A tres días de cumplirse el primer aniversario de la tragedia ferroviaria de Once, el juez federal Claudio Bonadío decidió ayer la elevación a juicio oral de la causa, luego de rechazar las oposiciones planteadas –entre otros– por los ex secretarios de Transporte Juan Pablo Schiavi y Ricardo Jaime, que están procesados junto a otras 26 personas. En 110 carillas, el magistrado a cargo del Juzgado Criminal y Correccional Federal N°11 ratificó los términos de la acusación confirmados por la Cámara Federal y consideró probados los cargos de descarrilamiento culposo agravado y administración fraudulenta de fondos públicos, en relación al manejo de subsidios que recibía la concesionaria Trenes de Buenos Aires (TBA) de parte del Estado. El juicio contra los ex funcionarios, empresarios y el maquinista que conducía la formación de la línea Sarmiento que el 22 de febrero de 2012 chocó con el andén, provocó la muerte de 51 personas y causó heridas en otras 789, fue asignado por sorteo al Tribunal Oral Federal N°1.
"No se advierten nuevos elementos que permitan modificar el criterio plasmado al momento de disponer sus procesamientos, en cuanto a que el cúmulo de probanzas no permiten desvincular a estos del proceso, por cuanto se ha tenido por acreditada la materialidad de los sucesos respecto de los cuales se decide en esta ocasión el avance a juicio", sostuvo Bonadío al rechazar los argumentos de los imputados para no avanzar en el proceso. "En esta etapa, basta un juicio de probabilidad sobre la existencia del hecho delictivo y de la responsabilidad que le corresponde a los imputados", indicó. Por otra parte, se desprende del fallo dado a conocer a través del Centro de Información Judicial que el juez ordenó que se siga investigando a Mario Cirigliano y a Antonio Cirigliano "a los fines de determinar las responsabilidades penales".
Fechado el lunes, aunque trascendió oficialmente ayer, en el auto de elevación el juez hizo un repaso de los hechos, las pruebas y del encuadre legal de la acusación, corregido por sus superiores en el fallo del 11 de enero pasado. Se incorporaron tanto la opinión de la fiscalía a cargo de Federico Delgado como de las querellas unificadas que coincidieron en el cierre de la investigación. En el fallo, Bonadío destacó, además, una "confusión conceptual" ante los planteos de las defensas, por lo que aclaró que "sólo al final de todo el procedimiento penal el juzgador estará en condiciones de establecer de manera definitiva cuál es la calificación legal adecuada a los hechos descriptos y la prueba desplegada" contra cada imputado, objeción que predominó en la mayoría de las oposiciones. De esta manera, soslayó la batería de recursos que los acusados interpusieron ante la Cámara de Casación contra la confirmación de sus procesamientos, como intento de evitar que la causa se eleve a juicio oral.
Los planteos de nulidad y oposición tanto de Schiavi como de Jaime argumentaban sobre la imposibilidad de que fuesen juzgados dos veces por un mismo hecho, ya que se los imputa de "administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública", y en paralelo, el juez Sebastián Ramos los investiga por irregularidades en el manejo de subsidios ferroviarios. La respuesta de Bonadío fue que la Cámara había analizado y confirmado los procesamientos por esos delitos, y señaló que los planteos contra esa decisión de los camaristas de dividir la causa "evidencian un desacuerdo con este criterio", lo que podría ser cuestionado ante Casación. En el caso de Jaime que postuló su "ajenidad" a los hechos, el juez consideró que sus superiores habían validado su vinculación con esta causa. A su vez, ordenó también que el tramo del expediente que profundiza sobre el manejo de subsidios sea girado al Juzgado N°2, a cargo de Ramos.
Bonadío también descartó 17 pedidos de sobreseimiento y una oposición al enjuiciamiento por considerar que la pesquisa no estaba completa, la que consideró una maniobra "dilatoria e inconducente" de la defensa de Carlos Alberto Lluch, uno de los apoderados de TBA. El juez desestimó también nulidades pedidas por los ex titulares de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT) Pedro Ochoa y Antonio Sícaro; y de todo el directorio de TBA, excepto de Sergio Claudio Cirigliano –quien estaba a la cabeza de la concesionaria que manejaba los ramales Sarmiento y Mitre–, que no formuló objeciones.
Con esta decisión de Bonadío, también enfrentarán un juicio oral quien era presidente de TBA, Carlo Michele Ferrari, y otros integrantes del directorio como Jorge de los Reyes, Daniel Rubio, Sergio Tempone, y el presidente de TBA, Marcelo Alberto Calderón. Por otra parte, la nómina incluye a Roque Cirigliano, gerente de material rodante; Daniel Lodola, gerente de la línea Sarmiento; Pedro Ranieri, jefe del taller de Castelar; Luis Ninoná, jefe de material rodante y gerente de las líneas Mitre y Sarmiento, y de los directores de TBA Carlos Pont, Francisco Pafumi, Jorge Álvarez y Laura Aída Ballesteros. En tanto lo mismo sucederá con directivos de Cometrans como Oscar Gariboglio, Alejandro Lopardo, José Doce Porta y Miguel Werba, además de los directores de TBA Víctor Astrella, Antonio Marcelo Suárez, Guillermo D'Abenigno, y con el ex subsecretario de Transporte Antonio Luna y el maquinista Marcos Antonio Córdoba. «
Reunión en el congreso con diputados y senadores opositores
A tres días del primer aniversario de la Tragedia de Once, los familiares de las víctimas fueron recibidos por representantes de la oposición en el Congreso de la Nación. Allí expresaron su conformidad "por los avances de la justicia" y reclamaron "un proyecto verdadero para que los trenes funcionen como tengan que funcionar".
Ángel Cerrichio, padre de una de las víctimas de la tragedia ocurrida el 22 de febrero del año pasado, destacó: "Estamos muy conformes con los avances de la justicia en este momento. Por todo lo que se está dando rápidamente. Estamos muy orgullosos de nosotros como grupo, porque sin tirar bombas ni golpear bombos hemos llegado hasta donde hemos llegado.”
En el marco de la segunda jornada legislativa "Recuperemos al tren", de la que además de los familiares de las víctimas participaron senadores y diputados de la Unión Cívica Radical, el Frente Amplio Progresista y Proyecto Sur, Cerrichio subrayó: "Nunca me imaginé que podía estar sentado hablando dos horas y media con la presidenta o estar aquí, o estar con Moyano o estar con Macri; pero las circunstancias de la vida nos llevaron hasta acá. Yo le agradezco de corazón y pido que en su corazón, Dios pueda poner un proyecto verdadero para que los trenes funcionen como tengan que funcionar."
Por su parte, Elisa Ojeda, tía de una de las víctimas, cuestionó la demora en las obras en el servicio ferroviario que une el barrio de Once con la localidad de Moreno. "No creemos en nada. Estas obras, de haberse hecho en 2006, mi sobrino estaría vivo. Entonces no podemos creer nunca más hasta que las obras estén concluidas", expresó.
Los legisladores aprovecharon la cercanía del aniversario y la presencia de los familiares para cargar sobre la política ferroviaria del gobierno nacional. El radical Ricardo Gil Lavedra cuestionó que la Tragedia de Once haya sido encuadrada "como delito culposo y no doloso", y consideró que "en este episodio los empresarios y los funcionarios tienen responsabilidades muy claras".
Su correligionario Ricardo Alfonsín señaló que "la Constitución y las instituciones de la república no sólo nos previenen de las dictaduras, sino también de la corrupción".
Además, durante la jornada, los familiares reclamaron asistencia para los "más de 800 heridos que ya no pueden volver a trabajar de la misma manera y para todos a los que esto les cambio la vida para siempre".
POR SORTEO
Tribunal Oral Nº1
Ese cuerpo, integrado por Jorge Gettas, Adrián Grunberg y Oscar Almirante, llevará adelante el proceso. Fabiana León encabezará la fiscalía general. Recién luego de la "instrucción suplementaria" y el ofrecimiento de pruebas, se fijará fecha de juicio.
