María Carmen del Valle García, Manolo Molina Holguera, Isabel Pérez Alegre y Luis de las Barreras Galán.
Cuatro nuevos querellantes de la megacausa que lleva Servini de Cubría sobre los crímenes de lesa humanidad durante el franquismo relataron a Página/12 los motivos de sus presentaciones.
La magistrada María Servini de Cubría recibió el mes pasado 54 nuevas demandas de ex presos políticos nucleados en la asociación “La Comuna” de detenidos por el régimen franquista entre las décadas del 60 y 70. Sus demandas se integraron a la megacausa argentina que a través de principios de justicia universal podría investigar los crímenes de lesa humanidad y genocidio cometidos por la dictadura española entre 1936 y 1977. Página/12 conversó con cuatro de los nuevos querellantes durante su visita a Buenos Aires.
Manolo Molina Holguera (64), Isabel Pérez Alegre (63), María Carmen del Valle García (59) y Luis de las Barreras Galán (63) conforman la última generación de víctimas de la dictadura. Son veteranos de una lucha colectiva: vivir bajo identidad falsa, sufrir la persecución de las brigadas franquistas, dormir en los ratos libres tras noches dedicadas a la impresión de propaganda. En tiempos de la dictadura española, militaron en el Partido Comunista Marxista Leninista (
Página/12 ), actividad por la que los detuvieron en distintas oportunidades.
A 35 años de la recuperación de la democracia en España, reclaman justicia por la persecución, reclusión y torturas que sufrieron y una reparación histórica del pueblo español. Su país les ha cerrado definitivamente las puertas con la condena a Baltazar Garzón en febrero pasado, el único juez que intentó investigar esos crímenes. La mayoría de las causas abiertas en el país ibérico fueron archivadas sin que se tomara medida alguna, según afirmó en su informe “Casos cerrados, heridas abiertas” Amnistía Internacional.
La asociación La Comuna basa su nombre en la forma solidaria en que los presos políticos se agrupaban en la cárcel. Como Manolo, Isabel, Carmen y Luis, la mayor parte de los detenidos por motivos ideológicos –hubo decenas de miles– fueron amnistiados, una vez muerto el general. Sin embargo, las leyes por las que se los condenaron continúan en un paraguas de legalidad y, por tanto, en los papeles y para la historia, todos ellos aparecen como culpables.
Es una historia silenciada, asegura Manolo Molina Holguera. “La mayor parte de la población entiende que lo que hizo el franquismo después de la guerra (mal llamada ‘civil’, entre 1936 y 1939) fue un horror, en que se cometieron crímenes de lesa humanidad. Pero no muchos consideran que la dictadura fue horrorosa hasta el final.” En ese sentido, explicó que su integración a la querella argentina “no es por ir a la Justicia simplemente”.
“Es el hecho de que se recupere la verdad, que se repare la historia del pueblo español –asegura–. Porque si no pareciera que España es el país que conquistó América y que masacró a los indios. Y el país que luego masacró a los rojos. ¡Joder! Eso no se puede admitir. Hay que llevar el convencimiento a la gente de que en el país ha habido personas que han luchado por la libertad y que si no han conseguido imponerla es porque ha habido unos hijos de puta que los han masacrado. Mientras eso no se reponga, no hay paz.”
Para Carmen, el golpe del general Francisco Franco quiso borrar del mapa histórico los avances progresistas del gobierno de la Segunda República en España. “Fue uno de los estados más progresistas en, por ejemplo, aspectos feministas de toda Europa. Las mujeres tenían derecho al aborto, al divorcio, se discutía el derecho al voto femenino. En el ’36 todo eso desapareció. Con el franquismo fue ‘todas a las iglesias’. Se empezaron a llevar las faldas por los tobillos, para trabajar debían pedirle permiso a su marido o a su padre, y todos los matrimonios civiles quedaron anulados.”
“El de mis padres, por ejemplo”, acota Luis. “Yo creo que necesitamos justicia por la justicia en sí. ¿Cómo puede una sociedad, y contestadme ustedes los argentinos, continuar la vida normalmente cuando hay ciento y pico mil personas enterradas sin reconocer y sin ponerle el nombre y sin poner un sitio donde sus familias puedan decirle adiós, sin que se busque a los hijos robados de las presas por monjas (Garzón estimó que son alrededor de 30 mil), sin que cuente en la historia que somos tan vergonzosos y tan cobardes que les seguimos teniendo escondidos, sin que salga en los papeles?
Isabel asiente. “Y que las personas responsables de eso hayan sido ministros hasta en la democracia, como el caso de Fraga y otros muchos que han participado activamente en la dictadura, que son responsables. Sin hablar de altos cargos en la policía, en empresas. Gente muy reconocida socialmente que parece que su pasado ha sido estupendo.”
