Si incluimos a todos vamos a vivir mejor

OPINION

 Por Juan Cabandié *

Los acontecimientos vividos durante las últimas semanas de diciembre, con la ocupación del Parque Indoamericano, y la toma de las 204 viviendas de Parque Avellaneda, semanas atrás, sirven para una reflexión más profunda, que pueda abordar la coyuntura, pero también plantea una visión de la ciudad donde una parte importante de los porteños –me atrevería a decir la mayoría– soñamos, pensamos y deseamos.

La ocupación del predio señala lo que falta por hacer, señala un horizonte, pero, también, que hemos logrado subir el piso de las demandas de los sectores populares: en 2002, los reclamos sociales tenían que ver con la comida y el empleo; en 2010, ciudadanos con trabajo y familias estables solicitan viviendas de mayor calidad.

Ante esta situación irresuelta, Macri apela a la xenofobia, el racismo y los palazos, con un discurso que expresa una variante menemista pero radicalizada. A tono con el propio brigadier Cacciatore, que diseñó e implementó una ciudad excluyente, impidiendo el desarrollo del transporte público para los trabajadores, rellenando con escombros las playas del Río de la Plata, donde miles de personas se bañaban los fines de semana y destruyendo el Banco Ciudad para beneficio de amigos, de la curia y miembros de la fuerzas armadas. Macri, reproduciendo el modelo del intendente de la dictadura, clausuró la ampliación de los subtes, descapitalizó el Banco Ciudad, otorga millones de pesos a la iglesia a través de sus escuelas, discrimina a la población de las villas y subejecuta el presupuesto para la construcción de viviendas.

A lo largo de 2010, el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) sólo ejecutó su presupuesto en un 44,5 por ciento, como si la ciudad no tuviera problemas en este rubro. Y no sólo eso: si comparamos los datos de ejecución a lo largo de los últimos tres años, nos damos cuenta de que, para la administración PRO, la vivienda está lejos de ser una prioridad. Los datos de ejecución (81,87 por ciento en 2008; 56,75 en 2009 y 44,59 en 2010) grafican claramente que la gestión empeora cada año.

Durante este ciclo político, los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner han construido más viviendas que ningún otro en la historia: 550 mil soluciones habitacionales, 250 mil en ejecución. En lo que respecta a la ciudad, en 2010 la Nación aportó 460 millones de pesos para la construcción de viviendas.

Una ciudad solidaria, amigable con los migrantes, inclusiva y multicultural sería la mejor manera de que los porteños vivamos mejor. Sin muros que excluyan a ciertos sectores, porque de esa manera no alcanzarían los ladrillos para construirlos. Aunque de todas maneras, para hacer ladrillos y muros se necesitan trabajadores que los hagan.

Además, si apostamos a un gobierno de la ciudad que cree riquezas y apueste al crecimiento, en vez de la exclusión y la marginalidad, la ciudad va necesitar de la labor de ciudadanos del interior, de países hermanos y de la misma ciudad que tengan vocación por el trabajo, la creatividad y la inclusión social, económica y cultural.

Nuestro país se hizo con los pueblos originarios y también con inmigración de clases sociales de países que en ese momento estaban muy mal. Existen dos modelos para tratar la inmigración: el de Macri, parecido al de Cacciatore, intendente del ’76 al ’82, y el de muchas ciudades del mundo donde existe respeto, tolerancia, asimilación, aprendizaje, enriquecimiento. Argentina necesita tener una ciudad capital que crezca a la par de la Nación, sin xenofobia, sin discriminación, con un Estado intervencionista, regulador y popular. Necesitamos una ciudad abierta al interior y al exterior de nuestro país, creadora de riquezas, de valor agregado a la producción, de conocimiento, de creatividad e innovación. No se trata de una postura humanista en sí (que defendemos), sino, además, de un modelo económico y cultural que nos permita vivir mejor, dejar una ciudad mejor para nuestros hijos y ser parte de una sociedad solidaria.

La política de Macri no es sólo repudiable desde un punto de vista ético, no es solamente ineficiente. También es profundamente estúpida, porque apelando a la racionalidad vamos a entender que si incluimos a todos vamos a vivir mejor.

* Legislador porteño.

Las balas que la Metropolitana no usaba

SE HALLARON CARTUCHOS CON PROYECTILES DE PLOMO EN PODER DE LA POLICIA DE MAURICIO MACRI

Las balas se encontraron en una inspección ordenada en la investigación por las muertes en el Indoamericano. El ministro de Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, había dicho que “no existe la bala de acero en las escopetas” de los policías porteños.

 Por Irina Hauser

Mientras trataba de esquivar los coletazos del desalojo del Parque Indoamericano, el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, decía, categórico, que era imposible que la Policía Metropolitana hubiera disparado balas de plomo y que sólo utiliza postas de goma. “No hay ninguna compra de balas de guerra”, afirmó. Sin embargo, el resultado de una inspección realizada por la fiscalía de Sandro Abraldes con apoyo de Gendarmería lo desmiente y complica la situación de la fuerza porteña en el expediente en el que se investigan los tres asesinatos durante y después del operativo que se realizó para expulsar a los ocupantes del predio, a comienzos de diciembre, en el que también participó la Policía Federal. En la dependencia de la Metropolitana que se ocupa de las armas y municiones, en Chacarita, los investigadores hallaron ayer 98 cartuchos con proyectiles calibre 12/70 y la documentación de una compra por un total de 300 iguales, que data del 14 de octubre. Esas balas son compatibles con las escopetas que utilizaron los uniformados en la represión en Villa Soldati casi dos meses después.

En la investigación judicial existen numerosos indicios que comprometen tanto a la Metropolitana como a la Federal en la represión y en los homicidios. Por lo pronto, hay imágenes de la televisión que muestran a efectivos de ambas fuerzas apuntando sus armas largas, por ejemplo, desde arriba del puente de la avenida Escalada. Justo desde allí le habrían disparado al paraguayo Bernardo Salgueiro, que murió, y también a su cuñado Wilson Fernández Prieto, testigo central de la causa. A Rosemary Chura Puña la mataron en el otro extremo del predio, y pese a la distancia se pudo determinar que la bala era casi idéntica a la que se extrajo del cuerpo de Salgueiro: un proyectil calibre 12/70 de munición múltiple capaz de ser disparado tanto por un arma casera como por una escopeta policial. Emiliano Caniviri fue asesinado dos días después, y hubo testigos que vincularon el crimen con barrabravas y con la Metropolitana. En su caso, la bala entró y salió.

Hasta ahora ninguna de las dos policías admitió haber utilizado balas de plomo aunque sí de goma, ante la evidencia de las imágenes que mostraban a los agentes enfervorizados accionando escopetas. Montenegro se refirió públicamente a la cuestión a principios de enero, cuando se supo que entre las modulaciones de la Policía Federal podía oírse a quienes estaban en Soldati advertir que había “gente de la Metropolitana disparando desde el puente”. “Avísenle a Montenegro que se vayan porque están generando otro conflicto”, se escuchó después, y habría sido la voz, según fuentes del expediente, del comisario mayor Hugo Lompizano –que por entonces estaba en la Dirección de Operaciones–, desplazado anteayer por la ministra de Seguridad, Nilda Garré. Fue en el contexto de aquellas revelaciones que el ministro dijo que no había “ninguna posibilidad de que la Policía Metropolitana haya hecho el disparo (en alusión al caso de Salgueiro)”. “No existe la bala de acero en las escopetas de la Policía Metropolitana”, insistió. Luego añadió: “No hay ninguna compra de balas de guerra” para la policía porteña, que “únicamente utiliza balas con posta de goma” y “tampoco tiene personal de civil que haya actuado, ni existen escopetas recortadas”. Montenegro se presentó después ante la fiscalía con un escrito donde decía algo similar, pero más vago. En forma genérica señalaba que no le dan a su personal municiones de plomo, pero no precisaba si era una disposición general o lo que había ocurrido en el desalojo del Indoamericano.

La fiscalía había podido corroborar hasta el momento que tanto la Metropolitana como la Federal llevaron escopetas (además de armas cortas) al operativo en Soldati. Fueron secuestradas 36 de la primera, y 34 de la segunda, cuyo análisis pericial aún está en curso. Si bien la Justicia cuenta con las balas que causaron la muerte a Salgueiro y Chura Puña, no es tan sencillo el camino para establecer con exactitud qué arma los pudo haber disparado. En las inspecciones de ayer se buscaron pruebas vinculadas a las armas. Hubo tres procedimientos, según pudo constatar Página/12:

- En el predio del Club Deportivo Español, donde funciona el Instituto de Formación de los agentes porteños, se incautaron pistolas nueve milímetros y las municiones correspondientes (que utiliza la Metropolitana oficialmente), cartuchos de escopeta y balas de goma.

- En el llamado Precinto 12, en Saavedra, donde la policía porteña tuvo su primera comisaría, se halló una directiva del jefe de la fuerza, Eugenio Burzaco, que indica que sólo se puede utilizar municiones antitumulto, de goma.

- La gran sorpresa estuvo en la División de Municiones y Armamento, ubicada en los Talleres Guzmán, en Chacarita, donde aparecieron 98 cartuchos de propósito general, de plomo, perfectamente compatibles con las escopetas policiales. También se halló la documentación que de cuenta de que el 14 de octubre la Metropolitana había comprado 300 cartuchos en total de este tipo. La explicación que la agente a cargo le dio al personal de la fiscalía era que los 202 faltantes se habían utilizado para corroborar el funcionamiento de las armas cuando fueron adquiridas y tomar muestras del rastro que dejan en el cartucho. Algo similar le dijo Montenegro a este diario, al sostener que los plomos “se compran para probar que las escopetas funcionan correctamente”, pero no para usar en la calle. Lo mismo –dijo– se hace con las postas de goma.

La Policía Federal tampoco ha tenido una gran performance en su rendición de cuentas ante la Justicia. Hubo inspecciones en cinco dependencias, entre ellas en la Comisaría 52ª, que intervino en el operativo en el Indoamericano. En medio de ese procedimiento, los gendarmes y un testigo advirtieron que el armero guardaba algo en una bolsa de supermercado. Resultaron ser cartuchos de plomo (para escopetas) de distintos colores. Tres armeros de la Federal aseguraron que el día del desalojo nadie retiró postas de plomo, aunque había una disposición interna de abril de 2010 que autorizaba entonces su provisión a puestos policiales cercanos a las villas, por lo que se sospecha que la Guardia de Infantería las tendría en su poder.

Lo que se largó

 Por Eduardo Aliverti

Ayer, en Catamarca, se largó formalmente la carrera electoral del año. Es oportuno echar un vistazo al panorama conjunto, pero focalizado en cierto aspecto que la vorágine de encuestas, informes, opiniones y especulaciones pasa de largo. O quizá, deba hablarse de que ese aspecto está naturalizado.

Tomemos uno dato fresco y relevante. Hace poco más de una semana, el gurú electoral Jaime Durán Barba comenzó un trabajo de zapa sobre su asesorado Mauricio Macri, para intentar convencerlo de que le conviene salirse de la candidatura presidencial e ir por la reelección en Buenos Aires. Hasta donde se sabe, el jefe de Gobierno porteño sólo aceptó postergar su decisión porque no está seguro de que la victoria de Cristina en primera vuelta sea irreversible. Sí es comprobable que, casi de súbito, Macri dejó de hablar de su postulación a presidente. Pero eso podría atribuirse a que entiende como mejor campaña pedir la intervención de la Federal para el desalojo de viviendas ocupadas. O mandar al rabino Bergman a Salta, para hacerle el aguante al esclavista Alfredo Olmedo. O insistir con que no puede gobernar la ciudad como quisiera porque el gobierno nacional no le da plata, frente a lo cual es impostergable recordar aquello que supo ser uno de sus principales caballitos de batalla: no necesito plata de nadie porque a Buenos Aires plata es lo que le sobra.

Asimismo, podría considerarse que el drama existencial de Macri no pasa tanto por los cálculos electorales sino por sus sencillísimas ganas. La ciudad ya lo aburrió hace rato, según confiesan sus propios íntimos, porque ni siquiera era el juguete que quería. Era tan sólo lo que necesitaba como trampolín hacia una acumulación de poder mayor, con la salvedad de que en política no hay el milagro de un Bianchi en quien descargar la conquista y usufructo del éxito. Hay que trabajar. Y Macri no tiene ni la menor idea sobre el significado de ese término. Podría haber puesto más la cabeza que el cuerpo, aunque sea, para transformar en un partido y en alcances nacionales los favores mediáticos, el Boca que ganó todo, la decepción popular con los progres que habían administrado la ciudad y el baile del triunfo 2007 con la figura de Michetti, de cuya actividad tampoco se conoció nunca nada. Y resultó que no. Ni partido, ni formación de cuadros, ni buena gestión; ni desarrollo fuera de Buenos Aires, más allá de recurrir a un cómico santafesino que debutó borboteando su sueño de que los negritos tengan agua caliente para bañarse. Lo único que hay en lugar de eso que podría haber sido es una ciudad donde a lo que se mueve se lo saluda con bicisendas que no usa nadie, y a lo que no se lo pinta de amarillo. Una ciudad más sucia que jamás, con un caos de tránsito inigualable y escuelas públicas que, sin desmentida de las mismas autoridades, eximen de ir a practicar turismo de aventura en otros parajes. Para no abundar, como decía David Viñas.

Macri –y Michetti más todavía, dicen las encuestas– conserva sin embargo alrededor de un tercio de poder de fuego electoral. No se sabe, o nadie hurga, si es así porque la clase social y mental a la que representa el ¿macrismo? Está francamente conforme con su mandato. O si no es más que la animadversión hacia la yegua presidenta. Tomado por cierto que ese electorado está y que podría ser proyectado a nivel nacional si Macri trabajara (un poquito o a secas), el horizonte se animaría a sonreírle. Si no a corto plazo, al mediano. ¿O acaso no es, después de todo, la variante ideológica más claramente enfrentada al kirchnerismo? Mucho más aun: ¿alguien escuchó que los propios kirchneristas pongan las manos en el fuego por que, en 2007, Kirchner no quería que en la Capital venciera Macri, para tener un contendiente proyectual preciso? ¿Alguien las pondría por que al Gobierno no le preocupa que Macri se baje de la aspiración presidencial? Los radicales se consumen en su interna; el peronismo federal es ya una caricatura de sí mismo; Pino volcó del todo –bien que no algunos de sus adyacentes, a quienes el ombliguismo empieza a hartarlos– y Carrió debe estar concentrada en cómo adjudicarle el acto de Huracán a Fuerza Bruta. ¿Quién que no sea Macri, por lo tanto, para tener contra quién? Salvo que se minimice el hecho de que sin oposición, del tipo que fuere, es imposible no desgastarse.

La visión más rápida, la vigente en lo real o en la realidad que construyen los medios dominantes, es que las cosas son lo que son sin importar cómo se las interpreta. Tomado el caso de Macri, que el periodista usa como disparador bien que no menor, se trataría de que esa constatación verdadera o ficticia –Cristina triunfante en primera vuela– es sanseacabó. Es decir: la Presidenta gana de cualquier forma, y ese qué sustituye al porqué. ¿Por qué estaría ganando fácil?¿Solamente porque la vida anda mejor, o mucho mejor en comparación con el incendio de hace diez años? ¿O además porque la oposición no tiene manera de convencer acerca de en qué sería más eficiente? Macri, para resaltar, ¿tiene el único inconveniente, digamos, de que el mundo quiere soja justo cuando él no lo puede aprovechar? ¿O tiene la angustia de que no se le ocurriría absolutamente nada más que eso, sabiendo que encima no le da el espacio epocal para quebrar ni la Asignación Universal por Hijo, ni la reestatización jubilatoria, ni el Fútbol para Todos ni su ruta? En una palabra, ¿qué es lo que Macri, o el hijo de Alfonsín, o cualesquiera de los hijos del pasado, están en condiciones de ofertar que no sea lo que ya está ofertado? ¿No será eso, la falta de convicción, lo que les impide asentarse electoralmente?

Lo que ayer arrancó en Catamarca es un proceso en el que, a priori, los méritos y deméritos del kirchnerismo deberían ser juzgados con una vara igual de severa que la que vaya a usarse para observar a la oposición. Suena a obviedad y en verdad lo es; pero deja de serlo si por “oposición” se lee un “nosotros”, entendida la primera del plural como cuánto del “nunca menos”, de lo logrado, está dispuesta a bancarse la mayoría de esta sociedad. Cuánto es proclive esa mayoría a que se profundicen cambios hacia izquierda, sin que eso suponga pensar en revoluciones, ni radicalizaciones, ni casi nada por el estilo. Usemos el ejemplo de 1995. Ganó la rata, cómodo, cuando ya se archisabía que era un travestido vendepatria. Pero se prefirió la ficción del deme dos de la dictadura mutado al uno a uno. Así terminamos. Ahora hay otro contexto internacional y regional, otro tipo de liderazgo, otra clase de rumbo. ¿Estamos de acuerdo en que ése es el piso? ¿O la eventual– marcha hacia algunos techos impone afrontar choques de intereses, convulsivos, que esta sociedad no tiene deseos de sufrir? Si es esto último, habría que contrapreguntar qué hay de distinto, en lo que la derecha ofrece, que no sea lo que ya ofreció.

La presunción es que esa derecha está para atrás, como quedó dicho o intentó decirse, porque es consciente de que no tiene para ofrecer nada mejor dentro de los marcos de su propio sistema. De ahí a que no se vuelva a confiar en ella, a pesar de ella misma, hay mucha diferencia. O podría haberla. Eso es lo que se abrió ayer, al margen de lo circunstancial de la irrelevancia numérica del padrón catamarqueño. Se largó tratar de saber si lo que hay es simplemente el seguro de que por ahora no hay nada mejor, para consumir y sentirse liderados por un rato. O si es que no que hay nada mejor como modelo a futuro.

La Justicia insiste con el desalojo

El juez federal de Quilmes Luis Armella ratificó la orden de desalojo de los departamentos destinados a las personas que deben ser reubicadas para avanzar con el saneamiento del Riachuelo. Armella instó a la autoridad de la cuenca y los gobiernos responsables a crear un sistema de información de asignación de viviendas. El ministro del Interior, Florencio Randazzo, repitió que la Policía Metropolitana tiene la competencia para actuar y apuntó que el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, "tiene grandes problemas de gestión. La toma no se resuelve a sangre y fuego sino con una política de vivienda social", agregó.

Armella ya había ordenado el desalojo el miércoles de la semana pasada, pero aún no fue cumplida por diferencias entre los gobiernos nacional y porteña sobre la competencia para llevarla a cabo.

El ministro de Justicia, Julio Alak, había resaltado que la Policía Metropolitana tiene hace dos años la competencia para cumplir con la orden de delitos de ese tipo. Pero el jefe de la Policía Metropolitana, Eugenio Burzaco, repitió que la Ciudad no cuenta con "grupos especiales" para el operativo y solicitó la intervención de la Policía Federal para concretar el desalojo.

En la nueva intimación, el juez advirtió al titular de la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), Juan José Mussi; a las fuerzas de seguridad que disponga la ministra de Seguridad de la Nación, Nilda Garré, y a la Policía Metropolitana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que la orden de liberar los departamentos usurpados continúa con "plena vigencia".

Y agregó: "Deberá ser acatada sobre la totalidad de las viviendas y/o construcciones que se encuentran dentro del predio citado, bajo apercibimiento de aplicar las sanciones ya notificadas".

El magistrado también reclamó a Mussi y al jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que una vez desalojado el predio realicen "en forma inmediata la asignación de las viviendas" a sus reales beneficiarios. Ayer, Larreta indicó que el desalojo de la toma "va más allá de las discusiones políticas, es un problema legal", pero no habló sobre el déficit habitacional y la subejecución en materia de vivienda por parte del gobierno local.

En la resolución, Armella también requirió al titular de la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo y a autoridades de los gobiernos nacional, bonaerense y porteño "la planificación de un sistema de información de la asignación de las viviendas que se vayan planificando y construyendo, distinto al que se está realizando hasta ahora, y que prevea las acciones y medidas a adoptarse para la custodia y preservación de los predios"

Ahora pelean por una toma de viviendas

NACION Y CIUDAD, ENFRENTADOS ANTE UN PEDIDO JUDICIAL DE DESALOJO EN EL SUR PORTEÑO

Un juez federal pidió el desalojo de viviendas ocupadas el sábado. El gobierno nacional dice que el tema es atribución de la Justicia y la policía porteña. Macri acusó a la Presidenta por no cumplir la orden judicial.

 Por Eduardo Videla

La ocupación de un edificio de viviendas sociales por parte de familias en situación de déficit habitacional volvió a enfrentar a los gobiernos nacional y porteño sobre a la resolución del conflicto. El debate giró en torno de quién debía desalojar a los ocupantes, no más de un centenar, en su mayoría mujeres y niños, pero nadie habló acerca de cómo solucionar el problema de vivienda del cual estas familias son un emergente. La orden impartida el miércoles por el juez federal de Quilmes, Jorge Armella, para que se desaloje el lugar, no fue cumplida porque el gobierno nacional adujo que el conflicto no es competencia de las fuerzas de seguridad bajo su jurisdicción, mientras que la Policía Metropolitana argumentaba que la orden judicial la obligaba a ir con una fuerza nacional.

El complejo habitacional ubicado en el cruce de Castañares y Lafuente, en el Bajo Flores, fue ocupado el sábado a la mañana por un grupo de personas, pero el hecho recién se conoció públicamente el miércoles. El complejo está compuesto por 204 departamentos, de los cuales 128 iban a ser destinados a personas que viven en el asentamiento El Pueblito, sobre la margen del Riachuelo, en el marco del cumplimiento de la sentencia de la Corte Suprema de la Nación.

En conferencia de prensa, el jefe de Gobierno de la ciudad, Mauricio Macri, acusó ayer por la tarde a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de ser la responsable de “que no se respete lo que decide la Justicia y no se aplique la ley”. Desde el gobierno nacional, en tanto, el ministro de Justicia, Julio Alak, argumentó que el hecho “es competencia de la Justicia Contravencional, Penal y de Faltas de la ciudad”, porque la competencia sobre el delito de usurpación “fue transferida por el Congreso de la Nación a la ciudad en febrero del 2008”, por lo que debería intervenir la Policía Metropolitana.

Lo curioso es que fue la propia Secretaría de Medio Ambiente de la Nación la que denunció ante el juez federal de Quilmes la ocupación de los edificios. Este magistrado es quien tiene a su cargo la ejecución de la sentencia de la Corte Suprema de la Nación que ordena es saneamiento de la Cuenca Riachuelo-Matanza y la solución habitacional para quienes viven sobre la orilla de esos ríos.

También presentó la denuncia ante el tribunal federal el representante legal de la Corporación Buenos Aires Sur, encargada de la construcción de las viviendas. La Justicia porteña, en tanto, intervino de oficio desde un primer momento. Lo hicieron los fiscales Carlos Raffetto y Luis Duocastella Arbizu, quienes le ordenaron a la Policía Federal cercar el predio. La fuerza dispuso entonces la presencia de unos 50 efectivos, a los que se sumaron una docena de agentes de la Metropolitana, relató una fuente del Ministerio Público Fiscal a Página/12. “Si el propietario del predio (la Corporación del Sur) pide la intervención del juez federal, y el juez acepta, los fiscales porteños ya no tienen nada que hacer allí”, sostuvo la fuente.

Macri denunció ayer que los federales no habían hecho nada para impedir la toma del predio. “No defendieron el lugar”, acusó. Pero no bien terminó de decirlo, su ministro de Seguridad, Guillermo Montenegro, aclaró que algunos de los efectivos resultaron heridos durante la toma. No quedó claro cómo pudieron lastimarse si no defendieron el lugar.

Macri reiteró ayer por la tarde que “no hay promesas para la gente que tomó las viviendas”, porque “no se van a dar beneficios a aquellos que viole la ley”. Cerró así la posibilidad de negociación con los ocupantes, a los que sólo se les ofreció la posibilidad de censarse, propuesta que fue rechazada.

Antes de la ocupación, coincidieron las fuentes, un grupo de personas ingresó para saquear algunos departamentos y el obrador. Hubo una maniobra de distracción sobre la avenida Cruz, y cuando la policía fue a ese lugar, ingresaron para llevarse calefones, cocinas y herramientas de los departamentos, que estaban prácticamente terminados. Luego ingresó un grupo de mujeres con niños y finalmente otro grupo de varones.

En principio se dijo que la ocupación era protagonizada por unas 140 familias, pero ayer el ministro Montenegro evaluó que los ocupantes eran “entre 75 y 90”. Esas personas habían quedado aisladas anoche dentro del edificio, sin luz ni agua, y con restricciones para el ingreso de víveres: si salían, no podían volver a ingresar.

Los ocupantes y sus familiares expresaron durante todo el día que se sentían “estafados por el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) que los había inscripto en planes para obtener una casa” y que no les habían cumplido. Otros denunciaron que, incluso, llegaron a cobrarles entre 8 mil y 20 mil pesos para adjudicarles algunas de esas viviendas. En todo momento manifestaron su intención de quedarse en esos lugares. Casi todos son vecinos de asentamientos del Bajo Flores, donde viven hacinadas miles de personas y esperan desde hace años una respuesta habitacional.

Una fuente del juzgado de Armella fundamentó ante Página/12 la intervención de ese tribunal en que allí deben “hacer cumplir el fallo de la Corte Suprema, que ordena relocalizar los asentamientos, en el marco del proceso de saneamiento de la cuenta del Matanza-Riachuelo”. Sin embargo, dejó abierta la posibilidad para que la Justicia porteña intervenga en la causa por usurpación, un delito cuya competencia fue trasferida a la ciudad.

El juez había ordenado el miércoles al Ministerio de Seguridad de la Nación que designe a una fuerza de seguridad de su órbita para proceder al allanamiento y desalojo de los edificios ocupados, con la colaboración de la Policía Metropolitana. Y le impuso a la secretaria de Seguridad, Cristina Caamaño, una multa de 500 pesos por día de incumplimiento de la medida.

Por la mañana, la Federal y su par porteña se limitaron a hacer un cerco en torno del predio. El ministerio que conduce Nilda Garré elevó al juez un pedido de reconsideración de la medida, argumentando que por tratarse de “un bien del dominio privado del Gobierno de la Ciudad, es claro que la investigación y el juzgamiento del delito de usurpación, cuando se cometa en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires, es competencia del Ministerio Público y del Poder Judicial locales”.

Sin embargo, por la tarde, el juez ratificó la medida. Macri aprovechó la situación para acusar al gobierno nacional y, de paso, emplear el recurso del miedo: “Si no se hace cumplir la ley, mañana se pueden quedar con su casa”, advirtió.

Los hechos parecían desmentir a las partes: la Justicia porteña había intervenido de hecho, hasta que desistió de hacerlo, sin reclamar por su competencia a la Justicia Federal. Y la Policía Federal había obedecido órdenes de la Justicia porteña, apenas se produjo la ocupación. Eso sí, de viviendas, ni hablar.

El barrio que terminó sitiado

UN DIA DE TOMA, RECLAMOS E INSULTOS CONTRA LOS POLICIAS

Policías de la Metropolitana y la Federal montaron un cerco alrededor de los monoblocks ocupados. Los vecinos que los tomaron se quejan porque están sin agua ni luz. Durante el día, hubo algunos piedrazos. Un efectivo fue herido.

 Por Emilio Ruchansky

La gente que el sábado pasado tomó un complejo habitacional porteño en el Bajo Flores está sitiada. Primero les cortaron el gas, luego la luz y ahora no tienen agua. Alrededor del lugar hay una hilera de agentes de la Policía Metropolitana que se complementa con los uniformados de la Policía Federal que aguardan órdenes. Frente a ellos, sobre la avenida Castañares, la joven Patricia López explica el sistema que usa junto a otros familiares y vecinos para pasar las provisiones: “Llenamos las bolsas con agua y comida, después les ponemos piedras para que ganen peso y las revoleamos a través del muro, es como si estuvieran presos”.

Al menos cien personas, en su mayoría mujeres y niños, soportan esta toma bajo un sol intenso. “¡Hace más calor adentro que afuera! ¡Las paredes son de plástico!”, grita Mario, con un bebé desnudo en brazos. “No nos dejan pasar los pañales ni la ropa. Por lo menos que nos devuelvan el agua, estamos muertos de sed”, dice. La conversación se da a casi 30 metros de distancia y es constantemente interrumpida por el ruido del tránsito y el Premetro. La policía no deja que ningún periodista se acerque. “No somos animales de zoológico”, les grita Mario.

La mayor parte de los ocupantes viene de la villa 1-11-14, otros del barrio Ramón Carrillo y de Villa Soldati. Detrás de las rejas, Sonia insiste con lo desmedido del cerco. “Hoy les prohibieron el paso directo de alimentos a nuestros familiares, tampoco podemos recibir medicamentos. Tenemos diez chicas embarazadas, gente con diabetes y problemas respiratorios. Están haciendo abandono de persona”, grita. Luego se dirige a la fila de policías metropolitanos: “Yo terminé la secundaria, tengo estudios terciarios, yo trabajo, no soy ñoqui como ustedes”.

Al rato se suman más personas desde la toma trayendo botellas de plástico vacías. Reclaman agua y tiran piedras contra la policía, que permanece impasible a los insultos. Dicen que nadie vino a negociar con ellos. Sonia acusa a la ministra de Desarrollo Social porteño, María Eugenia Vidal: “Dice que vino a recorrer la toma. Mentira. Nunca la vimos por acá”. Luego muestra el moretón que tiene en su muslo izquierdo y denuncia que fue golpeada por los agentes de la Metropolitana. A su lado hay un baño químico y más lejos se ven otros dos. “Todos rebasan de mierda”, dice Mario cuando el cronista pregunta si están en uso.

En un momento, una señora que aguarda junto a su hija afuera cruza las vías y le tira una piedra a uno de los policías. Se le van al humo diez oficiales, pero un superior los detiene. La mujer huye con la nena y termina entrando a la toma. Los que están adentro aplauden la acción. Enseguida aparecen más refuerzos policiales. Jennifer, una embarazada que se metió con dos chicos, exige que les dejen entrar elementos para higienizarse. “Hay chicas que tienen la menstruación y no les dejan pasar las toallitas, ¡están locos!”, dice.

Desde los autos que circulan por la avenida Castañares se oyen mensajes para los ocupantes: “Vayan a trabajar”, “sáquenlos a estos bolitas” (sic), “ustedes son unos villeros de mierda”. Jorge, que vino de la 1-11-14 con su hijo a ayudar a su familia, corre a cada uno de estos automovilistas. “Mirá los cagones cómo aceleran”, le dice a Mauro, su hijo, que lleva tres botellas de gaseosa. Después le indica que cruce las vías y Mauro, asustado, se acerca al cordón policial. Las dos primeras botellas quedan al pie de la barranca que antecede al terreno ocupado y Mario baja a buscarla. La tercera revienta sobre el piso.

“¿Qué hiciste, nene?”, le dice Jorge. El chico, que es tartamudo, se pone nervioso y se va a buscar sombra a la vereda del paredón que está enfrente de la toma. Al rato se lo ve a punto de llorar, sentado sobre el cordón. “Yo so... sólo quise ayudar. No... no... no... pensé que me iba a quedar sin fuerzas”, dice. Adentro de los departamentos están su mamá y sus hermanos.

Sentada contra el paredón, rodeada de papeles del Instituto de Vivienda de la Ciudad y fotocopias de DNI de los ocupantes, Beatriz Alvárez denuncia al organismo porteño porque habría estafado a muchos de los que están en la toma. “Nos pidieron ocho, quince, veinte mil pesos y nos dijeron que las viviendas iban a estar en enero. Después se borraron. Somos 180 personas en esta situación, tengo a tres hijas en la toma”, dice.

“En verdad, nosotros pagamos por casas de ladrillos, no por esos departamentos de plástico”, dice en referencia a la toma. Y agrega: “Yo sé que hicimos mal en meternos, pero estamos cansados”. A su lado está Patricia López, la que tira las bolsas con piedras adentro. Dice que adentro están su mamá, su hermana y dos sobrinas. “Y nadie se robó nada como quieren hacer creer. Sí hubo gente que cuando empezó la toma se llevó calefones y grifería, pero esa gente no se quedó en los departamentos. Eran rateros nomás”, aclara.

A poco más de una cuadra de donde están Alvárez y López, hay cuatro autos particulares repartidos entre la calle y la vereda. Adentro, los oficiales de la Policía Federal se turnan para dormir la siesta, mientras otros toman mate o mandan mensajitos de texto. El grupo que acompaña a la Metropolitana pide recambio cuando el calor agobia. Hay un carro hidrante de la Federal y varios patrulleros de ambas fuerzas. La diferencia entre las fuerzas es que la Federal no porta armas. También hay dos camionetas del Ministerio de Desarrollo Social porteño. No se ve ninguna ambulancia.

Luego de la impasse generada por la conferencia de Macri, cuando los ocupantes dejaron los pastizales y se refugiaron al lado de sus radios, la relación entre los vecinos y la Metropolitana empeora. Dos flacos de la toma insultan constantemente a los agentes. A uno de ellos, Gabriel, le acaban de realizar una traqueotomía. Tiene todo el cuello vendado y se queja de que no le permiten ingresar más vendas. Gabriel se tapa el tubito a cada rato y denuncia: “Ellos nos amenazaron: ‘A ustedes, negros, se les viene la noche’. No saben que acá nos vamos a bancar lo que venga”.

En Portela, una calle lateral que separa al predio de viviendas de una compañía química, hay un largo paredón cuyas veredas están ocupadas por casillas de chapa, madera y cartón. Llegan hasta la parte posterior al predio ocupado, en dirección a la avenida Riestra, donde hay un campo de entrenamiento del equipo de Argentinos Juniors. “Este es lugar habilitado para pasar comida y bebidas”, dice un policía federal apostado sobre las vallas de la calle Portela. El mismo agente para a dos pibes y los obliga a pasar del envase de vidrio de una gaseosa a uno de plástico.

Tampoco allí se pueden dar los víveres en mano, deben revolearlos. Al rato, otro joven protesta porque no le dejan pasar cigarrillos. La bronca que provoca el cerco se termina de desatar por la noche, cuando muchos ocupantes bajan de la barranca e intentan contactar físicamente a sus familiares, amigos y vecinos. En ese instante, la Policía Metropolitana intenta mantener el sitio y queda bajo una lluvia de piedras. Uno de los agentes es herido en la cara y es atendido por sus compañeros. Y entonces los agentes sacan sus escudos de plástico, mientras los ocupantes se repliegan hacia los edificios.

De Narváez también quiere el desalojo ya

BAJO FLORES

El diputado por el Peronismo Federal Francisco de Narváez criticó al Gobierno nacional por su postura de abrir un impass de negociación con las 140 familias que tomaron 204 viviendas en el Bajo Flores: "El Gobierno acepta que valga todo”, dijo el colombiano. "La ley se debe cumplir, tiene que haber un proceso de orden, de respeto, y de saber lo que es mío y lo del otro, y donde están los límites", insistió.

De Narváez justificó su postura con un argumento particular: la Justicia "ha ordenado el desalojo y eso no se puede interpretar", motivo por el cual el "Poder Ejecutivo tiene que tomar acciones". Para él, “los ciudadanos nos sentimos indefensos frente a esta condición de que se interpreta si la orden del juez la cumplo o no la cumplo".

El comentario tomó partido en el contrapunto entre el Gobierno nacional y la gestión de Mauricio Macri respecto de la jurisdicción y competencia de cada uno en las tomas de vivienda ocurridas en la Ciudad de Buenos Aires y la orden de desalojar decidida por el juez federal de Quilmes Luis Armella.

Desde los ministerios de Justicia y Seguridad se argumentó que el delito de “usurpación” le fue transferido a la Ciudad en febrero de 2008, cuando el Congreso votó la ley de transferencia de competencias penales. Con este fundamento pidió una prórroga para desalojar a las familias y abrir un período de diálogo a fin de encontrarle una salida a la problemática.

La gestión de Macri sostiene lo contrario y pide la intervención de las fuerzas de seguridad con órbita federal, en lugar de la Policía Metropolitana. En la misma sintonía, para De Narváez “el Gobierno (nacional) acepta que valga todo cuando le conviene y esto es una condición que todos los argentinos estamos viendo con temor y preocupación, porque sí está es la forma de gobernar, me parece que nos estamos desintegrando como sociedad".

Pirovano sigue haciendo de las suyas, ahora dijo que Miguel del Sel es "un mártir"

Carlos Pirovano es subsecretario de Inversiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y un fanático de las redes sociales. Desde allí puso en conocimiento público cuales son sus reales opiniones del funcionamiento del Estado. Semanas atrás escribió que la educación estatal debe abolirse y que hay que "regalarles las escuelas a los maestros” para que pasen a ser empresarios.

Tras el revuelo que se armó luego de que los seguidores de twitter y los lectores de los medios que repitieron sus dichos volvió a la carga. Hoy sostuvo que "cualquiera que hoy se lance como candidato de la oposición debe ser considerado y valorado como un mártir”, en referencia a la postulación de Miguel del Sel por el PRO en Santa Fé.

Y avaló su hipótesis al decir que se debe a “la carga de agresividad que muestra el gobierno y sus cuadros extremistas para con quienes piensan distinto”. “Miguel está haciendo un renunciamiento importante al sumarse a la vida pública y eso debería ser respetado. La gente juzgará sus valores en las urnas y todavía queda mucho tiempo para que él los empiece a demostrar”, sostuvo.

A su vez fue interrogado por los seguidores suyos en twitter sobre los gobiernos nacionales y el porteño, del cual forma parte. Sobre la gestión de Cristina Fernández de Kirchner opinó que fue correcta la “asignación universal por hijo, el Ministerio de Ciencia y Tecnología y haberse animado a cerrar ese centro de corrupción que es la ONCCA”. Sobre Macri solo dijo que “las tres mejores son la tunelera del Maldonado, la Policía Metropolitana y el Distrito Tecnológico".

Sobre los graves conflictos educativos que hay en la ciudad de Buenos Aires consideró que “habría que ver cuánto es culpa de Mauricio Macri y cuánto es responsabilidad de una maquina de impedir cuyo único interés es mantener un status quo y no asumir que la educación no es una superestructura burocrática sino que son maestros capacitados y bien pagos y alumnos que estudien el ciclo completo sin paros”.

 “Si querés paralelismos históricos, lo más parecido es la Edad Media o el período Ronin en Japón. Lo digo para los que creen que Argentina es progresista”, lanzó.