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martes, 25 de abril de 2017

Pablo Teglia: “Es una vergüenza cerrar lugares a modo de escarmiento”

Discepolín Vive - Entrevista

Con una trayectoria de 60 años, el mítico bar Olimpo, ubicado en Corrientes y Mendoza, cerró sus puertas para siempre. Desde el 8 de marzo, el emblemático local enfrentaba una clausura por 25 días por “ruidos molestos”. A principios de este mes, la dueña decidió no renovar el contrato de alquiler para vender el inmueble.

Tras el oficio de desalojo, Pablo Teglia, uno de los titulares, habló con Discepolín Vive y contó como se fue dando la serie de inconvenientes que desembocó en el final del histórico espacio cultural que será convertido en baldío.

Por Andy Belguich

Fotografía: Nicolás Vives

¿Cómo fue tu inicio en Olimpo?

Nosotros ingresamos acá hace poco más de seis años, fue un emprendimiento familiar que pretendíamos llevar adelante entre los cuatro hermanos y con apoyo de nuestros viejos. Empecé yo como titular al momento de querer habilitar un espacio como éste que nos habían vendido como un fondo de comercio con posibilidad de habilitarlo con bar con amenización y demás, empezaron a aparecer todas las complicaciones. El tema de que, cosas que en su momento nos exigían como por ejemplo, el doble vidriado, era inaccesible. Nosotros presentamos un presupuesto de $300.000 para algo que nos decían que era obligatorio para poder tener la habilitación de bar con amenización y números en vivo. Después con el tiempo y con investigación, nos enteramos de que era simplemente un criterio arbitrario, que nunca fue algo escrito siquiera, sino que era un criterio que se había adoptado y que les pareció pertinente exigirle eso, bien caro, a todos los que quieran hacer una movida con música en vivo o con artística o con algo de este palo. Empezaron un montón de cuestiones que tuvimos que sobrellevar desde lo que fue el papeleo. En su momento cuando nosotros habilitamos éste, empezó a haber inconvenientes porque el lugar supuestamente no estaba en condiciones, más allá de que venía con una trayectoria de los años sesenta, de espectáculos, siendo el lugar que hereda el nombre del Teatro Olimpo, que es un baldío ahora y que es en lo que van a convertir este lugar también, en un baldío, por lo menos por un tiempo.

Nosotros empezamos a ver como hacíamos para resolver estos problemas. En un momento, por denuncias de ruidos molestos, sobre todo con la ayuda del Padre Luís que es el vecino que más ha denunciado este bar, nos lograron dar la caducidad de mi habilitación, lo cual nos llevó nuevamente a levantar otra habilitación. Cuando te dan la caducidad de la habilitación vos no podés habilitar más y no podés levantar esa habilitación, ya está, está muerta. Entonces tuvimos que empezar todo el tramiterío de nuevo, lo cual nos llevó a pasar, prácticamente, dos años dentro de las oficinas, pidiendo por favor que se nos contemple, que se nos dé una habilitación. Habilitamos como pudimos y, en el medio de todo esto, y, sobre todo, en la primera clausura de Olimpo, se terminó de conformar un bloque de gente que veníamos pensando igual y que también estábamos muy golpeados por lo que era la realidad de Rosario respecto al vecino intolerante, respecto a no tener una ordenanza que te contemple y tener que de alguna forma ingeniárselas para poder funcionar. Yo creo que este tipo de espacios se dan de forma natural, es lo que es necesario, un lugar abierto donde se puede venir a compartir, un lugar donde no hay arbitrariedad ni verticalidad sino que se puede gestionar, se puede promover, se puede hacer. Nosotros empezamos a trabajar, prácticamente, de lunes a lunes, con milongas, lunes, martes, miércoles, una jam de jazz que empezó a tomar una identidad y una forma de lo que era la escena rosarina, empezamos a leer en la movida, de cómo se estaba dando, cuáles eran las problemáticas, creíamos que el modelo debía ser la inclusión, creemos que la idea es hacer cosas a la gorra, cosas que incluyan, cosas que inviten a diferentes músicos, actores, artistas a participar.

Levantamos una nueva habilitación que terminó en una clausura, no caducidad, pero sí en una clausura hace poco, nos cerraron un mes. Es una práctica el tema de la clausura, que por más que cuando me quejo de esto me dicen que es ley, a mí me parece que es una vergüenza cerrar lugares a modo de escarmiento, es prácticamente cómo desauspiciarlo. En vez de fomentarlo, es como decirle “no quiero que funcione”, “no quiero que te vaya bien”, “merecés esto”, “merecés la miseria”, “merecés estar mal”, “merecés no estar”, porque no hay otra vuelta de rosca, si a vos te cierran es un poquito más cerca de cerrarte definitivamente, un poquito más cerca de no poder pagarle a tus empleados, un poquito más cerca de no poder generar y que el artista que venga se encuentre con un lugar menos digno para lo que viene a hacer, entonces, justamente, nosotros en los seis años que estuvimos acá trabajando, estuvimos más de medio año clausurado, más de medio año cerrado. Para el que no lo sabe, uno se tiene que enfrentar a un alquiler todos los meses, uno se tiene que enfrentar a impuestos, a servicios, a cosas que incluso te obligan a contratar, tengas la habilitación que tengas, como el tema de recolección de residuos que es caro, bien caro, y estás obligado a tener a alguien que venga o no venga, pero simplemente te deje un papel firmado. Un montón de cuestiones encontradas en las que nosotros, en esta última clausura, estando 25 días cerrados, encima de esto nos encontramos con el desalojo de parte de la dueña, que a su vez se había comunicado el mismo cura que denunciaba para decirle que no debía renovarnos. Yo no sé qué tipo de interés tiene el cura, más allá de hacernos daño y de seguir gestionando en contra de éste tipo de movida, porque es sabido que es un poco su trabajo ese…

Fotografía: Nicolás Vives

¿Quién es el Padre Luís?

Es el Padre Luís Boccia, es el Padre que vive aquí al lado (él dice eso, que vive aquí en la sacristía), más allá de tener una mansión de hormigón acá al lado de tres veces mayor al tamaño del Olimpo, él dice que duerme pegado al lado de la medianera. Nosotros hicimos 25 mediaciones con él, más o menos, hicimos un entrepiso con una pared doble de durlock, de 12 metros por 2, toda rellena de lana de vidrio, para que él esté más confortable. Cuando nosotros presentamos esa obra en mediación, el tipo dijo que no iba a venir a mediar más, que iba a seguir denunciando, siguió en esa tesitura, y nosotros hoy día nos encontramos con un bar cerrado que podría, más allá del desalojo, haber estado abierto un tiempo más y todo, pero bueno, gracias a esto, al tema de la clausura, al tema del desalojo, el bar parece que no se va a emplazar nunca más acá, el espacio está para venderse, no sé cuál es el proyecto que van a llevar adelante. Me llama significantemente la atención la gestión del Padre porque, realmente, se tomó un trabajo muy arduo para asegurarse de que éste lugar no exista más.

Fotografía: Nicolás Vives

Por lo que contás, pareciera que hay un ensañamiento con ustedes…

Sí, yo creo que con nosotros y con cualquiera que le ate una bicicleta en la ventana, o cualquier persona que no esté bien mentalmente y se asome a la puerta de la iglesia o cualquier persona que se siente en los escalones de la iglesia a pedir y que no le guste a él (por eso pusieron las rejas en la puerta de la iglesia, para que la gente no se acomode ahí). Tiene una idea muy retrógrada de lo que es la vecindad, lo que es el compartir. A nosotros un poco nos sorprende pero también nos alivia el tema de saber que no vamos a tener que bancarlo más, que es problema ahora de los vecinos y que nosotros nos vamos a ir a otro lugar dónde él no esté y donde espero no haya nadie más de su calaña. Tenemos muchos vecinos que están tristes, decepcionados, que tienen rabia, que se sienten mal porque saben que éste lugar no va a abrir más y porque tenía un significado para ellos como para tantos otros. Creemos que este tipo de lugares se deberían defender, que se deberían preservar, que no es algo menor, que no se puede hacer tanta bandera de cultura y después dejar que cierre un lugar con sesenta años de trayectoria porque no es que era un tugurio, era un lugar que hacía seis años que estaba bien organizado, que tenía una agenda de lunes a lunes, y que le daba trabajo a un montón de artistas y a un montón de gente, y que se deje que estos lugares perezcan, más allá de que sea una cuestión de privado porque la dueña tiene el derecho de hacer lo que quiera con el lugar, pero que se deje que eso siga su curso y que no se haga ningún tipo de intervención, a mí me hace un poco de ruido. De todas formas, nosotros vamos a ir a otro espacio, vamos a seguir trabajando de esto…

¿Van a seguir manteniendo el mismo nombre?

Yo creo que va a ser mejor cambiar, en parte para separarse de toda la historia y la nostalgia y que se entienda que vamos por algo nuevo.

¿Ya tienen el nombre?

Probablemente sea “El Bar Olímpico”. Lo que quiero aclarar también es que hay gente dentro de la Municipalidad que, como nos pone palos en la rueda, hay gente que nos ha ayudado y que ha estado del lado de la razón, por ejemplo Federico Valentini que nos ayudó con el tema del sonido y la técnica para lo que fueron los festivales olímpicos, y vamos a hacer otro. Ahí se acercó la gente del Galpón de la Música también a ofrecernos el espacio para poder utilizarlo y la idea es entrar por la puerta grande en otro lugar para retransformarlo y reconfigurarlo en lo que sería un nuevo Olimpo, un nuevo bar olímpico. Nos duele mucho por la gente que trabajó con nosotros y queremos devolverle el espacio de laburo porque fue eso, darles el espacio de laburo, entendés, a gente con la que vos querés compartir, es justicia también que ellos tengan un micrófono, que tengan una guitarra, que estén delante de la gente.

Fotografía: Nicolás Vives

Existe una ordenanza con el tema de los horarios para los locales que trabajan de noche ¿pensás que se aplica para todos por igual?

Es un tema muy delicado porque el tema de cómo está empoderado el vecino que no tolera, es terrible, porque por ahí tampoco es necesariamente real. Yo, por ejemplo, con el cura lo he comprobado. Cuando tuvo que venir a las mediaciones, porque nosotros pedimos mediación, que es algo necesario de arranque para cualquier lugar cultural, para cualquier espacio que quiera hacer un aporte, que en vez de una clausura, que haya una mediación con el señor que tiene problemas, que se le dé plazo para hacer diferentes obras. A nosotros directamente nos cerraron y nos decían “bueno, ahora que está cerrado arreglá esto”, y me parece que es un poco raro eso, porque de dónde sacás la plata para invertir en eso si te están cerrando. A lo que voy yo es que el cura cuando tuvo que enfrentarse en las mediaciones con nosotros, con otros vecinos, que eran los que denunciaban, resultaba que los otros vecinos eran empleados de él, y también se sabe que hay lugares denunciados hoy en día como por ejemplo “Nómade”, que hay gente conocida dentro de la política que le pone plata a un tipo para que esté tomando mate y esperando el momento en el que empiece una banda en vivo o algo, para que los tipos denuncien, bajen, y se pongan a hacer escándalos en la puerta. Hay cosas que llegan hasta ese punto. Entonces, nosotros, desde nuestro lugar, nos queremos defender, necesitamos garantías para trabajar.

¿Olimpo representaba una amenaza?

No, es simplemente un conflicto de intereses, es una cuestión de lo que significa también para su ideología. Las molestias pueden haber sido mínimas, yo creo que todo con buena fe o buena voluntad se puede resolver. Nosotros desde la primera clausura del Olimpo, en su momento, con la primera habilitación a mi nombre, ahí nos empezamos a juntar también con otros espacios como ECUR (Espacios Culturas Unidos Rosario) que está compuesto por diferentes actores y ahí empezamos a gestionar para que haya una ordenanza para este tipo de espacios, la ordenanza de Club Social y Cultural. Esta ordenanza estaba presentada ya hace tres años en el Concejo y hoy en día está trabada en la Comisión de Gobierno que preside (Jorge) Boasso. Entendemos que por una cuestión de rédito político, por una cuestión de mezquindades, no salió y no piensan que salga, de todas formas creemos que se está avanzando mucho dentro de las discusiones que estamos dando.


¿Cómo creés que deberían reglamentarse los bares como Olimpo?

Yo creo que, sencillamente, tiene que haber un espacio para una ordenanza, de este tipo, y que no solamente es la ordenanza sino que tiene que cambiarse la lógica. Los espacios estos merecen ser fomentados porque ellos fomentan. El espacio que le da lugar a otro, merece tener el espacio para seguir funcionando. No merece una clausura, no merece el escarmiento. Creemos que si se cambia esa lógica, van a cambiar muchas cosas en la ciudad. Creemos que hay que sacar también un poquito el foco en el tema de los empresarios, del tema de cómo se reparte la noche en Rosario. No puede haber tres boliches en la ciudad, hay mucha diversidad, hay hambre de reconocimiento, para los músicos que trabajan de lo que hacen, para los artistas, para la gente que se encarga de estar de intermediario, como nosotros, que quieren ser gestores culturales, que quieren mediar, que quieren estar ahí, que quieren fomentar. Creo que sería necesario eso, un cambio de lógica. Una ordenanza que te dé ese sustento es muy importante.

miércoles, 11 de enero de 2012

La Metropolitana impidió la llegada de los manteros


Luego de un frustrado intento de desalojo el lunes pasado, los inspectores del gobierno porteño y efectivos de la Policía Metropolitana se concentraron en la peatonal céntrica desde la madruga para evitar que las mantas lleguen a instalarse sobre la calle. Un comerciante de la zona calificó como un "día histórico" el inicio de los controles que se realizarán de forma permanente, mientras que el vocero de los vendedores ambulantes adelantó: "Vamos a acampar sobre la calle Florida, vamos a hacer una resistencia pacífica, no nos vamos a ir. Estamos defendiendo nuestro puesto de trabajo".

Georgina Guerrini, una de las inspectoras que participa del operativo, recordó que, de acuerdo a la modificación del artículo 83 del Código de Contravenciones aprobada en la Legislatura porteña en diciembre por impulso del PRO, “no se puede ejercer la venta en la vía pública”.
Además, indicó que el operativo que inició el gobierno porteño en esta jornada "será permanente" y explicó que "consiste en hacer un acta de comprobación y otra de secuestro de la mercadería -que venden los manteros al paso-, la cual pueden recuperar tras el pago de una multa en el Tribunal de Faltas". Multa que luego de la modificación del Código de Contravenciones puede ascender hasta 60 mil pesos.
Consultada por la presencia de la Policía Metropolitana en la calle Florida durante la realización de los operativos, la inspectora porteña explicó: "Ante la agresiones que sufrimos anteriormente, nos dimos cuenta que no podíamos actuar sin la ayuda de la Metropolitana". Ya el lunes pasado, luego del último intento de desalojo, el ministro de Ambiente y Espacio Público porteño, Diego Santilli, se mostró disconforme porque la Policía Federal no acompañó a los inspectores y había asegurado que no iba a "claudicar" hasta impedir la presencia de los manteros.
Por su parte, Omar, representante de los "manteros", desafió al gobierno capitalino al asegurar que permanecerán con una resistencia pacífica en la calle Florida.

jueves, 17 de marzo de 2011

Mucha mancha para jefe de las comisarías

GARRE PASO A DISPONIBILIDAD A LOMPIZANO, TITULAR DE LAS 53 SECCIONALES FEDERALES DE LA CIUDAD
Estaba a cargo de la Superintendencia Metropolitana, que controla las 53 comisarías porteñas. Su teléfono aparece en el entrecruzamiento de llamadas por el crimen de Mariano Ferreyra. Sospechado, no participó en un gran operativo en prostíbulos.
 Por Horacio Cecchi, Irina Hauser y
Raúl Kollmann
La decisión de Nilda Garré duró un instante, pero la maduración llevó un par de meses cargados de antecedentes. Ayer, la ministra de Seguridad ordenó el desplazamiento y pase a disponibilidad del comisario Hugo Lompizano, superintendente de Seguridad Metropolitana de la Federal. En lenguaje coloquial, Lompizano era el jefe de todas las comisarías porteñas, lo que abre el paso a movimientos (por otra parte ya anunciados) en las cabezas de las seccionales. ¿Qué motivó semejante cambio que tendrá sus repercusiones? En octubre, durante el asesinato de Mariano Ferreyra, Lompizano estaba en la Dirección de Operaciones de la Federal. En su área se controló el video policial al que le faltaron nueve minutos de exposición, precisamente los minutos cruciales en los que se retiran los patrulleros federales y Ferreyra fue baleado. También su celular aparece mezclado en los entrecruzamientos de llamadas realizadas aquel día. El violento desalojo del Indoamericano también lo tiene, no como procesado, pero sí juntando lupas. Finalmente, Lompizano tambaleó públicamente cuando a principios de marzo, en allanamientos a unos 50 locales bailables y prostíbulos en Recoleta y Bajo Flores, se utilizaron 400 gendarmes, 200 hombres de Prefectura y ni un uniformado de la Federal: para señal de desconfianza sólo faltaba el desplazamiento. Ayer tuvo lugar.
El 20 de octubre, cuando la patota de la Unión Ferroviaria disparó sobre los tercerizados de la ex Roca dando muerte al militante del PO Mariano Ferreyra, e hiriendo a otros, los patrulleros de la comisaría 30ª y de otros destinos que se encontraban en el lugar, recibieron la orden de no intervenir. La sospecha del fiscal Fernando Fiszer que investiga el homicidio del joven militante apunta a que los federales no sólo tomaron una actitud pasiva ante el despliegue armado de los matones de la UF. También los acusa de haber “facilitado los medios para alcanzar la impunidad sobre el hecho. Permitieron que los autores huyan”, sostuvo el fiscal en el pedido de indagatoria a cinco federales. Agregó que ayudaron a que se ocultaran, perdieran o no se levantaran pruebas.
Los cinco con pedido de indagatoria fueron Luis Mansilla, jefe de Control de Líneas de la Federal; Jorge Ferreyra, jefe de la División Roca; Gastón Conti, principal de la Dirección General de Operaciones; Rolando Garay, subcomisario de la 30ª, y David Villalba, agente de División Exteriores de Video. Lompizano no figura en el pedido de indagatorias, pero sí en la lupa judicial: su número telefónico apareció en el entrecruzamiento de llamadas solicitado en aquel momento por la fiscal que inició la investigación, nada menos que Cristina Caamaño, actual viceministra de Seguridad.
Pero la sombra que le aportó el caso Ferreyra a Lompizano no termina allí. Lompizano estaba a la cabeza de la crítica Dirección General de Operaciones, donde se analizan en tiempo real los videos que la propia Federal toma de las marchas y operativos de represión. Esto se realiza en una sala de esa dirección, donde se despliegan las pantallas para seguir las imágenes, en tiempo real. Esas imágenes provienen de cámaras propias de la Federal, de hecho, uno de los pedidos de indagatoria es sobre un integrante de la División de Exteriores de Video. Durante el enfrentamiento de la patota de la UF, se realizó una de estas filmaciones que fueron observadas en tiempo real. Fiszer acusó a los federales de “evitar la obtención de imágenes directas de la zona de la gresca y cortar todo registro fílmico al momento de los disparos”. Precisamente entre las 13.33 y 13.39 simplemente no hay imágenes, la videograbadora estuvo apagada. Las imágenes de los enfrentamientos fueron provistas por la televisión. En ese período se produjeron los disparos. También, los acusó de haber utilizado medios de comunicación que no permiten el registro de contenidos (teléfonos POC, que impiden guardar conversaciones) pese a que es obligatorio dejar registrada toda comunicación. Para colmo, los audios registrados de las comunicaciones policiales, que constan en el expediente y a los que tuvo acceso Página/12, abarcan desde las 13.08 hasta las 14. Pero la grabación aportada por la Federal tiene una duración de apenas 13 minutos.
La muerte de Mariano Ferreyra marcó desde el inicio el futuro de Lompizano. Pero se fueron agregando cuestiones críticas al andar camino. En la gestión de Garré, la ocupación del Indoamericano y la violenta reacción de los federales fue la causa originaria, a partir de la cual la presidenta Cristina Fernández tomó la decisión de elevar la importancia de la política de Seguridad conformando un ministerio específico y designándola a ella a la cabeza. Las fuerzas de seguridad a excepción de la penitenciaria, fueron quitadas de la esfera de Justicia y pasadas al nuevo ministerio. Entre ellas, la Federal. Para la ocasión, Lompizano estaba a la cabeza de la Dirección de Operaciones. Y aunque la Justicia no lo investigó por lo actuado, Garré no le sacó la lupa de encima por la desastrosa participación de los uniformados.
Tanto el caso del joven militante del PO como el del Indoamericano fueron jalones de Lompizano confirmados a este diario desde los pasillos del Ministerio de Seguridad. “Pero además hablaba mal de la gestión, tiraba piedras en el camino, pateaba en contra todo el tiempo”, describió un funcionario en alguno de los pasillos del edificio sobre la calle Gelly y Obes.
Al asumir, Garré designó a Lompizano entre los nuevos superintendentes que puso en funciones después de cambiar la cabeza de la Federal, a cargo ahora de Enrique Capdevila. Pero también anunció que realizaría cambios en las comisarías. En pocas palabras, haría cirugía en las comisarías que dependían del comisario sospechado. La indefinición no podría extenderse en el tiempo a riesgo de que se transformara en una señal de endeblez hacia dentro y hacia fuera.
El 3 de marzo pasado, la jueza María Servini de Cubría ordenó una serie de allanamientos en medio centenar de boliches y prostíbulos en Recoleta y Bajo Flores. Garré le entregó 400 gendarmes y 200 prefectos. No fueron utilizados los federales. Los operativos apuntaban a la trata. “No se encontró droga ni armas ni menores –confió un investigador–. pero en un local se encontraron sobres de papel madera en los que había documentos de mujeres.” Los investigadores creen que las tenían cautivas, indicio fuerte de trata. También encontraron cuadernos con detalles de pagos a policías. Las comisarías de la zona no pudieron despegarse la sospecha de protección. La ausencia de federales en los allanamientos podría tomarse como parte de un protocolo de nitidez lógico. También podría tomarse como sospechas. Dos semanas después, Lompizano era pasado a disponibilidad, es decir, es además investigado por Asuntos Internos.

lunes, 14 de marzo de 2011

La Justicia insiste con el desalojo

El juez federal de Quilmes Luis Armella ratificó la orden de desalojo de los departamentos destinados a las personas que deben ser reubicadas para avanzar con el saneamiento del Riachuelo. Armella instó a la autoridad de la cuenca y los gobiernos responsables a crear un sistema de información de asignación de viviendas. El ministro del Interior, Florencio Randazzo, repitió que la Policía Metropolitana tiene la competencia para actuar y apuntó que el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, "tiene grandes problemas de gestión. La toma no se resuelve a sangre y fuego sino con una política de vivienda social", agregó.

Armella ya había ordenado el desalojo el miércoles de la semana pasada, pero aún no fue cumplida por diferencias entre los gobiernos nacional y porteña sobre la competencia para llevarla a cabo.
El ministro de Justicia, Julio Alak, había resaltado que la Policía Metropolitana tiene hace dos años la competencia para cumplir con la orden de delitos de ese tipo. Pero el jefe de la Policía Metropolitana, Eugenio Burzaco, repitió que la Ciudad no cuenta con "grupos especiales" para el operativo y solicitó la intervención de la Policía Federal para concretar el desalojo.
En la nueva intimación, el juez advirtió al titular de la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), Juan José Mussi; a las fuerzas de seguridad que disponga la ministra de Seguridad de la Nación, Nilda Garré, y a la Policía Metropolitana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que la orden de liberar los departamentos usurpados continúa con "plena vigencia".
Y agregó: "Deberá ser acatada sobre la totalidad de las viviendas y/o construcciones que se encuentran dentro del predio citado, bajo apercibimiento de aplicar las sanciones ya notificadas".
El magistrado también reclamó a Mussi y al jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que una vez desalojado el predio realicen "en forma inmediata la asignación de las viviendas" a sus reales beneficiarios. Ayer, Larreta indicó que el desalojo de la toma "va más allá de las discusiones políticas, es un problema legal", pero no habló sobre el déficit habitacional y la subejecución en materia de vivienda por parte del gobierno local.
En la resolución, Armella también requirió al titular de la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo y a autoridades de los gobiernos nacional, bonaerense y porteño "la planificación de un sistema de información de la asignación de las viviendas que se vayan planificando y construyendo, distinto al que se está realizando hasta ahora, y que prevea las acciones y medidas a adoptarse para la custodia y preservación de los predios"

viernes, 11 de marzo de 2011

Ahora pelean por una toma de viviendas

NACION Y CIUDAD, ENFRENTADOS ANTE UN PEDIDO JUDICIAL DE DESALOJO EN EL SUR PORTEÑO
Un juez federal pidió el desalojo de viviendas ocupadas el sábado. El gobierno nacional dice que el tema es atribución de la Justicia y la policía porteña. Macri acusó a la Presidenta por no cumplir la orden judicial.
 Por Eduardo Videla
La ocupación de un edificio de viviendas sociales por parte de familias en situación de déficit habitacional volvió a enfrentar a los gobiernos nacional y porteño sobre a la resolución del conflicto. El debate giró en torno de quién debía desalojar a los ocupantes, no más de un centenar, en su mayoría mujeres y niños, pero nadie habló acerca de cómo solucionar el problema de vivienda del cual estas familias son un emergente. La orden impartida el miércoles por el juez federal de Quilmes, Jorge Armella, para que se desaloje el lugar, no fue cumplida porque el gobierno nacional adujo que el conflicto no es competencia de las fuerzas de seguridad bajo su jurisdicción, mientras que la Policía Metropolitana argumentaba que la orden judicial la obligaba a ir con una fuerza nacional.
El complejo habitacional ubicado en el cruce de Castañares y Lafuente, en el Bajo Flores, fue ocupado el sábado a la mañana por un grupo de personas, pero el hecho recién se conoció públicamente el miércoles. El complejo está compuesto por 204 departamentos, de los cuales 128 iban a ser destinados a personas que viven en el asentamiento El Pueblito, sobre la margen del Riachuelo, en el marco del cumplimiento de la sentencia de la Corte Suprema de la Nación.
En conferencia de prensa, el jefe de Gobierno de la ciudad, Mauricio Macri, acusó ayer por la tarde a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de ser la responsable de “que no se respete lo que decide la Justicia y no se aplique la ley”. Desde el gobierno nacional, en tanto, el ministro de Justicia, Julio Alak, argumentó que el hecho “es competencia de la Justicia Contravencional, Penal y de Faltas de la ciudad”, porque la competencia sobre el delito de usurpación “fue transferida por el Congreso de la Nación a la ciudad en febrero del 2008”, por lo que debería intervenir la Policía Metropolitana.
Lo curioso es que fue la propia Secretaría de Medio Ambiente de la Nación la que denunció ante el juez federal de Quilmes la ocupación de los edificios. Este magistrado es quien tiene a su cargo la ejecución de la sentencia de la Corte Suprema de la Nación que ordena es saneamiento de la Cuenca Riachuelo-Matanza y la solución habitacional para quienes viven sobre la orilla de esos ríos.
También presentó la denuncia ante el tribunal federal el representante legal de la Corporación Buenos Aires Sur, encargada de la construcción de las viviendas. La Justicia porteña, en tanto, intervino de oficio desde un primer momento. Lo hicieron los fiscales Carlos Raffetto y Luis Duocastella Arbizu, quienes le ordenaron a la Policía Federal cercar el predio. La fuerza dispuso entonces la presencia de unos 50 efectivos, a los que se sumaron una docena de agentes de la Metropolitana, relató una fuente del Ministerio Público Fiscal a Página/12. “Si el propietario del predio (la Corporación del Sur) pide la intervención del juez federal, y el juez acepta, los fiscales porteños ya no tienen nada que hacer allí”, sostuvo la fuente.
Macri denunció ayer que los federales no habían hecho nada para impedir la toma del predio. “No defendieron el lugar”, acusó. Pero no bien terminó de decirlo, su ministro de Seguridad, Guillermo Montenegro, aclaró que algunos de los efectivos resultaron heridos durante la toma. No quedó claro cómo pudieron lastimarse si no defendieron el lugar.
Macri reiteró ayer por la tarde que “no hay promesas para la gente que tomó las viviendas”, porque “no se van a dar beneficios a aquellos que viole la ley”. Cerró así la posibilidad de negociación con los ocupantes, a los que sólo se les ofreció la posibilidad de censarse, propuesta que fue rechazada.
Antes de la ocupación, coincidieron las fuentes, un grupo de personas ingresó para saquear algunos departamentos y el obrador. Hubo una maniobra de distracción sobre la avenida Cruz, y cuando la policía fue a ese lugar, ingresaron para llevarse calefones, cocinas y herramientas de los departamentos, que estaban prácticamente terminados. Luego ingresó un grupo de mujeres con niños y finalmente otro grupo de varones.
En principio se dijo que la ocupación era protagonizada por unas 140 familias, pero ayer el ministro Montenegro evaluó que los ocupantes eran “entre 75 y 90”. Esas personas habían quedado aisladas anoche dentro del edificio, sin luz ni agua, y con restricciones para el ingreso de víveres: si salían, no podían volver a ingresar.
Los ocupantes y sus familiares expresaron durante todo el día que se sentían “estafados por el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) que los había inscripto en planes para obtener una casa” y que no les habían cumplido. Otros denunciaron que, incluso, llegaron a cobrarles entre 8 mil y 20 mil pesos para adjudicarles algunas de esas viviendas. En todo momento manifestaron su intención de quedarse en esos lugares. Casi todos son vecinos de asentamientos del Bajo Flores, donde viven hacinadas miles de personas y esperan desde hace años una respuesta habitacional.
Una fuente del juzgado de Armella fundamentó ante Página/12 la intervención de ese tribunal en que allí deben “hacer cumplir el fallo de la Corte Suprema, que ordena relocalizar los asentamientos, en el marco del proceso de saneamiento de la cuenta del Matanza-Riachuelo”. Sin embargo, dejó abierta la posibilidad para que la Justicia porteña intervenga en la causa por usurpación, un delito cuya competencia fue trasferida a la ciudad.
El juez había ordenado el miércoles al Ministerio de Seguridad de la Nación que designe a una fuerza de seguridad de su órbita para proceder al allanamiento y desalojo de los edificios ocupados, con la colaboración de la Policía Metropolitana. Y le impuso a la secretaria de Seguridad, Cristina Caamaño, una multa de 500 pesos por día de incumplimiento de la medida.
Por la mañana, la Federal y su par porteña se limitaron a hacer un cerco en torno del predio. El ministerio que conduce Nilda Garré elevó al juez un pedido de reconsideración de la medida, argumentando que por tratarse de “un bien del dominio privado del Gobierno de la Ciudad, es claro que la investigación y el juzgamiento del delito de usurpación, cuando se cometa en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires, es competencia del Ministerio Público y del Poder Judicial locales”.
Sin embargo, por la tarde, el juez ratificó la medida. Macri aprovechó la situación para acusar al gobierno nacional y, de paso, emplear el recurso del miedo: “Si no se hace cumplir la ley, mañana se pueden quedar con su casa”, advirtió.
Los hechos parecían desmentir a las partes: la Justicia porteña había intervenido de hecho, hasta que desistió de hacerlo, sin reclamar por su competencia a la Justicia Federal. Y la Policía Federal había obedecido órdenes de la Justicia porteña, apenas se produjo la ocupación. Eso sí, de viviendas, ni hablar.

De Narváez también quiere el desalojo ya

BAJO FLORES
El diputado por el Peronismo Federal Francisco de Narváez criticó al Gobierno nacional por su postura de abrir un impass de negociación con las 140 familias que tomaron 204 viviendas en el Bajo Flores: "El Gobierno acepta que valga todo”, dijo el colombiano. "La ley se debe cumplir, tiene que haber un proceso de orden, de respeto, y de saber lo que es mío y lo del otro, y donde están los límites", insistió.
De Narváez justificó su postura con un argumento particular: la Justicia "ha ordenado el desalojo y eso no se puede interpretar", motivo por el cual el "Poder Ejecutivo tiene que tomar acciones". Para él, “los ciudadanos nos sentimos indefensos frente a esta condición de que se interpreta si la orden del juez la cumplo o no la cumplo".
El comentario tomó partido en el contrapunto entre el Gobierno nacional y la gestión de Mauricio Macri respecto de la jurisdicción y competencia de cada uno en las tomas de vivienda ocurridas en la Ciudad de Buenos Aires y la orden de desalojar decidida por el juez federal de Quilmes Luis Armella.
Desde los ministerios de Justicia y Seguridad se argumentó que el delito de “usurpación” le fue transferido a la Ciudad en febrero de 2008, cuando el Congreso votó la ley de transferencia de competencias penales. Con este fundamento pidió una prórroga para desalojar a las familias y abrir un período de diálogo a fin de encontrarle una salida a la problemática.
La gestión de Macri sostiene lo contrario y pide la intervención de las fuerzas de seguridad con órbita federal, en lugar de la Policía Metropolitana. En la misma sintonía, para De Narváez “el Gobierno (nacional) acepta que valga todo cuando le conviene y esto es una condición que todos los argentinos estamos viendo con temor y preocupación, porque sí está es la forma de gobernar, me parece que nos estamos desintegrando como sociedad".