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jueves, 21 de febrero de 2013

El 13 de marzo se reanudará el juicio a De la Rúa por coimas en el Senado

JUDICIALES

El juicio oral por el pago de sobornos en el Senado para la aprobación de la derogada ley de reforma laboral en el gobierno de la Alianza continuará el 13 de marzo próximo, tras ser suspendido por motivos de salud de uno de los jueces.


El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 3 seguirá ese día con el proceso donde desde el año pasado se juzga al ex presidente Fernando de la Rúa y a sus ex funcionarios Fernando de Santibañes y Mario Flamarique, además de los ex senadores Augusto Alasino, Ricardo Branda, Alberto Tell y Remo Constanzo y al ex secretario parlamentario de la Cámara alta Mario Pontaquarto, informaron fuentes judiciales.

Todos están procesados y excarcelados por el supuesto pago de sobornos a los entonces legisladores en abril de 2000 para lograr la aprobación de la ley 25.250 de flexibilización laboral.

Uno de los tres miembros del Tribunal, Gerardo Larrambebere, está con licencia por motivos de salud.

El juicio se inició el 14 de agosto del año pasado por el delito de "cohecho activo agravado" en el caso del ex presidente y los ex funcionarios y en calidad de "pasivo" para los ex legisladores.

En la causa se da por probado que se pagaron cinco millones de pesos para lograr el voto favorable de senadores a la ley, con fondos salidos de la Secretaría de Inteligencia del Estado, por entonces a cargo de De Santibañes.

jueves, 27 de diciembre de 2012

La Justicia confirmó el sobreseimiento a De la Rúa por la masacre de 2001


La querella había señalado que De la Rúa “tenía especial deber de control” sobre lo que ocurría tras la implantación del estado de sitio.


La Sala I del máximo tribunal penal del país consideró que al ex presidente "no se le puede atribuir la responsabilidad" ya que "no ordenó el accionar policial", según indicó el abogado defensor de Fernando De la Rúa. La querella del CELS, que patrocina a familias de las víctimas Gastón Riva y Diego Lamagna, había advertido la importancia del fallo al considerar que el sobreseimiento significaría ubicar al presidente en el lugar de un "observador imparcial" y, por lo tanto, "darle un cheque en blanco a la policía”. Ahora, la setencia podrá apelarse mediante un recurso extraordinario ante la Corte Suprema.

De esta manera, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por Raúl Madueño, Luis Cabral, y Eduardo Riggi, consideró que el ex presidente no es penalmente responsable por los asesinatos de 5 manifestantes y 117 lesionados que hubo durante la represión policial en su último día de gobierno, el jueves 20 de diciembre de 2001.

Para los jueces de la Casación “no puede pretenderse ubicar” a De la Rúa “como garante de comportamientos” de los policías represores porque aquel “desconocía los supuestos excesos en los que habrían incurrido sus inferiores durante el Estado de Sitio”.

También sostuvieron que “desde el punto de vista formal no existe como pretende los recurrentes ilegitimidad en el dictado del Estado de Sitio” puesto que para ello el Presidente “cumplió con los pasos que marca la ley suprema y los pactos internacionales”.

Recordaron que la Constitución Nacional establece que “es atribución del Presidente de la Nación declarar el Estado de Sitio en caso de conmoción interior cuando el congreso está en receso”.

Sin embargo, los camaristas opinaron que “si bien la situación política del país era complicada todavía no habían sucedido los hechos que justificaron que el ex presidente considerara que nos encontrábamos frente a un supuesto de conmoción interior”.

El recurso de Casación había sido elevado veinte días atrás por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que pidió el procesamiento de De la Rúa y consideró que el entonces presidente “se arrogó facultades que no tenía” al decretar el Estado de Sitio.

"El operativo de represión fue ilegítimo porque De la Rúa declaró el Estado de Sitio sin intervención del Congreso de la Nación pese a la obligación que imponen los artículos 65 y 29 de la Constitución Nacional en caso de conmoción interior”, había expuesto el CELS.

En su declaración indagatoria de la etapa de instrucción, el ex presidente aseguró que él no sabía nada y se enteró por "Crónica TV" de que había muertos en la Plaza de Mayo y sus alrededores por la represión policial.

Con el corralito bancario vigente desde el lunes 3 de diciembre de 2001, se registraban manifestaciones y cacerolazos en todo el país, hasta que a la noche del 19 de diciembre De la Rúa anunció que acababa de firmar el decreto 1678/01 imponiendo el "Estado de Sitio" en todo el territorio nacional.

Al día siguiente, jueves 20, las manifestaciones se multiplicaron en la plaza de Mayo y el centro porteño. El Gobierno mandó a la Policía Federal a sofocar las protestas y hubo cinco muertos por disparos de escopetazos: Gustavo Benedetto (23), Carlos Almirón (23), Diego Lamagna (27), Gastón Riva (31) y Alberto Márquez (57); además de 117 heridos, mientras De la Rúa huía en helicóptero de la Casa Rosada.

Los únicos procesados que irían a juicio oral son el entonces secretario de Seguridad, Enrique Mathov; el ex jefe de la Policía Federal Rubén Santos, el ex Superintendente de Seguridad Metropolitana de esa fuerza Raúl Andreotti y el ex Director General de Operaciones Norberto Gaudiero.

Para ese proceso, que aún no tiene fecha de inicio, el fiscal Marcelo Colombo reclamó que De la Rúa sea uno de los más de 150 testigos que deberán desfilar ante el Tribunal Oral Federal 6 (TOF6).

En total la violenta represión del 20 de diciembre causó en todo el país al menos 30 muertos, centenares de heridos y 4.500 detenidos, luego de lo cual De la Rúa renunció a la Presidencia de la República, apenas con medio mandato cumplido que debía finalizar el 10 de diciembre de 2003.

jueves, 6 de septiembre de 2012

El "Choclo" Alasino defendió a De la Rúa



El ex senador justicialista sostuvo que la denuncia acerca del presunto pago de sobornos en 2000 para aprobar la Reforma laboral de la Alianza "fue para demoler" al gobierno de Fernando de la Rúa, quien fue "víctima de una desestabilización por parte del peronismo (...) y del radicalismo". "Más culpa que nosotros tuvo la Alianza", advirtió Augusto Alasino, y concluyó que del exmandatario "se podía decir que era distraído u otras cosas así, pero que era deshonesto, imposible".

Luego de las declaraciones del ex secretario parlamentario Mario Pontaquarto, de De la Rúa y de su exjefe de Inteligencia del Estado, Fernando De Santibañes, Alasino encabezó la fila de los cuatro legisladores imputados en la causa: "No precisábamos cobrarlos porque ganábamos muy bien, un sueldo alto, pasajes por desarraigo que podíamos canjear por plata, gastos reservados y gastos extraordinarios".

En su opinión, todo ocurrió porque "había una desestabilización a De la Rúa. No sólo por el peronismo, que en la oposición siempre conspira, somos como el escorpión, si no estamos ahí, conspiramos; creo que fue el radicalismo. Más culpa que nosotros tuvo la Alianza".

Además, arremetió contra Pontaquarto y lo acusó de "mentir" en sus relatos acerca de cómo habría sido el trámite parlamentario de la ley, y hasta sostuvo que "es mentira lo que dice que no tiene nada que ver con el anónimo". "Pontaquarto hizo el guión de esta película", disparó antes de que el tribunal abriera un cuarto intermedio.

El "Choclo" Alasino y sus compañeros de bancada Alberto Tell, Remo Constanzo y Ricardo Branda están sospechados de haber cobrado 4.300.000 pesos para aprobar el 26 de abril de 2000 la ley de Reforma laboral del gobierno de Fernando De la Rúa, quien junto con Pontaquarto, Santibáñes y el exministro de Trabajo, Alberto Flamarique, están acusados de "cohecho activo", de haber pagado los sobornos.