EL LIDER DE LA UNION FERROVIARIA FUE PROCESADO Y SEGUIRA PRESO POR EL HOMICIDIO DEL MILITANTE DEL PO MARIANO FERREYRA
La jueza Wilma López consideró que el titular de la UF y su segundo, Juan Carlos “El Gallego” Fernández, actuaron como instigadores de la patota que corrió a los tiros a los trabajadores tercerizados y asesinó a Ferreyra. Los vínculos del sindicato con las cooperativas.
El titular de la Unión Ferroviaria (UF), José Pedraza, seguirá preso, pero ahora procesado por haber instigado el homicidio calificado de Mariano Ferreyra y los hechos de violencia que lo rodearon. Ese delito, que prevé una pena de prisión perpetua, también alcanza al número dos del gremio, Juan Carlos “Gallego” Fernández. Así lo resolvió la jueza Wilma López, quien sostuvo que tuvieron un papel determinante en la acción “planeada y consensuada” de la patota que atacó la protesta de trabajadores tercerizados de la línea Roca, mató al militante del Partido Obrero y produjo decenas de heridos. El propósito, sostuvo, no era sólo “evitar el corte de vías” y “aleccionar a los tercerizados” para que no reiteren el reclamo, sino también “perpetrar” su “poder hegemónico”, “político y económico” como máximas autoridades”. De ahí, señaló la magistrada, el empeño en impedir el ingreso de los subcontratados a planta permanente, ya que eran una amenaza a ese poderío que llevaba una década sin oposición. A lo que se sumaba un interés directo de seguir gozando del “beneficio patrimonial derivado de la explotación” de la Cooperativa Unión de Trabajadores del Mercosur, a la que están estrechamente ligados.
La jueza evaluó un conjunto de pruebas que la llevaron a convencerse de la culpabilidad de Pedraza y Fernández –a quienes además les embargó 500 mil pesos–, empezando por las comunicaciones que mantuvieron el día del asesinato con el delegado Pablo Díaz, que coordinaba al grupo de choque en el lugar de los hechos, en Barracas; la vinculación con al menos una de las empresas tercerizadas y el control de otros negocios ferroviarios, como la explotación del Belgrano Cargas; el interés, desde un inicio, por lo que sucedía con quienes iban quedando imputados en la causa: tres días después del asesinato, Fernández, por ejemplo, se reunió con otros delegados y un abogado del gremio en un club de Adrogué (allí fue detenido Pablo Díaz); en el caso de Pedraza, la jueza destaca su intervención en la gestión de un presunto soborno a un juez de la Cámara de Casación para que liberara a los siete matones detenidos en un comienzo.
La magistrada también procesó ayer, como partícipe necesario, al delegado Claudio Alcorcel –de los Talleres de Remedios de Escalada–, quien funcionó como nexo con el barrabrava de Defensa y Justicia Cristian Favale, a quien llevó al lugar de los hechos y a reunirse con Díaz. Favale está procesado como uno de los tiradores junto con Gabriel “Payaso” Sánchez. El primero no era ferroviario, sólo aspiraba a serlo, y llevó a otro grupo de personas ajenas al sector, un indicador, según López, de que la contramarcha contra los tercerizados “no era espontánea”. Además, señala en el fallo, “no se explica cómo Sánchez y Favale hubieron de disparar porque de por sí no tenían motivo alguno para perpetrar con sus conductas el aleccionamiento. Favale ni siquiera era empleado ferroviario y Sánchez, aunque sí lo es, manifestó que nada tenía que ver con la UF”.
Contactos
En este punto, la resolución analiza las llamadas que intercambiaron Fernández y Díaz, que coordinaba a la patota. Para la jueza, Pedraza también participó de esos contactos, ya que estaba junto a Fernández en la sede de la UF, donde había un congreso. Las comunicaciones fueron sucesivas, por lo menos siete, durante la mañana y el mediodía. Hay dos que son sugestivas: a las 9.30, inmediatamente después de cortar con Fernández, Díaz habla con Favale; a las 13.23, Díaz y Fernández volvieron a hablar y cerca de esa hora no sólo se situaron los disparos, sino que un testigo oyó al delegado dar la orden de “sacar los fierros”. El delegado también habría recibido por handy la directiva de Fernández de retirarse. Fernández y Pedraza siguieron comunicados por teléfono todo el día.
“A través de estas numerosas comunicaciones telefónicas fue que Juan Carlos Fernández, junto a José Angel Pedraza, pudieron implantar en Favale y Sánchez, a través de Pablo Marcelo Díaz, las motivaciones que los llevaron a disparar contra los manifestantes provocando la muerte de Mariano Ferreyra y las lesiones de Nelson Aguirre, Elsa Rodríguez y Ariel Pintos”, resume el documento judicial parte de la responsabilidad de los dirigentes. Destaca que Pedraza, al ser indagado, reconoció a Fernández como su “amigo y hombre de confianza”. Junto a él, concluye, “impartió las órdenes necesarias para la configuración de una fuerza de choque” que “concurra al lugar con armas de fuego, las disparen contra los manifestantes y desistan del corte de vías”.
Interés económico
“Pedraza no sólo se desempeña como un representante gremial, sino que en su figura convive el rol de empresario ferroviario. Ambas funciones, incompatibles entre sí, lo llevaron a que el día 20 de octubre del año 2010 determinara a un grupo de empleados ferroviarios (apoyados por una fuerza de choque externa) a aleccionar a los tercerizados para de esta forma conservar su poder político”, describe la jueza López al histórico dirigente ferroviario. Y agrega: “En definitiva, este es el interés que motivó al imputado a tratar de impedir a cualquier costo las manifestaciones de los tercerizados”.
La jueza abona una hipótesis planteada desde la fiscalía a cargo de Fernando Fiszer según la cual “al impedir la incorporación de los trabajadores tercerizados se evitaba el ingreso de un número importante de obreros potencialmente contrarios a los intereses de la dirigencia de la UF” y esto, a su vez, le permitía al gremio “sostener el beneficio patrimonial derivado de la explotación de la Cooperativa de Trabajo Unión del Mercosur, que presta servicios para Ugofe”, la Unidad de Gestión Operativa de Emergencia que administra las líneas Roca, Belgrano Sur y San Martín bajo tutela estatal. La pesquisa también vincula al sindicato con otras empresas que tercerizan servicios como All Mesopotámica, Viluco, la Sociedad Operadora de Emergencia (SOE), que administra los fondos del Belgrano Cargas.
La jueza razona que el poder de Pedraza, al frente de la UF desde 1994, se construye en buena medida a través del manejo del ingreso de trabajadores a las distintas empresas ferroviarias, algo que se vislumbraba en posible jaque con la regularización de los tercerizados. “De esta forma se asegura la fidelidad política”, señala. El “triunvirato de entidades de extracción empresaria” en que Pedraza basa ese dominio está formado, señala el juzgado, por Belgrano Cargas S.A, la Cooperativa del Mercosur y la propia UF. Con las dos primeras, advierte, parte de la vinculación está dada a través de su esposa, Graciela Coria, directora de Belgrano Cargas. Ella misma es la dueña de una de las dependencias donde funciona la tercerizada, donde no sólo recibe correspondencia, sino que además su hermana Silvia Coria es la tesorera, su sobrino Maximiliano es empleado y el consejo de administración está conformado, íntegro, por los más estrechos colaboradores de Pedraza en la UF, desde el secretario de Comunicaciones, Raúl Castellano, hasta el de Finanzas, Armando Matarazzo. La investigación judicial, además, pone en evidencia que entre las tercerizadas del Roca, la Unión del Mercosur es la que más dinero venía recibiendo de Ugofe, algo más de 12 millones de pesos en el último semestre por mantenimiento de vías, limpieza y desmalezamiento. El fallo señala que los sueldos de todos los ferroviarios se pagan con recursos del Estado, pero para los tercerizados el ingreso es “sensiblemente menor” (cobran menos de la mitad que un empleado de planta).
Sobornos y algo más
El fallo cita las “sugestivas escuchas” en las que el mismo Pedraza aparece envuelto en la gestión de una coima para liberar a los patoteros detenidos desde fin de octubre. Ofrece “todo lo que esté a su alcance” para dar “asistencia” a los detenidos, con un seguimiento “personal y permanente”. En la misma tónica la magistrada se refiere a una reunión que tuvieron en el Club Brown Viejo varios dirigentes ferroviarios, el abogado Juan Araya y Fernández tres días después del crimen de Ferreyra. Era en Adrogué, cerca de la casa de Fernández, pero lejos de los lugares habituales de reunión de los sindicalistas. “Seguramente allí decidieron cómo proceder en lo sucesivo”, dice la jueza.
López concluye que tanto Fernández como Pedraza se involucraron en forma directa con el seguimiento del caso, porque estaban implicados.
Por Irina Hauser