Crimen de Mariano Ferreyra: piden perpetua para Pedraza y otros 13 imputados

Una de las marchas realizada en Buenos Aires en reclamo de justicia. (Foto gentileza Telam)

El Centro de Estudios Legales y Sociales solicitó la pena de prisión perpetua para los líderes de la Unión Ferroviaria por considerarlo “instigadores” del crimen realizado por un “grupo de choque” que les respondía. Los alegatos continúan el viernes. 

La familia de Mariano Ferreyra, representada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) pidió la pena de prisión perpetua para el líder de la Unión Ferroviaria, José Pedraza, para otros siete ferroviarios y para seis oficiales de la Policía Federal por el crimen del militante del Partido Obrero.

En el primer alegato de la causa, el organismo de Derechos Humanos reclamó perpetua también para el segundo del gremio,Juan Carlos “Gallego” Fernández; para el barra brava Cristian Favale y Gabriel Sánchez, acusados de efectuar los disparos, y para los comisarios Hugo Lompizano, Luis Mansilla y Jorge Ferreyra, entre otros.

La querella pidió al Tribunal Oral Criminal 21 que los líderes de la Unión Ferroviaria sean condenados como “instigadores” del asesinato acontecido durante una protesta de empleados tercerizados que protestaban en las cercanías de las vías del Ferrocarril Roca en octubre de 2010.

En su exposición los abogados consideraron que se trató de un “homicidio calificado agravado por el concursos de dos o mas personas” según un “plan previamente articulado para “aleccionar” a los trabajadores precarizados.

La representación de la familia del joven consideró que en juicio quedó “probado con certeza el rol de instigadores” del jefe gremial y su mano derecha en “un plan criminal previo” a los hechos.

El móvil para idear el crimen, sostuvo la defensa, era “conservar la hegemonía política” dentro de la Unión Ferroviaria y mantener “la estructura de negocio basado en la tercerización laboral”.

Mientras se leía el pedido de condenas, en las afueras de Comodoro Py y bajo la lluvia un nutrido grupo de manifestantes acompañó a los familiares de Ferreyra y a los tres heridos de las jornadas de octubre de 2010, cuyo alegato se leerá el viernes.

Los hechos que analiza el juicio que está en su etapa final mostraron las turbias relaciones existentes entre sindicalismo, poder político, fuerzas de seguridad, grupos de particulares con poder de fuego y poder judicial. Además, pusieron en discusión la actuación de los agentes policiales frente a la protesta social, el modelo sindical, la precarización y tercerización ferroviaria y el rol del Estado frente a las problemáticas laborales.

http://www.8300.com.ar/2013/02/20/crimen-de-mariano-ferreyra-piden-perpetua-para-pedraza-y-otros-13-imputados/

La desaparición de Severo "es un hecho de impunidad, que genera temor"

Lo aseguró el hermano de Mariano Ferreyra, quien destacó la importancia que tenía el testigo del caso por el que está imputado el líder de la Unión Ferroviaria, José Pedraza. "Iba a ampliar su indagatoria con algún dato extra de cómo se formó la patota que mató a Mariano", dijo en dialogo con el programa de Roberto Caballero en Radio Nacional. Hubo una marcha en Plaza de Mayo por la aparición.

Por: 

INFOnews

Pablo Ferreyra, hermano de Mariano, el militante del Partido Obrero que fuera asesinado en octubre de 2010 durante una protesta de trabajadores tercerizados, se mostró "preocupado" por la desaparición de Enrique Alfonso Severo, testigo de la causa y que debería haberse presentado hoy para dar su testimonio ante la justicia.

Enrique Alfonso Severo"Nos preocupa sobremanera. Es un hecho de impunidad, que genera temor si mañana mismo tienen que declarar otros testigos", afirmó Ferreyra en diálogo con Roberto Caballero en su programa "Mañana es hoy", por Radio Nacional. Allí, destacó "el papel que está tomando el ministerio de Seguridad, con la subsecretaria de Seguridad Cristina Camaño a la cabeza".

En cuanto a la importancia de Severo como testigo, Ferreyra subrayó que "es un testimonio clave que compromete a la Unión Ferroviaria" y puntualizó que en su declaración primera, el testigo ahora desaparecido "habló del acopio de armas que había en los talleres de Unión Ferroviaria, conoce los mecanismos que manejan estas burocracias". Además, indicó, "Iba a ampliar su indagatoria con algún dato extra de cómo se formó esta patota que mató a Mariano".

"El aprovechamiento iba a venir con las preguntas que íbamos a generar para fortalecer esta línea del juicio, que es la responsabilidad política de Pedraza", continuó el hermano de Mariano Ferreyra, quien remarcó la gravedad de lo sucedido: "Estamos hablando de la desaparición de un testigo en la mitad del juicio. Era un testigo que hablaba desde adentro, que es parte del riñón de Ferrobaires, del sistema de corrupción de los ferrocarriles. Era una llave".

Por último, llamó a "robustecer el sistema de protección de testigos" y remarcó la importancia del juicio, sobre el que dijo que "puede dar una vuelta de página en las cuestiones sindicales argentinas. Es algo que está bien responder con todas las señales de alerta posibles".

http://www.infonews.com/2012/10/04/politica-41538-la-desaparicion-de-severo-es-un-hecho-de-impunidad-que-genera-temor-mariano-ferreyra.php

Un sobre y un sorteo muy sospechosos

LA INVESTIGACION SOBRE LA PRESUNTA COIMA PARA LIBERAR A LOS DETENIDOS POR EL CRIMEN DE FERREYRA

Las pruebas en poder de la Justicia confirmarían que el vicepresidente de Belgrano Cargas envió dinero para comprar voluntades en Casación al estudio del ex juez Aráoz de Lamadrid y que Pedraza estaba implicado. Imputaron al empleado que sorteó el expediente.

 Por Irina Hauser

La onda expansiva de la causa sobre las coimas para liberar a los detenidos por el crimen de Mariano Ferreyra amenaza con ser mucho más amplia y potente de lo que nadie había imaginado. La Justicia tiene pruebas que confirmarían que el vicepresidente de Belgrano Cargas y contador de la Unión Ferroviaria (UF), Angel Stafforini, envió parte del dinero destinado a comprar voluntades en la Cámara de Casación Penal al estudio del abogado y ex juez federal subrogante Octavio Aráoz de Lamadrid. Y que, detrás de la operación, estaba el propio titular del gremio, José Pedraza, cuando aún se encontraba en libertad. Hasta ahora aparecía bajo sospecha el nombre de un único camarista, Eduardo Riggi, pero el análisis de los llamados de un agente de la Secretaría de Inteligencia (SI, ex SIDE), llamado Juan José Riquelme y señalado como intermediario, reveló que hablaba al menos con otro integrante de Casación. Además, está imputado el empleado de ese tribunal que se ocupa de hacer los sorteos informáticos para la asignación de expedientes, que tenía contacto con Aráoz.

El soborno quedó frustrado (se supone) porque el fiscal de la causa, Mariano Solessio, resolvió allanar el estudio de Aráoz de Lamadrid justo cuando acababan de entregarle 50 mil dólares, el 1º de febrero último. El presunto destino del dinero era la Cámara de Casación, según relataron a Página/12 allegados a la pesquisa. La fiscalía conocía los movimientos y el recorrido que harían los dólares por el seguimiento de algunos protagonistas del caso que se venían haciendo mediante escuchas telefónicas. Los investigadores estaban al tanto de conversaciones que conectaban a Stafforini con Aráoz de Lamadrid, primer defensor de Guillermo Uño, uno de los integrantes de la patota ferroviaria detenidos por el homicidio de Ferreyra. Al llegar al estudio familiar del abogado, muy cerca del Palacio de Tribunales, la policía encontró lo que buscaba: había un sobre rotulado “Octavio” con la plata adentro. Cerca de Aráoz dicen sistemáticamente que era plata de honorarios.

El monto de 50 mil dólares coincidía con aquel al que se hacía referencia en una de las escuchas detectadas en la investigación del asesinato del militante del Partido Obrero (PO), a cargo de la jueza Wilma López. En su juzgado se quedaron perplejos al escuchar a Pedraza, quien hablaba desde su propio celular, en un diálogo con Stafforini:

–Serán unos 75 (mil) o 50 (mil) –decía el directivo de Belgrano Cargas.

–Si no llegás, nosotros ponemos la diferencia y después la recuperamos ––le contestaba Pedraza.

Ese contacto ocurrió el 25 de enero último, a las 20.06, según las constancias judiciales. Wilma López hizo la denuncia para que se investigara el posible cohecho de manera independiente. De acuerdo con lo que la Justicia pudo reconstruir a partir de las grabaciones recopiladas por el juzgado de López y las ordenadas luego por Solessio y el juez Luis Rodríguez, Pedraza se habría ocupado personalmente de la estrategia para que los siete integrantes de la patota ferroviaria detenidos hasta ese momento fueran liberados. Según refirieron a este diario fuentes cercanas a la causa, el principal interés apuntaba a lograr que Casación revisara (y revocara) los procesamientos por homicidio calificado que había aplicado a los matones incluso la Cámara del Crimen, y que podría costarles una condena a prisión perpetua. La mayor pretensión era –según se desprendería de esas escuchas– que saliera sorteada la Sala III de Casación, que integran Liliana Catucci, Eduardo Riggi y Gustavo Mitchell.

Enganchados

Aráoz de Lamadrid fue secretario letrado y de mucha confianza de Riggi antes de ser nombrado en 2005 juez federal subrogante en reemplazo de Juan José Galeano, cargo en el que duró cinco años hasta que renunció por una investigación del Consejo de la Magistratura. De acuerdo con los entrecruzamientos telefónicos de la causa por tentativa de coima, Aráoz tendría contacto con Riggi y con Stafforini; pero también con Riquelme, quien resultó ser un agente de la SI, ahora suspendido y camino a ser expulsado del organismo, y un intermediario en la negociación. Riquelme, de unos setenta años, apodado “el Yanki”, a su vez se habría comunicado con Riggi y con otro integrante del mismo tribunal. Es un hombre, aseguran funcionarios de la causa, que incluso habla frecuentemente con más jueces, algo que excede a este episodio puntual y podría motivar otra nueva investigación penal.

En un diálogo del 13 de enero, Riquelme le dice a Aráoz: “Bien, le comento (supuestamente a Pedraza), me dijo que está muy bien el número que le pasé y que esta tarde, al atardecer, tiene reunión con el secretario, que anoche habló con él... ehhh... al respecto, el secretario le manifestó que no existe ningún problema con el tema, que la única preocupación que tiene es cómo encuadrar la operatoria, por eso se van a reunir esta noche”.

Cuando la jueza López indagó a Pedraza por el crimen de Ferreyra, le preguntó si conocía a Riquelme. La respuesta fue que sí, hace muchos años. Quizá más de veinte, dicen en el ámbito ferroviario, donde solían definirlo como un lobbista o alguien que ayudaba con las “relaciones institucionales”. En la SI, según la información oficial, cumplía tareas administrativas. Estaba desde los tiempos de Hugo Anzorreguy; antes hay versiones que lo señalan como colaborador de Norberto Varela en el Servicio de Inteligencia Naval y de buenos vínculos con la Iglesia Católica.

Uno de los argumentos por los que López rechazó excarcelar a Pedraza, tras ordenar su detención el 22 de febrero como instigador del homicidio del militante del PO, fue que había intentado entorpecer la investigación a través del intento de coima. Al procesarlo señaló que su verdadera meta “no era beneficiar a los afiliados a la Unión Ferroviaria” que estaban detenidos, “sino a sí mismo, sabedor de su responsabilidad en el hecho y consciente del impacto positivo que sobre su situación traerá aparejado, cual efecto dominó, el mejoramiento de la situación procesal de los coautores materiales y partícipes presentes en el escenario de los hechos”.

Sorteo dudoso

Lo cierto es que el 26 de enero, un día después de que Stafforini y Pedraza hablaran de los “75 o 50”, se hizo el sorteo de la sala de Casación para “radicar” la causa y justamente salió elegida la Sala III. Según publicó el Centro de Información Judicial (CIJ) el 4 de febrero, la asignación se hace “con un sistema” que “provee y administra” el Consejo de la Magistratura. En Casación, aclara, hay “terminales” pero no se puede “acceder al sistema madre”. De acuerdo con declaraciones de testigos en el expediente, como en la Cámara de Casación hay cuatro salas, el sistema estaría programado para que la distribución de causas sea equitativa. Por esa razón, habría una forma de calcular la mayor probabilidad –aunque no la absoluta certeza– de que les toque a ciertos jueces. El empleado que se ocupa de estos sorteos en Casación está imputado porque, según los entrecruzamientos de llamados, hablaba con Aráoz de Lamadrid.

Ante el revuelo, Riggi se excusó por razones de decoro. Lo reemplaza Juan Fégoli quien, esta última semana, junto con Mitchell y Catucci confirmaron los procesamientos de la patota, que igual que Pedraza va camino a juicio oral.

Todavía, al parecer, no hay constancias que involucren de lleno o de manera directa ninguno de los jueces en el intento de coima, pero es un aspecto aún en plena investigación. La causa en el último mes tuvo algunas ideas y vueltas. El fiscal Solessio tuvo un problema de salud severo que lo alejó del expediente. En el ínterin, la causa estuvo en la Sala I de la Cámara del Crimen, que debía resolver si confirmaba el procesamiento y la detención de Pedraza, y subrogaron la fiscalía Pablo Recchini y Sandro Abraldes. Lo cierto es que Pedraza, Aráoz de Lamadrid, Stafforini, Riquelme y el empleado de Casación se encuentran imputados, mientras la situación de uno o más jueces está en vías de definición, antes de futuras citaciones a indagatoria.

“Actuaron en el armado del plan criminal”

RATIFICARON EL PROCESAMIENTO Y LA DETENCION DE PEDRAZA Y SU SEGUNDO EN LA UF POR EL CRIMEN DE FERREYRA

La Sala I de la Cámara del Crimen consideró que el titular de la Unión Ferroviaria y su número dos, el Gallego Fernández, instigaron el homicidio del militante del PO por “un interés político y económico”, ante los reclamos de los tercerizados.

 Por Irina Hauser

José Pedraza, titular de la Unión Ferroviaria (UF), y Juan Carlos “El Gallego” Fernández, su número dos, “actuaron de manera conjunta y coordinada desde el día anterior en el armado y diagramación del plan criminal” contra una protesta de trabajadores tercerizados de la línea Roca, “que fue puesto en marcha desde las primeras horas de la mañana” del 20 de octubre y terminó en el asesinato de Mariano Ferreyra.

Con esa descripción contundente, la Sala I de la Cámara del Crimen ratificó el procesamiento de ambos sindicalistas como instigadores de homicidio calificado y los acusó –en aval a la jueza de primera instancia, Wilma López– de haber actuado movidos por “un interés político y económico”, dada la pérdida de poder que podría significarles que los subcontratados fueran regularizados y el peligro que corría la existencia de las tercerizadas, subsidiadas por el Estado, de las cuales al menos una era manejada por ellos mismos. El tribunal resolvió que deberán seguir presos mientras esperan el juicio oral no sólo por la gravedad del delito que se les atribuye, sino por los numerosos intentos de entorpecer la investigación detectados en la causa, entre los que señalaron amenazas a una decena de testigos, el presunto intento de soborno a un juez de la Cámara de Casación Penal y el comportamiento sospechoso de un perito denunciado por alterar la bala que mató al militante del Partido Obrero (PO).

El histórico dirigente ferroviario y su influyente escolta seguirán detenidos en el penal de Ezeiza, mientras el juzgado de López planea empezar a trabajar cuanto antes en la elevación a juicio oral de este tramo de la investigación, referido al asesinato propiamente dicho –otro expediente analiza la responsabilidad de la Policía Federal–. Mientras tanto, la defensa tiene la chance de reclamar la excarcelación –y anunció que lo hará– ante la Cámara de Casación, que antes rechazó liberar a los siete imputados de la patota. Según la resolución conocida ayer, también continuará preso el delegado Claudio Alcorcel, aunque el tribunal suavizó su imputación al cambiar el papel de instigador por el de partícipe secundario.

Pruebas y razones

La semana pasada, el abogado Carlos Froment tildó de “arbitrario”, “dogmático” y con “falta de pruebas” el procesamiento con prisión preventiva de sus defendidos, Pedraza y Fernández. Los camaristas Jorge Rimondi, Luis María Bunge Campos y Alfredo Barbarosch dijeron que evidencias sobran, aunque se puede discutir cómo “valorarlas”. Ellos respaldaron y fortalecieron la interpretación de la jueza López e hicieron hincapié en dos pruebas: el análisis de los llamados telefónicos de Pedraza, Fernández y los protagonistas del grupo de choque, y sus vínculos e intereses en torno de las empresas que tercerizan servicios ferroviarios, contratadas por la Unidad de Gestión Operativa de Emergencia (Ugofe), que pagaban salarios por menos de la mitad de lo percibido por un trabajador de planta y recortaban derechos laborales.

Según la Cámara, Pedraza y Fernández impartieron sus directivas a través del delegado Pablo Díaz, secretario de la Comisión de Reclamos del gremio, a quien se le atribuye haber reclutado y comandado la patota que llevó armas de fuego, palos y piedras para romper la protesta de los tercerizados, que pedían estabilidad y mayor salario. Reproducían la lógica “piramidal” de la UF. El tribunal recuerda que Fernández habló por teléfono varias veces con Díaz desde las 7.46 hasta las 13.23. Ese último contacto partió del teléfono de Fernández y “coincidió con momentos definitorios de los acontecimientos investigados”: a las 13.24, según videos, aparece caminando por las vías el barrabrava Cristian Favale, uno de los tiradores, y a los diez minutos comienzan los disparos. Díaz llamó a Favale inmediatamente después de hablar con Fernández. Un testigo escuchó que fue él quien le daba a Díaz por “handy” la orden dejar el lugar después del homicidio. Pedraza y Fernández estaban juntos, recuerdan los jueces, en la sede de la UF, en un congreso. Lo estuvieron hasta entrada la tarde y, desde las 18, siguieron comunicados por teléfono. Los definen como “instigadores conjuntos” del crimen, pero descartan una “instigación en cadena”, como sostenía la jueza, un detalle que no cambia el escenario.

- Las camaristas afirman que los dirigentes ferroviarios tenían un “interés político económico” en “evitar que los tercerizados” cortaran “las vías tanto ese día como en el futuro”. Querían “aleccionarlos” porque –dice el tribunal en consonancia con la jueza– veían amenazado su predominio en el gremio, que Pedraza conduce “ininterrumpidamente” desde hace 17 años, desde 2000, sin oposición. Esa construcción de poder, a su vez, estaba asentada –explica– en la fuerte injerencia del sindicato en el ingreso de personal en las empresas ferroviarias. La regularización de los tercerizados, dicen Sus Señorías, era una amenaza palpable para las cooperativas que tercerizan, ya que implicaba que “dejen de existir”. Y ahí confirman la estrecha relación a Cooperativa de Trabajo Unión del Mercosur, que funciona en un inmueble de su esposa Graciela Coria, que a la vez es directora de acciones, su hermana Silvia Coria es la tesorera y sobrino Maximiliano Pedraza, empleado. También señalan la vinculación del titular de la UF con Belgrano Cargas, a través de su mujer.

Todo esto explicaría, dice la Cámara, la inquietud por que “no se modifique el statu quo obtenido durante tantos años, atento a la enorme cantidad de dinero que ingresaba tanto al sindicato por los aportes de los afiliados como a la cooperativa por los subsidios dados por el Estado nacional para hacer frente a la contratación de los tercerizados”. Los jueces señalan que el pase a planta de 1515 trabajadores no fue producto de una preocupación de la UF –como intentó esgrimir la defensa–, sino resultado de los sucesos donde mataron a Ferreyra y tres personas más fueron heridas de bala, y añaden que “no borra ni modifica el conflicto anterior”.

Presos

La Cámara resolvió que Pedraza, Fernández y Alcorcel deberán seguir detenidos no sólo por la gravedad de los delitos, que prevén penas de cumplimiento efectivo de hasta 25 años de cárcel, sino porque aparecen vinculados a una serie de maniobras “que se realizaron con la finalidad de impedir el descubrimiento de la verdad”. Citan, por empezar, las amenazas de muerte e intimidaciones (personales y telefónicas) recibidas por al menos ocho testigos, por las que se abrieron causas penales. Añaden el presunto intento de soborno a un juez de la Cámara de Casación Penal –que sería Eduardo Riggi–, a través de un ex secretario suyo, Octavio Aráoz de Lamadrid, quien defendía al picaboletos Guillermo Uño, con la intención de que el tribunal liberara a los primeros siete detenidos de la patota, para debilitar la causa que, ya al inicio, apuntaba hacia la cúpula gremial. Esas gestiones fueron detectadas en escuchas al propio Pedraza, en las que incluso un directivo de Belgrano Cargas le ofrece ayuda económica desde esa firma, y también aparece como intermediario un operador y agente de la Secretaría de Inteligencia, Juan José Riquelme. Esta maniobra es investigada por otro juzgado, igual que la aparente modificación de la bala extraída del cuerpo de Ferreyra, que según testigos fue golpeada por el perito balístico Roberto Locles durante una junta de especialistas.

Por todo esto, dicen los camaristas, que sigan presos no es “irrazonable ni desproporcionado”. Los pronósticos más optimistas dicen que Pedraza y los otros nueve detenidos estarían sentados en un juicio oral antes de fin de año. Entretanto, el abogado Froment recurrirá a Casación, que no tiene plazos para expedirse, aunque con detenidos de por medio puede ser que apure el paso.

La Cámara del Crimen decide la situación de Pedraza

CRIMEN DE MARIANO FERREYRA

Militantes de la Unión Ferroviaria (UF) reclamaban esta mañana la liberación del titular de ese gremio, José Pedraza, durante la jornada de audiencia en que la Cámara del Crimen analizará la situación del sindicalista detenido por su presunta vinculación en el crimen de Mariano Ferreyra. A sólo 300 metros de esa concentración, manifestantes del Partido Obrero (PO) exigían lo contrario. La defensa pidió su "inmediata libertad" por la "orfandad probatoria" de su procesamiento.

Durante la audiencia oral se analizarán los planteos de los abogados de Pedraza, contra su procesamiento y prisión preventiva. Su defensa pidió la "inmediata libertad" y la revocatoria del fallo que lo procesó por el crimen Ferreyra, ya que se trató de una "resolución disparatada". El pedido del abogado Carlos Froment atacó el procesamiento de Pedraza por su "arbitrariedad" y su "orfandad probatoria".

"Basta de presos políticos en democracia", era el argumento plasmado en la remeras de los activistas que defendían al líder gremial en Talcahuano al 500, donde había dos carriles cortados al tránsito uno liberado.

En tanto, los militantes del PO, apostados en Viamonte y Libertad, donde se desplegó un fuerte dispositivo de seguridad de la Policía Federal y la Guardia de Infantería para prevenir posibles incidentes entre ambas agrupaciones.

La Sala Primera de la Cámara, integrada por los jueces Jorge Rimondi, Alfredo Barbarosch y Luis María Bunge Campos, escuchará los alegados del abogado Carlos Froment, quien además de la defensa de Pedraza tiene a su cargo la de los otros dos detenidos: el secretario administrativo del sindicato, Juan Carlos "Gallego" Fernández, y el delegado Claudio Gustavo Alcorcel.

El crimen de Mariano Ferreyra ocurrió el 20 de octubre pasado cuando una patota de la UF evitó con agresiones un reclamo de empleados ferroviarios tercerizados. El militante del PO recibió un tiro en el abdomen mientras que sus compañeros Nelson Aguirre, Ariel Pintos y Elsa Rodríguez fueron heridos de bala.

Un experto que terminó acusado

CITARON A DECLARACION INDAGATORIA AL PERITO QUE ABOLLO LA BALA QUE MATO A MARIANO FERREYRA

El 1º de abril deberá responder como acusado por qué golpeó y modificó el proyectil extraído del cuerpo del joven militante del PO. El delito de alterar o destruir pruebas prevé de un mes a cuatro años de cárcel.

 Por Irina Hauser

Roberto Jorge Locles, el perito favorito de la Unión Ferroviaria (UF) en la causa del asesinato de Mariano Ferreyra, pasó del papel de experto balístico a quedar imputado por dañar la bala que mató al militante del Partido Obrero (PO), una prueba fundamental del homicidio. El juez Alberto Baños lo citó a indagatoria para el 1º de abril en un expediente penal que se abrió a raíz de que golpeó el proyectil original y le causó modificaciones. El sorprendente episodio se produjo en medio de una junta en la que participaban también los peritos de la Gendarmería, de la Policía Federal y de la querella asignados al caso, quienes al declarar como testigos coincidieron en evaluar que la conducta de Locles no habría sido accidental.

Baños citó a Locles como sospechoso de haber alterado, destruido o inutilizado un objeto destinado a servir de prueba, delito que prevé de un mes a cuatro años de cárcel. La jueza Wilma López y el fiscal Fernando Fiszer, a cargo de la causa sobre el asesinato de Ferreyra, además habían relacionado su comportamiento con otros intentos por obstaculizar la investigación del crimen que atribuyeron a la UF. Dieron como ejemplo la presunta tentativa de sobornar a un juez de la Cámara de Casación Penal para conseguir la libertad de los primeros detenidos, como apuesta para debilitar la causa y evitar que llegara hasta José Pedraza, el titular del gremio, y a su segundo, Juan Carlos “Gallego” Fernández.

Locles había sido designado como perito de parte por la defensa de Guillermo Uño, un picaboletos que fue detenido pocos días después del asesinato de Ferreyra, señalado como integrante del grupo de choque que atacó con piedras y armas de fuego a los trabajadores tercerizados de la línea Roca y a las organizaciones que los apoyaban, entre quienes estaba el joven militante del PO. En la práctica, el perito representaba el interés de la mayoría de los acusados, que se concentraron en instalar la idea de que aunque haya habido disparos en los incidentes de Barracas no existió intención de matar. Todos los detenidos están procesados (como autores, partícipes o instigadores, según el caso) por homicidio calificado, un delito que prevé prisión perpetua. Sus abogados dicen que no hubo dolo con la ilusión de atenuar la pena en un futuro juicio oral.

En este sentido, las defensas apostaron por sacar provecho de ciertas diferencias que hubo entre las primeras pericias balísticas oficiales. Como el proyectil tenía una abolladura, la Gendarmería decía que había rebotado en el suelo antes de impactar en el abdomen del chico. La Policía Federal, en cambio, sostenía que el disparo fue directo, y que la deformación podía ser producto del roce con una costilla. Locles hizo un informe tratando de demostrar que la bala había rebotado en el piso porque no iba derecho al cuerpo. También sumó ciertos cálculos que le daban como conclusión que el disparo se había producido a una distancia corta de Ferreyra, 6,58 metros, lo que a su vez debía inducir a pesar que se había originado entre sus propios compañeros y no en la patota ferroviaria, enfoque que fue sostenido por algunos de los imputados –como el delegado Pablo Díaz, acusado de comandar el ataque– en sus indagatorias.

Frente a la falta de coincidencia entre los peritos, la jueza los convocó a una junta para que intentaran unificar criterios. Se reunieron el 22 de febrero, el mismo día que fue detenido Pedraza. Cuando los expertos de las fuerzas de seguridad y los peritos de la querella estaban llegando a un acuerdo, ocurrió la escena que se convirtió en escándalo: Locles tomó la bala original y la golpeó unas cuatro veces sobre un escritorio revestido de fórmica, según coincidieron los relatos de varios de los presentes, que se quedaron anonadados, y algunos intentaron detenerlo. La policía –que estaba encargada de custodiar la prueba– labró un acta donde decía: “Se hace constar que durante el manipuleo del proyectil extraído del cuerpo de Mariano Ferreyra por parte del licenciado Locles, le generó leves aplastamientos en parte de su ojiva”.

Apenas le informaron, la jueza López apartó a Locles del expediente e hizo la denuncia, que le tocó a Baños. Todos los testigos coincidieron en cuestiones clave: dijeron que Locles usó la bala extraída del cuerpo de Ferreyra para hacer una demostración cuando tenía otras tres o cuatro exhibidas, disponibles para ese fin; la consigna tácita habitual en estas situaciones es no utilizar la munición original, aclararon; cuando es imprescindible hacerlo, se hace con recaudos extremos. Algunos de los testimonios incluso señalaron que Locles miró bien la bala en el lugar donde la golpearía. Varios sostuvieron que una nueva pericia nunca podría dar el mismo resultado que en un comienzo teniendo en cuenta el cambio morfológico, de brillo y textura.

En la junta estuvieron presentes el inspector Juan Andrés Leguiza, de la División Balística de la Policía Federal, y los policías Edgardo Ríos, Matías Romero Ale y Martín Descalzo, todos de la división; Gonzalo Bruno Díaz y María Lastretti, de Balística de la Gendarmería, y los peritos designados por la querella de Beatriz Rial (mamá de Mariano Ferreyra), Silvia Bufalini y Diego Gómez. Leguiza llegó a decir ante el juez Baños que era “la primera vez en la historia de la División Balística” que ocurría “una cosa así”.

El juez Baños analiza si Locles quiso arruinar la prueba del homicidio de Ferreyra, si quedó inutilizada para futuros estudios periciales y si lo sucedido es parte de un intento mayor, organizado, por empiojar la investigación. Para la jueza, que ya dictó diez procesamientos, incluidos los de Pedraza y Fernández, la ruta de la bala no tendría por qué cambiar el rumbo de lo actuado en la etapa de instrucción del caso. Y está demostrado que hubo otros disparos de armas de fuego que hirieron a tres personas más, a una de ellas (Elsa Rodríguez) incluso en la cabeza, lo que le produjo severas secuelas.

Cuando lo denunció la jueza López, Locles dijo que la causa sobre el asesinato de Ferreyra estaba “armada” y le apuntó a la Policía Federal, con el argumento de que el proyectil alterado había quedado en manos de esa fuerza: “¿Y si después que yo me fui lo abollaron con un martillo?”, postuló. Al juez Baños le llevó un escrito donde decía que había actuado con normalidad durante el encuentro con los otros peritos. Pero parece que a Su Señoría el planteo no le convenció.

Mucha mancha para jefe de las comisarías

GARRE PASO A DISPONIBILIDAD A LOMPIZANO, TITULAR DE LAS 53 SECCIONALES FEDERALES DE LA CIUDAD

Estaba a cargo de la Superintendencia Metropolitana, que controla las 53 comisarías porteñas. Su teléfono aparece en el entrecruzamiento de llamadas por el crimen de Mariano Ferreyra. Sospechado, no participó en un gran operativo en prostíbulos.

 Por Horacio Cecchi, Irina Hauser y
Raúl Kollmann

La decisión de Nilda Garré duró un instante, pero la maduración llevó un par de meses cargados de antecedentes. Ayer, la ministra de Seguridad ordenó el desplazamiento y pase a disponibilidad del comisario Hugo Lompizano, superintendente de Seguridad Metropolitana de la Federal. En lenguaje coloquial, Lompizano era el jefe de todas las comisarías porteñas, lo que abre el paso a movimientos (por otra parte ya anunciados) en las cabezas de las seccionales. ¿Qué motivó semejante cambio que tendrá sus repercusiones? En octubre, durante el asesinato de Mariano Ferreyra, Lompizano estaba en la Dirección de Operaciones de la Federal. En su área se controló el video policial al que le faltaron nueve minutos de exposición, precisamente los minutos cruciales en los que se retiran los patrulleros federales y Ferreyra fue baleado. También su celular aparece mezclado en los entrecruzamientos de llamadas realizadas aquel día. El violento desalojo del Indoamericano también lo tiene, no como procesado, pero sí juntando lupas. Finalmente, Lompizano tambaleó públicamente cuando a principios de marzo, en allanamientos a unos 50 locales bailables y prostíbulos en Recoleta y Bajo Flores, se utilizaron 400 gendarmes, 200 hombres de Prefectura y ni un uniformado de la Federal: para señal de desconfianza sólo faltaba el desplazamiento. Ayer tuvo lugar.

El 20 de octubre, cuando la patota de la Unión Ferroviaria disparó sobre los tercerizados de la ex Roca dando muerte al militante del PO Mariano Ferreyra, e hiriendo a otros, los patrulleros de la comisaría 30ª y de otros destinos que se encontraban en el lugar, recibieron la orden de no intervenir. La sospecha del fiscal Fernando Fiszer que investiga el homicidio del joven militante apunta a que los federales no sólo tomaron una actitud pasiva ante el despliegue armado de los matones de la UF. También los acusa de haber “facilitado los medios para alcanzar la impunidad sobre el hecho. Permitieron que los autores huyan”, sostuvo el fiscal en el pedido de indagatoria a cinco federales. Agregó que ayudaron a que se ocultaran, perdieran o no se levantaran pruebas.

Los cinco con pedido de indagatoria fueron Luis Mansilla, jefe de Control de Líneas de la Federal; Jorge Ferreyra, jefe de la División Roca; Gastón Conti, principal de la Dirección General de Operaciones; Rolando Garay, subcomisario de la 30ª, y David Villalba, agente de División Exteriores de Video. Lompizano no figura en el pedido de indagatorias, pero sí en la lupa judicial: su número telefónico apareció en el entrecruzamiento de llamadas solicitado en aquel momento por la fiscal que inició la investigación, nada menos que Cristina Caamaño, actual viceministra de Seguridad.

Pero la sombra que le aportó el caso Ferreyra a Lompizano no termina allí. Lompizano estaba a la cabeza de la crítica Dirección General de Operaciones, donde se analizan en tiempo real los videos que la propia Federal toma de las marchas y operativos de represión. Esto se realiza en una sala de esa dirección, donde se despliegan las pantallas para seguir las imágenes, en tiempo real. Esas imágenes provienen de cámaras propias de la Federal, de hecho, uno de los pedidos de indagatoria es sobre un integrante de la División de Exteriores de Video. Durante el enfrentamiento de la patota de la UF, se realizó una de estas filmaciones que fueron observadas en tiempo real. Fiszer acusó a los federales de “evitar la obtención de imágenes directas de la zona de la gresca y cortar todo registro fílmico al momento de los disparos”. Precisamente entre las 13.33 y 13.39 simplemente no hay imágenes, la videograbadora estuvo apagada. Las imágenes de los enfrentamientos fueron provistas por la televisión. En ese período se produjeron los disparos. También, los acusó de haber utilizado medios de comunicación que no permiten el registro de contenidos (teléfonos POC, que impiden guardar conversaciones) pese a que es obligatorio dejar registrada toda comunicación. Para colmo, los audios registrados de las comunicaciones policiales, que constan en el expediente y a los que tuvo acceso Página/12, abarcan desde las 13.08 hasta las 14. Pero la grabación aportada por la Federal tiene una duración de apenas 13 minutos.

La muerte de Mariano Ferreyra marcó desde el inicio el futuro de Lompizano. Pero se fueron agregando cuestiones críticas al andar camino. En la gestión de Garré, la ocupación del Indoamericano y la violenta reacción de los federales fue la causa originaria, a partir de la cual la presidenta Cristina Fernández tomó la decisión de elevar la importancia de la política de Seguridad conformando un ministerio específico y designándola a ella a la cabeza. Las fuerzas de seguridad a excepción de la penitenciaria, fueron quitadas de la esfera de Justicia y pasadas al nuevo ministerio. Entre ellas, la Federal. Para la ocasión, Lompizano estaba a la cabeza de la Dirección de Operaciones. Y aunque la Justicia no lo investigó por lo actuado, Garré no le sacó la lupa de encima por la desastrosa participación de los uniformados.

Tanto el caso del joven militante del PO como el del Indoamericano fueron jalones de Lompizano confirmados a este diario desde los pasillos del Ministerio de Seguridad. “Pero además hablaba mal de la gestión, tiraba piedras en el camino, pateaba en contra todo el tiempo”, describió un funcionario en alguno de los pasillos del edificio sobre la calle Gelly y Obes.

Al asumir, Garré designó a Lompizano entre los nuevos superintendentes que puso en funciones después de cambiar la cabeza de la Federal, a cargo ahora de Enrique Capdevila. Pero también anunció que realizaría cambios en las comisarías. En pocas palabras, haría cirugía en las comisarías que dependían del comisario sospechado. La indefinición no podría extenderse en el tiempo a riesgo de que se transformara en una señal de endeblez hacia dentro y hacia fuera.

El 3 de marzo pasado, la jueza María Servini de Cubría ordenó una serie de allanamientos en medio centenar de boliches y prostíbulos en Recoleta y Bajo Flores. Garré le entregó 400 gendarmes y 200 prefectos. No fueron utilizados los federales. Los operativos apuntaban a la trata. “No se encontró droga ni armas ni menores –confió un investigador–. pero en un local se encontraron sobres de papel madera en los que había documentos de mujeres.” Los investigadores creen que las tenían cautivas, indicio fuerte de trata. También encontraron cuadernos con detalles de pagos a policías. Las comisarías de la zona no pudieron despegarse la sospecha de protección. La ausencia de federales en los allanamientos podría tomarse como parte de un protocolo de nitidez lógico. También podría tomarse como sospechas. Dos semanas después, Lompizano era pasado a disponibilidad, es decir, es además investigado por Asuntos Internos.

“Una pesquisa para destacar”

DIEGO MORALES, ABOGADO DEL CELS

 Por Laura Vales

“La jueza avanzó de manera escalonada, a la vez que fue complejizando la investigación. Empezó por aquello sobre lo que tenía más elementos de prueba, la patota, para pasar al rol de José Pedraza. Para poder hacerlo, encaró al tema desde una serie de aspectos. En la causa no sólo hay reunidos testimonios: hay cruce de llamados, análisis del vínculo de Pedraza con las tercerizadas, de su patrimonio, de los intentos de frenar la investigación.” Para Diego Morales, abogado del Centro de Estudios Legales y Sociales, querellante en representación de la familia de Mariano Ferreyra, es este modo de trabajo lo que resultó clave para el procesamiento.

–¿Por qué en este caso se pudo llegar a los responsables mediatos?

–Tiene que ver con la seriedad con que se encaró el proceso desde el comienzo. Esta fórmula de avanzar por etapas es un método que te permite ir subiendo. Aunque hubo presiones desde noviembre para que la jueza llamara a indagatoria a Pedraza, ella prefirió una conducta más prudente, avanzar primero sobre la patota, después sobre los dirigentes del sindicato, y ahora queda pendiente el rol que tuvo la policía. Esto, me parece, es asumir con responsabilidad la investigación. Pero aclaro que estamos terminado de leer el fallo y ésta es una primera mirada. Hay que analizarlo con más tiempo.

–En todo caso, el procesamiento muestra que se puede determinar que hubo un responsable político sin tener grabado el momento en el que da la orden.

–Uno puede construir a partir de otras pruebas. La jueza para rechazar el pedido de excarcelación de Pedraza señaló que se sospecha que un perito (Roberto Locles) participó en la destrucción de pruebas fundamentales para el caso, como la bala que mató a Mariano. También tuvo en cuenta que existe una investigación para determinar si existió un intento de coima a un juez de la Cámara de Casación. Son indicios que dicen mucho. ¿Cuál era el interés de Pedraza o de Fernández en que la investigación no siguiera? Evidentemente, que no avanzara sobre ellos. Este modo de avanzar me parece muy relevante, porque en la Argentina, lamentablemente, hemos tenido muchas causas que no investigaron hacia arriba. Hay toda una clave en esto de fortalecerse escalonadamente y avanzar hacia arriba a partir de indicios que se van sumando. La jueza empezó por aquello sobre lo que tenía mayores elementos de prueba, de manera testimonial, como las declaraciones de los compañeros de Ferreyra, los vecinos del lugar, otros ferroviarios que decidieron hablar porque no estuvieron de acuerdo con la decisión de la patota de matar a Mariano. Luego complejizó su investigación, hizo cruces de llamadas, análisis de comunicaciones, investigación sobre el patrimonio, análisis de los vínculos de Pedraza con las empresas tercerizadas. Hay una suma de indicios, esto es un dato relevante para futuras investigaciones judiciales, una forma de pesquisa para destacar.

–Como querellante, ¿qué medidas de prueba considera pendientes?

–Las que permitan cerrar el círculo entre la patota, la Unión Ferroviaria, la connivencia policial y los funcionarios estatales. Se habla de la posible participación en esto de la Ugofe (la empresa que administra el ramal, con participación privada y estatal). Habría que profundizar la investigación sobre estos nexos entre la patota, la Unión Ferroviaria y la posible complicidad de agentes estatales.

Pedraza sólo tiene la prisión como futuro

EL LIDER DE LA UNION FERROVIARIA FUE PROCESADO Y SEGUIRA PRESO POR EL HOMICIDIO DEL MILITANTE DEL PO MARIANO FERREYRA

La jueza Wilma López consideró que el titular de la UF y su segundo, Juan Carlos “El Gallego” Fernández, actuaron como instigadores de la patota que corrió a los tiros a los trabajadores tercerizados y asesinó a Ferreyra. Los vínculos del sindicato con las cooperativas.

 Por Irina Hauser

El titular de la Unión Ferroviaria (UF), José Pedraza, seguirá preso, pero ahora procesado por haber instigado el homicidio calificado de Mariano Ferreyra y los hechos de violencia que lo rodearon. Ese delito, que prevé una pena de prisión perpetua, también alcanza al número dos del gremio, Juan Carlos “Gallego” Fernández. Así lo resolvió la jueza Wilma López, quien sostuvo que tuvieron un papel determinante en la acción “planeada y consensuada” de la patota que atacó la protesta de trabajadores tercerizados de la línea Roca, mató al militante del Partido Obrero y produjo decenas de heridos. El propósito, sostuvo, no era sólo “evitar el corte de vías” y “aleccionar a los tercerizados” para que no reiteren el reclamo, sino también “perpetrar” su “poder hegemónico”, “político y económico” como máximas autoridades”. De ahí, señaló la magistrada, el empeño en impedir el ingreso de los subcontratados a planta permanente, ya que eran una amenaza a ese poderío que llevaba una década sin oposición. A lo que se sumaba un interés directo de seguir gozando del “beneficio patrimonial derivado de la explotación” de la Cooperativa Unión de Trabajadores del Mercosur, a la que están estrechamente ligados.

La jueza evaluó un conjunto de pruebas que la llevaron a convencerse de la culpabilidad de Pedraza y Fernández –a quienes además les embargó 500 mil pesos–, empezando por las comunicaciones que mantuvieron el día del asesinato con el delegado Pablo Díaz, que coordinaba al grupo de choque en el lugar de los hechos, en Barracas; la vinculación con al menos una de las empresas tercerizadas y el control de otros negocios ferroviarios, como la explotación del Belgrano Cargas; el interés, desde un inicio, por lo que sucedía con quienes iban quedando imputados en la causa: tres días después del asesinato, Fernández, por ejemplo, se reunió con otros delegados y un abogado del gremio en un club de Adrogué (allí fue detenido Pablo Díaz); en el caso de Pedraza, la jueza destaca su intervención en la gestión de un presunto soborno a un juez de la Cámara de Casación para que liberara a los siete matones detenidos en un comienzo.

La magistrada también procesó ayer, como partícipe necesario, al delegado Claudio Alcorcel –de los Talleres de Remedios de Escalada–, quien funcionó como nexo con el barrabrava de Defensa y Justicia Cristian Favale, a quien llevó al lugar de los hechos y a reunirse con Díaz. Favale está procesado como uno de los tiradores junto con Gabriel “Payaso” Sánchez. El primero no era ferroviario, sólo aspiraba a serlo, y llevó a otro grupo de personas ajenas al sector, un indicador, según López, de que la contramarcha contra los tercerizados “no era espontánea”. Además, señala en el fallo, “no se explica cómo Sánchez y Favale hubieron de disparar porque de por sí no tenían motivo alguno para perpetrar con sus conductas el aleccionamiento. Favale ni siquiera era empleado ferroviario y Sánchez, aunque sí lo es, manifestó que nada tenía que ver con la UF”.

Contactos

En este punto, la resolución analiza las llamadas que intercambiaron Fernández y Díaz, que coordinaba a la patota. Para la jueza, Pedraza también participó de esos contactos, ya que estaba junto a Fernández en la sede de la UF, donde había un congreso. Las comunicaciones fueron sucesivas, por lo menos siete, durante la mañana y el mediodía. Hay dos que son sugestivas: a las 9.30, inmediatamente después de cortar con Fernández, Díaz habla con Favale; a las 13.23, Díaz y Fernández volvieron a hablar y cerca de esa hora no sólo se situaron los disparos, sino que un testigo oyó al delegado dar la orden de “sacar los fierros”. El delegado también habría recibido por handy la directiva de Fernández de retirarse. Fernández y Pedraza siguieron comunicados por teléfono todo el día.

“A través de estas numerosas comunicaciones telefónicas fue que Juan Carlos Fernández, junto a José Angel Pedraza, pudieron implantar en Favale y Sánchez, a través de Pablo Marcelo Díaz, las motivaciones que los llevaron a disparar contra los manifestantes provocando la muerte de Mariano Ferreyra y las lesiones de Nelson Aguirre, Elsa Rodríguez y Ariel Pintos”, resume el documento judicial parte de la responsabilidad de los dirigentes. Destaca que Pedraza, al ser indagado, reconoció a Fernández como su “amigo y hombre de confianza”. Junto a él, concluye, “impartió las órdenes necesarias para la configuración de una fuerza de choque” que “concurra al lugar con armas de fuego, las disparen contra los manifestantes y desistan del corte de vías”.

Interés económico

“Pedraza no sólo se desempeña como un representante gremial, sino que en su figura convive el rol de empresario ferroviario. Ambas funciones, incompatibles entre sí, lo llevaron a que el día 20 de octubre del año 2010 determinara a un grupo de empleados ferroviarios (apoyados por una fuerza de choque externa) a aleccionar a los tercerizados para de esta forma conservar su poder político”, describe la jueza López al histórico dirigente ferroviario. Y agrega: “En definitiva, este es el interés que motivó al imputado a tratar de impedir a cualquier costo las manifestaciones de los tercerizados”.

La jueza abona una hipótesis planteada desde la fiscalía a cargo de Fernando Fiszer según la cual “al impedir la incorporación de los trabajadores tercerizados se evitaba el ingreso de un número importante de obreros potencialmente contrarios a los intereses de la dirigencia de la UF” y esto, a su vez, le permitía al gremio “sostener el beneficio patrimonial derivado de la explotación de la Cooperativa de Trabajo Unión del Mercosur, que presta servicios para Ugofe”, la Unidad de Gestión Operativa de Emergencia que administra las líneas Roca, Belgrano Sur y San Martín bajo tutela estatal. La pesquisa también vincula al sindicato con otras empresas que tercerizan servicios como All Mesopotámica, Viluco, la Sociedad Operadora de Emergencia (SOE), que administra los fondos del Belgrano Cargas.

La jueza razona que el poder de Pedraza, al frente de la UF desde 1994, se construye en buena medida a través del manejo del ingreso de trabajadores a las distintas empresas ferroviarias, algo que se vislumbraba en posible jaque con la regularización de los tercerizados. “De esta forma se asegura la fidelidad política”, señala. El “triunvirato de entidades de extracción empresaria” en que Pedraza basa ese dominio está formado, señala el juzgado, por Belgrano Cargas S.A, la Cooperativa del Mercosur y la propia UF. Con las dos primeras, advierte, parte de la vinculación está dada a través de su esposa, Graciela Coria, directora de Belgrano Cargas. Ella misma es la dueña de una de las dependencias donde funciona la tercerizada, donde no sólo recibe correspondencia, sino que además su hermana Silvia Coria es la tesorera, su sobrino Maximiliano es empleado y el consejo de administración está conformado, íntegro, por los más estrechos colaboradores de Pedraza en la UF, desde el secretario de Comunicaciones, Raúl Castellano, hasta el de Finanzas, Armando Matarazzo. La investigación judicial, además, pone en evidencia que entre las tercerizadas del Roca, la Unión del Mercosur es la que más dinero venía recibiendo de Ugofe, algo más de 12 millones de pesos en el último semestre por mantenimiento de vías, limpieza y desmalezamiento. El fallo señala que los sueldos de todos los ferroviarios se pagan con recursos del Estado, pero para los tercerizados el ingreso es “sensiblemente menor” (cobran menos de la mitad que un empleado de planta).

Sobornos y algo más

El fallo cita las “sugestivas escuchas” en las que el mismo Pedraza aparece envuelto en la gestión de una coima para liberar a los patoteros detenidos desde fin de octubre. Ofrece “todo lo que esté a su alcance” para dar “asistencia” a los detenidos, con un seguimiento “personal y permanente”. En la misma tónica la magistrada se refiere a una reunión que tuvieron en el Club Brown Viejo varios dirigentes ferroviarios, el abogado Juan Araya y Fernández tres días después del crimen de Ferreyra. Era en Adrogué, cerca de la casa de Fernández, pero lejos de los lugares habituales de reunión de los sindicalistas. “Seguramente allí decidieron cómo proceder en lo sucesivo”, dice la jueza.

López concluye que tanto Fernández como Pedraza se involucraron en forma directa con el seguimiento del caso, porque estaban implicados.

Con los peritos de punta

Los dos peritos policiales dijeron que nunca en su carrera habían visto un especialista actuar como Locles, quien golpeó y alteró la bala que mató a Mariano Ferreyra. La Justicia investiga ahora si actuó de forma premeditada.

 Por Irina Hauser

Dos especialistas de la División Balística de la Policía Federal dejaron mal parado al perito Roberto Jorge Locles al declarar ayer como testigos en el juzgado de Alberto Baños, donde confirmaron que golpeó y alteró la bala que mató a Mariano Ferreyra, una evidencia fundamental en la investigación del crimen. Aquel episodio ocurrió en medio de una junta de peritos, la semana pasada, y se abrió una causa penal por destrucción o sustracción de medios de prueba. Ahora, la Justicia analiza si la conducta de Locles, quien representaba el interés de la mayoría de los integrantes de la patota de la Unión Ferroviaria (UF) en el expediente del homicidio, fue premeditada.

“Es la primera vez en la historia de la División Balística que pasa una cosa así”, dijo el inspector Juan Andrés Leguiza, al declarar bajo juramento ante el juez Baños, según pudo reconstruir Página/12. El policía, que presenció la desconcertante escena, comentó que lleva doce años en esa dependencia y que el mismo comentario sobre lo anómalo de la situación era compartido por colegas suyos que están allí desde hace tres décadas. Leguiza contó que Locles quería insistir con la teoría de que el proyectil había rebotado sobre una superficie dura antes de impactar en el abdomen de Mariano. Y dejó a todos los presentes anonadados cuando agarró la bala y la golpeteó sobre un escritorio revestido de fórmica. Según describió el testigo, había otras balas exhibidas como para que usara quien quisiera hacer una demostración. Es lo habitual, señaló, para evitar modificar las pruebas en pleno estudio. Pero Locles usó la original.

La reunión de peritos, que había sido ordenada por la jueza Wilma López –quien investiga el homicidio del militante del Partido Obrero–, tenía el propósito de que unificaran criterios, ya que la pericia de Gendarmería sostenía que la bala rebotó en algo que podría ser el suelo y la de la Policía Federal decía que el disparo fue directo. Locles insistía con la primera hipótesis, que los imputados pretenden usar para decir que si hubo disparos, no existió la intención de matar. Lo que generó las discrepancias fue que el proyectil, apenas fue extraído, presentaba una abolladura. Cuando los peritos de ambas fuerzas y de la querella estaban cerca de consensuar un informe que podría incluir las dos teorías (contemplando que el rebote, por ejemplo, pudo haber sido con un hueso del joven), se produjo el incidente con Locles.

El perito, que oficialmente representaba a Guillermo Uño –uno de los ferroviarios detenidos–, aunque lo avalaba la mayoría de las defensas, sostuvo que él “apoyó” la bala. “Pero vamos a suponer que se haya golpeado –añadió–; no se puede deformar por ese medio un proyectil de plomo y antimonio, que perfora la puerta de un coche.” Luego apuntó a la Policía Federal: “¿Y si después que me fui la abollaron con un martillo?”, preguntó. “La causa está armada”, dijo.

El inspector Leguiza explicó ayer ante el juez que decidió labrar un acta porque a su entender el plomo quedó alterado. “Durante el manipuleo del proyectil (...) por parte del licenciado Locles, le generó leves aplastamientos en parte de su ojiva”, decía el documento. Las pericias fundamentales sobre la bala ya se hicieron, lo que hace suponer que no se debería modificar el rumbo de la causa, donde hay diez detenidos. Lo que Leguiza aseguró en tribunales es que si hoy tuvieran que hacer el primer estudio pericial, el resultado seguramente sería otro porque los cambios de textura y brillo de la munición, dijo, son notables.

Otro subinspector que estaba en la junta de peritos hizo un relato casi idéntico al dar testimonio en el juzgado de Baños. Entre hoy y el viernes declararán otros policías, peritos de la Gendarmería y de la querella de la mamá de Mariano Ferreyra. El juez intentará establecer si hubo intención de parte de Locles de destruir la prueba, si la bala quedó afectada o inutilizada y si lo ocurrido acaso forma parte de un intento mayor –que incluya a otras personas– de embarrar la cancha en la causa en la que se investiga el ataque de la patota de la UF a trabajadores tercerizados y organizaciones sociales, donde mataron al joven militante y balearon a otras tres personas.

Para esto, Baños sumará como pruebas algunas escuchas telefónicas que forman parte de la investigación de la jueza López, de donde surgirían sospechas de que la actuación de Locles no habría sido accidental. El hecho incluso fue uno de los factores señalados por la magistrada al denegarle la excarcelación al líder de la UF, José Pedraza, como ejemplo de que desde el gremio ya habrían intentado entorpecer del expediente.

Sin las comodidades de Puerto Madero

López consideró que, si lo dejaba libre, Pedraza podría buscar eludir la acción de la Justicia. Lo señaló como involucrado en un intento de soborno a un camarista. También dispuso que sigan detenidos el Gallego Fernández y Alcorcel.

 Por Irina Hauser

El titular de la Unión Ferroviaria (UF), José Pedraza, recibió ayer una doble mala noticia: no sólo porque la jueza Wilma López le denegó la excarcelación por el homicidio de Mariano Ferreyra, sino porque al hacerlo lo señaló como involucrado en la investigación del intento de soborno a un camarista de la Cámara de Casación Penal para que liberara a los integrantes de la patota de su gremio presos desde octubre por el crimen. La magistrada también dispuso que sigan detenidos Juan Carlos “Gallego” Fernández, número dos del sindicato, y el delegado Claudio Alcorcel.

La UF intentó durante el día ejercer la máxima presión para conseguir la libertad de los dirigentes ferroviarios con el anuncio de un paro en la mayoría de los ramales (ver página 2). Pero la jueza, al atardecer, rechazó excarcelarlos con el argumento de que podrían entorpecer el avance de la investigación, que aún está en pleno de-sarrollo, y tuvo en cuenta las reiteradas amenazas sufridas por varios de los testigos que permitieron reconstruir los sucesos y de las que incluso fue blanco la fiscal inicial del caso, Cristina Caamaño, actual viceministra de Seguridad. También sostuvo que existe peligro de que se fuguen, según informaron allegados a la causa. El defensor de los tres ferroviarios, Carlos Froment, ya anunció que apelará la medida.

Instigadores

Al resolver, López puso una calificación penal provisoria, que describe a Pedraza, Fernández y también a Alcorcel como presuntos instigadores y organizadores de “un emprendimiento criminal previamente acordado” con quienes integraron la patota que atacó con palos, piedras y armas de fuego a un grupo de trabajadores ferroviarios tercerizados y agrupaciones sociales que reclamaban puestos de trabajo en planta. Pretendía ser un gesto “aleccionador” para que no volvieran a intentar cortar las vías, determinó la magistrada, quien les imputó el homicidio calificado de Mariano Ferreyra, la tentativa de homicidio de Elsa Rodríguez, Nelson Aguirre y Ariel Pintos (heridos de bala) y lesiones sufridas por otra decena de personas. Todavía, de todos modos, tiene que decidir si los procesa por esos delitos, que prevén penas de prisión perpetua.

El punto más revelador de la resolución de ayer es el que señala como agravante, al negarles la libertad a Pedraza y el Gallego Fernández, el hecho de que aparecen bajo sospecha en una causa que tramita aparte, donde se investiga la tentativa de comprar el voto del camarista de Casación Eduardo Riggi, con el fin de que dejara en libertad a integrantes de la fuerza de choque procesados como autores materiales del asesinato de Mariano y el ataque a los tercerizados. En rigor, ese expediente se inició por una denuncia de la propia jueza López, quien descubrió las aparentes tratativas para el soborno en las escuchas telefónicas que había ordenado en la pesquisa del crimen de Ferreyra.

Todo hace pensar, según especulan los habitués de Tribunales al atar cabos, que los teléfonos que estaban siendo escuchados, al menos algunos, eran los de Pedraza. En las gestiones aparecerían implicados –según confirmaron allegados al expediente– el ex juez subrogante Octavio Aráoz de Lamadrid, quien actuaba como abogado defensor de uno de los detenidos (el picaboletos Guillermo Uño) y un intermediario que sería cercano a la UF, Juan José Riquelme. El camarista de Casación, al parecer, era mencionado por su nombre de pila. Lo que todo el mundo sabe en Tribunales es que Aráoz de Lamadrid fue su secretario letrado y tenían una relación de mucha confianza.

Un dato que le daba verosimilitud a lo que surgía de las conversaciones registradas era que, en efecto, cuatro de los imputados –los barrabravas Cristian Favale y Gabriel “Payaso” Sánchez y los delegados Pablo Díaz y Jorge González– habían recurrido a Casación a fin de año para reclamar que los excarcelaran. Más adelante se sumó Uño. El juez Riggi estaba de turno la primera quincena de enero. Pero al parecer ya circulaban rumores de presuntas irregularidades y, al final, resolvieron los jueces de turno de la segunda quincena, que los dejaron a todos presos. Aun así, presentaron otros recursos ante la misma Cámara pidiendo que revise los procesamientos por homicidio con prisión preventiva.

El sorteo se hizo el 26 de enero y le tocó la causa a la Sala III, que casualmente integra Riggi. El magistrado, finalmente, se excusó por razones de decoro la semana pasada, mientras avanza la causa que quedó caratulada como posible “tráfico de influencias”. Como el tema salió a la luz, cuando le allanaron el estudio a Aráoz de Lamadrid, la coima –si es que iba a existir– no llegó a concretarse. La Policía Federal incluso incautó fajos de billetes en sus oficinas para analizar su origen. Según versiones provenientes de esa fuerza, serían 50 mil dólares.

Agravantes

El juez que tiene el caso es Luis Osvaldo Rodríguez, aunque en estos días circulan fuertes versiones de que se declararía incompetente y se la devolvería a la jueza López, ya que se encontraría en directa relación con la causa sobre el asesinato de Mariano. Una pista al respecto se la dio la propia magistrada a Pedraza, cuando le preguntó si conocía a Riquelme, el aparente gestor en la cocina del soborno, y la respuesta del dirigente sindical fue un “sí”.

¿Por qué le podía interesar a Pedraza que los acusados, integrantes de la patota, salieran en libertad? Podría pensarse que era una forma de debilitar la causa y poner en entredicho la decisión judicial de mantenerlos presos, una medida que ya se sabía que podía tocar también a él, cuya indagatoria había sido pedida por primera vez en noviembre por la fiscalía.

Esta posible relación de Pedraza con el intento de soborno fue planteada por la mañana como agravante en el dictamen del fiscal Fernando Fiszer, quien además definió la causa judicial sobre la patota ferroviaria y el asesinato del militante del Partido Obrero (PO) como un asunto de “gravedad institucional” que “perturba el sentimiento de la seguridad de todos y puede afectar las justas exigencias del bien común de una sociedad democrática”.

Fiszer sostiene que está comprobado que Pedraza y Fernández estaban “conectados y coordinados” con el delegado Díaz, quien comandaba la patota en pleno ataque a los tercerizados y las agrupaciones que los apoyaban, “en el mismo momento en que los acontecimientos se desarrollaban”. Fernández hablaba por teléfono con Díaz, mientras se encontraba con Pedraza en la sede del gremio. Según el fiscal, ellos “organizaron” el grupo de choque “prometiendo en cada caso un rédito económico”.

Como reveló Página/12, los allanamientos en la casa de Pedraza, de Fernández, en el gremio y en la Cooperativa Unión de Trabajadores del Mercosur precipitaron las detenciones. En el sindicato habrían encontrado ropa utilizada por integrantes de la patota. También pruebas del vínculo de Pedraza y su entorno con la cooperativa, que es una de las tercerizadas utilizadas para contratar a los ferroviarios con bajos salarios. De hecho, en la indagatoria Pedraza reconoció esa relación. Para la Justicia podría ser un elemento que explique el interés por atacar a quienes cuestionaban ese modelo de precarización laboral.

“Estamos intentando llegar a las entrañas de lo que aparece como una compleja organización cuyo alcance a la fecha no se puede precisar”, afirmó Fiszer en su dictamen de ayer. Lo que es evidente es que la presunta vinculación de Pedraza con un soborno ligado a este caso reforzaría las sospechas sobre papel en los hechos.

Un gremialista de los dos lados del mostrador

José Pedraza dijo en su indagatoria que, inclusive, fue presidente de la empresa tercerizada. Consideró que su detención tiene “motivaciones políticas” y aseguró que se enteró por televisión del “trágico episodio” del asesinato de Mariano Ferreyra.

 Por Irina Hauser

Ya era de noche cuando José Pedraza, el titular de la Unión Ferroviaria (UF), escuchó la lectura de los cargos en su contra, que lo involucran en la organización de la patota que el 20 de octubre último atacó a un grupo de trabajadores tercerizados de la línea Roca y mató a Mariano Ferreyra. “Es todo falso”, dijo, sentado en el despacho de la jueza Wilma López. Luego espetó que su detención tiene “motivaciones políticas”, pero admitió su vínculo con la Unión de Trabajadores del Mercosur –la cooperativa que, según pudo comprobar la Justicia, es manejada por los más estrechos colaboradores de Pedraza– y con otras empresas tercerizadas, cuyos empleados reclamaban ese día puestos permanentes y derechos laborales básicos. Su abogado solicitó ayer por la tarde que lo excarcelen, y lo mismo pidió para el número dos del gremio, Juan Carlos “Gallego” Fernández, quien reconoció que desde la sede de la UF se comunicó con el delegado Pablo Díaz, quien daba instrucciones a los matones en el lugar de los hechos, aunque dijo que le parecía “lógico”. El juzgado terminará de analizar hoy el pedido.

Pedraza no sólo admitió su relación con la Cooperativa Unión de Trabajadores del Mercosur, sino que incluso dijo haberla presidido –según allegados a la causa– y reconoció su cercanía a otras. Según le explicó a la jueza, las cooperativas se crearon para darle trabajo a gente que de otro modo no lo tendría. Y sostuvo que el gremio venía pidiendo a Ugofe la equiparación de los salarios de los tercerizados con los trabajadores de planta, que los duplican.

Una gran cantidad de preguntas en la indagatoria a Pedraza aludieron a su relación con las empresas que tercerizan las contrataciones de empleados ferroviarios, con lo cual les pagan salarios más bajos, quedan fuera de convenio (o los incluyen en convenios más baratos como el de la Uocra) y sin derechos elementales como vacaciones y aguinaldo. De hecho, uno de los factores que precipitaron la decisión de la jueza de detener e indagar a Pedraza fue el resultado de allanamientos en su casa y en la Cooperativa Unión de Trabajadores del Mercosur, que terceriza a empleados de limpieza y mantenimiento de vías. Como reveló Página/12, López buscaba el posible “móvil” del accionar de la patota de la UF y el asesinato de Mariano. Encontró documentación que confirma que a esa cooperativa la manejan, como directivos, los más estrechos colaboradores de Pedraza y que su hijo dispondría allí de una oficina. Esto podría explicar el interés por mantener este modelo de precarización laboral aunque afecte a sus propios agremiados.

Pedraza y Fernández siguen detenidos, alojados en el penal de Ezeiza. Al exponerles de qué se los acusa, la jueza fue contundente: “Haber participado de un emprendimiento criminal previamente acordado con el resto de los imputados para impedir a un grupo de manifestantes que cortaran las vías” y para “aleccionarlos” de modo que no volvieran a intentar interrumpir el servicio de trenes. Las indagatorias y detenciones habían sido solicitadas por el fiscal Fernando Fiszer hace dos semanas. A su entender, ambos dirigentes “instigaron y organizaron” la fuerza de choque que agredió, con piedras, palos y armas de fuego, a los tercerizados y las agrupaciones que los apoyaban en su reclamo de puestos de trabajo de planta. En medio de esa embestida mataron a Mariano, militante del Partido Obrero (PO), e hirieron a balazos a tres personas.

Una de las evidencias en las que se basó la fiscalía surgió del entrecruzamiento de llamados telefónicos y la ubicación de los celulares, que dan cuenta de que el delegado Díaz “se comunicaba permanentemente” desde Barracas, donde daba directivas a los agresores, con Fernández, que se encontraba en la sede del gremio junto con Pedraza. “Estaban conectados en el mismo momento en el que los acontecimientos se desarrollaban”, sostuvo Fiszer.

Durante la indagatoria, que fue el martes a la noche y duró unas cuatro horas, Pedraza dijo que mientras se producía la gresca él estaba en la UF, en Independencia 2880, porque allí había un congreso organizado por la revista Rieles y que recién “tomó conocimiento después del mediodía”, al ver la televisión, de lo que llamó “el trágico episodio”, contaron allegados a su defensa. Sabía, agregó, que se iba a realizar un corte de vías y dijo que le había avisado al secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, con la aclaración de que el sindicato no pensaba intervenir. “Desconozco por qué se produjeron estos hechos.” En toda la historia de más de ochenta años de la UF, insistió, nunca pasó una cosa así, “impensada”. A su vez intentó victimizarse al decir que estuvo preso seis meses a disposición del Poder Ejecutivo durante la dictadura de Juan Carlos Onganía por el impulso de un movimiento dentro de la CGT, y que en su trayectoria siempre defendió a los trabajadores.

Pedraza aseguró que no conoce a ninguno de los hombres que están detenidos desde fines de octubre por el homicidio, excepto al delegado Díaz con quien, de todos modos, dijo que tampoco habló. Fernández, en cambio, reconoció haber hablado al menos cuatro veces durante los incidentes. Sostuvo que le parecía “lógico hablar con cualquier compañero” en relación con “una manifestación que se hubiera organizado espontáneamente” por un “problema de corte de vías”.

La supuesta espontaneidad de los acontecimientos quedó totalmente descartada en el expediente, tanto por conclusiones de la jueza López como de la Cámara del Crimen en función de un dato elocuente: uno de los atacantes, Cristian Favale, no era ferroviario sino un barrabrava del club Defensa y Justicia que, además, llevó su propio grupo de gente a la emboscada integrado por personas que –según consta en la causa– tampoco eran ferroviarios. Favale estaba tramitando su ingreso al Roca a través de la Unidad de la Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia (Ugofe), con recomendación del Gallego Fernández. Según la fiscalía, el reclutamiento de la patota se hizo a cambio de promesas de “rédito económico”, mejoras laborales y puestos de trabajo para familiares. Otro dato que daría cuenta de la existencia de un plan es que el corte de los tercerizados no se concretó, por el apriete del grupo de la UF, que se alzó sobre ellos en el momento en que se retiraban.

A Favale y Gabriel “Payaso” Sánchez, barra de Racing y empleado ferroviario, se los acusa de haber efectuado los disparos. Fernández también se despegó de ellos, y de otros cuatro detenidos: el picaboletos Guillermo Uño, el portero de los talleres de Remedios de Escalada Juan Carlos Pérez, el delegado Jorge González y el empleado Salvador Pipitó. El tercer detenido, el delegado Claudio Alcorcel, de los talleres de Remedios de Escalada, negó –como se le imputa– haber ido al lugar del crimen con Favale, con quien además tuvo contactos por radio por esas horas. Dijo que a Favale lo había visto el 7 de octubre en el acto de River Plate organizado por el líder de la CGT, Hugo Moyano.

Pedraza pidió ayer a la tarde la excarcelación con el argumento de que “no existe peligro de fuga” ni de que entorpezca la investigación. Sostuvo que no tiene antecedentes penales, que tiene “arraigo, domicilio cierto y familia constituida”. En términos similares Fernández pidió el mismo beneficio. La jueza tiene 24 horas para resolver. Hasta ahora su criterio con el resto de los imputados ha sido rechazar los planteos para recuperar la libertad.