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viernes, 8 de marzo de 2013

"El comisario Tognoli, desde su cargo, dejó crecer enormemente a los vendedores de drogas"

Viernes, 08 de marzo de 201309:34 | Policiales

Lo dijo Norma Castaños, representante de la ONG "Madres solidarias", quien impulsó varias denuncias contra el ex jefe de la policía provincial acusado de tener connivencia con el narcotráfico.


Hugo Tognoli, horas después de haber recuperado la libertad en octubre pasado

Norma Castaños, titular de la ONG "Madres solidarias" y una de las denunciantes contra el ex jefe de policía Hugo Tognoli, afirmó hoy que se "sintió sorprendida" por la nueva detención del comisario. "Me sorprendió la detención. Pensé que no iba a pasar nada, que todo iba a quedar como siempre. No puedo estar contenta por esto, pero puedo decir que se hace justicia", expresó Castaños en contacto con el programa "El primero de la mañana" de La Ocho.

"Tognoli cumplía el rol de permitir que los narcos vendieran droga y hacerlos crecer más. Por Tognoli, esta gente creció enormemente y así ocurrió lo mismo con la droga que se vende en nuestro barrios y que consumen nuestros hijos"., sostuvo Castaños en declaraciones al programa "El primero de la mañana" de La Ocho.

La mujer, que impulsa una causa en la Justicia de Santa Fe contra el ex director de Drogas Peligrosas de la provincia, dijo que Tognoli "estaba en un cargo que era para prevenir el delito de narcotráfico y lo que hacía no era prevenir sino dejar que esta gente creciera en sus negocios".

domingo, 20 de enero de 2013

Clásico suspendido en Rosario


El clásico de la violencia

El ministro de Seguridad de Santa Fe, Raúl Lamberto, suspendió el partido entre Newell's y Rosario Central por "falta de garantías", luego de que hinchas de ambos equipos se enfrentaran con piedras y tiros en la zona de las parrillas del estadio del equipo "Leproso". En el episodio, un policía sufrió una herida de bala en el tórax, mientras que un hincha de Newell's recibió el impactó de una posta de goma. Tras la suspensión, con el estadio lleno, los jugadores de Central intentaron realizar un entrenamiento, pero la cancha fue invadida por los hinchas.



Según informó la Policía, el enfrentamiento comenzó a las 16.30, cuando desde un micro con hinchas de Rosario Central, que pasaba por la zona de las parrillas, ubicadas en el estadio de Newell's, en el Parque Independencia, arrojaron piedras contra los simpatizantes del equipo contrario que se encontraban en el lugar. El ataque produjo la respuesta de los hinchas "leprosos", que terminaron peleándose con el personal policial que se custodiaba la zona.







































Las fuentes policiales indicaron, que durante el enfrentamiento con los hinchas de Newell's, un disparo de bala de plomo, supuestamente efectuado desde las instalaciones del club, hirió de gravedad a un efectivo, por lo que los uniformados ingresaron a la institución en busca del responsable, y tras nuevos cruces, un hincha local recibió un disparo de bala de goma.





Luego de los incidentes, según el diario La Capital de Rosario, el ministro de Seguridad provincial mantuvo una reunión de más de una hora con los directivos de Newell's y decidió suspender el encuentro.







Desde las 20, los equipos de Rosario iban a jugar en el "Gigante de Arroyito" el primer clásico, luego de tres años, ya que Rosario permanece jugando en la B Nacional. Tras la suspensión, el titular de la cartera de Seguridad no mencionó si también se suspenderá el partido revancha, pautado para jugarse en el estadio de Newell's.








martes, 24 de abril de 2012

Imputaron a otro funcionario del PRO, esta vez por robo de piezas arqueológicas

Matteo Goretti, asesor del gobierno de Mauricio Macri, se encuentra muy comprometido por la aparicion de piezas en su domicilio.



Autoridades judiciales y policiales brindarán este lunes a las 12 una conferencia de prensa en el Juzgado Federal Nº 1 de Córdoba referida al robo de piezas arqueológicas del Museo Ambato, de la localidad cordobesa de La Falda, caso en el que está implicado el funcionario del gobierno porteño Matteo Goretti.

Un total de 58 piezas arqueológicas, cuyo valor se estima en 700.000 dólares, fueron decomisadas por personal de Interpol y la policía cordobesa en un inmueble situado en Libertad 863 de la ciudad de Buenos Aires. Allí tiene su domicilio Matteo Goretti, asesor del Ministerio de Hacienda porteño e integrante de la Fundación Pensar, cuyo presidente honorario es Mauricio Macri.

El funcionario del PRO, experto en temas institucionales y de comunicación, fue imputado por “encubrimiento”. Las piezas recuperadas fueron entregadas al Juzgado Federal Nº 1 de Córdoba, que lleva la causa por el robo de las obras, donde permanecerán en depósito para su correspondiente peritaje.

El robo fue perpetrado en el subsuelo de un caserón municipal, ubicado en la calle Cuesta del Lago 1469, cerca del famoso hotel El Edén, de La Falda. Según un allanamiento judicial concretado en marzo de 2008, días después del robo y para inventariar los bienes del museo, en la ocasión fue sustraído el 85 por ciento de las importantes piezas arqueológicas y pictóricas, que estaban en cajas cerradas y sin ser expuestas al público desde 2004.

Si bien en un principio por el robo intervino la justicia provincial, también lo hizo la justicia federal, que en 2004 ya había actuado como consecuencia de una acción de amparo (para proteger dicho patrimonio cultural) promovida por la Asociación Civil Amigos del Museo Ambato.

En este contexto, la ministra de Seguridad de la Nación, Nilda Garré, sostuvo que Goretti “está severamente comprometido en este delito, él es un especialista”, y agregó: “Tiene que saber que se trata de la colección Rosso, que es muy conocida; sabe el valor de lo que compró y que había una causa penal”. Garré calificó como “increíble” el hecho de sus vinculaciones con el PRO y el gobierno porteño, y consideró que Macri “debe separar a este señor de cualquier actividad que desarrolle en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires”.

Militante bahiense del PRO fue detenido por “tráfico de drogas”

Días atrás, un ex candidato del PRO en Bahía Blanca fue descubierto mientras llevaba cuatro kilos de cocaína en su mochila, y quedó detenido acusado de “tráfico de estupefacientes”. Se trata de Fernando Gastón Fa Acuña, de 26 años, quien en 2007 y en 2011 se presentó como candidato a consejero escolar en la ciudad de Bahía Blanca,acompañando a la concejala macrista Constanza Rivas Godio.

El militante fue detenido el viernes 13 de abril por la Policía Federal cuando descendía de un ómnibus procedente de Mar del Plata. En su mochila le hallaron más de cuatro kilos de cocaína de máxima pureza, distribuida en 400 tizas.

La causa quedó a cargo de la jueza federal de Viedma, Mirta Susana Filipuzzi, quien días atrás rechazó excarcelar al joven dirigente ya que consideró que había peligro de que Fa Acuña se fugue o que entorpezca las pesquisas. Mientras se analizan las comunicaciones telefónicas y la agenda de contactos de Fa Acuña, los investigadores buscan establecer si el dirigente comercializaba droga en el Concejo Deliberante de esa ciudad.

Cabe señalar que el supuesto narcotraficante integraba las filas de los Jóvenes PRO de Bahía Blanca, con quienes viajó el año pasado a la ciudad de Buenos Aires para celebrar el triunfo de Mauricio Macri. En su visita, Fa Acuña se sacó fotos con la vicejefa de gobierno, María Eugenia Vidal, y con el ministro de Seguridad, Guillermo Montenegro.

jueves, 21 de abril de 2011

"Estuvo encerrado en una habitación y le daban de tomar pastillas"

10:10 › FUE ENCONTRADO ANOCHE EL TESTIGO VICTOR MARTINEZ
"Apareció anoche, gracias a Dios con vida", confirmó Gabriela Scopel, abogada de Víctor Martínez, el testigo en la causa por la muerte en 1977 del obispo Carlos Ponce de León. Scopel relató que Martínez estaba "bajo los efectos de ansiolíticos o de alguna droga que le impedía caminar correctamente" y que sólo alcanzó a contar que "lo tuvieron en una habitación, que le daban de tomar pastillas y que le decían qué tenía que decir".
"Estaba muy confundido y balbuceante", señaló Scopel, quien detalló que, en ese contexto, lo único que el testigo pudo relatar fue que "lo tuvieron en una habitación, que lo trataron bien, que no le pegaron, que le daban de tomar pastillas y que le decían qué tenía que decir". En diálogo con Télam, la letrada consignó que Martínez "apareció anoche, gracias a Dios con vida, bajo los efectos de ansiolíticos o de alguna droga que le impedía caminar correctamente porque le afectaba el equilibrio".
Según precisó la abogada, Víctor Martínez fue hallado anoche "en la avenida Rivadavia y Acoyte", en el barrio porteño de Caballito, y desde allí se comunicó telefónicamente con su esposa. Luego, indicó la abogada, "alguien tuvo la gentileza de dejarlo en la comisaría 11", ubicada en la avenida Diaz Vélez al 4600, y posteriormente fue traslado al Hospital Durand, donde "le hicieron los análisis de rutina".
"Seguramente los análisis de sangre determinarán qué sustancia le fue suministrada", sostuvo Scopel, quien también consignó que Martínez apareció sin los anteojos que utilizaba en forma permanente. Por otro lado, la letrada indicó que el testigo descansaba esta mañana junto a su familia en su casa del barrio porteño de Palermo.
Martínez, de 52 años, había sido visto por última vez el lunes a las 14, cuando salió de su casa hacia una escribanía a la que nunca llegó, según denunció la familia. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner ordenó que todas las fuerzas de seguridad trabajaran para localizarlo, según informó ayer el ministro de Justicia, Julio Alak, en una conferencia de prensa en la que distribuyó una fotografía del testigo y pidió colaboración de la población.
La ministra de Seguridad, Nilda Garré, por su parte, había ordenado la creación de una división especial integrada por la Superintendencia de Interior y Delitos Federales Complejos para investigar la desaparición y habilitó una línea telefónica especial para recibir información.
El obispo de San Nicolás Ponce de León murió en circunstancias sospechosas en un supuesto accidente automovilístico el 11 de julio de 1977, en plena dictadura, cerca de la ciudad bonaerense de Ramallo. En la causa que investiga esa muerte, Martínez declaró como testigo y el principal imputado es el ex teniente coronel Manuel Fernando Saint Amant, procesado en varias causas de desaparición forzada de personas.

sábado, 9 de abril de 2011

Héctor Cavallero: "El 80 por ciento de los delitos es encubierto por la policía"

El Tigre fue durísimo con la policía rosarina. (Foto: E. Rodriguez)
El Tigre fue durísimo con la policía rosarina. (Foto: E. Rodriguez)

El precandidato a intendente rosarino por el Frente para la Victoria se sumó al debate por la inseguridad. Recordó que denunció en varias oportunidades los lugares donde se vende droga pero que la inacción policial prevalece. "La pensión de Carranza 830 ¿Cuántas veces fue denunciada por ser un aguantadero de delincuentes?”.
  • Audio LT8

Héctor Cavallero, el precandidato a intendente rosarino por el Frente para la Victoria dentro del Peronismo, se refirió esta mañana en diálogo con Dos tipos audaces de LT8, a la necesidad de implementar una policía municipal. Sin rodeos, el concejal y ex intendente de Rosario señaló lugares en donde hoy se cometen ilícitos y prevalece la inacción policial. Además dijo que la cúpula de las comisarías encubren el 80 por ciento de los delitos de la ciudad.
“Estoy de acuerdo que tiene que haber una policía municipal. Lo sostengo públicamente desde el año 1997 cuando fui a estudiar seguridad a Nueva York”, señaló para sumarse a una idea que comparten prácticamente todos los candidatos a intendente.
Durísimo con la policía, Cavallero apuntó: “Creo que en el 80% de los delitos está protegido, asociados ilícitamente, encubiertos, involucrados o por omisión, por las cúpulas mayores de las seccionales y policía de Rosario”.
Y como solución a esta cuestión admitió que una fuerza local ayudaría a aminorar este problema. “Hay un concepto de proximidad que siempre ayuda para la participación de la sociedad civil y sobre todo permite controlar a quienes están encargados de la seguridad. Es preciso que haya Consejos Comunitarios de Seguridad por barrio que controlen a la policía”.
Directamente el ex intendente detalló lugares en los que se cometen ilícitos: “Con nombre y apellido puedo describir en la seccional 17ª donde vivo hace 40 años, donde están los prostíbulos, las pensiones que alojan delincuentes, la trata de menores, la venta de droga. Todos en el barrio sabemos donde ocurren las cosas. Pero lo que sucede es que hemos perdido la confianza con la seccional y no vamos más a hacer la denuncia”.
“¿Qué puede hacer la Municipalidad? Se puede ir a los vendedores de autopartes que venden cosas robadas y tienen autorización municipal. Y no se controla la ley de desarmaderos y se habilitan los lugares donde se venden estas cosas. En calle Pitágoras, a media cuadra de Circunvalación, se está haciendo una pensión de tres pisos sin habilitación municipal, hice la denuncia y se mira para el costado. La separación de cada piso son tarimas de madera revestida con porlan. La pensión de Carranza 830 ¿Cuántas veces fue denunciada que es aguantadero de delincuentes? Se puede no autorizar municipalmente pero es un problema de decisión política”, señaló.
“Fui intendente seis años en una época muy difícil, en una época desastrosa en la que el delito había crecido, había saqueos. Me reunía todas las semanas con la policía y recurría a la Justicia Federal, a la Gendarmería. Un día allané la sub 19 de barrio Las Flores con la Gendarmería y detuvieron a los policías y a los delincuentes que robaban los camiones en la Circunvalación. Hice la denuncia de todos los lugares donde se vendía droga y fue tapa de un diario con todas las direcciones ¿usted ve la misma actitud?”, dijo el Tigre.
En tanto señaló que continúa con ese método aunque no sea intendente. “Lo sigo haciendo siempre y lo sabe todo mi barrio, por eso siempre gano las elecciones ahí. He tomado el tema de la seguridad como tema diario. Hay una diferencia entre el que habla y el que hace”, concluyó.

domingo, 27 de febrero de 2011

Almirante de agua bendita

Droga, pobreza y delito como problemas de seguridad, son los ejes de la campaña con que el Episcopado buscará eludir en este año electoral sus profundas divisiones internas y adelantarse a proyectos que expandan derechos y libertades. También a los temas pendientes, como la Asignación por Hijo y el Obispado Castrense. Un almirante formado durante la dictadura, especializado en Washington y vinculado con el Sedronar coordina la campaña sobre droga.

 Por Horacio Verbitsky
Mientras CFK puede presentarse para un nuevo período presidencial, el jefe de la Iglesia Católica, Jorge Mario Bergoglio, transcurre los meses finales de su último mandato, ya sin reelección. Al cumplir en diciembre los 75 años deberá solicitar también su retiro como arzobispo de Buenos Aires, igual que el obispo de San Isidro e influyente encargado de relaciones políticas del Episcopado, Alcides Jorge Pedro Casaretto, quien ya tiene un obispo coadjutor en funciones y dejará este año la diócesis más rica del país, San Isidro. Allí introdujo como encargado de drogas al vicealmirante Horacio Florencio Néstor Reyser, quien ahora coordina la campaña nacional encabezada por el obispo Jorge Lozano, desde la Comisión Nacional de la Pastoral de Drogadependencia. Casaretto también tiene como asesor económico al poderoso empresario sojero Eduardo Serantes, autor de los documentos favorables a la Sociedad Rural durante la crisis de 2008. Los otros ejes de la actividad episcopal para este año serán la pobreza y la inseguridad, temas en los que el Episcopado se siente fuerte, pese a que Casaretto no logró que entidades sindicales de patrones y obreros firmaran la hostil declaración al gobierno preparada con Serantes para el Bicentenario. La ya iniciada campaña sobre las drogas fue diseñada por el almirante de agua bendita junto con el Consejo Publicitario Argentino. Trabajaron en ella un directivo de Radio Mitre y la agencia de publicidad de Clarín, ADN. Su slogan es “Decí no al consumo de drogas”. La sucesión de pastillas, copas de vino y cerveza, hojas de marihuana, jeringas y líneas de cocaína, con ruidos de fiesta que terminan con un dramático sonido de ambulancia y terapia intensiva, hace de la sustancia un fetiche, atractivo para los jóvenes. En la página electrónica del Episcopado (http://www.reddevida.org) pueden consultarse los avisos y los documentos que les dan origen. Uno de ellos, firmado por Alberto Solanet, cuestiona el fallo de la Corte Suprema de Justicia que despenalizó la tenencia para consumo personal y recomendó concentrar los esfuerzos del Estado en la persecución de los grandes traficantes. Solanet fue presidente de la Corporación de Abogados Católicos, que es la longa manu del Episcopado entre los avenegras, y hoy preside otra entidad de abogados del mismo origen, creada para propiciar el perdón a los jefes de la dictadura militar sin mostrar la punta de la sotana. La idea de combate contra un enemigo externo a la sociedad que se caracteriza como un flagelo a destruir es la que fracasa en el mundo desde hace 40 años, cuando el ex presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon declaró la “guerra a las drogas”. Esa Red de Vida creada por la Conferencia Episcopal muestra los nexos entre este emprendimiento del almirante Reyser y la agonizante Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar), y su titular, José Granero, quien tiene tres pedidos de procesamiento, por delitos con estupefacientes y sólo se sostiene en el gobierno y en libertad por presión de la DEA. Esa página reproduce un artículo publicado por el obispo Lozano en La Nación, en la que afirma que la Sedronar “no da abasto” porque el gobierno nacional le retacea presupuesto. Ése es el mismo discurso, voceado por el propio Granero, que antes de Lozano repitieron el Departamento de Estado, la Coalición Cívica Libertadora y Graciela Camaño, del Peornismo Opositor. En el caso del Episcopado tiene que ver con el negocio de las granjas e institutos de recuperación de adictos y menores, como el que regenteaba el obispo Emilio Ogñenovich, fallecido en enero. Ese Hogar Terapéutico Jesús de Nazareth fue clausurado al comprobarse que era un “sitio de reclusión y de castigo”, con alambradas perimetrales de púas, celdas de penitencia y guardias de seguridad. La Red de Vida también incluyó en otra de sus páginas un informe del Sedronar sobre la toxicidad de la marihuana y un ataque al jefe de gabinete Aníbal Fernández por proponer su despenalización, en línea con el fallo de la Corte. Además, reprodujo una nota del diario estadounidense New York Times en la que Granero acusa a Fernández de obstruir su labor y minimiza el hallazgo de ocho kilos de cocaína en una camioneta que conducía su chofer. Al informar sobre un Encuentro en una iglesia de La Boca, la Red narra las experiencias con el programa “Quiero ser” de la Sedronar en algunas escuelas de la diócesis de San Isidro.

A Roma

Los obispos se ilusionan con que la campaña sobre drogas, pobreza e inseguridad disuada el avance legislativo de nuevos proyectos de expansión de derechos y libertades. Entre ellos, los que consagrarían el reconocimiento y respeto a la identidad de género y el acceso al sistema público de salud de las personas travestis, transexuales y transgéneros, y despenalizarían el aborto durante los primeros tres meses del embarazo (que según las investigaciones recientes de Fortunato Mallimaci y Juan Cruz Esquivel, por un lado, y de la consultora Poliarquía, por el otro, gozan de amplio consenso aun entre los fieles católicos). Así, los obispos también esperan disimular las fisuras internas, a raíz de las reformas del año pasado sobre el matrimonio, que suprimieron del Código Civil cualquier referencia al sexo de los contrayentes. Bergoglio instó a librar una guerra de Dios contra esa ley, que consideró inspirada por el Demonio, pero sus contendientes internos, encabezados por el arzobispo de La Plata, Héctor Aguer, consideran tibios esos esfuerzos. Pese a que el auxiliar de Aguer en La Plata, Antonio Marino, fue el encargado del lobby confesional sobre el Congreso, este sector responsabiliza a Bergoglio, por haber admitido como presunto mal menor un proyecto de unión civil, que dejara a salvo el sagrado vocablo matrimonio. Luego de la sanción de la ley, muchos obispos comenzaron a recibir cartas y mails con denuncias escabrosas sobre la vida privada de algunos de ellos, con otros hombres o con mujeres. Lo interpretaron como el comienzo de una Intifada para copar la conducción episcopal, con el apoyo del ex embajador argentino ante el Vaticano, Esteban Caselli, quien es gentilhombre del papa y directivo de la Soberana y Militar Orden de Malta, y del cardenal argentino Leonardo Sandri, prefecto de la congregación vaticana para las iglesias orientales. En la estrepitosa Asamblea Plenaria de noviembre, el jubilado obispo de Resistencia Carmelo Giaquinta propuso llevar la cuestión a Roma. Así se resolvió pese a la oposición de Aguer, Marino y Martín Elizalde, el obispo de 9 de Julio que no aplicó ninguna sanción canónica al sacerdote Christian von Wernich, no obstante su condena por crímenes de lesa humanidad.

Problemas con la justicia

Bergoglio y sus vicepresidentes en la jefatura episcopal, Luis Villalba y José María Arancedo, pidieron la audiencia con Benedicto XVI para plantear su disgusto por la incidencia de Caselli y Sandri en la designación de obispos argentinos y por su aliento a quienes los atacan con publicaciones que consideran calumniosas. Una hermana de Sandri escondió al prófugo banquero vaticano estafador Francisco Trusso, hasta que Aguer firmó la fianza que le permitió quedar en libertad. La pugna en la Conferencia Episcopal refleja la ausencia de conducciones fuertes como las que ejercieron Antonio Caggiano y Raúl Primatesta, cada uno de los cuales fue el líder indiscutible durante un cuarto de siglo. Quien parecía en condiciones de sucederlos fue Antonio Quarracino, un amante de los placeres de la vida y de la mesa. Pero murió apenas siete años después de asumir el Arzobispado porteño, sin tiempo para consolidar su poder. Desde entonces, la conducción episcopal rotó entre presidentes débiles, como Estanislao Karlich, Eduardo Mirás y, desde 2005, Bergoglio. Arancedo, quien es primo hermano del ex presidente Raúl Alfonsín, y los obispos de Corrientes y de Gualeguaychú, Andrés Stanovnik y Jorge Lozano, son las principales candidaturas que este sector opone a la de Aguer para la sucesión. Desde el otro bando se recriminan a Bergoglio sus actividades conjuntas con los rabinos Sergio Berman y Abraham Skorka y haber promovido como obispo auxiliar porteño a un sacerdote que había sido mencionado en una sentencia de divorcio vincular por adulterio. Según el fallo judicial, que los Aguerridos difundieron aquí y en Roma, el marido cornudo debió “soportar, aguantar y resistir la agresión, indiferencia y desatención absoluta de su cónyuge, a partir de sus sentimientos amorosos, confesos e inocultables” por el ahora obispo. Ambos sectores llegaron al cotejo en posición de relativa debilidad y problemas con la justicia. La semana pasada, en los fundamentos de la condena del Tribunal Oral Federal 1 de Córdoba a los ex dictadores Jorge Videla y Luciano Menéndez, el juez José María Pérez Villalobos mencionó la “colaboración” de Primatesta y de los capellanes del Ejército Eduardo McKinnon y Sabas Gallardo “en la ejecución de los planes de los golpistas”. No pueden ser juzgados, porque los tres murieron. Pero Bergoglio vive. El año pasado, al testimoniar en el juicio por la ESMA, se abroqueló en generalidades, nolosupes y nomeacuerdos, pero este mes el arquitecto Rodolfo Yorio lo incriminó en el secuestro de su hermano, el sacerdote Orlando Yorio, y entregó documentación comprometedora al tribunal, por lo que el jefe de la Iglesia argentina podría ser citado a declaración indagatoria. Los enredos de Caselli, quien es senador italiano por el partido de Silvio Berlusconi, Pueblo de la Libertad, no son menos acuciantes. El gobierno argentino decidió mudar la residencia y oficinas de la embajada ante el papado, cuando le pidieron para renovar el alquiler del Palazzo Patrizzi, un incremento de 24.460 a 31.000 euros mensuales. El Poder Ejecutivo no aceptó la petición pese al lobby que realizaba a favor de la permanencia en esa suntuosa sede el obispo Canciller de la Pontificia Academia de Ciencias del Vaticano, Marcelo Sánchez Sorondo (h). Caselli lo alquiló como sede de la Fundación Italianos en el mundo. Sus otros directivos fueron los también legisladores berlusconianos Nicola Di Girolamo y Basilio Giordano. Di Girolamo, elegido por los italianos que viven en otros países de Europa, debió renunciar a su banca y fue detenido el año pasado, una vez que se publicaron fotos suyas con jefes de la mafia calabresa, la n’dranghetta, conversaciones telefónicas con ellos y negocios compartidos de lavado de dinero por miles de millones de euros. El ex senador argentino Eduardo Duhalde asistió a un encuentro de la Fundación en Roma, y Di Girolamo compartió la inauguración de su sede en Buenos Aires con Aguer y Berman. Según el diputado del Partido Democrático Fabio Porta, la n’dranghetta habría falsificado las boletas con las que fueron electos Di Girolamo por los italianos europeos y Caselli por los italianos en América. En marzo de 2010, el Pueblo de la Libertad desmintió que Caselli estuviera bajo investigación, pero hace dos semanas el diario Il fatto quotidiano informó que el fiscal romano Giancarlo Capaldo denunció a Caselli por fraude electoral y falsificación de instrumento público. La causa se extiende al ex cónsul en Buenos Aires, Giancarlo María Curcio, a su jefe informático Marcello Valeri, al cartero Oscar Andreani y al calabrés Francesco Arena, que transmite en Radio Splendid el programa Italia Tricolor. Debido a estas desgracias, la Fundación dejó de pagar los alquileres, el propietario consiguió el desalojo y la justicia la declaró en quiebra. También se secaron los fondos para la estrambótica candidatura presidencial de Caselli. La menguada influencia que aún ejerce el ex embajador, como agente vaticano inserto en el sistema político italiano, se ejerció en estos días para conseguir que la nueva investigación por lavado de dinero al famoso IOR que administraba la Santa Sede y usaba la mafia, no la realizaran las instituciones europeas sino las de la conversable Italia de Berlusconi. Por eso, el Papa y su jefe de gabinete, Tarcisio Bertone instaron a ambas facciones a una tregua y a emprender una fuga hacia delante, con una nueva arremetida contra el gobierno en defensa de causas nobles, como la lucha contra la droga, la pobreza y la inseguridad.