Ya juzgan los crímenes de la dictadura en San Nicolás

El Tribunal Oral Federal 2 (TOF2) de Rosario comenzó ayer el juicio oral contra los ex coroneles del Ejército Manuel Fernando Saint Amant y Antonio Federico Bossié, y el ex comisario general de la Policía Federal Jorge Muñoz, por crímenes de lesa humanidad cometidos en la ciudad de San Nicolás

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Los imputados. Saint Amant, ex jefe del Area Militar 132; su segundo, Bossié, y el ex policía Muñoz.

Por Jorge Kaplán / La Capital 

El Tribunal Oral Federal 2 (TOF2) de Rosario comenzó ayer el juicio oral contra los ex coroneles del Ejército Manuel Fernando Saint Amant y Antonio Federico Bossié, y el ex comisario general de la Policía Federal Jorge Muñoz, por crímenes de lesa humanidad cometidos en la ciudad de San Nicolás. El proceso unifica tres causas que incluyen la llamada masacre de calle Juan B. Justo, la desaparición de un grupo de militantes de la JP y el secuestro y tormentos en perjuicio del locatario de la casa donde vivía un matrimonio desaparecido.

En la primera audiencia del juicio se comenzó con la lectura de los pedidos de elevación a juicio, de la causa por la masacre, de las querellas de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, su homóloga de la Nación y la de Manuel Gonçalves, nieto recuperado y único sobreviviente de los hechos. Se prevé que hoy se haga lo propio con el de la Fiscalía y se comience con los pedidos de elevación a juicio de la causa Alvira, otro de los expedientes acumulados.

El TOF2 además ayer resolvió la detención de los imputados Bossié y Muñoz, que estaban en libertad, mientras duren las audiencias del juicio oral, a partir de un pedido que la Fiscalía presentó la semana pasada y al que las querellas adhirieron. La solicitud se basó en el riesgo de fuga de los acusados, teniendo en cuenta la gravedad de los cargos en su contra. Saint Amant, en tanto, permanecerá con el régimen de arresto domiciliario.

En la sala de audiencias se pudo ver entre el público al subsecretario de DDHH de la Nación, Luis Alem; el secretario del área bonaerense, Guido Carlotto; su par de Santa Fe, Horacio Coutaz, y la diputada provincial Alicia Gutiérrez.

En la lectura de la acusación sobresalieron algunos aspectos que dan la gravedad de los hechos. En la masacre de calle Juan B. Justo, en la madrugada del 19 de noviembre de 1976, efectivos del Ejército y policías de varias jurisdicciones irrumpieron en la casa donde vivía la familia Amestoy y en la cual se encontraba también Ana María Granada y su hijo Manuel Gonçalves de apenas meses de vida. Allí fueron asesinados Omar Amestoy y su esposa María del Carmen Fettolini de varios disparos en la cabeza, mientras que Granada recibió 14 impactos de bala. En el informe policial se alegó que las víctimas se habían "suicidado".

Los niños Fernando y María Eugenia Amestoy (de 4 y 6 años respectivamente) fueron llevados en grave estado al Hospital San Felipe donde fallecieron a causa de los gases. Según testigos se arrojaron al menos 30 granadas dentro de la casa, muchas de ellos a través de la claraboya del baño, donde habían puesto a los chicos tratando de resguardarlos de las balas. Tampoco hay evidencia de que las víctimas hayan estado armadas o efectuado disparos

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"Estuvo encerrado en una habitación y le daban de tomar pastillas"

10:10 › FUE ENCONTRADO ANOCHE EL TESTIGO VICTOR MARTINEZ

"Apareció anoche, gracias a Dios con vida", confirmó Gabriela Scopel, abogada de Víctor Martínez, el testigo en la causa por la muerte en 1977 del obispo Carlos Ponce de León. Scopel relató que Martínez estaba "bajo los efectos de ansiolíticos o de alguna droga que le impedía caminar correctamente" y que sólo alcanzó a contar que "lo tuvieron en una habitación, que le daban de tomar pastillas y que le decían qué tenía que decir".

"Estaba muy confundido y balbuceante", señaló Scopel, quien detalló que, en ese contexto, lo único que el testigo pudo relatar fue que "lo tuvieron en una habitación, que lo trataron bien, que no le pegaron, que le daban de tomar pastillas y que le decían qué tenía que decir". En diálogo con Télam, la letrada consignó que Martínez "apareció anoche, gracias a Dios con vida, bajo los efectos de ansiolíticos o de alguna droga que le impedía caminar correctamente porque le afectaba el equilibrio".

Según precisó la abogada, Víctor Martínez fue hallado anoche "en la avenida Rivadavia y Acoyte", en el barrio porteño de Caballito, y desde allí se comunicó telefónicamente con su esposa. Luego, indicó la abogada, "alguien tuvo la gentileza de dejarlo en la comisaría 11", ubicada en la avenida Diaz Vélez al 4600, y posteriormente fue traslado al Hospital Durand, donde "le hicieron los análisis de rutina".

"Seguramente los análisis de sangre determinarán qué sustancia le fue suministrada", sostuvo Scopel, quien también consignó que Martínez apareció sin los anteojos que utilizaba en forma permanente. Por otro lado, la letrada indicó que el testigo descansaba esta mañana junto a su familia en su casa del barrio porteño de Palermo.

Martínez, de 52 años, había sido visto por última vez el lunes a las 14, cuando salió de su casa hacia una escribanía a la que nunca llegó, según denunció la familia. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner ordenó que todas las fuerzas de seguridad trabajaran para localizarlo, según informó ayer el ministro de Justicia, Julio Alak, en una conferencia de prensa en la que distribuyó una fotografía del testigo y pidió colaboración de la población.

La ministra de Seguridad, Nilda Garré, por su parte, había ordenado la creación de una división especial integrada por la Superintendencia de Interior y Delitos Federales Complejos para investigar la desaparición y habilitó una línea telefónica especial para recibir información.

El obispo de San Nicolás Ponce de León murió en circunstancias sospechosas en un supuesto accidente automovilístico el 11 de julio de 1977, en plena dictadura, cerca de la ciudad bonaerense de Ramallo. En la causa que investiga esa muerte, Martínez declaró como testigo y el principal imputado es el ex teniente coronel Manuel Fernando Saint Amant, procesado en varias causas de desaparición forzada de personas.