Multitudinaria marcha contra la represión en el Borda

"Más allá de los matices, contra la represión del gobierno de Macri todos juntos los trabajadores decimos basta de represión", subrayó el titular de ATE-Capital.

Durante un acto frente a la Jefatura de Gobierno porteño, el titular de ATE-Capital, José Luis Matassa, exigió el "juicio político" a Mauricio Macri y la renuncia del ministro de Seguridad comunal, Guillermo Montenegro, responsable de la Policía Metropolitana que reprimió a pacientes y trabajadores del hospital neuropsiquiátrico de Barracas, quienes resistían la demolición de un taller para la construcción de oficinas del Ejecutivo comunal. "El centro cívico es la punta del iceberg del negocio inmobiliario", denunció el gremialista ante miles de manifestantes de organizaciones gremiales, políticas y sociales.

Durante su discurso, Matassa recordó que la demolición del Taller Protegido 19 no debió realizarse por estar vigente una amparo judicial presentado por el gremio y los trabajadores del Borda. "Violaron la ley. Había un amparo a favor de nosotros para que no se hiciera esa construcción", denunció el gremialista, que fue acompañado por el titular de ATE-bonaerense, Hugo "Cachorro" Godoy, y el secretario general de UTE-Ctera, Eduardo López.

"No pueden llevar adelante el negocio inmobiliario si no lo acompañan con la fuerza de la infantería que nos reprimió", enfatizó Matassa, quien fue uno de los sindicalistas que estuvo en el Borda la mañana en que se desató la violencia de la Policía Metropolitana.

"Fue una represión que dejó 20 pacientes heridos, otras 60 personas lastimadas y ocho miembros de ATE-Capital detenidos", enumeró y remarcó que tanto su gremio como las organizaciones que apoyan la demanda no permitirán que se concrete "el negocio inmobiliario que quieren hacer en el Borda y en (los hospitales) Ramos Mejía y Rawson".

Varios gremios adhirieron a la movilización. Los docentes porteños pararon y los metrodelegados levantaron los molinetes hasta el mediodía. También, estuvieron presentes los gremios de prensa como Utpba y Argra; las Madres de Plaza de Mayo y el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, entre otros dirigentes. "Más allá de los matices, contra la represión del gobierno de Macri todos juntos los trabajadores decimos basta de represión", subrayó Matassa.

http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-219069-2013-04-30.html

La Metropolitana impidió la llegada de los manteros

Luego de un frustrado intento de desalojo el lunes pasado, los inspectores del gobierno porteño y efectivos de la Policía Metropolitana se concentraron en la peatonal céntrica desde la madruga para evitar que las mantas lleguen a instalarse sobre la calle. Un comerciante de la zona calificó como un "día histórico" el inicio de los controles que se realizarán de forma permanente, mientras que el vocero de los vendedores ambulantes adelantó: "Vamos a acampar sobre la calle Florida, vamos a hacer una resistencia pacífica, no nos vamos a ir. Estamos defendiendo nuestro puesto de trabajo".

Georgina Guerrini, una de las inspectoras que participa del operativo, recordó que, de acuerdo a la modificación del artículo 83 del Código de Contravenciones aprobada en la Legislatura porteña en diciembre por impulso del PRO, “no se puede ejercer la venta en la vía pública”.

Además, indicó que el operativo que inició el gobierno porteño en esta jornada "será permanente" y explicó que "consiste en hacer un acta de comprobación y otra de secuestro de la mercadería -que venden los manteros al paso-, la cual pueden recuperar tras el pago de una multa en el Tribunal de Faltas". Multa que luego de la modificación del Código de Contravenciones puede ascender hasta 60 mil pesos.

Consultada por la presencia de la Policía Metropolitana en la calle Florida durante la realización de los operativos, la inspectora porteña explicó: "Ante la agresiones que sufrimos anteriormente, nos dimos cuenta que no podíamos actuar sin la ayuda de la Metropolitana". Ya el lunes pasado, luego del último intento de desalojo, el ministro de Ambiente y Espacio Público porteño, Diego Santilli, se mostró disconforme porque la Policía Federal no acompañó a los inspectores y había asegurado que no iba a "claudicar" hasta impedir la presencia de los manteros.

Por su parte, Omar, representante de los "manteros", desafió al gobierno capitalino al asegurar que permanecerán con una resistencia pacífica en la calle Florida.

http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-185240-2012-01-11.html

Las balas que la Metropolitana no usaba

SE HALLARON CARTUCHOS CON PROYECTILES DE PLOMO EN PODER DE LA POLICIA DE MAURICIO MACRI

Las balas se encontraron en una inspección ordenada en la investigación por las muertes en el Indoamericano. El ministro de Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, había dicho que “no existe la bala de acero en las escopetas” de los policías porteños.

 Por Irina Hauser

Mientras trataba de esquivar los coletazos del desalojo del Parque Indoamericano, el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, decía, categórico, que era imposible que la Policía Metropolitana hubiera disparado balas de plomo y que sólo utiliza postas de goma. “No hay ninguna compra de balas de guerra”, afirmó. Sin embargo, el resultado de una inspección realizada por la fiscalía de Sandro Abraldes con apoyo de Gendarmería lo desmiente y complica la situación de la fuerza porteña en el expediente en el que se investigan los tres asesinatos durante y después del operativo que se realizó para expulsar a los ocupantes del predio, a comienzos de diciembre, en el que también participó la Policía Federal. En la dependencia de la Metropolitana que se ocupa de las armas y municiones, en Chacarita, los investigadores hallaron ayer 98 cartuchos con proyectiles calibre 12/70 y la documentación de una compra por un total de 300 iguales, que data del 14 de octubre. Esas balas son compatibles con las escopetas que utilizaron los uniformados en la represión en Villa Soldati casi dos meses después.

En la investigación judicial existen numerosos indicios que comprometen tanto a la Metropolitana como a la Federal en la represión y en los homicidios. Por lo pronto, hay imágenes de la televisión que muestran a efectivos de ambas fuerzas apuntando sus armas largas, por ejemplo, desde arriba del puente de la avenida Escalada. Justo desde allí le habrían disparado al paraguayo Bernardo Salgueiro, que murió, y también a su cuñado Wilson Fernández Prieto, testigo central de la causa. A Rosemary Chura Puña la mataron en el otro extremo del predio, y pese a la distancia se pudo determinar que la bala era casi idéntica a la que se extrajo del cuerpo de Salgueiro: un proyectil calibre 12/70 de munición múltiple capaz de ser disparado tanto por un arma casera como por una escopeta policial. Emiliano Caniviri fue asesinado dos días después, y hubo testigos que vincularon el crimen con barrabravas y con la Metropolitana. En su caso, la bala entró y salió.

Hasta ahora ninguna de las dos policías admitió haber utilizado balas de plomo aunque sí de goma, ante la evidencia de las imágenes que mostraban a los agentes enfervorizados accionando escopetas. Montenegro se refirió públicamente a la cuestión a principios de enero, cuando se supo que entre las modulaciones de la Policía Federal podía oírse a quienes estaban en Soldati advertir que había “gente de la Metropolitana disparando desde el puente”. “Avísenle a Montenegro que se vayan porque están generando otro conflicto”, se escuchó después, y habría sido la voz, según fuentes del expediente, del comisario mayor Hugo Lompizano –que por entonces estaba en la Dirección de Operaciones–, desplazado anteayer por la ministra de Seguridad, Nilda Garré. Fue en el contexto de aquellas revelaciones que el ministro dijo que no había “ninguna posibilidad de que la Policía Metropolitana haya hecho el disparo (en alusión al caso de Salgueiro)”. “No existe la bala de acero en las escopetas de la Policía Metropolitana”, insistió. Luego añadió: “No hay ninguna compra de balas de guerra” para la policía porteña, que “únicamente utiliza balas con posta de goma” y “tampoco tiene personal de civil que haya actuado, ni existen escopetas recortadas”. Montenegro se presentó después ante la fiscalía con un escrito donde decía algo similar, pero más vago. En forma genérica señalaba que no le dan a su personal municiones de plomo, pero no precisaba si era una disposición general o lo que había ocurrido en el desalojo del Indoamericano.

La fiscalía había podido corroborar hasta el momento que tanto la Metropolitana como la Federal llevaron escopetas (además de armas cortas) al operativo en Soldati. Fueron secuestradas 36 de la primera, y 34 de la segunda, cuyo análisis pericial aún está en curso. Si bien la Justicia cuenta con las balas que causaron la muerte a Salgueiro y Chura Puña, no es tan sencillo el camino para establecer con exactitud qué arma los pudo haber disparado. En las inspecciones de ayer se buscaron pruebas vinculadas a las armas. Hubo tres procedimientos, según pudo constatar Página/12:

- En el predio del Club Deportivo Español, donde funciona el Instituto de Formación de los agentes porteños, se incautaron pistolas nueve milímetros y las municiones correspondientes (que utiliza la Metropolitana oficialmente), cartuchos de escopeta y balas de goma.

- En el llamado Precinto 12, en Saavedra, donde la policía porteña tuvo su primera comisaría, se halló una directiva del jefe de la fuerza, Eugenio Burzaco, que indica que sólo se puede utilizar municiones antitumulto, de goma.

- La gran sorpresa estuvo en la División de Municiones y Armamento, ubicada en los Talleres Guzmán, en Chacarita, donde aparecieron 98 cartuchos de propósito general, de plomo, perfectamente compatibles con las escopetas policiales. También se halló la documentación que de cuenta de que el 14 de octubre la Metropolitana había comprado 300 cartuchos en total de este tipo. La explicación que la agente a cargo le dio al personal de la fiscalía era que los 202 faltantes se habían utilizado para corroborar el funcionamiento de las armas cuando fueron adquiridas y tomar muestras del rastro que dejan en el cartucho. Algo similar le dijo Montenegro a este diario, al sostener que los plomos “se compran para probar que las escopetas funcionan correctamente”, pero no para usar en la calle. Lo mismo –dijo– se hace con las postas de goma.

La Policía Federal tampoco ha tenido una gran performance en su rendición de cuentas ante la Justicia. Hubo inspecciones en cinco dependencias, entre ellas en la Comisaría 52ª, que intervino en el operativo en el Indoamericano. En medio de ese procedimiento, los gendarmes y un testigo advirtieron que el armero guardaba algo en una bolsa de supermercado. Resultaron ser cartuchos de plomo (para escopetas) de distintos colores. Tres armeros de la Federal aseguraron que el día del desalojo nadie retiró postas de plomo, aunque había una disposición interna de abril de 2010 que autorizaba entonces su provisión a puestos policiales cercanos a las villas, por lo que se sospecha que la Guardia de Infantería las tendría en su poder.

Mucha mancha para jefe de las comisarías

GARRE PASO A DISPONIBILIDAD A LOMPIZANO, TITULAR DE LAS 53 SECCIONALES FEDERALES DE LA CIUDAD

Estaba a cargo de la Superintendencia Metropolitana, que controla las 53 comisarías porteñas. Su teléfono aparece en el entrecruzamiento de llamadas por el crimen de Mariano Ferreyra. Sospechado, no participó en un gran operativo en prostíbulos.

 Por Horacio Cecchi, Irina Hauser y
Raúl Kollmann

La decisión de Nilda Garré duró un instante, pero la maduración llevó un par de meses cargados de antecedentes. Ayer, la ministra de Seguridad ordenó el desplazamiento y pase a disponibilidad del comisario Hugo Lompizano, superintendente de Seguridad Metropolitana de la Federal. En lenguaje coloquial, Lompizano era el jefe de todas las comisarías porteñas, lo que abre el paso a movimientos (por otra parte ya anunciados) en las cabezas de las seccionales. ¿Qué motivó semejante cambio que tendrá sus repercusiones? En octubre, durante el asesinato de Mariano Ferreyra, Lompizano estaba en la Dirección de Operaciones de la Federal. En su área se controló el video policial al que le faltaron nueve minutos de exposición, precisamente los minutos cruciales en los que se retiran los patrulleros federales y Ferreyra fue baleado. También su celular aparece mezclado en los entrecruzamientos de llamadas realizadas aquel día. El violento desalojo del Indoamericano también lo tiene, no como procesado, pero sí juntando lupas. Finalmente, Lompizano tambaleó públicamente cuando a principios de marzo, en allanamientos a unos 50 locales bailables y prostíbulos en Recoleta y Bajo Flores, se utilizaron 400 gendarmes, 200 hombres de Prefectura y ni un uniformado de la Federal: para señal de desconfianza sólo faltaba el desplazamiento. Ayer tuvo lugar.

El 20 de octubre, cuando la patota de la Unión Ferroviaria disparó sobre los tercerizados de la ex Roca dando muerte al militante del PO Mariano Ferreyra, e hiriendo a otros, los patrulleros de la comisaría 30ª y de otros destinos que se encontraban en el lugar, recibieron la orden de no intervenir. La sospecha del fiscal Fernando Fiszer que investiga el homicidio del joven militante apunta a que los federales no sólo tomaron una actitud pasiva ante el despliegue armado de los matones de la UF. También los acusa de haber “facilitado los medios para alcanzar la impunidad sobre el hecho. Permitieron que los autores huyan”, sostuvo el fiscal en el pedido de indagatoria a cinco federales. Agregó que ayudaron a que se ocultaran, perdieran o no se levantaran pruebas.

Los cinco con pedido de indagatoria fueron Luis Mansilla, jefe de Control de Líneas de la Federal; Jorge Ferreyra, jefe de la División Roca; Gastón Conti, principal de la Dirección General de Operaciones; Rolando Garay, subcomisario de la 30ª, y David Villalba, agente de División Exteriores de Video. Lompizano no figura en el pedido de indagatorias, pero sí en la lupa judicial: su número telefónico apareció en el entrecruzamiento de llamadas solicitado en aquel momento por la fiscal que inició la investigación, nada menos que Cristina Caamaño, actual viceministra de Seguridad.

Pero la sombra que le aportó el caso Ferreyra a Lompizano no termina allí. Lompizano estaba a la cabeza de la crítica Dirección General de Operaciones, donde se analizan en tiempo real los videos que la propia Federal toma de las marchas y operativos de represión. Esto se realiza en una sala de esa dirección, donde se despliegan las pantallas para seguir las imágenes, en tiempo real. Esas imágenes provienen de cámaras propias de la Federal, de hecho, uno de los pedidos de indagatoria es sobre un integrante de la División de Exteriores de Video. Durante el enfrentamiento de la patota de la UF, se realizó una de estas filmaciones que fueron observadas en tiempo real. Fiszer acusó a los federales de “evitar la obtención de imágenes directas de la zona de la gresca y cortar todo registro fílmico al momento de los disparos”. Precisamente entre las 13.33 y 13.39 simplemente no hay imágenes, la videograbadora estuvo apagada. Las imágenes de los enfrentamientos fueron provistas por la televisión. En ese período se produjeron los disparos. También, los acusó de haber utilizado medios de comunicación que no permiten el registro de contenidos (teléfonos POC, que impiden guardar conversaciones) pese a que es obligatorio dejar registrada toda comunicación. Para colmo, los audios registrados de las comunicaciones policiales, que constan en el expediente y a los que tuvo acceso Página/12, abarcan desde las 13.08 hasta las 14. Pero la grabación aportada por la Federal tiene una duración de apenas 13 minutos.

La muerte de Mariano Ferreyra marcó desde el inicio el futuro de Lompizano. Pero se fueron agregando cuestiones críticas al andar camino. En la gestión de Garré, la ocupación del Indoamericano y la violenta reacción de los federales fue la causa originaria, a partir de la cual la presidenta Cristina Fernández tomó la decisión de elevar la importancia de la política de Seguridad conformando un ministerio específico y designándola a ella a la cabeza. Las fuerzas de seguridad a excepción de la penitenciaria, fueron quitadas de la esfera de Justicia y pasadas al nuevo ministerio. Entre ellas, la Federal. Para la ocasión, Lompizano estaba a la cabeza de la Dirección de Operaciones. Y aunque la Justicia no lo investigó por lo actuado, Garré no le sacó la lupa de encima por la desastrosa participación de los uniformados.

Tanto el caso del joven militante del PO como el del Indoamericano fueron jalones de Lompizano confirmados a este diario desde los pasillos del Ministerio de Seguridad. “Pero además hablaba mal de la gestión, tiraba piedras en el camino, pateaba en contra todo el tiempo”, describió un funcionario en alguno de los pasillos del edificio sobre la calle Gelly y Obes.

Al asumir, Garré designó a Lompizano entre los nuevos superintendentes que puso en funciones después de cambiar la cabeza de la Federal, a cargo ahora de Enrique Capdevila. Pero también anunció que realizaría cambios en las comisarías. En pocas palabras, haría cirugía en las comisarías que dependían del comisario sospechado. La indefinición no podría extenderse en el tiempo a riesgo de que se transformara en una señal de endeblez hacia dentro y hacia fuera.

El 3 de marzo pasado, la jueza María Servini de Cubría ordenó una serie de allanamientos en medio centenar de boliches y prostíbulos en Recoleta y Bajo Flores. Garré le entregó 400 gendarmes y 200 prefectos. No fueron utilizados los federales. Los operativos apuntaban a la trata. “No se encontró droga ni armas ni menores –confió un investigador–. pero en un local se encontraron sobres de papel madera en los que había documentos de mujeres.” Los investigadores creen que las tenían cautivas, indicio fuerte de trata. También encontraron cuadernos con detalles de pagos a policías. Las comisarías de la zona no pudieron despegarse la sospecha de protección. La ausencia de federales en los allanamientos podría tomarse como parte de un protocolo de nitidez lógico. También podría tomarse como sospechas. Dos semanas después, Lompizano era pasado a disponibilidad, es decir, es además investigado por Asuntos Internos.

La Justicia insiste con el desalojo

El juez federal de Quilmes Luis Armella ratificó la orden de desalojo de los departamentos destinados a las personas que deben ser reubicadas para avanzar con el saneamiento del Riachuelo. Armella instó a la autoridad de la cuenca y los gobiernos responsables a crear un sistema de información de asignación de viviendas. El ministro del Interior, Florencio Randazzo, repitió que la Policía Metropolitana tiene la competencia para actuar y apuntó que el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, "tiene grandes problemas de gestión. La toma no se resuelve a sangre y fuego sino con una política de vivienda social", agregó.

Armella ya había ordenado el desalojo el miércoles de la semana pasada, pero aún no fue cumplida por diferencias entre los gobiernos nacional y porteña sobre la competencia para llevarla a cabo.

El ministro de Justicia, Julio Alak, había resaltado que la Policía Metropolitana tiene hace dos años la competencia para cumplir con la orden de delitos de ese tipo. Pero el jefe de la Policía Metropolitana, Eugenio Burzaco, repitió que la Ciudad no cuenta con "grupos especiales" para el operativo y solicitó la intervención de la Policía Federal para concretar el desalojo.

En la nueva intimación, el juez advirtió al titular de la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), Juan José Mussi; a las fuerzas de seguridad que disponga la ministra de Seguridad de la Nación, Nilda Garré, y a la Policía Metropolitana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que la orden de liberar los departamentos usurpados continúa con "plena vigencia".

Y agregó: "Deberá ser acatada sobre la totalidad de las viviendas y/o construcciones que se encuentran dentro del predio citado, bajo apercibimiento de aplicar las sanciones ya notificadas".

El magistrado también reclamó a Mussi y al jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que una vez desalojado el predio realicen "en forma inmediata la asignación de las viviendas" a sus reales beneficiarios. Ayer, Larreta indicó que el desalojo de la toma "va más allá de las discusiones políticas, es un problema legal", pero no habló sobre el déficit habitacional y la subejecución en materia de vivienda por parte del gobierno local.

En la resolución, Armella también requirió al titular de la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo y a autoridades de los gobiernos nacional, bonaerense y porteño "la planificación de un sistema de información de la asignación de las viviendas que se vayan planificando y construyendo, distinto al que se está realizando hasta ahora, y que prevea las acciones y medidas a adoptarse para la custodia y preservación de los predios"

Ahora pelean por una toma de viviendas

NACION Y CIUDAD, ENFRENTADOS ANTE UN PEDIDO JUDICIAL DE DESALOJO EN EL SUR PORTEÑO

Un juez federal pidió el desalojo de viviendas ocupadas el sábado. El gobierno nacional dice que el tema es atribución de la Justicia y la policía porteña. Macri acusó a la Presidenta por no cumplir la orden judicial.

 Por Eduardo Videla

La ocupación de un edificio de viviendas sociales por parte de familias en situación de déficit habitacional volvió a enfrentar a los gobiernos nacional y porteño sobre a la resolución del conflicto. El debate giró en torno de quién debía desalojar a los ocupantes, no más de un centenar, en su mayoría mujeres y niños, pero nadie habló acerca de cómo solucionar el problema de vivienda del cual estas familias son un emergente. La orden impartida el miércoles por el juez federal de Quilmes, Jorge Armella, para que se desaloje el lugar, no fue cumplida porque el gobierno nacional adujo que el conflicto no es competencia de las fuerzas de seguridad bajo su jurisdicción, mientras que la Policía Metropolitana argumentaba que la orden judicial la obligaba a ir con una fuerza nacional.

El complejo habitacional ubicado en el cruce de Castañares y Lafuente, en el Bajo Flores, fue ocupado el sábado a la mañana por un grupo de personas, pero el hecho recién se conoció públicamente el miércoles. El complejo está compuesto por 204 departamentos, de los cuales 128 iban a ser destinados a personas que viven en el asentamiento El Pueblito, sobre la margen del Riachuelo, en el marco del cumplimiento de la sentencia de la Corte Suprema de la Nación.

En conferencia de prensa, el jefe de Gobierno de la ciudad, Mauricio Macri, acusó ayer por la tarde a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de ser la responsable de “que no se respete lo que decide la Justicia y no se aplique la ley”. Desde el gobierno nacional, en tanto, el ministro de Justicia, Julio Alak, argumentó que el hecho “es competencia de la Justicia Contravencional, Penal y de Faltas de la ciudad”, porque la competencia sobre el delito de usurpación “fue transferida por el Congreso de la Nación a la ciudad en febrero del 2008”, por lo que debería intervenir la Policía Metropolitana.

Lo curioso es que fue la propia Secretaría de Medio Ambiente de la Nación la que denunció ante el juez federal de Quilmes la ocupación de los edificios. Este magistrado es quien tiene a su cargo la ejecución de la sentencia de la Corte Suprema de la Nación que ordena es saneamiento de la Cuenca Riachuelo-Matanza y la solución habitacional para quienes viven sobre la orilla de esos ríos.

También presentó la denuncia ante el tribunal federal el representante legal de la Corporación Buenos Aires Sur, encargada de la construcción de las viviendas. La Justicia porteña, en tanto, intervino de oficio desde un primer momento. Lo hicieron los fiscales Carlos Raffetto y Luis Duocastella Arbizu, quienes le ordenaron a la Policía Federal cercar el predio. La fuerza dispuso entonces la presencia de unos 50 efectivos, a los que se sumaron una docena de agentes de la Metropolitana, relató una fuente del Ministerio Público Fiscal a Página/12. “Si el propietario del predio (la Corporación del Sur) pide la intervención del juez federal, y el juez acepta, los fiscales porteños ya no tienen nada que hacer allí”, sostuvo la fuente.

Macri denunció ayer que los federales no habían hecho nada para impedir la toma del predio. “No defendieron el lugar”, acusó. Pero no bien terminó de decirlo, su ministro de Seguridad, Guillermo Montenegro, aclaró que algunos de los efectivos resultaron heridos durante la toma. No quedó claro cómo pudieron lastimarse si no defendieron el lugar.

Macri reiteró ayer por la tarde que “no hay promesas para la gente que tomó las viviendas”, porque “no se van a dar beneficios a aquellos que viole la ley”. Cerró así la posibilidad de negociación con los ocupantes, a los que sólo se les ofreció la posibilidad de censarse, propuesta que fue rechazada.

Antes de la ocupación, coincidieron las fuentes, un grupo de personas ingresó para saquear algunos departamentos y el obrador. Hubo una maniobra de distracción sobre la avenida Cruz, y cuando la policía fue a ese lugar, ingresaron para llevarse calefones, cocinas y herramientas de los departamentos, que estaban prácticamente terminados. Luego ingresó un grupo de mujeres con niños y finalmente otro grupo de varones.

En principio se dijo que la ocupación era protagonizada por unas 140 familias, pero ayer el ministro Montenegro evaluó que los ocupantes eran “entre 75 y 90”. Esas personas habían quedado aisladas anoche dentro del edificio, sin luz ni agua, y con restricciones para el ingreso de víveres: si salían, no podían volver a ingresar.

Los ocupantes y sus familiares expresaron durante todo el día que se sentían “estafados por el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) que los había inscripto en planes para obtener una casa” y que no les habían cumplido. Otros denunciaron que, incluso, llegaron a cobrarles entre 8 mil y 20 mil pesos para adjudicarles algunas de esas viviendas. En todo momento manifestaron su intención de quedarse en esos lugares. Casi todos son vecinos de asentamientos del Bajo Flores, donde viven hacinadas miles de personas y esperan desde hace años una respuesta habitacional.

Una fuente del juzgado de Armella fundamentó ante Página/12 la intervención de ese tribunal en que allí deben “hacer cumplir el fallo de la Corte Suprema, que ordena relocalizar los asentamientos, en el marco del proceso de saneamiento de la cuenta del Matanza-Riachuelo”. Sin embargo, dejó abierta la posibilidad para que la Justicia porteña intervenga en la causa por usurpación, un delito cuya competencia fue trasferida a la ciudad.

El juez había ordenado el miércoles al Ministerio de Seguridad de la Nación que designe a una fuerza de seguridad de su órbita para proceder al allanamiento y desalojo de los edificios ocupados, con la colaboración de la Policía Metropolitana. Y le impuso a la secretaria de Seguridad, Cristina Caamaño, una multa de 500 pesos por día de incumplimiento de la medida.

Por la mañana, la Federal y su par porteña se limitaron a hacer un cerco en torno del predio. El ministerio que conduce Nilda Garré elevó al juez un pedido de reconsideración de la medida, argumentando que por tratarse de “un bien del dominio privado del Gobierno de la Ciudad, es claro que la investigación y el juzgamiento del delito de usurpación, cuando se cometa en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires, es competencia del Ministerio Público y del Poder Judicial locales”.

Sin embargo, por la tarde, el juez ratificó la medida. Macri aprovechó la situación para acusar al gobierno nacional y, de paso, emplear el recurso del miedo: “Si no se hace cumplir la ley, mañana se pueden quedar con su casa”, advirtió.

Los hechos parecían desmentir a las partes: la Justicia porteña había intervenido de hecho, hasta que desistió de hacerlo, sin reclamar por su competencia a la Justicia Federal. Y la Policía Federal había obedecido órdenes de la Justicia porteña, apenas se produjo la ocupación. Eso sí, de viviendas, ni hablar.

El barrio que terminó sitiado

UN DIA DE TOMA, RECLAMOS E INSULTOS CONTRA LOS POLICIAS

Policías de la Metropolitana y la Federal montaron un cerco alrededor de los monoblocks ocupados. Los vecinos que los tomaron se quejan porque están sin agua ni luz. Durante el día, hubo algunos piedrazos. Un efectivo fue herido.

 Por Emilio Ruchansky

La gente que el sábado pasado tomó un complejo habitacional porteño en el Bajo Flores está sitiada. Primero les cortaron el gas, luego la luz y ahora no tienen agua. Alrededor del lugar hay una hilera de agentes de la Policía Metropolitana que se complementa con los uniformados de la Policía Federal que aguardan órdenes. Frente a ellos, sobre la avenida Castañares, la joven Patricia López explica el sistema que usa junto a otros familiares y vecinos para pasar las provisiones: “Llenamos las bolsas con agua y comida, después les ponemos piedras para que ganen peso y las revoleamos a través del muro, es como si estuvieran presos”.

Al menos cien personas, en su mayoría mujeres y niños, soportan esta toma bajo un sol intenso. “¡Hace más calor adentro que afuera! ¡Las paredes son de plástico!”, grita Mario, con un bebé desnudo en brazos. “No nos dejan pasar los pañales ni la ropa. Por lo menos que nos devuelvan el agua, estamos muertos de sed”, dice. La conversación se da a casi 30 metros de distancia y es constantemente interrumpida por el ruido del tránsito y el Premetro. La policía no deja que ningún periodista se acerque. “No somos animales de zoológico”, les grita Mario.

La mayor parte de los ocupantes viene de la villa 1-11-14, otros del barrio Ramón Carrillo y de Villa Soldati. Detrás de las rejas, Sonia insiste con lo desmedido del cerco. “Hoy les prohibieron el paso directo de alimentos a nuestros familiares, tampoco podemos recibir medicamentos. Tenemos diez chicas embarazadas, gente con diabetes y problemas respiratorios. Están haciendo abandono de persona”, grita. Luego se dirige a la fila de policías metropolitanos: “Yo terminé la secundaria, tengo estudios terciarios, yo trabajo, no soy ñoqui como ustedes”.

Al rato se suman más personas desde la toma trayendo botellas de plástico vacías. Reclaman agua y tiran piedras contra la policía, que permanece impasible a los insultos. Dicen que nadie vino a negociar con ellos. Sonia acusa a la ministra de Desarrollo Social porteño, María Eugenia Vidal: “Dice que vino a recorrer la toma. Mentira. Nunca la vimos por acá”. Luego muestra el moretón que tiene en su muslo izquierdo y denuncia que fue golpeada por los agentes de la Metropolitana. A su lado hay un baño químico y más lejos se ven otros dos. “Todos rebasan de mierda”, dice Mario cuando el cronista pregunta si están en uso.

En un momento, una señora que aguarda junto a su hija afuera cruza las vías y le tira una piedra a uno de los policías. Se le van al humo diez oficiales, pero un superior los detiene. La mujer huye con la nena y termina entrando a la toma. Los que están adentro aplauden la acción. Enseguida aparecen más refuerzos policiales. Jennifer, una embarazada que se metió con dos chicos, exige que les dejen entrar elementos para higienizarse. “Hay chicas que tienen la menstruación y no les dejan pasar las toallitas, ¡están locos!”, dice.

Desde los autos que circulan por la avenida Castañares se oyen mensajes para los ocupantes: “Vayan a trabajar”, “sáquenlos a estos bolitas” (sic), “ustedes son unos villeros de mierda”. Jorge, que vino de la 1-11-14 con su hijo a ayudar a su familia, corre a cada uno de estos automovilistas. “Mirá los cagones cómo aceleran”, le dice a Mauro, su hijo, que lleva tres botellas de gaseosa. Después le indica que cruce las vías y Mauro, asustado, se acerca al cordón policial. Las dos primeras botellas quedan al pie de la barranca que antecede al terreno ocupado y Mario baja a buscarla. La tercera revienta sobre el piso.

“¿Qué hiciste, nene?”, le dice Jorge. El chico, que es tartamudo, se pone nervioso y se va a buscar sombra a la vereda del paredón que está enfrente de la toma. Al rato se lo ve a punto de llorar, sentado sobre el cordón. “Yo so... sólo quise ayudar. No... no... no... pensé que me iba a quedar sin fuerzas”, dice. Adentro de los departamentos están su mamá y sus hermanos.

Sentada contra el paredón, rodeada de papeles del Instituto de Vivienda de la Ciudad y fotocopias de DNI de los ocupantes, Beatriz Alvárez denuncia al organismo porteño porque habría estafado a muchos de los que están en la toma. “Nos pidieron ocho, quince, veinte mil pesos y nos dijeron que las viviendas iban a estar en enero. Después se borraron. Somos 180 personas en esta situación, tengo a tres hijas en la toma”, dice.

“En verdad, nosotros pagamos por casas de ladrillos, no por esos departamentos de plástico”, dice en referencia a la toma. Y agrega: “Yo sé que hicimos mal en meternos, pero estamos cansados”. A su lado está Patricia López, la que tira las bolsas con piedras adentro. Dice que adentro están su mamá, su hermana y dos sobrinas. “Y nadie se robó nada como quieren hacer creer. Sí hubo gente que cuando empezó la toma se llevó calefones y grifería, pero esa gente no se quedó en los departamentos. Eran rateros nomás”, aclara.

A poco más de una cuadra de donde están Alvárez y López, hay cuatro autos particulares repartidos entre la calle y la vereda. Adentro, los oficiales de la Policía Federal se turnan para dormir la siesta, mientras otros toman mate o mandan mensajitos de texto. El grupo que acompaña a la Metropolitana pide recambio cuando el calor agobia. Hay un carro hidrante de la Federal y varios patrulleros de ambas fuerzas. La diferencia entre las fuerzas es que la Federal no porta armas. También hay dos camionetas del Ministerio de Desarrollo Social porteño. No se ve ninguna ambulancia.

Luego de la impasse generada por la conferencia de Macri, cuando los ocupantes dejaron los pastizales y se refugiaron al lado de sus radios, la relación entre los vecinos y la Metropolitana empeora. Dos flacos de la toma insultan constantemente a los agentes. A uno de ellos, Gabriel, le acaban de realizar una traqueotomía. Tiene todo el cuello vendado y se queja de que no le permiten ingresar más vendas. Gabriel se tapa el tubito a cada rato y denuncia: “Ellos nos amenazaron: ‘A ustedes, negros, se les viene la noche’. No saben que acá nos vamos a bancar lo que venga”.

En Portela, una calle lateral que separa al predio de viviendas de una compañía química, hay un largo paredón cuyas veredas están ocupadas por casillas de chapa, madera y cartón. Llegan hasta la parte posterior al predio ocupado, en dirección a la avenida Riestra, donde hay un campo de entrenamiento del equipo de Argentinos Juniors. “Este es lugar habilitado para pasar comida y bebidas”, dice un policía federal apostado sobre las vallas de la calle Portela. El mismo agente para a dos pibes y los obliga a pasar del envase de vidrio de una gaseosa a uno de plástico.

Tampoco allí se pueden dar los víveres en mano, deben revolearlos. Al rato, otro joven protesta porque no le dejan pasar cigarrillos. La bronca que provoca el cerco se termina de desatar por la noche, cuando muchos ocupantes bajan de la barranca e intentan contactar físicamente a sus familiares, amigos y vecinos. En ese instante, la Policía Metropolitana intenta mantener el sitio y queda bajo una lluvia de piedras. Uno de los agentes es herido en la cara y es atendido por sus compañeros. Y entonces los agentes sacan sus escudos de plástico, mientras los ocupantes se repliegan hacia los edificios.

“Una pesquisa para destacar”

DIEGO MORALES, ABOGADO DEL CELS

 Por Laura Vales

“La jueza avanzó de manera escalonada, a la vez que fue complejizando la investigación. Empezó por aquello sobre lo que tenía más elementos de prueba, la patota, para pasar al rol de José Pedraza. Para poder hacerlo, encaró al tema desde una serie de aspectos. En la causa no sólo hay reunidos testimonios: hay cruce de llamados, análisis del vínculo de Pedraza con las tercerizadas, de su patrimonio, de los intentos de frenar la investigación.” Para Diego Morales, abogado del Centro de Estudios Legales y Sociales, querellante en representación de la familia de Mariano Ferreyra, es este modo de trabajo lo que resultó clave para el procesamiento.

–¿Por qué en este caso se pudo llegar a los responsables mediatos?

–Tiene que ver con la seriedad con que se encaró el proceso desde el comienzo. Esta fórmula de avanzar por etapas es un método que te permite ir subiendo. Aunque hubo presiones desde noviembre para que la jueza llamara a indagatoria a Pedraza, ella prefirió una conducta más prudente, avanzar primero sobre la patota, después sobre los dirigentes del sindicato, y ahora queda pendiente el rol que tuvo la policía. Esto, me parece, es asumir con responsabilidad la investigación. Pero aclaro que estamos terminado de leer el fallo y ésta es una primera mirada. Hay que analizarlo con más tiempo.

–En todo caso, el procesamiento muestra que se puede determinar que hubo un responsable político sin tener grabado el momento en el que da la orden.

–Uno puede construir a partir de otras pruebas. La jueza para rechazar el pedido de excarcelación de Pedraza señaló que se sospecha que un perito (Roberto Locles) participó en la destrucción de pruebas fundamentales para el caso, como la bala que mató a Mariano. También tuvo en cuenta que existe una investigación para determinar si existió un intento de coima a un juez de la Cámara de Casación. Son indicios que dicen mucho. ¿Cuál era el interés de Pedraza o de Fernández en que la investigación no siguiera? Evidentemente, que no avanzara sobre ellos. Este modo de avanzar me parece muy relevante, porque en la Argentina, lamentablemente, hemos tenido muchas causas que no investigaron hacia arriba. Hay toda una clave en esto de fortalecerse escalonadamente y avanzar hacia arriba a partir de indicios que se van sumando. La jueza empezó por aquello sobre lo que tenía mayores elementos de prueba, de manera testimonial, como las declaraciones de los compañeros de Ferreyra, los vecinos del lugar, otros ferroviarios que decidieron hablar porque no estuvieron de acuerdo con la decisión de la patota de matar a Mariano. Luego complejizó su investigación, hizo cruces de llamadas, análisis de comunicaciones, investigación sobre el patrimonio, análisis de los vínculos de Pedraza con las empresas tercerizadas. Hay una suma de indicios, esto es un dato relevante para futuras investigaciones judiciales, una forma de pesquisa para destacar.

–Como querellante, ¿qué medidas de prueba considera pendientes?

–Las que permitan cerrar el círculo entre la patota, la Unión Ferroviaria, la connivencia policial y los funcionarios estatales. Se habla de la posible participación en esto de la Ugofe (la empresa que administra el ramal, con participación privada y estatal). Habría que profundizar la investigación sobre estos nexos entre la patota, la Unión Ferroviaria y la posible complicidad de agentes estatales.

De Narváez también quiere el desalojo ya

BAJO FLORES

El diputado por el Peronismo Federal Francisco de Narváez criticó al Gobierno nacional por su postura de abrir un impass de negociación con las 140 familias que tomaron 204 viviendas en el Bajo Flores: "El Gobierno acepta que valga todo”, dijo el colombiano. "La ley se debe cumplir, tiene que haber un proceso de orden, de respeto, y de saber lo que es mío y lo del otro, y donde están los límites", insistió.

De Narváez justificó su postura con un argumento particular: la Justicia "ha ordenado el desalojo y eso no se puede interpretar", motivo por el cual el "Poder Ejecutivo tiene que tomar acciones". Para él, “los ciudadanos nos sentimos indefensos frente a esta condición de que se interpreta si la orden del juez la cumplo o no la cumplo".

El comentario tomó partido en el contrapunto entre el Gobierno nacional y la gestión de Mauricio Macri respecto de la jurisdicción y competencia de cada uno en las tomas de vivienda ocurridas en la Ciudad de Buenos Aires y la orden de desalojar decidida por el juez federal de Quilmes Luis Armella.

Desde los ministerios de Justicia y Seguridad se argumentó que el delito de “usurpación” le fue transferido a la Ciudad en febrero de 2008, cuando el Congreso votó la ley de transferencia de competencias penales. Con este fundamento pidió una prórroga para desalojar a las familias y abrir un período de diálogo a fin de encontrarle una salida a la problemática.

La gestión de Macri sostiene lo contrario y pide la intervención de las fuerzas de seguridad con órbita federal, en lugar de la Policía Metropolitana. En la misma sintonía, para De Narváez “el Gobierno (nacional) acepta que valga todo cuando le conviene y esto es una condición que todos los argentinos estamos viendo con temor y preocupación, porque sí está es la forma de gobernar, me parece que nos estamos desintegrando como sociedad".