Juez español Baltasar Garzón llevado ante la justicia por escuchas ilegales

El juez español Baltasar Garzón llegó este martes al Tribunal Supremo para sentarse por primera vez en el banquillo de los acusados por presuntamente haber ordenado escuchas ilegales en un caso de corrupción, se trata de un primer proceso contra el magistrado que será juzgado la semana próxima por investigar crímenes del franquismo.

A Garzón, de 56 años, lo esperaba a las afueras de la institución una concentración de apoyo. En la audiencia el juez escuchó las alegaciones de su abogado defensor, Francisco Baena Bocanegra, quien se quejó de faltas en el procedimiento del juicio que se celebra en el Tribunal Supremo de Madrid.

También pidió que se le garantice la posibilidad de poder recurrir en segunda instancia a la Sala 61 del Tribunal en caso de una posible condena.

El defensor Baena Bocanera planteó además la recusación de los magistrados Luciano Varela y Manuel Marchena, por considerar que su imparcialidad está comprometida al ser éstos los instructores de otras dos causas abiertas a Garzón: la relativa a la Memoria Histórica y la que le investiga por los patrocinios de los cursos que impartió en Nueva York (Estados Unidos) entre 2005 y 2006.

Sobre esta última causa, el magistrado es investigado por la desestimación de una querella por delito fiscal contra el Banco Santander, luego de que esta entidad financiara dichos cursos.

La investigación en este caso está en curso y la justicia aún no fijó una fecha de juicio.

Garzón está imputado por "uso de instrumentos de escucha y grabación en violación de las garantías constitucionales" en la investigación de un escándalo de corrupción conocido como "trama Gürtel", que a inicios de 2009 implicó a altos cargos del Partido Popular (PP, derecha), que gobierna España desde diciembre.

El caso Gürtel es conocido como uno de los más escandalosos episodios de corrupción política de la historia democrática en España.
Suspendido de sus funciones desde mayo de 2010, el juez Garzón tiene pendientes dos casos por presunta prevaricación, es decir, por tomar una decisión injusta a sabiendas, hecho que llevó a sus colegas a denunciar una maniobra política.

El magistrado español es conocido por la detención del dictador chileno, Augusto Pinochet, en 1998 en Londres.

Asimismo, se prevé que este 24 de enero el mismo Tribunal Supremo de Madrid juzgue a Garzón por querer investigar sobre los más de 100 mil desaparecidos de la Guerra Civil española (1936-39) y de la dictadura franquista (1939-75). A pesar de la existencia de la ley de amnistía aprobada en España en octubre de 1977.

“Estamos ante un hecho que avergüenza a la democracia española, a la justicia y al propio Tribunal Supremo que es juzgar a un inocente, en primer lugar por haber querido juzgar al franquismo y también por haber querido luchar contra la corrupción", declaró el diputado Gaspar Llamazares, a las puertas del tribunal.

"Se han abierto tres causas contra el juez Garzón, es un hecho insólito y sin precedentes", agregó a los periodistas el abogado defensor.

Si el juez es declarado culpable podría ser condenado a un máximo de 17 años de inhabilitación profesional, lo que supondría el final de su carrera.

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Macri no logra zafar del espionaje

LA CAMARA FEDERAL RECHAZO EL PEDIDO DE NULIDAD DE LA CAUSA POR ESCUCHAS ILEGALES

La defensa del jefe de Gobierno porteño había pedido que se anulara la causa, argumentando que quien alertó a Burstein que tenía pinchado el teléfono era un supuesto agente de la SIDE. Para la Cámara, ese llamado no violó ninguna garantía constitucional.

 Por Irina Hauser y Raúl Kollmann

Parecía que había caído en el olvido. Sin embargo, la causa del espionaje sigue su curso y ayer volvió a darle un disgusto a Mauricio Macri. La Cámara Federal rechazó un pedido suyo para que todo el expediente, en el que está procesado por asociación ilícita, se declare nulo. El jefe de Gobierno porteño había planteado que el llamado anónimo que originó la investigación al alertar al dirigente de familiares de AMIA Sergio Burstein de que le habían pinchado ilegalmente el teléfono (lo que se comprobó) lo había hecho un agente de la Secretaría de Inteligencia (SI) que, de ese modo, había violado su obligación de guardar secreto. Más allá de que nunca se pudo corroborar si el supuesto agente era tal, el tribunal sostuvo por unanimidad que ese llamado no violó ninguna garantía constitucional sino que, al contrario, permitió que un delito “que atentaba contra la privacidad” dejara de cometerse.

La causa del espionaje se inició en 2009, tras un llamado anónimo que atendió la hija de Burstein en su casa: “El teléfono de tu papá –le advirtieron– lo tiene pinchado el Fino Palacios”, en alusión al ex jefe de la Policía Metropolitana y comisario favorito de Macri. Los investigadores corroboraron que Burstein tenía el teléfono intervenido, bajo una insólita modalidad: su nombre figuraba vinculado a una causa por homicidio en Misiones, desde donde un juez había pedido la intervención de su teléfono, que hizo la SIDE, y las grabaciones las retiraba el espía Ciro James.

Con el tiempo, resultó que una decena de personas tenía sus teléfonos pinchados del mismo modo: el cuñado de Macri (Daniel Leonardo), el empresario Carlos Avila, dos gerentes de supermercado Coto, el abogado Francisco Castex, entre otros. Detrás de la mayoría de las escuchas estaban, en tándem, James y Palacios. Ambos estuvieron presos hasta diciembre por decisión del juez Norberto Oyarbide, a cargo del expediente. Macri fue procesado sin prisión preventiva. Todos como parte de una misma organización.

Una de las estrategias que usó el jefe de Gobierno para intentar derribar la causa fue cuestionar el modo en que se originó: salió a decir que el llamado anónimo lo había hecho un agente de la SIDE y que quería que eso se investigara. Detrás de ese planteo había una acusación al gobierno nacional que, según Macri, estaba detrás de la causa. El nombre del supuesto agente es Hugo Alvarez y cuando fue a declarar negó haber hecho la llamada. Oyarbide rechazó el planteo de nulidad publicitado por el líder de PRO y ahora la Cámara hizo lo propio.

En el fallo firmado ayer, los camaristas Eduardo Freiler, Eduardo Farah y Jorge Ballestero se preguntan, suponiendo que un día se confirmara que la voz enigmática hubiera sido la de un agente de la SI, “¿el hecho de que haya sido un agente de inteligencia el que, sin darse a conocer, alertara a la familia Burstein de que sus conversaciones estaban siendo ilegalmente intervenidas, convierte en nula la denuncia posteriormente radicada?”. Luego dicen que la respuesta es “negativa”. Sostienen que “de ningún modo” puede interpretarse que “la ley imponga el deber de guardar secreto acerca de actividades delictivas”. Incluso dicen que si un agente de inteligencia está frente a un delito debería denunciarlo. En este caso, insisten, el alerta fue lo que permitió frenar el delito. Y ponen un toque de ironía: “Como es irrazonable que la ley obliga a guardar el secreto sobre las actividades delictivas cometidas a través del aparato de inteligencia, lo que equivale a decir que obliga a callar el delito (...), bueno sería aclarar también de dónde surge la versión que identifica al autor del llamado de alerta con la Secretaría de Inteligencia”. Burstein planteó que la hipótesis de que quien llamó fue un agente de la SI “fue introducida por Macri valiéndose tal vez del aparato de inteligencia precisamente investigado”.

Con una traba menos, la causa del espionaje tiene varias definiciones pendientes. La Cámara de Casación aún no se expidió sobre el procesamiento de Macri, y el juez Oyarbide debe resolver en qué situación quedan varios imputados, entre ellos el ex ministro de Educación Mariano Narodowski, su ex jefa de Gabinete Roxana Barroso, el titular de Recursos Humanos de la Ciudad, Andrés Ibarra, y el comisario Osvaldo Chamorro, ex número dos de Palacios en la Metropolitana.