus abogados,informa Cristina Ónega.

La sentencia supone en la práctica el fin de la carrera de Baltasar Garzón, de 57 años, con la "pérdida definitiva" de la condición de juez del hasta ahora titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, cuya plaza perderá.

La sentencia ha sido acordada por unanimidad por los siete magistrados del tribunal, presidido por Joaquín Giménez, que juzgaban a Garzón. Es la primera sentencia de los tres procesos abiertos en el alto tribunal al juez de la Audiencia, suspendido en su día.

Los magistrados han comunicado personalmente la sentencia a Baltasar Garzón, que fue citado ante el tribunal pasadas las 13.30 horas.
Restringió el derecho de la defensa

El Tribunal Supremo sostiene que Garzón, al ordenar las grabaciones, adoptó una resolución injusta y restringió el derecho de defensa de los imputados en prisión "sin razón alguna que pudiera resultar minimamente aceptable", informa Efe.

Garzón, el juez que comenzó a investigar la trama Gürtel, se ha convertido paradójicamente en el primer condenado por esta trama de corrupción, al margen de los dos ex altos cargos valencianos, Víctor Campos y Rafael Betoret, que reconocieron haber recibido trajes de la trama y que fueron condenados por un delito de cohecho impropio sin necesidad de celebrar juicio.

Los otros dos acusados en la rama valenciana de los trajes de Gürtel, Francisco Camps y Ricardo Costa, sin embargo, fueron absueltos después de que un jurado popular les declarara no culpables.
Los otros dos procesos pendientes de Garzón

Este mismo miércoles quedaba visto para sentencia el segundo juicio a Garzón por investigar los crímenes del franquismo, en el que la acusación particular pide también 20 años de inhabilitación.

Aún hay un tercer proceso por el que aún no se ha fijado fecha para el juicio, pero que también sentará al magistrado en el banquillo por el cobro de unos cursos durante su estancia en la Universidad de Nueva York. El Supremo ve indicios de cohecho impropio.

martes, 17 de enero de 2012

Juez español Baltasar Garzón llevado ante la justicia por escuchas ilegales



El juez español Baltasar Garzón llegó este martes al Tribunal Supremo para sentarse por primera vez en el banquillo de los acusados por presuntamente haber ordenado escuchas ilegales en un caso de corrupción, se trata de un primer proceso contra el magistrado que será juzgado la semana próxima por investigar crímenes del franquismo.

A Garzón, de 56 años, lo esperaba a las afueras de la institución una concentración de apoyo. En la audiencia el juez escuchó las alegaciones de su abogado defensor, Francisco Baena Bocanegra, quien se quejó de faltas en el procedimiento del juicio que se celebra en el Tribunal Supremo de Madrid.

También pidió que se le garantice la posibilidad de poder recurrir en segunda instancia a la Sala 61 del Tribunal en caso de una posible condena.

El defensor Baena Bocanera planteó además la recusación de los magistrados Luciano Varela y Manuel Marchena, por considerar que su imparcialidad está comprometida al ser éstos los instructores de otras dos causas abiertas a Garzón: la relativa a la Memoria Histórica y la que le investiga por los patrocinios de los cursos que impartió en Nueva York (Estados Unidos) entre 2005 y 2006.

Sobre esta última causa, el magistrado es investigado por la desestimación de una querella por delito fiscal contra el Banco Santander, luego de que esta entidad financiara dichos cursos.

La investigación en este caso está en curso y la justicia aún no fijó una fecha de juicio.

Garzón está imputado por "uso de instrumentos de escucha y grabación en violación de las garantías constitucionales" en la investigación de un escándalo de corrupción conocido como "trama Gürtel", que a inicios de 2009 implicó a altos cargos del Partido Popular (PP, derecha), que gobierna España desde diciembre.
El caso Gürtel es conocido como uno de los más escandalosos episodios de corrupción política de la historia democrática en España.
Suspendido de sus funciones desde mayo de 2010, el juez Garzón tiene pendientes dos casos por presunta prevaricación, es decir, por tomar una decisión injusta a sabiendas, hecho que llevó a sus colegas a denunciar una maniobra política.

El magistrado español es conocido por la detención del dictador chileno, Augusto Pinochet, en 1998 en Londres.

Asimismo, se prevé que este 24 de enero el mismo Tribunal Supremo de Madrid juzgue a Garzón por querer investigar sobre los más de 100 mil desaparecidos de la Guerra Civil española (1936-39) y de la dictadura franquista (1939-75). A pesar de la existencia de la ley de amnistía aprobada en España en octubre de 1977.

Estamos ante un hecho que avergüenza a la democracia española, a la justicia y al propio Tribunal Supremo que es juzgar a un inocente, en primer lugar por haber querido juzgar al franquismo y también por haber querido luchar contra la corrupción", declaró el diputado Gaspar Llamazares, a las puertas del tribunal.

"Se han abierto tres causas contra el juez Garzón, es un hecho insólito y sin precedentes", agregó a los periodistas el abogado defensor.

Si el juez es declarado culpable podría ser condenado a un máximo de 17 años de inhabilitación profesional, lo que supondría el final de su carrera.

lunes, 16 de mayo de 2011

Otro miembro de la familia judicial involucrado en la represión

DETUVIERON A UN EX JUEZ EN LA RIOJA
Roberto Catalán, ex magistrado federal de La Rioja, está acusado de "imposición de tormentos, incumplimiento de los deberes de funcionario y falsedad ideológica". Hasta ahora el único juez condenado por delitos de lesa humanidad es el santafesino Víctor Brusa, que recibió una pena de 21 años de prisión por participar en sesiones de tortura en 1976 y 1977. En Mendoza se investiga la complicidad los camaristas federales Otilio Romano y Luis Francisco Miret, mientras en Córdoba hay un proceso similar abierto contra dos fiscales y un ex magistrado.
El pasado viernes por la tarde se le recibió declaración indagatoria a Catalán, y finalizada la misma el juez Daniel Herrera Piedrabuena ordenó la detención y alojamiento en el Servicio Penitenciario Provincial, pero debido al estado de salud del imputado se dispuso "preventivamente" la prisión domiciliaria.
Catalán fue denunciado por Leopoldo Juan González, quien expresó que luego de ser detenido en abril de 1976, fue visitado dos años después por el entonces juez Catalán en el Batallón de Ingenieros en Construcciones 151 de La Rioja. Según la declaración de González, Catalán le notificó que habían encontrado en su domicilio "una carpeta con materiales subversivos, a lo que respondí que siendo escritor yo entendía que dichos volantes y papeles recogidos en actos en la calle, eran para mi documentos históricos y servirían para algún día escribir sobre los acontecimientos vividos en el país antes del golpe".
"También me notificó que habían encontrado una pistola calibre 22 que reconocí como mía. Cuando quise declarar sobre las torturas recibidas, se negó a ponerlo en el escrito diciendo que 'esas cosas no tenían valor por haber pasado mucho tiempo', y que era mejor olvidar", detalló. Catalán "dio por terminada la declaración, dobló la hoja y pretendió que la firmara, cuando me negué, el escribiente dio la vuelta al escritorio me tomó de los pelos y tirando mi cabeza para atrás me metió una pistola en la boca, diciendo que si no firmaba era boleta, así firmé lo que no fue mi declaración, sino lo que el Dr. Roberto Catalán quiso poner", indicó González.
Ante dicha denuncia, el Ministerio Público Fiscal, representado por Marta Kunath, fiscal federal subrogante, promovió acción penal en contra Catalán, solicitando su detención, que finalmente ordenó el juez Herrera Piedrabuena.
Mientras tanto, hace un mes en Córdoba la Justicia dejó la puerta abierta para seguir investigando a los ex fiscales federales Alí Fuad Alí y Antonio Sebastián Cornejo y al ex juez federal Miguel Angel Puga, a partir de la decisión de la Cámara Federal de Apelaciones cordobesa de rechazar por unanimidad los planteos de prescripción elevados por los abogados defensores. La causa está también en manos de Herrera Piedrabuena.
En Mendoza, el fiscal general Omar Palermo detalló la connivencia de la Justicia con los represores y solicitó que se cite a declaración indagatoria a los actuales camaristas federales de Mendoza Otilio Romano y Luis Francisco Miret y al ex juez Gabriel Guzzo, entre otros, por abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, por omitir hacer cesar detenciones ilegales y por encubrir por omisión el deber de denuncia. Calificaciones que tributan en delitos de lesa humanidad. Miret y Romano ya fueron denunciados ante el Consejo de la Magistratura por organismos de derechos humanos y el propio ministro de Justicia provincial.