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miércoles, 1 de mayo de 2013

Madres de Plaza de Mayo cumple 36 años


Durante un homenaje que tuvo lugar en la exEsma, el ministro de Educación, Alberto Sileoni, afirmó que la organización de derechos humanos es un ejemplo de que "pelear por lo que uno ama es la mejor manera de vivir" y consideró que su creación el 30 de abril de 1977 "constituyó la fecha de parto de la democracia moderna de nuestro país". A través de una carta, la agrupación HIJOS les agradeció "habernos enseñado que lo imposible sólo tarda un poco más" y "seguir firmes y llenas de amor".

"Junto a estas mujeres queremos ratificar la importancia de que la escuela hable de valores, que pueda reflexionar sobre el pasado reciente, porque este es uno de los caminos educativos", indicó Sileoni durante el encuentro "Vida Siempre", que se realizó en el ECuNHi.

Durante esa misma ceremonia, Evel de Petrini, en representación de las Madres manifestó que "estamos muy felices aunque decir esto parezca contradictorio por haber logrado este lugar (por la exEsma), que es el sitio donde la vida le ganó a la muerte, donde nuestros hijos están presentes".

"Estos 36 años de lucha son el recuerdo más hermoso que tenemos las Madres porque pelear por lo que uno ama es la mejor manera de vivir", concluyó.

Por su parte, la agrupación HIJOS-Capital publicó un texto en el que manifestaron que "queremos abrazarlas una vez más con mucho amor. Queremos aplaudirlas una vez más. Gracias Madres por haber elegido la lucha. Gracias por ser valientes. Gracias por habernos enseñado que lo imposible sólo tarda un poco más. Gracias por haberse puesto los pañuelos y seguir firmes y llenas de amor".

Agregaron que "las Madres hicieron que la valentía se rebalse como palabra. Son unas valientes más que valientes. Hablar de las Madres es hablar de una palabra nueva: lasMadresdePlazadeMayo. Así: todo junto, porque ellas mismas rompieron las palabras. Quebraron el silencio".

"Son las Madres de los pibes reprimidos y asesinados en diciembre del 2001, de las víctimas del gatillo fácil y las redes de trata de personas, de los docentes en lucha, de los desocupados desesperados pero esperanzados y luchadores, de Kosteki y Santillán, de Cabezas, de Fuentealba, de Mariano Ferreyra, de cada compañeros o compañera que lucha por una causa justa", sostuvo la agrupación.

miércoles, 13 de marzo de 2013

Bergoglio es el nuevo Papa

El nuevo pontífice no salió al balcón con las estolas granates bordadas, sino sólo con la túnica blanca papal. Además, llevaba la cruz pectoral negra de obispo en lugar de la dorada típica de los papas.

El arzobispo de Buenos Aires fue elegido como Sumo Pontífice en el segundo día del cónclave en el Vaticano. El nuevo líder de la Iglesia Católica, que eligió como nombre Francisco I, asumió ante los cardenales en el altar de la Capilla Sixtina y luego salió al balcón, frente a la plaza San Pedro, donde concedió la bendición "urbi et orbi" y homenajeó a su antecesor Benedicto XVI. "El deber de un cónclave es dar un obispo a Roma y parece que mis hermanos cardenales han ido a buscarlo al fin del mundo", expresó Bergoglio, quien es el primer latinoamericano y el primer jesuita en ser Papa.

Tras la fumata blanca, el cardenal protodiácono, el francés Jean-Louis Tauran, salió al balcón y manifestó "annuntio vobi gaudium magnum; habemus papam". Luego dio a conocer que el argentino Jorge Bergoglio será el nuevo jefe de la Iglesia. Fue elegido tras cinco votaciones y dos jornadas de cónclave.

Bergoglio, de 76 años, es el 266° Papa de la Iglesia Católica y el primero de América Latina. Además, es el primer jesuita en ocupar el trono Pedro. El nuevo pontífice había sido el segundo más votado en el cónclave de 2005, en el que fue elegido el alemán Joseph Ratzinger, quien renunció el mes pasado.

Tras aceptar el cargo, el cardenal argentino pasó a la sacristía de la capilla Sixtina para meditar y vestir una de las tres sotanas blancas ya preparadas. Luego se presentó a los fieles en la plaza de San Pedro para conceder la bendición "urbi et orbi".

"Hermanos y hermanas, buenas tardes. Sabéis que el deber de un cónclave es dar un obispo a Roma y parece que mis hermanos cardenales han ido a buscarlo al fin del mundo, pero ya estamos aquí", fueron las primeras palabras que pronunció el papa Francisco, en medio de los aplausos de los presentes. Luego homenajeó a su antecesor Benedicto XVI y encabezó un rezo en su honor.

"Auguro que este camino de la Iglesia que hoy comenzamos y en el que me ayudará mi cardenal vicario aquí presente, será fructuoso para la Iglesia y para esta bella ciudad", dijo el nuevo pontífice.

"Y ahora, querréis que os de la bendición. Pero primero, antes de que el obispo bendiga al pueblo, yo quiero que recéis para que el señor me proteja", manifestó Bergoglio. Luego se colocó la estola para realizar la bendición Urbi et Orbe y dijo: "Os doy la bendición a vosotros y a todo el mundo. A todos los hombres y mujeres de buena voluntad".

Una vez realizada la bendición, Francisco I se quitó la estola y volvieron a sonar los himnos vaticano e italiano, mientras el flamante Papa observaba a la multitud. Allí, volvió a dirigirse a la multitud: "Rezad por mí. Y nos vemos pronto. Mañana quiero ir a rezar a la Virgen. Buenas noches y descansad bien", dijo. Tras saludar a los miles de fieles, el papa Francisco I, de 76 años, abandonó el balcón de la basílica de San Pedro.


El flamante papa Francisco I es un jesuita con una sólida formación académica que ocupa desde 1998 la arquidiócesis de Buenos Aires. Fue presidente durante dos períodos de la Conferencia Episcopal Argentina y mantuvo una relación tensa con el Gobierno nacional, especialmente durante la discusión por la ley de Matrimonio Igualitario. Sobre su figura pesan sospechas por su actuación durante la dictadura.

Bergoglio nació en Buenos Aires el 17 de diciembre de 1936, en el seno de una familia de origen italiano. Hincha fanático de San Lorenzo de Almagro, comenzó su carrera en la Iglesia con 21 años tras haber estudiado ciencias químicas. A esa misma edad, debido a una grave pulmonía perdió parte del pulmón derecho. Fue ordenado sacerdote el 13 de diciembre de 1969 y, en plena dictadura militar argentina, entre 1973 y 1979, fue enviado a Alemania, de donde pasó a la iglesia de la Compañía de Jesús de Córdoba.

Por entonces se lo acusó de haberle retirado la protección de su orden religiosa a dos jesuitas durante la dictadura militar. Bergoglio aseguró que poco antes del golpe de Estado el 24 de marzo de 1976 les advirtió del peligro y les ofreció a ambos refugio en la casa de los jesuitas. Pero los dos curas, Orlando Dorio y Francisco Jalic, que hacían tareas sociales en barrios humildes de Buenos Aires, habrían rechazado esta oferta, según Bergoglio. Dos meses después fueron secuestrados por los militares y mantenidos presos durante cinco meses en el centro clandestino de detención de la ESMA.

Asumió en 1998 la arquidiócesis de Buenos Aires y durante el consistorio del 21 de febrero de 2001, el papa Juan Pablo II lo nombró cardenal. Ocupó la presidencia de la Conferencia Episcopal durante dos períodos hasta que abandonó el cargo porque los estatutos le impedían seguir. Durante este periodo, fue conocido por la tensa relación que mantuvo con los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner.

En 2008, durante el conflicto entre el Ejecutivo y las patronales agropecuarias por las retenciones móviles, Bergoglio llegó a pedir a Cristina un "gesto de grandeza" ante la protesta de los empresarios rurales, además de denunciar "homogeneización" del pensamiento y "crispación social".

Luego, en 2010, la cúpula de la Iglesia argentina libró lo que el arzobispo llamó una "guerra de Dios" contra el gobierno, al tratar de evitar por todos los medios de evitar la aprobación de la ley que reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo. Bergoglio encabezó manifestaciones, movilizó a los sacerdotes en defensa de la "unidad familiar" y convocó a vigilias frente al Parlamento. "No se trata de una simple lucha política; es la pretensión destructiva al plan de Dios", dictaminó por entonces Bergoglio, acérrimo opositor al matrimonio igualitario y el aborto, al aclarar su posición en una carta.

martes, 5 de marzo de 2013

Comienza juicio sobre crímenes cometidos bajo el Plan Cóndor en la Argentina

El juicio engloba cuatro causas, entre ellos asociación ilícita y privación ilegítima de la libertad en perjuicio de más de 200 personas de diferentes nacionalidades.
por DPA - 04/03/2013 - 17:53


© AFP
Luciano Benjamín Menéndez, Rafael Videla y Reynaldo Bignone.

Los dictadores argentinos Jorge Rafael Videla y Reynaldo Bignone serán juzgados a partir de mañana martes en Buenos Aires junto a una veintena de acusados por los crímenes cometidos bajo el denominado Plan Cóndor que articularon las dictaduras que gobernaron en los años 70 en el Cono Sur. 

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de la ciudad de Buenos Aires llevará a cabo el juicio de esta "megacausa", que engloba cuatro causas que investigaron los delitos cometidos en el marco del Plan Cóndor, entre ellos asociación ilícita y privación ilegítima de la libertad en perjuicio de más de 200 personas de diferentes nacionalidades, informó la agencia local DyN. 

La Justicia buscará determinar también el destino que tuvieron las víctimas de violaciones de los derechos humanos que pasaron por el centro clandestino de detención y tortura "Automotores Orletti" que funcionó en la capital argentina. 

Junto a Videla y Bignone será juzgado el ex jefe del Tercer Cuerpo del EjércitoLuciano Benjamín Menéndez, sobre quien ya pesan siete condenas a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad.

Unos 500 testigos declararán en este juicio, que podría durar hasta dos años. 

Horas antes del inicio del juicio, desconocidos realizaron hoy amenazas de bomba en nombre de un autodenominado "Comando Patriótico" a la Secretaría de Derechos Humanos de Argentina y el Archivo Nacional de la Memoria, que funciona en la ex ESMA. 

El subsecretario de Derechos Humanos, Luis Alén, informó a la agencia estatal Télam que "en los dos casos las amenazas se concretaron alrededor del mediodía mediante llamadas telefónicas realizadas en nombre de un autodenominado 'Comando Patriótico' para exigir la finalización de los juicios a los genocidas". 

El funcionario consideró que "no es casual que estas amenazas coincidan con la nueva etapa en los juicios por crímenes de lesa humanidad, como el que comienza mañana del Plan Cóndor, la articulación (represiva) de las dictaduras del Cono Sur" durante los años 70 y 80. 

Alén advirtió sin embargo que "no hay vuelta atrás" con el enjuiciamiento a los represores de la dictadura que gobernó entre 1976 y 1983. 

En la ESMA funcionó el principal centro clandestino de detención de la última dictadura, en la que desaparecieron unas 30.000 personas según los organismos de derechos humanos. De acuerdo a las estimaciones, unos 5.000 detenidos desaparecidos pasaron por la ESMA.

lunes, 11 de junio de 2012

Un paso más hacia la extradición

LA JUSTICIA BRASILEÑA INICIO EL PROCESO PARA ENVIAR AL PAIS A UN REPRESOR DE LA ESMA




 Por Darío Pignotti 

El Supremo Tribunal Federal de Brasil comenzó con las gestiones para posiblemente extraditar a Claudio Vallejos, quien admitió haber intervenido en el secuestro del pianista brasileño Francisco Tenorio Cerqueira Junior, desaparecido.

Desde Brasilia

Uno de los capítulos menos investigados del Plan Cóndor, el que vinculó a las dictaduras de Brasil y Argentina, entre otras del Cono sur, comienza a salir de las sombras. El Supremo Tribunal Federal brasileño inició las gestiones para la posible extradición del represor argentino Claudio Vallejos, ex ESMA, quien declaró haber participado en el secuestro del pianista brasileño Francisco Tenorio Cerqueira Junior, desaparecido desde 1976, cuando realizaba una serie de presentaciones en Buenos Aires junto a Vinicius de Moraes.

Está probado con harta documentación –que incluye cartas del sindicato de músicos al dictador Ernesto Geisel (1974-1979)– que la Cancillería brasileña y la Embajada en Buenos Aires tomaron conocimiento prácticamente de inmediato del secuestro de Cerqueira Junior el 18 de marzo del ’76, y hay indicios firmes sobre la participación de agentes brasileños en los interrogatorios y torturas. Lo que hace de la desaparición de “Tenorinho” un caso emblemático del Cóndor orquestado por brasileños y argentinos.

Después de años de indiferencia judicial, el juez Gilmar Méndes, del Supremo Tribunal Federal, dio un paso firme hacia la extradición del presunto secuestrador Vallejos al ordenar la semana pasada que éste quede bajo jurisdicción de la Policía Federal, por su carácter de extraditable.

El proceso de deportación está caratulado en el Supremo como oficio 478/2012 y fue solicitado, tres meses atrás, por el fiscal federal argentino Miguel Angel Osorio, a cargo de la causa ESMA, quien en su fundamentación se refirió al Plan Cóndor y citó informaciones publicadas por Página/12.

Elisa Cerqueira era una niña de 8 años cuando su padre Francisco Tenorio, de 35, fue secuestrado. Desde entonces ha esperado en vano una respuesta de las autoridades brasileñas. “Si Vallejos es deportado allá (Argentina) va a ser juzgado y probablemente condenado, como sucedió con todos (los miembros de ESMA). Alfredo Astiz está preso y condenado. Yo creo que él tiene que ser deportado, porque acá no va a pasar nada, Brasil todavía no abrió los archivos, no reconoce su participación en este caso, amnistió a los torturadores, entonces creo que debe irse porque allá se hace justicia.” “Aquí Vallejos puede ser liberado en cualquier momento con cualquier excusa boba, por eso el gobierno argentino pidió que lo extraditen, allá va a responder por los grandes crímenes que cometió”, dijo Elisa Cerqueira al diario electrónico Carta Maior.

El Gordo Vallejos fue miembro de la Marina, actuó en la ESMA desde el comienzo de la dictadura y, según él mismo confesó, participó en el grupo de tareas que secuestró al pianista Francisco Tenorio Cerqueira Junior, que horas antes había participado de uno de los memorables recitales del poeta y ex diplomático Vinicius de Moraes junto al guitarrista Toquinho.

En la década del ’80, Vallejos desembarcó en Brasil donde repartía su tiempo entre estafas varias –por lo que fue preso más de una vez, la última en enero pasado– y vender entrevistas sobre su participación en el rapto del pianista Cerqueira Junior –un músico exquisito, poco volcado a la política—, y relatar los secuestros de varios militantes brasileños como Sidney Fix Marques dos Santos y Maria Regina Marcondes Pinto de Espinosa, quienes continúan desaparecidos desde 1976. Casos que posiblemente serán materia de indagaciones por parte del fiscal Osorio, si se lleva a cabo la deportación.

Maté por lo menos a 30 personas y perdí la cuenta de aquellos que torturé, perdí la cuenta de aquellos que yo había torturado y acabaron muertos”, declaró hace tiempo Vallejos a la revista Fatos, acaso envalentonado por las inminentes leyes de Obediencia Debida y Punto Final. También soltó la lengua para la televisión francesa, donde se despachó sobre Alfredo Astiz, y realizó declaraciones en la extinta revista argentina La Semana, a la que dijo: “Yo participé con (Rubén) Chamorro en el secuestro de (el embajador) Hidalgo Solá”, otra de las víctimas de los grupos de tareas de la ESMA, por orden del almirante Emilio Massera.

La vocación histriónica del represor y su prontuario como estafador hacen que sus afirmaciones sean tomadas con reserva, “no sabemos si todo lo que dice es verdad, pero es muy importante que esté detenido y que sea deportado” para ser interrogado por la Justicia argentina, plantea Jair Krischke, titular del Movimiento de Justicia y Derechos Humanos de Brasil, consultado por este diario.

Y luego avanza: “Esto también será importante” para la Comisión de la Verdad, creada el mes pasado por la presidenta Dilma Rousseff, porque es probable que se progrese en la reconstrucción de uno de los casos paradigmáticos del Plan Cóndor. Krischke dijo que no se puede prever cuándo habrá una definición sobre el caso, porque éste debe ser tratado por el plenario de los once miembros del Supremo Tribunal Federal, pero estima que hay “elementos” para esperar un fallo favorable dado que ya fueron concedidas otras extradiciones de represores que actuaron en Argentina, como el coronel uruguayo Manuel Cordero Piacentini, en enero de 2010, y el teniente argentino Norberto Raúl Trozzo, el año pasado.

jueves, 8 de marzo de 2012

Una madre que no puede salir del país

UN EXPEDIENTE INVOLUCRA A LA MAMA DE ALFREDO ASTIZ EN UNA POSIBLE SUPRESION DE IDENTIDAD




María Elena Vázquez de Astiz es investigada porque en 1977 entregó un bebé a un albañil que trabajaba en su casa de Mar del Plata. Dijo que era hijo de su empleada doméstica. Los cruces con el BNDG no dieron resultados positivos.

Por Alejandra Dandan


La madre de Alfredo Astiz podría quedar detenida. María Elena Vázquez de Astiz es investigada por el supuesto delito de sustitución y supresión de la identidad de un niño que, en 1977, entregó a un albañil que trabajaba en su casa de Mar del Plata. Al resolver un incidente de la causa, los camaristas federales de la ciudad Jorge Ferro, Alejandro Tazza y Alejandro Castellanos le prohibieron a la mujer la salida del país y a pedido del fiscal Daniel Adler revocaron un pedido de eximición de prisión. En la causa ya se hicieron los cruces con las muestras del Banco Nacional de Datos Genéticos del Hospital Durand y dieron negativos.

En Mar del Plata el caso es conocido porque es conocida la permanencia de los padres de Astiz entre los residentes temporarios de la ciudad. En 1977, según el expediente, Bernardo Astiz y su mujer ofrecieron un niño recién nacido a un maestro mayor de obras que trabajaba en su casa. El hombre que contó lo que sucedió en su declaración explicó que la mujer le preguntó si tenía hijos. El dijo que no, que su mujer no podía quedar embarazada y que estaban haciendo un tratamiento. En ese momento, la madre del marino le explicó al obrero que su empleada doméstica había quedado embarazada en una relación extramatrimonial, que no podía tener a la criatura y se lo ofreció. También les dio el nombre y la dirección de una partera. El albañil y su mujer fueron a buscar al niño; recibieron un certificado en el que estaba inscripto como hijo de ellos y luego volvieron a recibir una llamada de la madre de Astiz para comprobar que todo hubiese salido bien.

En su declaración, aquel albañil, de condición muy humilde y con voluntad de declarar, contó todavía más: explicó que María Elena Vázquez les preguntó en ese mismo momento si iban a bautizarlo; ellos le dijeron que lo harían al cabo de un mes y al cabo de un mes volvieron a recibir el llamado de la dama que asistió a la ceremonia de bautismo.

Abuelas de Plaza de Mayo de Mar del Plata intervino en la causa en un primer momento, a partir de una denuncia que recibieron en la institución. Las abogadas Estela Murgier y Yamila Zabala Rodríguez siguieron el expediente llamado “Causa Roldán”, iniciado por la tía de Delia Garaguzzo, detenida desaparecida que permaneció embarazada en la Base Naval. El único dato que conectaba las dos situaciones era la fecha del posible parto, en un contexto en el que muchas de las embarazadas de la base eran trasladadas a la Escuela Mecánica de la Armada para los nacimientos. Cuando la causa avanzó, se hicieron los cruces con el Banco Nacional de Datos Genéticos, que descartó las filiaciones con las familias que dejaron su sangre. Abuelas se apartó del expediente, pero la investigación continuó en manos del fiscal Claudio Kishimoto y del juez subrogante Rodolfo Pradas.

Kishimoto pidió el procesamiento de la madre de Astiz y la prisión. Pero Pradas se opuso, aceptó un pedido de eximición de la defensa y le dictó falta de mérito. En ese contexto intervino el fiscal federal ante la Cámara, Daniel Adler, para reforzar la posición de Kishimoto y dar elementos que explican uno de los temas de fondo que se debate en esta causa: “La supresión del estado civil es un delito permanente que no prescribe”, dijo el fiscal en la audiencia ante la Cámara. “Y no prescribe mientras permanece la incertidumbre de no saber quién es la persona. En este caso, no importa que sea de lesa humanidad o no porque lo que se dice es que esa figura delictiva es la que no prescribe”.

Dicho esto, la intervención de la madre de Astiz también deja abierta las sospechas a que pueda tratarse de una causa cometida en el marco del terrorismo de Estado y, por lo tanto, imprescriptible de por sí. “No se puede desvincular esto en atención a la relación que unía a la imputada con Astiz. Para la Justicia no es indiferente esa cuestión, sobre todo teniendo en cuenta la pluralidad de elementos que están surgiendo en la causa de plan sistemático: al momento de los hechos, Alfredo Astiz revistaba en la ESMA y no podemos suprimir la posibilidad de que el Estado investigue este hecho en el que hay fuertes indicios de que pueda tratarse de un caso de lesa humanidad.”

Ahora, la causa volverá a la primera instancia y será el juez Santiago Inchausti quien la tenga en manos porque asumió como titular. También quedó a cargo del fiscal Pablo Larriera.

En la causa de Plan Sistemático, Astiz no aparece directamente como “entregador” de niños robados. Hay, en cambio, otros elementos que pueden alimentar las sospechas: la relación casi orgánica de la Base Naval con la ESMA para el traslado de embarazadas y, como antecedente, un caso algo similar. Si bien es cierto que en la mayor parte de los casos quienes entregaron a los niños fueron militares u hombres de las fuerzas de seguridad asociados a los centros clandestinos o que intervinieron en los secuestros, hubo un caso en el que quien entregó al niño fue la mujer de Samuel Miara. O un caso en el que en Campo de Mayo un represor le dio un niño (Horacio Pietragalla) a su empleada doméstica.

Hasta ahora, lo que dijo la madre de Astiz en su defensa no convenció a los fiscales. Acompañada por su hija, aquella que solía estar presente en los juicios orales de la ESMA, al comienzo negó toda relación con el albañil. Luego dijo que no se acordaba de nada y más tarde cambió la declaración. Dijo que el niño no era de la mucama, sino de la empleada de unos conocidos. Argumentó que los conocidos no estaban ubicables porque estaban en el Sur y después en alguna otra provincia.

lunes, 9 de mayo de 2011

Bergoglio fue citado en la causa por robo de bebés

COMO TESTIGO
El cardenal deberá presentarse como testigo en el juicio en el que se investiga la existencia de un plan sistemático para la apropiación de bebés nacidos cuando sus madres estaban detenidas durante la última dictadura militar. Por su condición de "alto dignatario de la Iglesia", Bergoglio puede responder por escrito o pedir que los jueces se acerquen a su residencia oficial, como sucedió con su declaración en la megacausa ESMA.
El Tribunal Oral en lo Federal 6 hizo lugar a un pedido formulado por al fiscal Martín Niklison y el abogado Alejo Ramos Padilla, representante de un grupo de Abuelas de Plaza de Mayo, quienes reclamaron el testimonio del prelado en base a los dichos de Estela de la Cuadra, quien narró que lo entrevistó para que intercediese en la búsqueda de su sobrina nacida en un centro clandestino de detención.
Apenas iniciada una nueva audiencia del proceso que se sigue a varios represores, encabezados por los dictadores Jorge Rafael Videla y Reynaldo Benito Bignone, la presidenta del Tribunal anunció que se le librará oficio a Bergoglio "para que manifieste si se presentará ante el tribunal o declarará en los términos previstos en el artículo 250" del Código Procesal.
Esa norma establece que "no estarán obligados a comparecer" a las audiencias orales y públicas ciertos determinados funcionarios nacionales y provinciales y a los "altos dignatarios de la Iglesia", quienes podrán hacerlo por escrito tras un pliego de preguntas que quieran hacerle las partes. También pueden hacerlo, según la misma norma legal, en su "residencia oficial", tal como ocurrió cuando Bergoglio declaró en la megacausa ESMA cuando los magistrados y las partes concurrieron a su despacho en el Episcopado.

viernes, 6 de mayo de 2011

En Argentina inician alegatos por crímenes cometidos por el ESMA durante la última dictadura












El juicio oral contra 17 integrantes del grupo de tareas acusados de delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) durante la última dictadura argentina (1976-1983), entró este jueves en su etapa final con el inicio de los alegatos que este viernes determinarán los primeros pedidos de sentencias.

Ante el proceso judicial, que se lleva a cabo en el El Tribunal Oral Federal 5 de Buenos Aires (Capital), el secretario de Derechos Humanos de ese país suramericano, Eduardo Luis Duhalde, exigió una "alta condena" para todos los represores enjuiciados, entre los que se encuentra el ex marino Alfredo Astiz.

"Sin poder anticipar la sentencia, porque eso es propio del tribunal, creo, sin duda, que va a haber una alta condena para la mayoría de los procesados", aseveró Duhalde.

Todos los criminales están acusados de al menos 86 casos de delitos de lesa humanidad cometidos en la principal cárcel clandestina de la dictadura militar de Argentina (1976-1983).

Las audiencias de los alegatos se iniciaron después de que el pasado abril un tribunal de Argentina condenara a prisión perpetua al ex dictador Reynaldo Bignone por crímenes de lesa humanidad en perjuicio de diez víctimas del último régimen militar.

Sin embargo, Duhalde remarcó que la "megacausa" de la ESMA no cierra el capítulo de los abusos en la dictadura, ya que "hay juicios muy importantes en trámite, como la masacre de Margarita Belén (fusilamiento de una treintena de presos políticos en 1976), de la que se espera la sentencia dentro de dos o tres meses".

"Se perdieron veinte años con las leyes de impunidad. Muchos represores murieron, pero también muchos testigos y familiares de víctimas. Y ese tiempo perdido no se recupera (…) lógicamente, las víctimas desearían que los juicios fuesen más rápidos", comentó en torno al tiempo transcurrido desde los crímenes hasta los juicios.

Pese a esta afirmación el activista insistió en que "es preferible una justicia tardía a una injusticia eterna".

De casi cinco mil casos, se evalúan 86  

Paralelo a las declaraciones de Duhalde, este jueves el abogado de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Martín Rico, expresó que el Gobierno “alegará en nombre de los 30 mil desaparecidos y de todas las víctimas del terrorismo de Estado”.

Rico indicó que el juicio es por 86 victimas, pero que realmente fueron  de las casi cinco mil que pasaron por la ESMA.

Los medios locales explicaron que la penalidad corresponde al delito de coautores directos de las privaciones ilegales de libertad y cinco homicidios.

Los asesinatos corresponden a los miembros del grupo cuyos cuerpos fueron hallados en playas de la Costa Atlántica y enterrados luego de ser arrojados de los conocidos “vuelos de la muerte”, que según fuentes extraoficiales, fueron el mecanismo de muerte para miles de personas que fueron arrojadas al mar vivas y anestesiadas desde aviones militares.

Este proceso judicial por los crímenes de la ESMA comenzó en diciembre de 2009 y en él se juzgan el secuestro y desaparición del escritor Rodolfo Walsh, el 25 de marzo de 1977, cuyo cuerpo fue visto por sobrevivientes en la ESMA.

También incluye las muertes de las monjas francesas Alice Domon y Leonie Duquet.

Por otro lado, se busca hacer justicia por los casos de otras 63 víctimas que estuvieron secuestradas en la ESMA.

En el juicio están acusados 17 represores, entre ellos el canciller de la dictadura Oscar Montes, Adolfo Donda y Antonio Pernías.

miércoles, 23 de marzo de 2011

Fiscalía argentina identifica tripulantes de "vuelo de la muerte" de monja francesa


La Fiscalía argentina identificó este martes a los tripulantes del vuelo en el que fueron arrojadas al mar tres de las fundadoras de la organización Madres de Plaza de Mayo y la monja francesa Léonie Duquet durante la última dictadura en ese país suramericano (1976-1983).

"Están individualizados el vuelo y sus tripulantes. Incluso viajé en búsqueda de los mecánicos (de los aviones) que podrían haber sobrevivido", informó el fiscal argentino, Miguel Ángel Osorio.

Explicó que analizó unos dos mil 755 vuelos realizados entre 1976 y 1978 por dos aviones de la Prefectura (guardia costera), con la sospecha de que algunos podrían haber sido utilizados para los llamados “vuelos de la muerte”.

Precisó que "del análisis de esos vuelos, estamos convencidos que podemos terminar de individualizar al que fue usado para arrojar a tres fundadoras de Madres de Plaza de Mayo, una militante humanitaria y la monja francesa”.

Durante la dictadura militar argentina, aviones de la Marina, la Prefectura y la Fuerza Aérea se utilizaron para arrojar a activistas sociales al mar o al río de la Plata, con la intención de hacerlos desaparecer, aunque algunos cuerpos fueron devueltos por las aguas.

Los cuerpos de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo fueron devueltos por el mar y encontrados en Santa Teresita, una ciudad de la costa atlántica argentina a finales de diciembre de 1978 y enterrados como NN (sin identificar) en un cementerio cercano.

En el 2005, el Equipo Argentino de Antropología Forense indentificó los restos.

Las cinco mujeres fueron secuestradas en diciembre de 1977 junto a otras siete personas que siguen desaparecidas, entre ellas la monja francesa Alice Domon, en un operativo que se inició con la infiltración de Madres de Plaza de Mayo por parte del ex marino Alfredo Astiz.

Al grupo lo trasladaron a la Escuela de Mecánica de la Armada (Esma), el más emblemático centro de torturas y muerte de la dictadura que dejó 30 mil desaparecidos, según organismos humanitarios.

Los "vuelos de la muerte" fueron una práctica en la que miles de personas fueron arrojadas al mar vivas y anestesiadas desde aviones militares.
El próximo 24 de marzo se conmemora en Argentina el día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia por las muertes de civiles producidas en la dictadura militar que gobernó el país suramericano.

viernes, 18 de marzo de 2011

“Había uno que me levantaba la capucha”

ESTHER GONZALEZ ESTUVO SECUESTRADA, CREE QUE EN LA ESMA; ERA VECINA DE RODOLFO WALSH EN TIGRE
A pedido de los abogados del escritor desaparecido, Esther contó su calvario a manos de la Marina. Su testimonio fue requerido por el valor de confirmar que fue una patota de esa fuerza la que estaba buscando a Walsh en el Tigre.
 Por Alejandra Dandan
Como si todavía estuviese ahí, con los ojos tapados, la capucha blanca transparente presionando sobre algodones que llegaron a sofocarla, Esther González habló de la Escuela de Mecánica de la Armada. “Creo que estuve ahí –dijo–, porque se oían aviones, era un lugar cerca de Aeroparque, y después leí relatos cuando empezaron a aparecer los sobrevivientes, confirmé más la idea porque por ejemplo había un personaje que arrastraba cadenas que cada tanto me levantaba la capucha para ver si alguien me conocía y me identificaba, a ese personaje le llamaban los Pedros, después leí que eran como los cadeneros, que tenían una función.”
Esther todavía no sabe dónde estuvo pero ayer, aún así con esas dudas, declaró en el juicio oral de la ESMA. Llegó a pedido de la querella de Rodolfo Walsh porque era una de las vecinas de ese espacio que empezó a recorrerse nuevamente durante estos meses, que fue a la orilla del río Carapachay, en el Tigre, donde el periodista y su compañera Lilia Ferreyra alquilaban una casa.
Hasta ahora habían declarado varios vecinos: Chiquita Constenla, la viuda de Pablo Giussani y, la semana pasada, Hugo Rapoport. Desde hace tiempo faltaba este relato. Esther ocupaba la primera construcción de esa hilera imaginaria de vecinos con su marido, el historiador Leandro Gutiérrez. Uno de esos fines de semana se los llevaron secuestrados.
“Fue el 18 o 19 de septiembre de 1976 –dijo ella–; mi marido y yo estábamos con una pareja de amigos.” Al lado estaba la casa de Walsh, al que casi nunca veían porque hacía tiempo que no iba a la isla. “Esa tarde de sábado apareció un muchacho que venía como del lado del Paraná –explicó– en un bote, venía remando y vemos que se acerca a la casa de Walsh, baja y se mete en el muelle, y como nos sorprendió, le preguntamos qué hacía y nos dijo que venía remando desde Rosario y quería entrar ahí para hacer un asado.”
Rapoport había dicho que era política de buenos vecinos acercarse en esas situaciones a quienes llegaban a los jardines de las casas desocupadas. “Le dijimos que era una propiedad privada –recordó Esther–, que si no tenía dónde ir podía ir a pasar el día enfrente, donde había una propiedad abandonada; él dijo gracias, y nosotros no pensamos más en el asunto; al atardecer lo vimos caminar en la orilla del otro lado, pero bueno no le dimos más importancia.”
Los amigos de Esther se quedaron a dormir. “En la madrugada, no sé qué hora sería, golpearon la puerta con mucha violencia, fuimos a abrir y entró un grupo de personas que estaban armadas y llevaban pasamontañas. No sé cuántos eran, había un jefe y el resto me daba la sensación de que eran la tropa; recuerdo como cinco o seis, pero había muchos más afuera. La casa estaba bloqueada, obviamente nos asustamos.”
Revisaron todo. Les dijeron que iban a llevárselos porque había un número de teléfono escrito en la puerta de un placard. Que tenían que averiguar de qué se trataba, aunque Esther siempre creyó que todo eso fue una excusa.
“Nos encapucharon, nos esposaron y nos subieron a una lancha de pasajeros”, dijo. Primero pararon en el puerto, los bajaron, les volvieron a poner las capuchas y les advirtieron que si se las levantaban les iban a pegar. Esther se puso a llorar en ese momento: “Mi marido –dijo– inconscientemente levantó la cabeza, y le dieron una trompada, le saltaron los dientes”.
Llegaron al lugar donde iban a permanecer secuestrados durante las siguientes 48 horas en una ambulancia. Esther nunca vio el interior. Sabe que primero estuvo sentada al aire libre, que después la llevaron a un subsuelo donde hacía mucho calor y se oía una música permanente y muy fuerte; donde ella quedó tirada en el piso, encima de una colchoneta con antiparras y algodones hundidos en los ojos.
Frente a ella, en la sala, la escuchan familiares, sobrevivientes y también una de sus hijas. Mientras tanto, ella parece meterse con la reconstrucción nuevamente en esa zona de tinieblas.
“Bueno, así estuve mucho tiempo, no sé cuánto, me dieron algo para tomar, era como un caldo y un sandwich de carne pero no pude comer nada; había gente que veía porque me pedían la comida que yo no comía, así que no todos estaban encapuchados. Así pasó un día; al otro, en un momento dado, me llevaron a interrogar, pero no me hicieron ninguna pregunta de nada, fue un interrogatorio formal: ellos sabían que yo había estudiado psicología, me preguntaron si hacía grupos de Freud, y después si los veía o no los veía.”
Poco después la subieron, pasó por un baño que ahora sirve para terminar de saber si eso que cree que era la ESMA, lo era. Volvieron a ponerla en contacto con su marido. A Leandro Gutiérrez no le habían preguntado por Walsh, sino por su viaje a México, cosas que Esther nunca entendió: ¿cuánto demoró desde el aeropuerto hasta determinado hotel? O ¿cuál había sido la ruta? Antes de sacarlos, un guardia con tono provinciano les dijo que se alegraba de que ese día, que era el Día de la Primavera, alguien quedara en libertad. Así supieron que era 21 de septiembre, el mismo día de la Noche de los Lápices o del secuestro a Orlando Letelier, decía Patricia Walsh, todavía shockeada por los datos.
“Yo estaba en un estado deplorable; seguíamos encapuchados, nos pusieron en un coche, nos dejaron a la madrugada, serían las cinco o seis, en un lugar que después nos dimos cuenta que era Florida, nos dijeron que contáramos hasta 150, que después podíamos abrir los ojos y que si llegábamos a ver a alguno íbamos a ser boleta.”
Cuando terminaron de contar, volvieron a escuchar el ruido de un auto. Tuvieron miedo. De pronto oyeron que el ruido no estaba más y pensaron que debían estar liberando a otros prisioneros. “Nos encaminamos a la parada del colectivo que nos llevó por Cabildo o Belgrano, estábamos en un estado tan deplorable, tan sucio y maloliente que me sorprendió que el colectivero no se sorprendiese de vernos así, lo tomó como muy natural, eso me llamó la atención.”
En la sala siguieron las preguntas. Le preguntaron nuevamente por la ESMA. Ella volvió a ese lugar: “Una mujer que lloraba –decía–, lo único que escuché, lloraba y se quejaba y decía... ‘callate Blanca, callate’. Yo después lo asocié con los Tarnospolsky, eso es lo único que escuché”. La familia Tarnospolsky estaba secuestrada en la ESMA.
Nunca más volvió a ver a sus amigos. Se rió y fue la única vez que lo hizo cuando dijo que tal había sido el susto que nunca quisieron tomarse ni un café. De la casa de Walsh, Esther se quedó convencida de que los marinos se quedaron ese día en el fondo, en esos lugares donde las islas se hacen parte del monte que nadie puede terminar de ganar. Que a su casa seguro la usaron como base de operaciones para esperar que Walsh apareciera. Su testimonio sirvió por la ESMA, pero para confirmar que eran los marinos los que ya estaban detrás de Walsh. Esther fue la última testigo del juicio cuya fecha de cierre se estima para la primera semana de julio.

jueves, 10 de marzo de 2011

Una citación con el rótulo equivocado

EL PAIS › CRITICAS AL TRIBUNAL DE LA CAUSA ESMA PORQUE CONVOCA A TESTIGOS QUE DEBERIAN DECLARAR COMO ACUSADOS
Las defensas de los represores solicitaron como testigos a personas involucradas en los hechos que se juzgan. Juran decir la verdad, pero a la vez pueden evitar autoincriminarse. Mañana está convocado Rafael Carlos de Elía, quien ya está imputado en la causa.
 Por Alejandra Dandan
Hace unas semanas declaró el marino Ramón Antonio Arosa, que dijo que el operativo en la Iglesia de la Santa Cruz resultó “exitoso”.
Imagen: Dafne Gentinetta.
Pese a la oposición de los organismos de derechos humanos que integran las querellas, pese a la denuncia de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación y al requerimiento de indagatoria de la fiscalía de Eduardo Taiano, el Tribunal Oral Federal 5 convocó a declarar –para mañana viernes– como testigo en el juicio oral por la ESMA al marino Rafael Carlos de Elía. De Elía fue subjefe de la Base Aeronaval Comandante Espora de 1977 a 1979, y jefe interino durante un período de cuatro meses. La base aeronaval, que estaba a una hora de vuelo de la ESMA, tenía el personal, los instrumentos técnicos y logísticos para los traslados de los cautivos del centro clandestino. De Elía, que es experto en hidrografía naval, está imputado en la megacausa ESMA porque bajo sus órdenes se hallaba el piloto Emir Sisul Hess, con procesamiento confirmado por la Cámara de Apelaciones, por su intervención en los vuelos de la muerte.

La polémica

La citación a De Elía se produjo cuando las querellas están cuestionando la participación de varios marinos como testigos convocados por las defensas. Su caso es tal vez uno de los más paradigmáticos. Hace unas semanas, sin embargo, declaró Ramón Antonio Arosa, jefe de la Armada entre 1983 y 1989 y quien aunque fue jefe de la democracia escaló posiciones durante la represión. Durante su testimonio dijo aquello de que el operativo de inteligencia de Alfredo Astiz en la Iglesia de la Santa Cruz resultó “exitoso”, pero que la Armada se equivocó al no esconderlo y enviarlo enseguida a París.
Pese a eso, el caso que disparó la polémica a comienzos de febrero fue el de De Elía, que debía presentarse en ese momento. Las querellas de los organismos de derechos humanos, que suelen mantener posiciones distintas frente estos testigos, en este caso aparecieron encolumnadas.
El problema es que una persona que se presenta a declarar en calidad de testigo está obligada a decir la verdad, bajo juramento. Al comienzo de la audiencia, debe escuchar al presidente del tribunal que le pregunta si tiene un interés específico con el resultado de la causa o su interés es que se haga justicia. En general, todo el mundo responde que el interés es el de la justicia. Pero por su vínculo con Hess, la respuesta de De Elía podría ser bastante más complicada: “En realidad, en la base de la convocatoria hay una contradicción –explicó Carolina Varsky, abogada del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)–, porque va a declarar sobre hechos por los que por otra parte está siendo imputado”.
Todo testigo debe decir la verdad pero no puede autoincriminarse. Por esa razón, ante casos similares, el TOF 5 limita la batería de preguntas que podrían llevar a que el testigo deba decir algo contra sí mismo. Eso es lo que supuestamente sucederá mañana viernes con De Elía. Y una de las razones por las que la fiscalía de Pablo Ouviña –a cargo de la acusación– suele agarrarse la cabeza: en esas condiciones y con el poder de las preguntas cercenado, dicen, la presencia de un testigo no sirve o sólo avala la postura de los acusados.
Para salvar el problema, Ouviña planteó en algún momento evitar el juramento. Una situación compleja: rechazada por el TOF 5 y cuestionada por algunas de las querellas, no sólo por las garantías del testigo sino porque sin el juramento de verdad, la palabra del testigo no podría ser bien valorada como prueba. Pese a eso, y en situaciones similares, en otros juicios prosperaron pedidos del tipo. Uno de ellos fue el juicio oral por Mansión Seré, cuando se presentó a declarar como testigo Miguel Angel Ossés, comandante de operaciones aéreas entre 1976 y 1978. En ese caso Félix Crous dejó de hacer preguntas, y pidió relevarlo del juramento. La medida se aceptó y a la hora de la conclusión del juicio, la fiscalía elevó el testimonio para que se inicie una causa. Ossés hoy está procesado.
“Acá lo que hay que decir es que durante el terrorismo de Estado lo que hubo fue una asociación ilícita”, dice Ana María Careaga, sobreviviente del circuito Atlético-Banco-Olimpo e hija de Esther Ballestrino de Careaga, una de las madres de la Plaza de Mayo secuestradas en la Iglesia de la Santa Cruz durante diciembre de 1977 y cuyo traslado es una de las acusaciones contra Hess. “Esa asociación fue diseñada y planificada para lograr el control social; hay que decir que se secuestró a miles de personas y que las Fuerzas Armadas, como estructura organizada, estuvieron encolumnadas en la represión. Por eso es asociación ilícita. Entonces, pensar que puede haber determinadas personas que por su responsabilidad en la estructura jerárquica no hayan tenido nada que ver, cuando estuvieron en distintos tramos claves de esa esta historia, es desconocer cómo estaba la estructura de la represión, y la verdad es increíble.”
La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación denunció los antecedentes de De Elía a comienzos de febrero ante el juzgado federal de Sergio Torres, a cargo de la megacausa de la Escuela Mecánica de la Armada. En ese momento, Pablo Barbuto, del equipo jurídico de la Secretaría, ya le advertía al juzgado que De Elía había sido citado a declarar como testigo en el juicio oral de la ESMA. Torres pasó la denuncia a la fiscalía de Taiano, que evaluó el caso, los antecedentes y elevó el requerimiento para la indagatoria, un pedido que para los organismos de derechos humanos ya ubica a los acusados en situación de imputados. Nada de eso sin embargo detuvo al TOF 5, a cargo de Daniel Obligado, que igual decidió convocarlo.

Espora

Entre abril de 1977 y abril de 1979, De Elía se desempeñó como subjefe de la Base Aeronaval Espora de Bahía Blanca. Durante ese período mantuvo un interinato como jefe de cuatro meses. Luego pasó a Hidrografía Naval y luego revistó en el destructor Storni, en el Estado Mayor Conjunto de las FF.AA. y en la Dirección General de Personal. De acuerdo con los datos acumulados en la causa que se instruye en Bahía Blanca, investigados en la fiscalía de Abel Córdoba, el rol de la Base Espora en la lucha contra la subversión es claro: la base estaba contemplada en el Placintara, el Plan de Contrainsurgencia Terrorista de la Armada Argentina, que en 1975 contempló el lanzamiento de prisioneros vivos al mar. En la propia base, explicaron desde la fiscalía, había una dependencia de Inteligencia Naval ubicada en la cabecera de la pista de aterrizajes. Y contaban con los instrumentos logísticos y operativos para los traslados de los prisioneros de las distintas Fuerzas Armadas. Hess es uno de los vínculos entre la Base Espora y la ESMA, cuyos marinos encontraron ahí los medios necesarios para la ejecución de los vuelos y los traslados.
De Elía tuvo a cargo a Emir Sisul Hess, procesado por su participación en los llamados “vuelos de la muerte”. De acuerdo con los datos de la megacausa ESMA, el hombre que se recicló como empresario de turismo y hacía alarde ante sus empleados de haber tirado a las víctimas desde el aire desde donde parecían “hormiguitas”, realizó 145 vuelos en el año 1976 desde la Primera Escuadrilla Aeronaval de Helicópteros que funcionó en la Base; y 173 vuelos en 1977. Hess que está procesado entre otros casos por los traslados de las víctimas de la Iglesia de la Santa Cruz, tiene en su legajo una sanción dispuesta por De Elía en noviembre de 1977. Esto es clave para evaluar el vínculo con el jefe.
“Esa facultad de sancionar a alguien es muy relevante”, dijo el fiscal Córdoba en diálogo con Página/12. “De allí puede deducirse que tenía la supervisión concreta de las actividades de su su-bordinado, podía impartirle órdenes, corregir su actuación y directamente impartirle las ordenes que quisiera ejecutar, contando para eso con la incondicionalidad del ejecutor. Es central ese dato, nadie en una institución disciplinada como las Fuerzas Armadas tiene margen de libertad, salvo el que le permite el superior. Con lo cual, en el plan represivo la conducta del subordinado, involucra la del superior, por eso se habla de cadenas de mandos y no de estratos inferiores o superiores.”
Esa línea es por la que se pidió la indagatoria de De Elía. Pero la idea de la cadena de mandos no sirve para exculpar a Hess: con la confirmación del procesamiento a través de la Cámara de Apelaciones, indica una de las abogadas de las querellas, quedó claro que su jefe sabía lo que hacia y dejaba de hacer.

domingo, 27 de febrero de 2011

Almirante de agua bendita

Droga, pobreza y delito como problemas de seguridad, son los ejes de la campaña con que el Episcopado buscará eludir en este año electoral sus profundas divisiones internas y adelantarse a proyectos que expandan derechos y libertades. También a los temas pendientes, como la Asignación por Hijo y el Obispado Castrense. Un almirante formado durante la dictadura, especializado en Washington y vinculado con el Sedronar coordina la campaña sobre droga.

 Por Horacio Verbitsky
Mientras CFK puede presentarse para un nuevo período presidencial, el jefe de la Iglesia Católica, Jorge Mario Bergoglio, transcurre los meses finales de su último mandato, ya sin reelección. Al cumplir en diciembre los 75 años deberá solicitar también su retiro como arzobispo de Buenos Aires, igual que el obispo de San Isidro e influyente encargado de relaciones políticas del Episcopado, Alcides Jorge Pedro Casaretto, quien ya tiene un obispo coadjutor en funciones y dejará este año la diócesis más rica del país, San Isidro. Allí introdujo como encargado de drogas al vicealmirante Horacio Florencio Néstor Reyser, quien ahora coordina la campaña nacional encabezada por el obispo Jorge Lozano, desde la Comisión Nacional de la Pastoral de Drogadependencia. Casaretto también tiene como asesor económico al poderoso empresario sojero Eduardo Serantes, autor de los documentos favorables a la Sociedad Rural durante la crisis de 2008. Los otros ejes de la actividad episcopal para este año serán la pobreza y la inseguridad, temas en los que el Episcopado se siente fuerte, pese a que Casaretto no logró que entidades sindicales de patrones y obreros firmaran la hostil declaración al gobierno preparada con Serantes para el Bicentenario. La ya iniciada campaña sobre las drogas fue diseñada por el almirante de agua bendita junto con el Consejo Publicitario Argentino. Trabajaron en ella un directivo de Radio Mitre y la agencia de publicidad de Clarín, ADN. Su slogan es “Decí no al consumo de drogas”. La sucesión de pastillas, copas de vino y cerveza, hojas de marihuana, jeringas y líneas de cocaína, con ruidos de fiesta que terminan con un dramático sonido de ambulancia y terapia intensiva, hace de la sustancia un fetiche, atractivo para los jóvenes. En la página electrónica del Episcopado (http://www.reddevida.org) pueden consultarse los avisos y los documentos que les dan origen. Uno de ellos, firmado por Alberto Solanet, cuestiona el fallo de la Corte Suprema de Justicia que despenalizó la tenencia para consumo personal y recomendó concentrar los esfuerzos del Estado en la persecución de los grandes traficantes. Solanet fue presidente de la Corporación de Abogados Católicos, que es la longa manu del Episcopado entre los avenegras, y hoy preside otra entidad de abogados del mismo origen, creada para propiciar el perdón a los jefes de la dictadura militar sin mostrar la punta de la sotana. La idea de combate contra un enemigo externo a la sociedad que se caracteriza como un flagelo a destruir es la que fracasa en el mundo desde hace 40 años, cuando el ex presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon declaró la “guerra a las drogas”. Esa Red de Vida creada por la Conferencia Episcopal muestra los nexos entre este emprendimiento del almirante Reyser y la agonizante Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar), y su titular, José Granero, quien tiene tres pedidos de procesamiento, por delitos con estupefacientes y sólo se sostiene en el gobierno y en libertad por presión de la DEA. Esa página reproduce un artículo publicado por el obispo Lozano en La Nación, en la que afirma que la Sedronar “no da abasto” porque el gobierno nacional le retacea presupuesto. Ése es el mismo discurso, voceado por el propio Granero, que antes de Lozano repitieron el Departamento de Estado, la Coalición Cívica Libertadora y Graciela Camaño, del Peornismo Opositor. En el caso del Episcopado tiene que ver con el negocio de las granjas e institutos de recuperación de adictos y menores, como el que regenteaba el obispo Emilio Ogñenovich, fallecido en enero. Ese Hogar Terapéutico Jesús de Nazareth fue clausurado al comprobarse que era un “sitio de reclusión y de castigo”, con alambradas perimetrales de púas, celdas de penitencia y guardias de seguridad. La Red de Vida también incluyó en otra de sus páginas un informe del Sedronar sobre la toxicidad de la marihuana y un ataque al jefe de gabinete Aníbal Fernández por proponer su despenalización, en línea con el fallo de la Corte. Además, reprodujo una nota del diario estadounidense New York Times en la que Granero acusa a Fernández de obstruir su labor y minimiza el hallazgo de ocho kilos de cocaína en una camioneta que conducía su chofer. Al informar sobre un Encuentro en una iglesia de La Boca, la Red narra las experiencias con el programa “Quiero ser” de la Sedronar en algunas escuelas de la diócesis de San Isidro.

A Roma

Los obispos se ilusionan con que la campaña sobre drogas, pobreza e inseguridad disuada el avance legislativo de nuevos proyectos de expansión de derechos y libertades. Entre ellos, los que consagrarían el reconocimiento y respeto a la identidad de género y el acceso al sistema público de salud de las personas travestis, transexuales y transgéneros, y despenalizarían el aborto durante los primeros tres meses del embarazo (que según las investigaciones recientes de Fortunato Mallimaci y Juan Cruz Esquivel, por un lado, y de la consultora Poliarquía, por el otro, gozan de amplio consenso aun entre los fieles católicos). Así, los obispos también esperan disimular las fisuras internas, a raíz de las reformas del año pasado sobre el matrimonio, que suprimieron del Código Civil cualquier referencia al sexo de los contrayentes. Bergoglio instó a librar una guerra de Dios contra esa ley, que consideró inspirada por el Demonio, pero sus contendientes internos, encabezados por el arzobispo de La Plata, Héctor Aguer, consideran tibios esos esfuerzos. Pese a que el auxiliar de Aguer en La Plata, Antonio Marino, fue el encargado del lobby confesional sobre el Congreso, este sector responsabiliza a Bergoglio, por haber admitido como presunto mal menor un proyecto de unión civil, que dejara a salvo el sagrado vocablo matrimonio. Luego de la sanción de la ley, muchos obispos comenzaron a recibir cartas y mails con denuncias escabrosas sobre la vida privada de algunos de ellos, con otros hombres o con mujeres. Lo interpretaron como el comienzo de una Intifada para copar la conducción episcopal, con el apoyo del ex embajador argentino ante el Vaticano, Esteban Caselli, quien es gentilhombre del papa y directivo de la Soberana y Militar Orden de Malta, y del cardenal argentino Leonardo Sandri, prefecto de la congregación vaticana para las iglesias orientales. En la estrepitosa Asamblea Plenaria de noviembre, el jubilado obispo de Resistencia Carmelo Giaquinta propuso llevar la cuestión a Roma. Así se resolvió pese a la oposición de Aguer, Marino y Martín Elizalde, el obispo de 9 de Julio que no aplicó ninguna sanción canónica al sacerdote Christian von Wernich, no obstante su condena por crímenes de lesa humanidad.

Problemas con la justicia

Bergoglio y sus vicepresidentes en la jefatura episcopal, Luis Villalba y José María Arancedo, pidieron la audiencia con Benedicto XVI para plantear su disgusto por la incidencia de Caselli y Sandri en la designación de obispos argentinos y por su aliento a quienes los atacan con publicaciones que consideran calumniosas. Una hermana de Sandri escondió al prófugo banquero vaticano estafador Francisco Trusso, hasta que Aguer firmó la fianza que le permitió quedar en libertad. La pugna en la Conferencia Episcopal refleja la ausencia de conducciones fuertes como las que ejercieron Antonio Caggiano y Raúl Primatesta, cada uno de los cuales fue el líder indiscutible durante un cuarto de siglo. Quien parecía en condiciones de sucederlos fue Antonio Quarracino, un amante de los placeres de la vida y de la mesa. Pero murió apenas siete años después de asumir el Arzobispado porteño, sin tiempo para consolidar su poder. Desde entonces, la conducción episcopal rotó entre presidentes débiles, como Estanislao Karlich, Eduardo Mirás y, desde 2005, Bergoglio. Arancedo, quien es primo hermano del ex presidente Raúl Alfonsín, y los obispos de Corrientes y de Gualeguaychú, Andrés Stanovnik y Jorge Lozano, son las principales candidaturas que este sector opone a la de Aguer para la sucesión. Desde el otro bando se recriminan a Bergoglio sus actividades conjuntas con los rabinos Sergio Berman y Abraham Skorka y haber promovido como obispo auxiliar porteño a un sacerdote que había sido mencionado en una sentencia de divorcio vincular por adulterio. Según el fallo judicial, que los Aguerridos difundieron aquí y en Roma, el marido cornudo debió “soportar, aguantar y resistir la agresión, indiferencia y desatención absoluta de su cónyuge, a partir de sus sentimientos amorosos, confesos e inocultables” por el ahora obispo. Ambos sectores llegaron al cotejo en posición de relativa debilidad y problemas con la justicia. La semana pasada, en los fundamentos de la condena del Tribunal Oral Federal 1 de Córdoba a los ex dictadores Jorge Videla y Luciano Menéndez, el juez José María Pérez Villalobos mencionó la “colaboración” de Primatesta y de los capellanes del Ejército Eduardo McKinnon y Sabas Gallardo “en la ejecución de los planes de los golpistas”. No pueden ser juzgados, porque los tres murieron. Pero Bergoglio vive. El año pasado, al testimoniar en el juicio por la ESMA, se abroqueló en generalidades, nolosupes y nomeacuerdos, pero este mes el arquitecto Rodolfo Yorio lo incriminó en el secuestro de su hermano, el sacerdote Orlando Yorio, y entregó documentación comprometedora al tribunal, por lo que el jefe de la Iglesia argentina podría ser citado a declaración indagatoria. Los enredos de Caselli, quien es senador italiano por el partido de Silvio Berlusconi, Pueblo de la Libertad, no son menos acuciantes. El gobierno argentino decidió mudar la residencia y oficinas de la embajada ante el papado, cuando le pidieron para renovar el alquiler del Palazzo Patrizzi, un incremento de 24.460 a 31.000 euros mensuales. El Poder Ejecutivo no aceptó la petición pese al lobby que realizaba a favor de la permanencia en esa suntuosa sede el obispo Canciller de la Pontificia Academia de Ciencias del Vaticano, Marcelo Sánchez Sorondo (h). Caselli lo alquiló como sede de la Fundación Italianos en el mundo. Sus otros directivos fueron los también legisladores berlusconianos Nicola Di Girolamo y Basilio Giordano. Di Girolamo, elegido por los italianos que viven en otros países de Europa, debió renunciar a su banca y fue detenido el año pasado, una vez que se publicaron fotos suyas con jefes de la mafia calabresa, la n’dranghetta, conversaciones telefónicas con ellos y negocios compartidos de lavado de dinero por miles de millones de euros. El ex senador argentino Eduardo Duhalde asistió a un encuentro de la Fundación en Roma, y Di Girolamo compartió la inauguración de su sede en Buenos Aires con Aguer y Berman. Según el diputado del Partido Democrático Fabio Porta, la n’dranghetta habría falsificado las boletas con las que fueron electos Di Girolamo por los italianos europeos y Caselli por los italianos en América. En marzo de 2010, el Pueblo de la Libertad desmintió que Caselli estuviera bajo investigación, pero hace dos semanas el diario Il fatto quotidiano informó que el fiscal romano Giancarlo Capaldo denunció a Caselli por fraude electoral y falsificación de instrumento público. La causa se extiende al ex cónsul en Buenos Aires, Giancarlo María Curcio, a su jefe informático Marcello Valeri, al cartero Oscar Andreani y al calabrés Francesco Arena, que transmite en Radio Splendid el programa Italia Tricolor. Debido a estas desgracias, la Fundación dejó de pagar los alquileres, el propietario consiguió el desalojo y la justicia la declaró en quiebra. También se secaron los fondos para la estrambótica candidatura presidencial de Caselli. La menguada influencia que aún ejerce el ex embajador, como agente vaticano inserto en el sistema político italiano, se ejerció en estos días para conseguir que la nueva investigación por lavado de dinero al famoso IOR que administraba la Santa Sede y usaba la mafia, no la realizaran las instituciones europeas sino las de la conversable Italia de Berlusconi. Por eso, el Papa y su jefe de gabinete, Tarcisio Bertone instaron a ambas facciones a una tregua y a emprender una fuga hacia delante, con una nueva arremetida contra el gobierno en defensa de causas nobles, como la lucha contra la droga, la pobreza y la inseguridad.