Investigan a ocho suboficiales de la Policía Federal por prostitución de menores

Jueves, 28 de marzo de 201322:38 | Policiales

Los efectivos, que pertenecían al cuerpo de la Montada de Buenos Aires, fueron separados de la fuerza el 14 de marzo pasado, pero todo trascendió en las últimas horas. Los acusan de regentear a chicos que se encontraban en situación de calle

Ocho policías de la Policía de Buenos Aires son investigados por prostitución de menores.

Al menos ocho suboficiales de la Policía Montada de Policía Federal de Buenos Aires fueron separados de la fuerza, a mediados de marzo, al estar investigados por la Justicia en un caso de prostitución de menores.

Fuentes policiales informaron que se trata del sargento Sebastián Borfitz, el cabo primero Héctor Diego Palavecino, los cabos Fermín Olmedo (Montada), Héctor Taborda Sotelo y los agentes Héctor Daniel Martínez, Mauricio Sebastián Acevedo, Gustavo Raimundo Salinas y Miguel Ángel Campero.

Al momento de producirse la separación de la fuerza, la mayoría de ellos había sido cambiado de destino, ya que sólo Palavecino y Olmedo seguían en la Policía Montada, mientras que Borfitz estaba en la comisaría 50, Taborda Sotelo en Tránsito, Martínez en la seccional 5ª, Acevedo en el Grupo GEOF, Salinas en Guardia de Infantería y Campero en la Subdelegación Salvador Maza de Jujuy.

Los efectivos fueron separados de la Federal el 14 de marzo pasado, pero trascendió en las últimas horas.

La causa judicial se inició en 2012 por la denuncia de un agente de la comisaría 2ª ante el Ministerio de Seguridad que encabeza Nilda Garré, en la que se investiga una red de uniformados que regenteaban y hacían prostituir a menores de edad que encontraban en situación de calle.

Las adolescentes eran sometidas en distintos puntos de la Capital en destacamentos, lugares de consigna y en operativos deportivos.

Un alto jefe policial reveló a NA que si bien la causa se inició por abuso sexual contra menores, también se investiga una red de prostitución con mujeres mayores de edad.

"Algunos de estos policías usaban a las chicas como prostitutas, pero sólo para clientes que eran policías federales. Por eso entregamos la lista con los nombres que se recogieron a partir de las declaraciones de algunas de las víctimas", indicó una fuente judicial consultada por NA.

"También son investigados los integrantes de la fuerza que fueron cómplices, porque para secuestrar a una de estas jóvenes, uno o dos policías no pueden lograrlo con la complicidad de otros", agregó.

Asimismo, revelaron que una de las chicas que era obligada a prostituirse tuvo dos hijos, por lo que "se ordenó un ADN para cotejar si el padre de esos chicos es alguno de los policías investigados".

La causa comenzó en la Defensoría Pública de Menores e Incapaces Número 2 en lo Civil, a cargo del juez José Atilio, pro el 25 de noviembre de 2011 el expediente 42817/2011 recayó en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de instrucción 38, secretaría 132 a cargo de Gabriel Rey.

http://www.lacapital.com.ar/policiales/Investigan-a-ocho-suboficiales-de-la-Policia-Federal-por-prostitucion-de-menores-20130328-0071.html

Casación confirmó el procesamiento de Enrique Mathov

La Cámara rechazó el planteo presentado por el secretario de Seguridad del gobierno de la Alianza en la causa que lo acusa de ser parte responsable de los asesinatos de cinco personas y 117 heridos durante la represión de diciembre de 2001. De esta manera, Enrique Mathov seguirá procesado junto a tres jefes policiales, salvo el entonces presidente Fernando de la Rúa, quien quedó definitivamente sobreseído por esos hechos.

La Cámara de Casación Penal ratificó la decisión del Tribunal Oral Federal 6 de no hacer lugar al pedido de prescripción que había elevado Mathov, procesado y en libertad condicional a la espera del juicio oral y público, aún sin fecha pues hay pendientes pericias balísticas.

Según la causa, Mathov ordenó a la Policía Federal reprimir las protestas que se habían multiplicado por el microcentro porteño y Plaza de Mayo, contra la política económica de De la Rúa y su ex ministro de Economía Domingo Cavallo. Hubo cinco muertos por disparos: Gustavo Benedetto (23), Carlos Almirón (23), Diego Lamagna (27), Gastón Riva (31) y Alberto Márquez (57), además de 117 heridos, mientras De la Rúa huía en helicóptero de la Casa Rosada.

Por esos hechos quedaron procesados, también, el ex jefe de la Policía Federal Rubén Santos, el ex superintendente de Seguridad Metropolitana de esa fuerza Raúl Andreotti y el ex director General de Operaciones Norberto Gaudiero. En todo el país la violenta represión a las protestas populares dejó al menos 30 muertos, centenares de heridos y 4.500 detenidos, luego de lo cual, el viernes 21, De la Rúa renunció a la Presidencia.

http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-211134-2013-01-03.html

Cristina presentó el Programa de Seguridad "Cinturón Sur"

CFK: "Lanzamos hoy el "Plan Cinturón Sur" destinado a reforzar la seguridad en la zona sur de la Capital Federal. Entregamos equipamiento, y dispusimos la reasignación de mil policías federales y el refuerzo con 2.500 gendarmes y prefectos. Anunciamos, además, la construcción de un moderno centro carcelario en la ciudad de Mercedes para proceder a la eliminación de la cárcel de Villa Devoto, la última de la Ciudad". 

La presidenta Cristina Fernández presentó el Programa de Seguridad del Cinturón Sur y nuevo equipamiento para modernizar el Servicio Penitenciario, anunció que en los próximos meses se llamará a licitación para construir el complejo penitenciario Agote, en Mercedes para erradicar así la última cárcel de la Ciudad de Buenos Aires, el penal de Villa Devoto.

CFK: "La articulación entre la Ciudad, la Provincia y la Nación es ineludible."

La mandataria presentó el nuevo material de última tecnología con el que se equiparán las 35 cárceles de todo el país. Cristina Fernández afirmó que con este equipamiento habrá "una exacta combinación entre seguridad y respeto por los derechos humanos", ya que los scanners evitarán las requisas manuales invasivas, y al mismo tiempo cuentan con la tecnología necesaria para detectar con exactitud elementos peligrosos como explosivos, narcóticos, armas, y hasta celulares; con los que muchos reclusos realizan falsos secuestros extorsivos.

"Estamos en un proceso de modernización de nuestro sistema carcelario", anunció el llamado a licitación para el complejo Agote, que se construirá en la localidad bonaerense de Mercedes,y destacó que se ubicará en un terreno de 213 hectáreas con celdas individuales, "terminando con los terribles pabellones", según señaló la jefa del Ejecutivo.

"Si bien no estamos muy contentos de tener cárceles, sabemos que son necesarias para que los delincuentes puedan resocializarse, esto en definitiva, no es ni más ni menos que cumplir con la Constitución Nacional", sostuvo la Presidenta.

Además afirmó que se erradicarán los neuropsiquiátricos Borda y Moyano, de acuerdo a la nueva ley de Salud Mental, y se llevarán provisoriamente a Ezeiza, a la espera de la construcción de las casas que albergarán a 16 pacientes como máximo cada una.

Cristina detalló el plan de seguridad Cinturón Sur, que desplegará a casi 2.500 efectivos de las Fuerzas de Seguridad en la ciudad de Buenos Aires, la mandataria llamó a "replantear el concepto de seguridad" y señaló que se debe trabajar articulando "Ciudad, Gobierno Nacional, y Gobierno de la Provincia de Buenos Aires", en la llamada área metropolitana.

"Esto no significa que todos tengamos que ser del mismo partido político, pero es importante que ninguno tome como plataforma electoral un municipio o partido y lo elija como centro opositor en vez de solucionar los problemas de los vecinos a través de políticas comunes", sostuvo.

Asimismo, señaló la necesidad de que "el formato de seguridad no esté vinculado a lugares fijos", así como se inculcó en el Plan Centinela, aplicado a la Provincia de Buenos Aires. "Estamos trabajando con instrumentos y formas de años atrás, y la delincuencia se nos adelanta mucho más de lo que podemos organizarnos", argumentó en ese sentido.

"Este plan implica poner en marcha un nuevo concepto de unidad entre nuestras Fuerzas de Seguridad porque la seguridad es una sola y es un derecho de todos los ciudadanos", afirmó Cristina y aseguró que en esta materia lo importante es un trabajo de fondo vinculando "equipamiento, infraestructura, educación y salud y programas sociales".

"Estamos haciendo una inversión muy importante y esperamos poder dar respuesta a una demanda que; si bien nunca va a poder ser satisfecha porque siempre vienen nuevos problemas de seguridad; tenemos que garantizar", expresó.

Recordó el tema de las salideras bancarias: "parecían ser una psicosis, y hoy a partir de las políticas implementadas se redujeron en un 80% con relación al mayor pico", destacó, que "esto no es magia, nos pusimos a trabajar con los actores principales (bancos, fuerzas de seguridad y legislación) y se redujeron considerablemente", aseguró.

"Hay que trabajar y no quejarse, para eso nos ha votado la gente, y para eso tenemos vocación", dijo en el Salón de las Mujeres Argentinas de Casa de Gobierno. "Si no tuviéramos problemas me aburriría mucho, vivimos en una sociedad compleja y tenemos que articular políticas para solucionar los problemas", agregó.

La mandataria hizo una comparación con otros países de la región y advirtió que "junto con Chile y Uruguay somos uno de los países con mejores índices en la región", y aseguró que "esto no significa que no haya delincuencia, sino que es un problema que convive en muchos países y representa la obligación de quienes tenemos responsabilidad de sentarnos y diseñar planes con nuevas técnicas e ir perfeccionándolos".

"Creer que mi jurisdicción llega de acá hasta allá es no entender como funcionan los grandes distritos", señaló y afirmó que "todos los que tenemos responsabilidades debemos comprometernos a que la gente se sienta más segura y recupere la confianza en las fuerzas de seguridad".

Finalmente aseguró que "esta Presidenta y quienes tenemos la responsabilidad vamos a hacer honor a esa responsabilidad que se nos ha conferido", y advirtió que "el que prometa que va a erradicar definitivamente el delito está mintiendo".

Estuvieron presentes en el acto el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, el presidente previsional del Senado, José Pampuro, el jefe de Gabinete de Ministros, Aníbal Fernández, los ministros de Seguridad, Nilda Garré, de Trabajo, Carlos Tomada, del Interior, Florencio Randazzo y de Justicia, Julio Alak, el secretario General de la Presidencia, Oscar Parrili, y el secretaro de Legal y Técnica, Carlos Zannini, entre otras autoridades nacionales, provinciales y de las fuerzas de seguridad.

VIDEO DEL DISCURSO: http://www.facebook.com/video/video.php?v=2256852540818&oid=115689108495633&comments


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Sigue el pataleo en el gobierno porteño

UNA PELEA ADICIONAL POR UN SERVICIO POLICIAL

Funcionarios de la Ciudad volvieron a quejarse por la decisión del ministerio de Seguridad nacional de que los policías que prestaban servicios adicionales pasen a cumplir tareas de vigilancia y prevención en la calle. Rodríguez Larreta afirmó que presentarán una denuncia contra la ministra Garré por incumplimiento de deberes de funcionario público. Macri habló de "un alud de políticas que fomentan la anarquía".

El jefe de gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta, expresó que el gobierno de Macri "está muy preocupado" por la medida adoptada por la Nación, por la cual los policías que prestaban servicios adicionales para la Ciudad pasaron a cumplir tareas de vigilancia y prevención en la calle. El ministerio de Seguridad nacional le comunicó a la administración porteña que el convenio por el que se realizaba ese servicio se rescindirá a partir del próximo 6 de mayo.

Larreta confirmó que planean presentar una denuncia contra la ministra Garré por incumplimiento de deberes de funcionario público. "Esperemos que la Justicia lo avale, no se puede entender que dejaron a los chicos sin custodia, esto va directamente contra los porteños, acá están dejando sin seguridad a los porteños", sostuvo el funcionario.

"Realmente es increíble está decisión de la ministra Garré, que obviamente fue avalada por la presidente Cristina Kirchner", "No se puede entender la medida", insistió y además negó que "sea por una cuestión de dinero".

Macri, en tanto, sostuvo que la ministra de Seguridad "debería dar un paso atrás definitivo", al advertir que "hasta que no mejore la seguridad no se puede dejar de custodiar esos lugares". El mandatario comunal reiteró que la Policía Metropolitana no tiene la capacidad suficiente para remplazar a los efectivos de la Federal desafectados de las dependencias porteñas. "No tenemos la cantidad de efectivos suficientes para suplir a la Policía Federal. Estamos formando de a 500 cadetes por año. Deberíamos salir de las comunas que estamos cuidando para ocupar escuelas y hospitales. Me parece una locura", insistió.

Por su parte, el ministro de Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, sostuvo que no se "puede utilizar una fuerza policial con un provecho personal" para ver "cómo le complicamos la existencia a Macri".

Desde el Ministerio de Seguridad nacional sostienen que la actual rescisión había sido informada a Montenegro en la reunión de febrero y que el 17 de marzo hubo una intimación por nota. Afirman que la deuda es de 27,5 millones y corresponde a siete meses.

Montenegro admitió que en la reunión mantenida tiempo atrás con Garré "se habló en general de varios temas, incluida la posibilidad de que en algún momento -y en línea general yo dije que estaba de acuerdo- que dejara la Policía Federal de cumplir servicios adicionales, pero para mejorar la calidad del servicio". Sin embargo, negó que en ese encuentro se haya conversado de que se iba a tomar "esta medida concreta" de retirar la custodia policial de los edificios públicos.

Por otra parte, rechazó que la decisión de las autoridades nacionales esté vinculada con la deuda que la Ciudad mantiene con la Policía Federal por el adicional que se le paga por el servicio de custodia en establecimientos porteños. "Si fuera una cuestión de plata hubieran hecho el reclamo correspondiente, que se está haciendo, y la verdad es que ésta es la misma deuda que hay desde hace seis años y se está pagando como siempre, no es que nosotros no reconocemos la deuda", aclaró.

Según fuentes del Ministerio que conduce Nilda Garré, la Policía Federal presta servicios adicionales en unos 800 objetivos de la Ciudad de Buenos Aires. De ellos se dieron de baja ayer 114, que involucraban a unos 1400 efectivos.

El servicio de policía adicional se prestaba desde septiembre de 2006, cuando el entonces jefe de Gobierno, Jorge Telerman, firmó un convenio con el jefe de la Policía Federal, Néstor Valleca. Antes de eso no existía el servicio policial adicional en dependencias oficiales porteñas. El acuerdo significó, sobre todo, un importante ingreso para los efectivos policiales, que ganan a razón de 94 pesos por módulo de cuatro horas diarias, lo que suma un total mensual de 2000 pesos promedio por agente. Fuentes del Ministerio de Seguridad nacional aseguran que los policías no perderán ese ingreso, ya que serán compensados con 1000 pesos como adicional por servicio de calle, además del pago de horas extra.

La Federal, además, no dejará de prestar servicios en dependencias judiciales porteñas –tribunales y fiscalías– pero lo hará como parte de su función, ya que no está incluido en el convenio denunciado.

Garré: "Se armó un show"

EL CONFLICTO POR EL BLOQUEO

La ministra de Seguridad, Nilda Garré, confirmó que no concurriría a Diputados para dar explicaciones por la actuación policial ante el bloqueo de la imprenta del Grupo Clarín al considerar que la "Cámara está renunciando a lo que le corresponde que es un seguimiento de los grandes temas nacionales para seguir inflando, agrandando, un tema que no deja de ser un conflicto gremial". La funcionaria estaba citada para las 10 al plenario de las comisiones de Libertad de Expresión, Justicia y Asuntos Constitucionales.

La ministra explicó en declaraciones a Radio Continental que el lunes último envió a los legisladores "una síntesis de todas las acciones" desarrolladas por la Policía Federal, en cumplimiento de las órdenes del juez correccional y de la fiscal contravencional que intervinieron en el hecho.

Se trata de un conflicto "largo, extremadamente largo, que lleva años", en el que "los trabajadores fueron sobreseídos" y "la empresa cumple con mucha reticencia el fallo de la Justicia por lo que el conflicto sigue latente", señaló.

Garré calificó de "absurdo" comparar "la demora de unas horas de un diario para poder llegar al público o que no llegue un día con un ataque a la libertad de prensa".

"Algún grupo de diputados se han trasformado en elementos funcionales de esta estrategia de victimizarse de la empresa que edita el diario Clarín. Pensamos que son temas que hay que tomarlo con seriedad, pero no para provocar un show o espectáculo", recalcó Garré.

La ministra de Seguridad precisó que el lunes pasado su cartera presentó "la síntesis de todas las acciones que desarrolló la Policía Federal cumpliendo las ordenes de un juez correccional y de la fiscal contravencional de la ciudad de Buenos Aires".

En el comunicado del lunes, remitido a Diputados, el Ministerio de Seguridad de la Nación afirmó que durante la protesta que mantuvieron trabajadores de Clarín se cumplieron "estrictamente" las directivas que impartió la Justicia y calificó de "absolutamente infundadas e irresponsables", las acusaciones acerca de un supuesto "incumplimiento a los deberes" hacia la titular de la cartera.

Además, el comunicado oficial afirmó que "resulta infundado y extemporáneo calificar el reclamo laboral ocurrido como ataque a la libertad de prensa que la Constitución Nacional garantiza". El Ministerio reseñó cronológicamente todas las acciones que llevó a cabo a partir del inicio de la protesta en la planta que Artes Gráficas Rioplatenses posee en Zepita y Magaldi en Ciudad de Buenos Aires.

Un nuevo fallo por la despenalización

TENENCIA DE DROGAS PARA CONSUMO PERSONAL

La Cámara Federal confirmó el sobreseimiento de un joven que había sido detenido por transportar una pequeña cantidad de marihuana, y ratificó la despenalización de la tenencia de drogas para consumo personal cuando se mantiene en el "ámbito de autonomía" del usuario y no se afecta a terceros.

La resolución la tomó la Sala II del tribunal de apelaciones al confirmar un fallo de primera instancia dictado por el juez federal Sergio Torres quien sobreseyó al imputado cuya identidad no se revela en virtud del alcance de la sentencia.

En un fallo de tres carillas, los camaristas Horacio Cattani y Martín Irurzun (el tercer integrante de la Sala, Eduardo Farah, no firmó por hallarse en uso de licencia) se remitieron al antecedente en ese sentido dictado por la Corte Suprema de Justicia en el denominado "caso Arriola".

Allí ordenan a los jueces que analicen "las circunstancias del caso que se trata a fin de determinar si la tenencia de estupefacientes para uso personal que constituye el objeto del proceso se realizó en circunstancias o condiciones tales que no aparejaban peligro concreto o daño a derechos o bienes de terceros".

Los hechos juzgados ocurrieron el 23 de septiembre de 2010, minutos antes de las 17.30, cuando efectivos policiales observaron que "el imputado conducía una motocicleta por la intersección de la Avenida Córdoba y la calle Godoy Cruz" quien el advertir la presencia de los uniformados "comenzó a zigzaguear entre los vehículos que circulaban".

"Ante esa actitud, fue interceptado y requisado, secuestrándole un envoltorio con una escasa cantidad de marihuana" dijeron los magistrados en base al informe policial confirmado por las pericias practicadas en la sustancia secuestrada. Los camaristas afirmaron que "ni en la versión que dio la policía respecto de la situación narrada, ni en el sumario de prevención, hay alguna referencia que indique que esa droga no era para consumo personal" y tuvieron en cuenta, además, "la escasa cantidad de marihuana incautada y la forma en que estaba acondicionada es compatible con el tipo penal aplicado".

"De tal modo, las circunstancias en que se desarrolló esa conducta conducen a afirmar que el hecho se mantuvo en el ámbito de autonomía personal del nombrado sin poner en riesgo el bien jurídico tutelado" por la ley de drogas, sostuvieron los jueces.

Ahora pelean por una toma de viviendas

NACION Y CIUDAD, ENFRENTADOS ANTE UN PEDIDO JUDICIAL DE DESALOJO EN EL SUR PORTEÑO

Un juez federal pidió el desalojo de viviendas ocupadas el sábado. El gobierno nacional dice que el tema es atribución de la Justicia y la policía porteña. Macri acusó a la Presidenta por no cumplir la orden judicial.

 Por Eduardo Videla

La ocupación de un edificio de viviendas sociales por parte de familias en situación de déficit habitacional volvió a enfrentar a los gobiernos nacional y porteño sobre a la resolución del conflicto. El debate giró en torno de quién debía desalojar a los ocupantes, no más de un centenar, en su mayoría mujeres y niños, pero nadie habló acerca de cómo solucionar el problema de vivienda del cual estas familias son un emergente. La orden impartida el miércoles por el juez federal de Quilmes, Jorge Armella, para que se desaloje el lugar, no fue cumplida porque el gobierno nacional adujo que el conflicto no es competencia de las fuerzas de seguridad bajo su jurisdicción, mientras que la Policía Metropolitana argumentaba que la orden judicial la obligaba a ir con una fuerza nacional.

El complejo habitacional ubicado en el cruce de Castañares y Lafuente, en el Bajo Flores, fue ocupado el sábado a la mañana por un grupo de personas, pero el hecho recién se conoció públicamente el miércoles. El complejo está compuesto por 204 departamentos, de los cuales 128 iban a ser destinados a personas que viven en el asentamiento El Pueblito, sobre la margen del Riachuelo, en el marco del cumplimiento de la sentencia de la Corte Suprema de la Nación.

En conferencia de prensa, el jefe de Gobierno de la ciudad, Mauricio Macri, acusó ayer por la tarde a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de ser la responsable de “que no se respete lo que decide la Justicia y no se aplique la ley”. Desde el gobierno nacional, en tanto, el ministro de Justicia, Julio Alak, argumentó que el hecho “es competencia de la Justicia Contravencional, Penal y de Faltas de la ciudad”, porque la competencia sobre el delito de usurpación “fue transferida por el Congreso de la Nación a la ciudad en febrero del 2008”, por lo que debería intervenir la Policía Metropolitana.

Lo curioso es que fue la propia Secretaría de Medio Ambiente de la Nación la que denunció ante el juez federal de Quilmes la ocupación de los edificios. Este magistrado es quien tiene a su cargo la ejecución de la sentencia de la Corte Suprema de la Nación que ordena es saneamiento de la Cuenca Riachuelo-Matanza y la solución habitacional para quienes viven sobre la orilla de esos ríos.

También presentó la denuncia ante el tribunal federal el representante legal de la Corporación Buenos Aires Sur, encargada de la construcción de las viviendas. La Justicia porteña, en tanto, intervino de oficio desde un primer momento. Lo hicieron los fiscales Carlos Raffetto y Luis Duocastella Arbizu, quienes le ordenaron a la Policía Federal cercar el predio. La fuerza dispuso entonces la presencia de unos 50 efectivos, a los que se sumaron una docena de agentes de la Metropolitana, relató una fuente del Ministerio Público Fiscal a Página/12. “Si el propietario del predio (la Corporación del Sur) pide la intervención del juez federal, y el juez acepta, los fiscales porteños ya no tienen nada que hacer allí”, sostuvo la fuente.

Macri denunció ayer que los federales no habían hecho nada para impedir la toma del predio. “No defendieron el lugar”, acusó. Pero no bien terminó de decirlo, su ministro de Seguridad, Guillermo Montenegro, aclaró que algunos de los efectivos resultaron heridos durante la toma. No quedó claro cómo pudieron lastimarse si no defendieron el lugar.

Macri reiteró ayer por la tarde que “no hay promesas para la gente que tomó las viviendas”, porque “no se van a dar beneficios a aquellos que viole la ley”. Cerró así la posibilidad de negociación con los ocupantes, a los que sólo se les ofreció la posibilidad de censarse, propuesta que fue rechazada.

Antes de la ocupación, coincidieron las fuentes, un grupo de personas ingresó para saquear algunos departamentos y el obrador. Hubo una maniobra de distracción sobre la avenida Cruz, y cuando la policía fue a ese lugar, ingresaron para llevarse calefones, cocinas y herramientas de los departamentos, que estaban prácticamente terminados. Luego ingresó un grupo de mujeres con niños y finalmente otro grupo de varones.

En principio se dijo que la ocupación era protagonizada por unas 140 familias, pero ayer el ministro Montenegro evaluó que los ocupantes eran “entre 75 y 90”. Esas personas habían quedado aisladas anoche dentro del edificio, sin luz ni agua, y con restricciones para el ingreso de víveres: si salían, no podían volver a ingresar.

Los ocupantes y sus familiares expresaron durante todo el día que se sentían “estafados por el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) que los había inscripto en planes para obtener una casa” y que no les habían cumplido. Otros denunciaron que, incluso, llegaron a cobrarles entre 8 mil y 20 mil pesos para adjudicarles algunas de esas viviendas. En todo momento manifestaron su intención de quedarse en esos lugares. Casi todos son vecinos de asentamientos del Bajo Flores, donde viven hacinadas miles de personas y esperan desde hace años una respuesta habitacional.

Una fuente del juzgado de Armella fundamentó ante Página/12 la intervención de ese tribunal en que allí deben “hacer cumplir el fallo de la Corte Suprema, que ordena relocalizar los asentamientos, en el marco del proceso de saneamiento de la cuenta del Matanza-Riachuelo”. Sin embargo, dejó abierta la posibilidad para que la Justicia porteña intervenga en la causa por usurpación, un delito cuya competencia fue trasferida a la ciudad.

El juez había ordenado el miércoles al Ministerio de Seguridad de la Nación que designe a una fuerza de seguridad de su órbita para proceder al allanamiento y desalojo de los edificios ocupados, con la colaboración de la Policía Metropolitana. Y le impuso a la secretaria de Seguridad, Cristina Caamaño, una multa de 500 pesos por día de incumplimiento de la medida.

Por la mañana, la Federal y su par porteña se limitaron a hacer un cerco en torno del predio. El ministerio que conduce Nilda Garré elevó al juez un pedido de reconsideración de la medida, argumentando que por tratarse de “un bien del dominio privado del Gobierno de la Ciudad, es claro que la investigación y el juzgamiento del delito de usurpación, cuando se cometa en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires, es competencia del Ministerio Público y del Poder Judicial locales”.

Sin embargo, por la tarde, el juez ratificó la medida. Macri aprovechó la situación para acusar al gobierno nacional y, de paso, emplear el recurso del miedo: “Si no se hace cumplir la ley, mañana se pueden quedar con su casa”, advirtió.

Los hechos parecían desmentir a las partes: la Justicia porteña había intervenido de hecho, hasta que desistió de hacerlo, sin reclamar por su competencia a la Justicia Federal. Y la Policía Federal había obedecido órdenes de la Justicia porteña, apenas se produjo la ocupación. Eso sí, de viviendas, ni hablar.

El barrio que terminó sitiado

UN DIA DE TOMA, RECLAMOS E INSULTOS CONTRA LOS POLICIAS

Policías de la Metropolitana y la Federal montaron un cerco alrededor de los monoblocks ocupados. Los vecinos que los tomaron se quejan porque están sin agua ni luz. Durante el día, hubo algunos piedrazos. Un efectivo fue herido.

 Por Emilio Ruchansky

La gente que el sábado pasado tomó un complejo habitacional porteño en el Bajo Flores está sitiada. Primero les cortaron el gas, luego la luz y ahora no tienen agua. Alrededor del lugar hay una hilera de agentes de la Policía Metropolitana que se complementa con los uniformados de la Policía Federal que aguardan órdenes. Frente a ellos, sobre la avenida Castañares, la joven Patricia López explica el sistema que usa junto a otros familiares y vecinos para pasar las provisiones: “Llenamos las bolsas con agua y comida, después les ponemos piedras para que ganen peso y las revoleamos a través del muro, es como si estuvieran presos”.

Al menos cien personas, en su mayoría mujeres y niños, soportan esta toma bajo un sol intenso. “¡Hace más calor adentro que afuera! ¡Las paredes son de plástico!”, grita Mario, con un bebé desnudo en brazos. “No nos dejan pasar los pañales ni la ropa. Por lo menos que nos devuelvan el agua, estamos muertos de sed”, dice. La conversación se da a casi 30 metros de distancia y es constantemente interrumpida por el ruido del tránsito y el Premetro. La policía no deja que ningún periodista se acerque. “No somos animales de zoológico”, les grita Mario.

La mayor parte de los ocupantes viene de la villa 1-11-14, otros del barrio Ramón Carrillo y de Villa Soldati. Detrás de las rejas, Sonia insiste con lo desmedido del cerco. “Hoy les prohibieron el paso directo de alimentos a nuestros familiares, tampoco podemos recibir medicamentos. Tenemos diez chicas embarazadas, gente con diabetes y problemas respiratorios. Están haciendo abandono de persona”, grita. Luego se dirige a la fila de policías metropolitanos: “Yo terminé la secundaria, tengo estudios terciarios, yo trabajo, no soy ñoqui como ustedes”.

Al rato se suman más personas desde la toma trayendo botellas de plástico vacías. Reclaman agua y tiran piedras contra la policía, que permanece impasible a los insultos. Dicen que nadie vino a negociar con ellos. Sonia acusa a la ministra de Desarrollo Social porteño, María Eugenia Vidal: “Dice que vino a recorrer la toma. Mentira. Nunca la vimos por acá”. Luego muestra el moretón que tiene en su muslo izquierdo y denuncia que fue golpeada por los agentes de la Metropolitana. A su lado hay un baño químico y más lejos se ven otros dos. “Todos rebasan de mierda”, dice Mario cuando el cronista pregunta si están en uso.

En un momento, una señora que aguarda junto a su hija afuera cruza las vías y le tira una piedra a uno de los policías. Se le van al humo diez oficiales, pero un superior los detiene. La mujer huye con la nena y termina entrando a la toma. Los que están adentro aplauden la acción. Enseguida aparecen más refuerzos policiales. Jennifer, una embarazada que se metió con dos chicos, exige que les dejen entrar elementos para higienizarse. “Hay chicas que tienen la menstruación y no les dejan pasar las toallitas, ¡están locos!”, dice.

Desde los autos que circulan por la avenida Castañares se oyen mensajes para los ocupantes: “Vayan a trabajar”, “sáquenlos a estos bolitas” (sic), “ustedes son unos villeros de mierda”. Jorge, que vino de la 1-11-14 con su hijo a ayudar a su familia, corre a cada uno de estos automovilistas. “Mirá los cagones cómo aceleran”, le dice a Mauro, su hijo, que lleva tres botellas de gaseosa. Después le indica que cruce las vías y Mauro, asustado, se acerca al cordón policial. Las dos primeras botellas quedan al pie de la barranca que antecede al terreno ocupado y Mario baja a buscarla. La tercera revienta sobre el piso.

“¿Qué hiciste, nene?”, le dice Jorge. El chico, que es tartamudo, se pone nervioso y se va a buscar sombra a la vereda del paredón que está enfrente de la toma. Al rato se lo ve a punto de llorar, sentado sobre el cordón. “Yo so... sólo quise ayudar. No... no... no... pensé que me iba a quedar sin fuerzas”, dice. Adentro de los departamentos están su mamá y sus hermanos.

Sentada contra el paredón, rodeada de papeles del Instituto de Vivienda de la Ciudad y fotocopias de DNI de los ocupantes, Beatriz Alvárez denuncia al organismo porteño porque habría estafado a muchos de los que están en la toma. “Nos pidieron ocho, quince, veinte mil pesos y nos dijeron que las viviendas iban a estar en enero. Después se borraron. Somos 180 personas en esta situación, tengo a tres hijas en la toma”, dice.

“En verdad, nosotros pagamos por casas de ladrillos, no por esos departamentos de plástico”, dice en referencia a la toma. Y agrega: “Yo sé que hicimos mal en meternos, pero estamos cansados”. A su lado está Patricia López, la que tira las bolsas con piedras adentro. Dice que adentro están su mamá, su hermana y dos sobrinas. “Y nadie se robó nada como quieren hacer creer. Sí hubo gente que cuando empezó la toma se llevó calefones y grifería, pero esa gente no se quedó en los departamentos. Eran rateros nomás”, aclara.

A poco más de una cuadra de donde están Alvárez y López, hay cuatro autos particulares repartidos entre la calle y la vereda. Adentro, los oficiales de la Policía Federal se turnan para dormir la siesta, mientras otros toman mate o mandan mensajitos de texto. El grupo que acompaña a la Metropolitana pide recambio cuando el calor agobia. Hay un carro hidrante de la Federal y varios patrulleros de ambas fuerzas. La diferencia entre las fuerzas es que la Federal no porta armas. También hay dos camionetas del Ministerio de Desarrollo Social porteño. No se ve ninguna ambulancia.

Luego de la impasse generada por la conferencia de Macri, cuando los ocupantes dejaron los pastizales y se refugiaron al lado de sus radios, la relación entre los vecinos y la Metropolitana empeora. Dos flacos de la toma insultan constantemente a los agentes. A uno de ellos, Gabriel, le acaban de realizar una traqueotomía. Tiene todo el cuello vendado y se queja de que no le permiten ingresar más vendas. Gabriel se tapa el tubito a cada rato y denuncia: “Ellos nos amenazaron: ‘A ustedes, negros, se les viene la noche’. No saben que acá nos vamos a bancar lo que venga”.

En Portela, una calle lateral que separa al predio de viviendas de una compañía química, hay un largo paredón cuyas veredas están ocupadas por casillas de chapa, madera y cartón. Llegan hasta la parte posterior al predio ocupado, en dirección a la avenida Riestra, donde hay un campo de entrenamiento del equipo de Argentinos Juniors. “Este es lugar habilitado para pasar comida y bebidas”, dice un policía federal apostado sobre las vallas de la calle Portela. El mismo agente para a dos pibes y los obliga a pasar del envase de vidrio de una gaseosa a uno de plástico.

Tampoco allí se pueden dar los víveres en mano, deben revolearlos. Al rato, otro joven protesta porque no le dejan pasar cigarrillos. La bronca que provoca el cerco se termina de desatar por la noche, cuando muchos ocupantes bajan de la barranca e intentan contactar físicamente a sus familiares, amigos y vecinos. En ese instante, la Policía Metropolitana intenta mantener el sitio y queda bajo una lluvia de piedras. Uno de los agentes es herido en la cara y es atendido por sus compañeros. Y entonces los agentes sacan sus escudos de plástico, mientras los ocupantes se repliegan hacia los edificios.