Mostrando entradas con la etiqueta asesinatos. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta asesinatos. Mostrar todas las entradas

jueves, 3 de enero de 2013

Casación confirmó el procesamiento de Enrique Mathov



La Cámara rechazó el planteo presentado por el secretario de Seguridad del gobierno de la Alianza en la causa que lo acusa de ser parte responsable de los asesinatos de cinco personas y 117 heridos durante la represión de diciembre de 2001. De esta manera, Enrique Mathov seguirá procesado junto a tres jefes policiales, salvo el entonces presidente Fernando de la Rúa, quien quedó definitivamente sobreseído por esos hechos.

La Cámara de Casación Penal ratificó la decisión del Tribunal Oral Federal 6 de no hacer lugar al pedido de prescripción que había elevado Mathov, procesado y en libertad condicional a la espera del juicio oral y público, aún sin fecha pues hay pendientes pericias balísticas.

Según la causa, Mathov ordenó a la Policía Federal reprimir las protestas que se habían multiplicado por el microcentro porteño y Plaza de Mayo, contra la política económica de De la Rúa y su ex ministro de Economía Domingo Cavallo. Hubo cinco muertos por disparos: Gustavo Benedetto (23), Carlos Almirón (23), Diego Lamagna (27), Gastón Riva (31) y Alberto Márquez (57), además de 117 heridos, mientras De la Rúa huía en helicóptero de la Casa Rosada.

Por esos hechos quedaron procesados, también, el ex jefe de la Policía Federal Rubén Santos, el ex superintendente de Seguridad Metropolitana de esa fuerza Raúl Andreotti y el ex director General de Operaciones Norberto Gaudiero. En todo el país la violenta represión a las protestas populares dejó al menos 30 muertos, centenares de heridos y 4.500 detenidos, luego de lo cual, el viernes 21, De la Rúa renunció a la Presidencia.

jueves, 27 de diciembre de 2012

La Justicia confirmó el sobreseimiento a De la Rúa por la masacre de 2001


La querella había señalado que De la Rúa “tenía especial deber de control” sobre lo que ocurría tras la implantación del estado de sitio.


La Sala I del máximo tribunal penal del país consideró que al ex presidente "no se le puede atribuir la responsabilidad" ya que "no ordenó el accionar policial", según indicó el abogado defensor de Fernando De la Rúa. La querella del CELS, que patrocina a familias de las víctimas Gastón Riva y Diego Lamagna, había advertido la importancia del fallo al considerar que el sobreseimiento significaría ubicar al presidente en el lugar de un "observador imparcial" y, por lo tanto, "darle un cheque en blanco a la policía”. Ahora, la setencia podrá apelarse mediante un recurso extraordinario ante la Corte Suprema.

De esta manera, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por Raúl Madueño, Luis Cabral, y Eduardo Riggi, consideró que el ex presidente no es penalmente responsable por los asesinatos de 5 manifestantes y 117 lesionados que hubo durante la represión policial en su último día de gobierno, el jueves 20 de diciembre de 2001.

Para los jueces de la Casación “no puede pretenderse ubicar” a De la Rúa “como garante de comportamientos” de los policías represores porque aquel “desconocía los supuestos excesos en los que habrían incurrido sus inferiores durante el Estado de Sitio”.

También sostuvieron que “desde el punto de vista formal no existe como pretende los recurrentes ilegitimidad en el dictado del Estado de Sitio” puesto que para ello el Presidente “cumplió con los pasos que marca la ley suprema y los pactos internacionales”.

Recordaron que la Constitución Nacional establece que “es atribución del Presidente de la Nación declarar el Estado de Sitio en caso de conmoción interior cuando el congreso está en receso”.

Sin embargo, los camaristas opinaron que “si bien la situación política del país era complicada todavía no habían sucedido los hechos que justificaron que el ex presidente considerara que nos encontrábamos frente a un supuesto de conmoción interior”.

El recurso de Casación había sido elevado veinte días atrás por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que pidió el procesamiento de De la Rúa y consideró que el entonces presidente “se arrogó facultades que no tenía” al decretar el Estado de Sitio.

"El operativo de represión fue ilegítimo porque De la Rúa declaró el Estado de Sitio sin intervención del Congreso de la Nación pese a la obligación que imponen los artículos 65 y 29 de la Constitución Nacional en caso de conmoción interior”, había expuesto el CELS.

En su declaración indagatoria de la etapa de instrucción, el ex presidente aseguró que él no sabía nada y se enteró por "Crónica TV" de que había muertos en la Plaza de Mayo y sus alrededores por la represión policial.

Con el corralito bancario vigente desde el lunes 3 de diciembre de 2001, se registraban manifestaciones y cacerolazos en todo el país, hasta que a la noche del 19 de diciembre De la Rúa anunció que acababa de firmar el decreto 1678/01 imponiendo el "Estado de Sitio" en todo el territorio nacional.

Al día siguiente, jueves 20, las manifestaciones se multiplicaron en la plaza de Mayo y el centro porteño. El Gobierno mandó a la Policía Federal a sofocar las protestas y hubo cinco muertos por disparos de escopetazos: Gustavo Benedetto (23), Carlos Almirón (23), Diego Lamagna (27), Gastón Riva (31) y Alberto Márquez (57); además de 117 heridos, mientras De la Rúa huía en helicóptero de la Casa Rosada.

Los únicos procesados que irían a juicio oral son el entonces secretario de Seguridad, Enrique Mathov; el ex jefe de la Policía Federal Rubén Santos, el ex Superintendente de Seguridad Metropolitana de esa fuerza Raúl Andreotti y el ex Director General de Operaciones Norberto Gaudiero.

Para ese proceso, que aún no tiene fecha de inicio, el fiscal Marcelo Colombo reclamó que De la Rúa sea uno de los más de 150 testigos que deberán desfilar ante el Tribunal Oral Federal 6 (TOF6).

En total la violenta represión del 20 de diciembre causó en todo el país al menos 30 muertos, centenares de heridos y 4.500 detenidos, luego de lo cual De la Rúa renunció a la Presidencia de la República, apenas con medio mandato cumplido que debía finalizar el 10 de diciembre de 2003.

martes, 6 de marzo de 2012

Mapa del delito en Santa Fé

La Policía de Santa Fe dio a conocer sus números en el mapa del delito durante enero y febrero. Informó que ocurrieron 54 asesinatos en la provincia, de los cuales consideró 39 como esclarecidos. Hubo 237 heridos de bala y 190 apuñalados. La fuerza secuestró en ese período 340 armas de fuego y arrestó a 3206 adultos y a 660 menores de edad. Se denunciaron 1263 robos de motos en toda la provincia, lo que da un promedio de 21 unidades por día. Recuperaron 547 de esas unidades. En tanto, los robos de automóviles sumaron 218, de los cuales se recuperaron 157. El departamento Rosario, previsiblemente, está a la cabeza de la estadística.

viernes, 19 de agosto de 2011

A 35 años de la denominada "Masacre de Fátima"


Mañana se cumplen 35 años de la denominada "Masacre de Fátima", en la que fueron asesinados 30 presos políticos, "uno los capítulos más oscuros de la historia" porque "se trató de una feroz y desnuda represión ejecutada por quienes usurparon el poder el 24 de marzo de 1976".

Así describió el hecho el fiscal Federico Delgado cuando el 20 de septiembre de 2005 solicitaba la elevación a juicio oral y público de la causa, proceso que finalmente ocurrió en 2008.

"Se trató de una feroz penetración de un Estado que desnudó su poder coercitivo sobre al sociedad civil", enfatizó Delgado en su presentación.

Las víctimas de aquella matanza fueron Inés Nocetti, Ramón Lorenzo Vélez, Angel Osvaldo Leiva, Conrado Alsogaray, José Daniel Bronzel, Selma Julia Ocampo, Haydée Cirullo de Carnaghi, Norma Frontini, Jorge Daniel Argente y Carmen María Carnaghi.

La macabra mano de la "Masacre de Fátima" también alcanzó a Horacio Oscar García Castelú, Alberto Evaristo Comas, Susana Pedrini de Bronzel, Juan Carlos Vera, Carlos Pargas, Ricardo Herrera Carrizo, Roberto Olivestre, Enrique Aggio, María Rosa Lincon y Cecilia Podolsky de Bronzel, junto con 10 personas más no identificadas.

El 19 de agosto de 1976 un grupo militar se instaló en un control caminero sobre la ruta 8.

Poco después de las 4 de la madrugada del 20 de agosto, una gran explosión despertó a toda la localidad bonaerense de Fátima.

Los obreros de un horno de ladrillos cercano se encontraron con una escena macabra, restos humanos esparcidos en un radio de cien metros.

Inmediatamente la zona fue cercada por soldados que impedían el paso y a los reporteros gráficos se les secuestraron las fotos tomadas.

Los soldados y el personal civil recogían pedazos de los cuerpos dinamitados y los cargaban en un camión de la Municipalidad de Pilar.

Según el parte policial de la época, las víctimas eran treinta personas -diez mujeres y veinte hombres- la mayoría jóvenes, incluso algunos adolescentes.

Luego de ocurrida la Masacre, el gobierno militar por intermedio del Ministerio del Interior emitió un comunicado en el que repudió el hecho y lo atribuyó a “la demencia de grupos irracionales que con hechos de esta naturaleza pretenden perturbar la paz interior y la tranquilidad del pueblo argentino”, y expresó la firme voluntad de “esclarecer el hecho y sancionar a los responsables”.

Sólo cinco pudieron ser identificados en ese momento: Nocetti, Vélez, Leiva, Comas y Alzogaray, en tanto los cuerpos de las víctimas no identificadas fueron enterrados como NN en el Cementerio de Presidente Derqui, de donde fueron exhumados en 1985 para su identificación por parte del Equipo Argentino de Antropología Forense.

Sin embargo poco después, la sanción de la ley de Obediencia Debida archivó el expediente y detuvo los procesos iniciados.

En 1998, una presentación judicial de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Plata permitió el inicio de los llamados “Juicios de la Verdad”, que si bien por la vigencia de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida no permitían juzgar a los responsables de los delitos de lesa humanidad, sí permitieron seguir conociendo lo ocurrido con las víctimas.

Según testimonios ofrecidos a la CONADEP, a la hora de encontrar los cuerpos, estos estaban atados y vendados.

Pero lo más escalofriante es que se les encontraron orificios en la cabeza, provocados por armas de fuego, y habrían llegado al lugar de la masacre, ya muertos.

Según consta en el expediente, la mayor parte de las víctimas padeció su cautiverio en el centro clandestino que funcionó en la Superintendencia de Seguridad Federal, unidad perteneciente a la Policía Federal, en la calle Moreno 1417 de la Ciudad de Buenos Aires.

Este hecho formó parte del juicio a las Juntas en el que se comprobó la participación directa del ejército, en ese entonces al mando de Jorge Rafael Videla.

En 2003 la causa fue reabierta y seis ex-policías de la Federal fueron detenidos y puestos a disposición de la justicia.

En junio de 2004 el juez Rodolfo Canicoba Corral procesó con prisión preventiva y embargó a los policías federales Juan Carlos Lapuyole, Carlos Vicente Marcote y Carlos Enrique Gallone, recordado por aquella foto que recorrió el mundo abranzando a una madre de Plaza de Mayo en 1983.

Se determinó que Lapuyole y Marcote, quien falleció sin ser juzgado, fueron los responsables de las direcciones generales de Inteligencia y Operaciones de Superintendencia de Seguridad Federal y que Gallone fue jefe de una de las “brigadas” que actuaron en el lugar, donde funcionó un centro clandestino de detención durante la última dictadura.

En febrero del 2006 la causa judicial, que forma parte de la "megacausa" por gravísimas violaciones a los derechos humanos cometidas en la órbita del Primer Cuerpo, fue elevada a juicio oral por el juez federal Daniel Rafecas.

En julio del 2008, Lapuyole y Gallone fueron condenados a prisión perpetua por su accionar en la detención y asesinato de las víctimas de Fátima, en tanto Miguel Angel Trimarchi, otro de los imputados, fue absuelto.

viernes, 18 de marzo de 2011

Las balas que la Metropolitana no usaba

SE HALLARON CARTUCHOS CON PROYECTILES DE PLOMO EN PODER DE LA POLICIA DE MAURICIO MACRI
Las balas se encontraron en una inspección ordenada en la investigación por las muertes en el Indoamericano. El ministro de Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, había dicho que “no existe la bala de acero en las escopetas” de los policías porteños.
 Por Irina Hauser
Mientras trataba de esquivar los coletazos del desalojo del Parque Indoamericano, el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, decía, categórico, que era imposible que la Policía Metropolitana hubiera disparado balas de plomo y que sólo utiliza postas de goma. “No hay ninguna compra de balas de guerra”, afirmó. Sin embargo, el resultado de una inspección realizada por la fiscalía de Sandro Abraldes con apoyo de Gendarmería lo desmiente y complica la situación de la fuerza porteña en el expediente en el que se investigan los tres asesinatos durante y después del operativo que se realizó para expulsar a los ocupantes del predio, a comienzos de diciembre, en el que también participó la Policía Federal. En la dependencia de la Metropolitana que se ocupa de las armas y municiones, en Chacarita, los investigadores hallaron ayer 98 cartuchos con proyectiles calibre 12/70 y la documentación de una compra por un total de 300 iguales, que data del 14 de octubre. Esas balas son compatibles con las escopetas que utilizaron los uniformados en la represión en Villa Soldati casi dos meses después.
En la investigación judicial existen numerosos indicios que comprometen tanto a la Metropolitana como a la Federal en la represión y en los homicidios. Por lo pronto, hay imágenes de la televisión que muestran a efectivos de ambas fuerzas apuntando sus armas largas, por ejemplo, desde arriba del puente de la avenida Escalada. Justo desde allí le habrían disparado al paraguayo Bernardo Salgueiro, que murió, y también a su cuñado Wilson Fernández Prieto, testigo central de la causa. A Rosemary Chura Puña la mataron en el otro extremo del predio, y pese a la distancia se pudo determinar que la bala era casi idéntica a la que se extrajo del cuerpo de Salgueiro: un proyectil calibre 12/70 de munición múltiple capaz de ser disparado tanto por un arma casera como por una escopeta policial. Emiliano Caniviri fue asesinado dos días después, y hubo testigos que vincularon el crimen con barrabravas y con la Metropolitana. En su caso, la bala entró y salió.
Hasta ahora ninguna de las dos policías admitió haber utilizado balas de plomo aunque sí de goma, ante la evidencia de las imágenes que mostraban a los agentes enfervorizados accionando escopetas. Montenegro se refirió públicamente a la cuestión a principios de enero, cuando se supo que entre las modulaciones de la Policía Federal podía oírse a quienes estaban en Soldati advertir que había “gente de la Metropolitana disparando desde el puente”. “Avísenle a Montenegro que se vayan porque están generando otro conflicto”, se escuchó después, y habría sido la voz, según fuentes del expediente, del comisario mayor Hugo Lompizano –que por entonces estaba en la Dirección de Operaciones–, desplazado anteayer por la ministra de Seguridad, Nilda Garré. Fue en el contexto de aquellas revelaciones que el ministro dijo que no había “ninguna posibilidad de que la Policía Metropolitana haya hecho el disparo (en alusión al caso de Salgueiro)”. “No existe la bala de acero en las escopetas de la Policía Metropolitana”, insistió. Luego añadió: “No hay ninguna compra de balas de guerra” para la policía porteña, que “únicamente utiliza balas con posta de goma” y “tampoco tiene personal de civil que haya actuado, ni existen escopetas recortadas”. Montenegro se presentó después ante la fiscalía con un escrito donde decía algo similar, pero más vago. En forma genérica señalaba que no le dan a su personal municiones de plomo, pero no precisaba si era una disposición general o lo que había ocurrido en el desalojo del Indoamericano.
La fiscalía había podido corroborar hasta el momento que tanto la Metropolitana como la Federal llevaron escopetas (además de armas cortas) al operativo en Soldati. Fueron secuestradas 36 de la primera, y 34 de la segunda, cuyo análisis pericial aún está en curso. Si bien la Justicia cuenta con las balas que causaron la muerte a Salgueiro y Chura Puña, no es tan sencillo el camino para establecer con exactitud qué arma los pudo haber disparado. En las inspecciones de ayer se buscaron pruebas vinculadas a las armas. Hubo tres procedimientos, según pudo constatar Página/12:
- En el predio del Club Deportivo Español, donde funciona el Instituto de Formación de los agentes porteños, se incautaron pistolas nueve milímetros y las municiones correspondientes (que utiliza la Metropolitana oficialmente), cartuchos de escopeta y balas de goma.
- En el llamado Precinto 12, en Saavedra, donde la policía porteña tuvo su primera comisaría, se halló una directiva del jefe de la fuerza, Eugenio Burzaco, que indica que sólo se puede utilizar municiones antitumulto, de goma.
- La gran sorpresa estuvo en la División de Municiones y Armamento, ubicada en los Talleres Guzmán, en Chacarita, donde aparecieron 98 cartuchos de propósito general, de plomo, perfectamente compatibles con las escopetas policiales. También se halló la documentación que de cuenta de que el 14 de octubre la Metropolitana había comprado 300 cartuchos en total de este tipo. La explicación que la agente a cargo le dio al personal de la fiscalía era que los 202 faltantes se habían utilizado para corroborar el funcionamiento de las armas cuando fueron adquiridas y tomar muestras del rastro que dejan en el cartucho. Algo similar le dijo Montenegro a este diario, al sostener que los plomos “se compran para probar que las escopetas funcionan correctamente”, pero no para usar en la calle. Lo mismo –dijo– se hace con las postas de goma.
La Policía Federal tampoco ha tenido una gran performance en su rendición de cuentas ante la Justicia. Hubo inspecciones en cinco dependencias, entre ellas en la Comisaría 52ª, que intervino en el operativo en el Indoamericano. En medio de ese procedimiento, los gendarmes y un testigo advirtieron que el armero guardaba algo en una bolsa de supermercado. Resultaron ser cartuchos de plomo (para escopetas) de distintos colores. Tres armeros de la Federal aseguraron que el día del desalojo nadie retiró postas de plomo, aunque había una disposición interna de abril de 2010 que autorizaba entonces su provisión a puestos policiales cercanos a las villas, por lo que se sospecha que la Guardia de Infantería las tendría en su poder.

domingo, 27 de febrero de 2011

Testimonios de la represión durante 40 años del régimen de Gadafi


Los libios se refieren al período entre 1979 y 1988 como la década negra, por la fuerte represión desatada por el régimen.
Un joven ahorcado frente a la mezquita, un hombre torturado con picana eléctrica, otro hemipléjico por el trato recibido en prisión: los libios empiezan a exhumar con dolor los horrores de la represión sufrida durante 42 años bajo el régimen de Muamar Gadafi.

"Estuve detenido cuatro veces por oponerme al régimen. Quedé hemipléjico por las torturas que recibí en la cárcel", cuenta con muchas dificultades Mohamed Abdalá Alí desde su silla de ruedas en medio de la protesta eufórica que vive la ciudad de Bengasi (este), capital de la revolución contra Gadafi.

Alí conoce por dentro la cárcel de Abu Slim, en Trípoli, donde en 1996 unos 1.200 presos fueron asesinados por el régimen de Gadafi, según organizaciones de defensa de los derechos humanos y la oposición libia.

Además de medio cuerpo paralizado, Alí tiene el labio inferior hipertrofiado y es ayudado en forma permanente por una mujer.

Su presencia en las protestas es un ejemplo de la decisión de muchos libios de sacar a la luz el doloroso pasado enterrado por años de las víctimas de la represión del régimen en el poder.

En el caso de Samih el Atrach, un abogado de una familia tradicional de Benghazi, no fue él sino sus familiares directos quienes sufrieron por oponerse a Gadafi.

"Mi padre estuvo detenido y fue torturado. Mi hermano también estuvo encarcelado", dice este hombre que participa en las protestas organizadas en la segunda ciudad de Libia, situada a unos 1.000 km de Trípoli.

En Tobruk, otra ciudad en manos de la oposición 200 km al este de Benghazi, los testimonios también se multiplican y mucha gente habla por primera vez en forma abierta de ese tipo de hechos.

"Mi sobrino fue asesinado por Gadafi. Lo ahorcaron acá mismo, en esta plaza, por estar en contra del régimen. Como no murió enseguida, lo llevaron al hospital y lo mataron ahí con una inyección", recuerda con lágrimas en los ojos Abdalá Attiaw, sexagenario de Tobruk.

Según este hombre y otros testigos, la ejecución tuvo lugar en 1986, en pleno Ramadán, "una atrocidad todavía peor", señala Attiaw, teniendo en cuenta que se trata del mes de ayuno del calendario musulmán dedicado a expiar los pecados.

"En mi caso hablo de algo que pude ver. Porque la gente puede ver cuando se ahorca a alguien en una plaza. Pero además está todo lo que pasó en secreto, lo que nadie pudo ver, en las cárceles, en los cuarteles", agrega con pasmosa calma este hombre de unos 60 años que habla bien inglés.

No lejos de él, Idris Haddouth, de 55 años, recuerda como fue encarcelado y torturado entre 1982 y 1986.

"Pasé cuatro años en prisión. Me torturaron varias veces con picana eléctrica",afirma este hombre de rostro triste y más bien tímido.

"En esa época hubo mucha gente que fue asesinada por oponerse al régimen. A mí me liberaron, aunque al poco tiempo volví a la cárcel, antes de quedar libre en forma definitiva", indica.

Los libios se refieren al período entre 1979 y 1988 como la década negra, por la fuerte represión desatada por el régimen y en parte reconocida por el propio Gadafi en un discurso en mayo del último de esos años.

Sin embargo, de manera indirecta, fueron los hechos de la prisión de Abu Slim en 1996 los que desencadenaron la actual revuelta, iniciada en Bengasi por familiares de las víctimas de esa matanza que comenzaron a protestar el pasado 17 de febrero para exigir la liberación del abogado que defendía su causa, detenido días antes.