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miércoles, 13 de marzo de 2013

Once represores condenados por crímenes de lesa humanidad

Los familiares y compañeros de las víctimas acompañaron la lectura de la sentencia con las fotos de los desaparecidos.

EL PAIS › ONCE REPRESORES CONDENADOS POR CRIMENES DE LESA HUMANIDAD COMETIDOS EN CAMPO DE MAYO
“Esto fue como volver un poco a la vida”

El juicio se realizó por 23 víctimas, entre ellas siete mujeres embarazadas. También se juzgó a los apropiadores de la nieta Catalina de Sanctis Ovando. Recibieron perpetua cinco de los once imputados, entre ellos Santiago Omar Riveros y Reynaldo Bignone.

Por Alejandra Dandan

En la sala entró el ex teniente Carlos Macedra, el hombre que estuvo a cargo del Batallón Esteban de Luca de Boulogne en 1976. Cuando se sentó, desde las primeras filas, entre las fotos de los desaparecidos levantadas por familiares y militantes, alguien dijo, como para presentarlo: “¡Es el asesino de mi tía!”. Santiago Omar Riveros, el señor todopoderoso de los crímenes de Campo de Mayo, y Reynaldo Bignone, segundo señor, decidieron no entrar a la sala de audiencias de San Martín. Junto a los otro acusados, permanecieron en un protegido espacio vecino, fuera del alcance de las fotos con los ojos de las víctimas. A las dos de la tarde, el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín, integrado por Daniel Cisnero, Daniel Petrone y presidido por Héctor Sagretti, leyó la sentencia del juicio que se llevó a cabo desde agosto del año pasado por 23 víctimas, entre las cuales había siete mujeres embarazadas. El tribunal condenó a prisión perpetua a cinco de los once imputados: Riveros, Bignone y los máximos responsables de la zona, en juicio por primera vez; Luis Sadi Pepa y Eduardo Corrado, directores de la Escuela de Comunicaciones del Comando de Institutos Militares de Campo de Mayo, y el ex teniente Carlos Macedra, uno de los represores más simbólicos de este juicio, autor del disparo que mató por la espalda a María Florencia “Kitty” Villagra, de la UES. Los otros cuatro acusados recibieron penas de entre 16 y 25 años. Los apropiadores de la nieta Catalina de Sanctis Ovando, Carlos del Señor Hildalgo Garzón, oficial de Inteligencia del Batallón 601, y María Francisca Morillo fueron condenados a 15 y 12 años respectivamente.

Entre los condenados hay varios con prisión domiciliaria, entre ellos el torturador del Campito Carlos Eduardo José Somoza, alias el “Gordo 2”, sobre quien la fiscalía volvió a pedir la revocación del beneficio porque violó el código de salidas. Los jueces le revocaron ese estado, pero como sucede en varios juicios, la cárcel efectiva será efectiva sólo cuando las condenas queden firmes.

Las dos salas de los tribunales de San Martín inauguradas para este juicio estaban repletas. Cuando Sagretti leyó la condena a prisión perpetua de Macedra, la sala estalló en un aplauso. “Tengo muchas ganas de hablar con mi otra hermana que está en Bariloche para contarle la noticia”, dijo a la salida Julia Elena Villagra, la hermana más grande de Kitty. “Todo esto fue como volver un poco a la vida, yo no podía ni leer el diario, no le creía nada a nadie, no podía volver a vivir. Algo empezó a cambiar a partir de que me contaron que Macedra estaba en la cárcel, por ahí soy muy puntual con esto, pero no me cerraba el dolor. Yo la crié conmigo a mi hermana, para mí era también una hija, quizá si ella no estuviera muerta, yo no estaría con vida, porque la hubiese ido a buscar como Daniel (Cabezas) buscó a su hermano Gustavo”, dijo sobre el compañero de volanteada de Kitty, con el que ella estaba el 10 de mayo de 1976 cuando le pegaron el tiro por la espalda y sigue desaparecido. “Ahora a creer en este proceso de justicia –dijo ella–, porque se puede, lo hemos podido hacer.”

Una radio abierta de Sutecba trasmitió durante todo el día desde la vereda. Por esa mesa, instalada en el centro de la calle, pasó temprano Catalina de Sanctis. Allí contó su historia, la de su apropiación y la restitución de 2008. “Decidí en este juicio asumir este rol y ser querella en la causa de mi apropiación”, dijo. Arriba, sobre una bandera colgada en las paredes, se leía: “Como a los nazis los iremos a buscar”. En la calle, se iban concentrando las organizaciones políticas y sociales de la zona que sostuvieron este juicio a lo largo del año con la convocatoria a estudiantes y maestros de la zona. Por la radio habló el compañero de Catalina, Rodrigo, otro de los testigos del juicio. “Yo la vi a Catalina y la veo hoy día y veo realmente quién es, tiene mucho más vida, es mucho más alegre: es Catalina, el nombre que le pusieron sus padres.” Ese escenario, que sacaba el juicio al medio de la calle, terminó a las dos de la tarde transmitiendo lo que iba ocurriendo desde adentro del edificio.

Las condenas

Las condenas coincidieron con los pedidos de la fiscalía a cargo de Marcelo García Berro y en líneas generales con las querellas. Riveros y Bignone, los jefes máximos del área, recibieron perpetuas por allanamiento ilegal, robo agravado, privación ilegal de la libertad, tormentos y por los homicidios de Kitty Villagra y Domingo García, el esposo de Beatriz Recchia, la madre de Juliana y embarazada cuando la secuestraron.

En jerarquía, les siguió Eugenio Guañabens Perelló, director de la Escuela de Apoyo para el Combate General Lemos de Institutos Militares en 1977, en juicio por la desaparición de María Eva Duarte y Alberto Aranda. Fue condenado a 16 años de prisión.

Sadi Pepa y Oscar Corrado, los directores de la Escuela de Comunicaciones del Comando de Institutos Militares de Campo de Mayo, que también llegaron a juicio por primera vez, fueron condenados a perpetua. Sadi Pepa fue juzgado por el caso de Beatriz Recchia y Domingo García. Lo condenaron por el allanamiento ilegal a la casa de los dos, secuestro y tormentos de ambos y el homicidio de Domingo. Corrado, en cambio, llegó a juicio, como Macedra, por el secuestro y desaparición de Gustavo Cabezas y el homicidio de Kitty Villagra. Fue otro de los casos emblemáticos del juicio. Diseñó una estrategia para intentar demostrar que para el 10 mayo de 1976 ya había sido trasladado y se desempeñaba como administrador general en ENTel, la vieja compañía de teléfonos del Estado. Para sostener esa teoría declararon muchos de sus compañeros de fuerza. Los testimonios de Stella Segado, actual directora del área de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa, y de la perito Claudia Belingeri, de la Comisión Provincial por la Memoria, permitieron demostrar que el 10 de mayo de 1976 seguía en Comunicaciones y que cambió de área el 21 de junio de 1976. Los jueces lo condenaron a perpetua.

Macedra llegó al juicio identificado por los colimbas que participaron del operativo del 10 de mayo en la plaza de Martínez. Lo condenaron a perpetua por el secuestro y tormentos de Gustavo y el homicidio de Kitty.

Otro de los grupos de represores condenados por primera vez y como autores directos fueron quienes actuaron dentro del centro clandestino El Campito de Campo de Mayo. Entre ellos, dos gendarmes: Julio San Román, alias “Cacho”, y Hugo Miguel Castagno Monge, alias “Yaya”, los de la custodia. Con ellos fue condenado Carlos Eduardo José Somoza, alias el “Gordo 2”, oficial de inteligencia del Ejército, uno de los interrogadores-torturadores más violentos del centro clandestino. El tribunal condenó a los gendarmes a 20 años de prisión y a Somoza a 25 años por la condición de torturador. Los tres fueron juzgados por los siete casos de mujeres embarazadas, secuestradas con sus compañeros, que dieron a luz en cautiverio y permanecen desaparecidas. Entre ellas, Ana María Lanzillotto, cuya historia dio entrada durante el juicio a lo que fue la caída de la dirección del PRT-ERP en julio de 1976, con la causa madre aún en instrucción.

Juliana García Recchia estuvo ahí, intentando dar otro cierre. Ramiro Menna, el hijo de Ana María Lanzilotto y del Gringo Domingo Menna, que aún busca a un hermano o hermana, escribió en un mensaje a uno de sus tíos: “Que se haga justicia”. Alba Lanzillotto, hermana de Ana María, recordó los años de lucha: “Es bueno que le den una condena alta. Estos juicios son posibles por la lucha de 30 años que lleva este pueblo y un gobierno que empuja a tomar conciencia”. Julia Elena Villagra, la hermana de Kitty, recibía el llamado de Bariloche. “¡Perpetua, perpetua!”, dijo en una explosión de alegría. Catalina Ovando explicó: “No celebro que ellos vayan a la cárcel, pero celebro que no haya impunidad y que la Justicia los haya encontrado culpables. Agradezco a mis abuelos que me buscaron toda la vida; la sociedad tiene que entender que la apropiación no es un gesto de amor”.

lunes, 25 de febrero de 2013

Sin tregua para la violencia de género


EN 2012 HUBO, EN PROMEDIO, CINCO FEMICIDIOS POR SEMANA


Un informe del Observatorio de Femicidios registró 255 mujeres muertas. La cifra es 10 por ciento menor a 2011, pero en lo que va de 2013 el promedio de casos aumentó.



Por Mariana Carbajal


El drama de la violencia de género no se detiene en el país. A lo largo de 2012, se registraron en promedio cinco femicidios por semana. En total fueron ejecutadas 255 mujeres por el hecho de ser mujeres. El 63 por ciento fue ultimada por su esposo, amante, novio o ex pareja, de acuerdo con el informe del Observatorio de Femicidios en Argentina, que dirige La Casa del Encuentro, y cuyos resultados adelanta Página/12 en forma exclusiva. El impacto social de la violencia machista es enorme: dejó en el último año 357 hijos e hijas huérfanos, 248 de ellos menores de edad.

“Es necesario considerar a la violencia sexista como una cuestión política, social, cultural y de derechos humanos. De esta forma se podrá ver la grave situación que viven las mujeres, niñas y niños en la Argentina como una realidad colectiva por la que se debe actuar de manera inmediata”, exhortó Fabiana Tuñez, coordinadora ejecutiva del Observatorio y cofundadora de la ONG.

El Observatorio lleva adelante el registro de los casos publicados en las agencias informativas y en 120 diarios del país. Contabiliza los homicidios de mujeres por razón de género, es decir, casos que no tienen que ver con robos, secuestros u otras situaciones de la llamada “inseguridad” urbana, recordó a este diario Ada Beatriz Rico, su directora. El informe de 2012 será presentado mañana a las 18 en la Legislatura porteña, donde Tuñez y Rico harán un balance de los cinco años que vienen realizando el trabajo de registro de los femicidios, ante la ausencia de estadísticas oficiales que permitan visibilizar la magnitud de la sangría por violencia machista en la Argentina.

Si se comparan los datos del año pasado, surge que en 2012 se cometieron casi un 10 por ciento menos de femicidios que en 2011, según la misma fuente. De 282 se pasó a 255. Sin embargo, Rico advirtió que no puede tomarse como una tendencia todavía, dado que en el primer mes de 2013 la cifra de asesinatos de mujeres como consecuencia de la violencia de género fue enorme: casi uno por día; en total fueron 26 a lo largo de enero, una cantidad que no se registró en ningún mes de 2012. Y en febrero, en los primeros 19 días ya se contaban 14 hechos. En 2011 la cifra había crecido un 8 por ciento en relación con el año anterior. En 2010 el Observatorio registró 260 femicidios y en 2009, 231 (pero en ese año los medios relevados eran menos, solo 43). En la mayoría de los casos, el principal sospechoso o imputado por el crimen siempre resulta el marido, novio o ex pareja de la víctima, puntualizó Rico.

Desde el año pasado, en el número total de femicidios, el Observatorio incluye aquellos denominados “femicidios vinculados” de mujeres y niñas, que son personas asesinadas por el femicida para castigar o destruir psíquicamente a la mujer sobre la cual ejerce dominación (muchas veces ultiman a los hijos de su ex, algunas veces son además sus propios hijos) o al intentar impedir el femicidio, o quedaron en la “línea de fuego” del atacante. De los 255 hechos, 17 fueron “femicidios vinculados”: diez fueron mujeres adultas familiares de la víctima y en siete casos se trató de la hija de la mujer de la que se quería vengar el presunto femicida. Como ocurrió el 27 de agosto último, cuando Juan Carlos Cardozo, de 24 años, asesinó a la abuela, la hermana y la primera hija de su ex pareja Romina Martínez, de 26 años, en la localidad bonaerense de Benavídez. El caso se conoció como el triple femicidio de Benavídez. Cardozo confesó los homicidios. Según trascendió, dijo que las mató porque Romina lo había abandonado y supuestamente no la dejaba ver a la hija de ambos, de tres años. El joven tenía en su contra denuncias previas realizadas por Romina por violencia.

Además se contabilizaron 24 casos de “femicidios vinculados” de varones o niños, en 2012. Algunos de los chicos, hijos de una mujer también asesinada en el mismo hecho o de la que el autor del ataque se quería vengar eliminando lo que ella más quería.

Otros datos que aporta el análisis del Observatorio:

- 5 de las víctimas estaban embarazadas.

- 26 presentaban indicios de abuso sexual.

- 25 casos tenían denuncias iniciales, realizadas por familiares, de desaparición.

- 7 mujeres que tenían antecedentes de sufrir violencia de género en el marco de sus parejas permanecen desaparecidas desde 2004, entre ellas, tal vez el caso con más resonancia mediática es el de Erica Soriano.

En relación con el vínculo entre el presunto femicida y la víctima, el Observatorio señala que en 95 casos se trataría del esposo, pareja, novio o amante; en 65, una ex pareja; en 11, el padre; en 21, otros familiares; en 18 hechos, vecinos o conocidos; en 5 de los asesinatos, un hijo; y en 40 no habría relación aparente. Es decir, la mayoría de los femicidios fueron perpetrados, según los datos publicados, por la pareja o ex pareja de la mujer.

Otro dato interesante que brinda el estudio es que no es el espacio público el lugar más riesgoso para la mujer que sufre violencia de género: la vivienda en la que vivía o la que compartía con el acusado de matarla son los escenarios más frecuentes donde ocurren los femicidios: en 138 casos las mujeres encontraron en su propio hogar la muerte. En 2012, hubo un hecho emblemático: una de las mujeres fue asesinada en una Comisaría de la Mujer cuando fue a denunciar al agresor, que era personal policial, y la ejecutó en ese momento.

miércoles, 9 de noviembre de 2011

Página/12: Preso por delitos de lesa humanidad


Era el párroco de Casilda. Constituyó su prisión domiciliaria en una casa de retiros espirituales. En la causa se señaló que “ingresaba a la sala de torturas” del Servicio de Informaciones y que era parte del aparato represivo.
 Por José Maggi
El ex capellán de la policía de Rosario Eugenio Zitelli, acusado por delitos de lesa humanidad cometidos en el Servicio de Informaciones de esa ciudad, quedó detenido ayer. El juez federal Marcelo Bailaque ordenó ayer la indagatoria de 17 represores, a quienes interrogará en los próximos días. Lo hizo en el marco de la llamada causa Feced residual. El nombre más impactante de la lista es el del sacerdote. La lista la encabeza Jorge Rafael Videla, le siguen el ex general Ramón Genaro Díaz Bessone y Alfredo Sotera –jefe de la inteligencia militar– y llega hasta quien hace unos días era el párroco de Casilda. “Es un paso trascendental para la Justicia, porque en la región no había ningún miembro de la jerarquía eclesiástica detenido por casos de terrorismo de Estado”, señalo el fiscal federal Gonzalo Stara, quien había pedido la detención del sacerdote por el caso de Eduardo Bracaccini, entre otros, desaparecido de Casilda.
El juez Bailaque reveló a Página/12 que “Zitelli está detenido y se constituyó en prisión domiciliaria en una casa de retiros espirituales de Zavalla” y designó un defensor particular, Eduardo Romera. Este letrado fue defensor en su momento de Eduardo J. López, el ex presidente de Ñuls que tuvo varios trámites procesales ante la Justicia Federal.
La detención e indagatoria del ex capellán de la Unidad Regional II entre los años 1964 y 1983, Eugenio Zitelli, era una de las tantas cuentas pendientes de la Justicia tras los reiterados pedidos de las querellas y la fiscalía de la causa Díaz Bessone.
Tras los testimonios de los sobrevivientes del Servicio de Informaciones de Dorrego y San Lorenzo en el desarrollo del juicio oral en curso, se había solicitado la indagatoria al sacerdote que hoy vive en Casilda y está a cargo de la parroquia de esa ciudad, por considerar que existían pruebas suficientes para demostrar el “apoyo explícito de las autoridades de la Iglesia al golpe genocida en la UR II”, según sostuvo en su momento la abogada querellante Gabriela Durruty y agregó: “En esa convicción esta querella solicitó al juez Bailaque que indague a Eugenio Zitelli por los delitos de privación ilegítima de la libertad, tormentos y asociación ilícita, y esperamos que así lo haga”, pedido que se está concretando en estas horas.
Por su parte, en sus alegatos, el fiscal Stara aseguró que “está registrado” que el cura Zitelli “ingresaba a la sala de torturas” del Servicio de Informaciones y que era parte del aparato de represión montado en ese centro clandestino de detención.
Muchos fueron los testimonios que complicaron al ex capellán. Uno de ellos fue el de Ana Ferrari, quien recordó que cuando la trasladaron a la Alcaidía de Mujeres, a metros del SI, Zitelli les habló a las presas y les dijo que tenían que entender “que la tortura era un arma más de la guerra que estamos viviendo”.
El listado de los represores con pedido de indagatoria en esta causa se completa con cuatro de los actuales imputados en la causa Díaz Bessone: Mario Marcote, Rubén Lofiego, Carlos Scortecchini y Ramón Vergara. Los cuatro quedaron detenidos de inmediato al presentarse ayer para comenzar la audiencia oral del juicio.
También figuran en la nómina Lucio César Nast; Ramón Telmo Alcides Ibarra; Julio Héctor Fermoselle; Diego Portillo, Ernesto Vallejo, Carlos Ulpiano Altamirano, Ovidio Marcelo Olazagoitia, Eduardo Dugour y Ricardo Corrales, la mano derecha de Agustín Feced.
Ayer, el magistrado les tomó declaración a dos ex policías, Portillo y Vallejos, y hoy hará lo propio con Ibarra, que nombró al mismo defensor particular que Díaz Bessone, el doctor Gonzalo Miño.
Uno de los personajes más oscuros del listado es sin dudas Corrales, quien fuera la mano derecha de Feced durante toda su jefatura en la Unidad Regional II. Este es señalado como uno de los principales colaboradores del terrorismo de Estado en la ciudad y sobre él aún no recayó ningún tipo de imputación. En la década del ’70 trabajó en inteligencia de la policía, y pesan sobre él acusaciones de homicidios, tormentos, privación de la libertad y asociación ilícita. Corrales acompañaba a su jefe en todos los operativos.