Carancho previsional

LA ANSES DENUNCIO A UN JUEZ DE CORDOBA POR ESTAFA

El organismo de la seguridad social puso al descubierto un modus operandi en la Justicia para abultar el monto de los pagos a jubilados por reactualización de haberes.

 Por Tomás Lukin

La Anses denunció que existe un mecanismo destinado a defraudar a la seguridad social que involucra al Juzgado Federal de Río Cuarto, estudios de abogados y jubilados que reclaman por el ajuste de sus haberes. La operatoria consistía en autorizar montos mayores a los que habían conferido las sentencias favorables a los jubilados. Además, habilitaba a través de peritos oficiales el doble cobro de una porción de los fallos. Las irregularidades que derivaron en una denuncia penal contra el juez Carlos Arturo Ochoa salieron a la luz cuando el magistrado intimó a la Anses al pronto pago de 6 casos puntuales. Sin embargo, el organismo que conduce Diego Bossio ya detectó 20 casos con el mismo modus operandi que serán incorporados a la demanda y pretende analizar más de 1700 expedientes en estado de ejecución del mismo juzgado. Si se comprueban esas irregularidades, el monto de la estafa superaría los 60 millones de pesos.

La Anses solicitó la suspensión de los plazos procesales por 60 días para analizar esos casos pero el juzgado todavía no hizo lugar al pedido. En noviembre pasado el organismo inició un proceso de auditoría interna con el objetivo de ordenar el mecanismo de pago de fallos judiciales. Ese trabajo le permitió dictar la semana pasada una resolución, anticipada por Página/12, con el objetivo de “acelerar y transparentar” el pago de las sentencias, informatizar el proceso y establecer un nuevo orden de liquidación que combina edad, nivel de haberes y la antigüedad del caso para priorizar a los más postergados.

Bossio y el ministro de Economía, Amado Boudou, explicaron ayer en conferencia de prensa que los cambios en el sistema de pago de sentencias permitieron detectar las irregularidades en el Juzgado Federal de Río Cuarto. El 10 de marzo, durante una audiencia, el magistrado Ochoa intimó a la Anses a cumplir con 6 sentencias donde el organismo detectó que el juez otorgaba en las ejecuciones montos significativamente superiores a los que figuraban en los fallos de primera instancia. Según precisó Bossio, para abultar el monto que debía pagar la Anses los peritos oficiales cometían dos tipos de irregularidades al momento de la liquidación. Por un lado, no tenían en cuenta pagos que ya había realizado la seguridad social, condenando al organismo a pagar dos veces por una porción de la misma deuda y, por el otro, incorporaban precedentes judiciales que no figuraban en la sentencia firme. Por ejemplo, si la decisión en primera instancia implicaba actualizar los haberes de acuerdo con el índice correspondiente al fallo Badaro, el perito añadía otros fallos como Sánchez o Eliff y así lograba incrementar la suma que debía pagar la Anses.

Como resultado, el juzgado ordenó embargos millonarios sobre las cuentas del organismo. “El 50 por ciento del total de los embargos que tiene la Anses por el pago de sentencias a favor de los jubilados provienen de la ciudad de Río Cuarto. Son más de 60 millones de pesos embargados por decisión del juez Ochoa”, sostuvo Bossio. La semana pasada la gerencia de Legales de la Anses expresó al juzgado su disconformidad, detalló las irregularidades y solicitó la suspensión de los plazos procesales por 60 días para revisar las 1700 ejecuciones dictadas en condiciones similares. Sin embargo, el juzgado todavía no dio lugar al pedido. “Es un modus operandi que implica un perjuicio contra el sistema previsional. Se habla mucho de las sentencias en contra de la Anses, pero en muchos casos hay interesados más allá de los jubilados”, señaló Boudou. “Ningún gobierno benefició tanto a los jubilados como los de Néstor y Cristina Kirchner”, evaluó.

En la denuncia penal, la Anses les imputa al juez y los peritos oficiales los delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público, estafa agravada por tratarse del erario y prevaricato, figura penal que pretende evidenciar que el magistrado falló en forma contraria al derecho. En la seguridad social confían que existen antecedentes que avalan con fuerza la causa radicada en la fiscalía de Guillermo Marijuán.

Un experto que terminó acusado

CITARON A DECLARACION INDAGATORIA AL PERITO QUE ABOLLO LA BALA QUE MATO A MARIANO FERREYRA

El 1º de abril deberá responder como acusado por qué golpeó y modificó el proyectil extraído del cuerpo del joven militante del PO. El delito de alterar o destruir pruebas prevé de un mes a cuatro años de cárcel.

 Por Irina Hauser

Roberto Jorge Locles, el perito favorito de la Unión Ferroviaria (UF) en la causa del asesinato de Mariano Ferreyra, pasó del papel de experto balístico a quedar imputado por dañar la bala que mató al militante del Partido Obrero (PO), una prueba fundamental del homicidio. El juez Alberto Baños lo citó a indagatoria para el 1º de abril en un expediente penal que se abrió a raíz de que golpeó el proyectil original y le causó modificaciones. El sorprendente episodio se produjo en medio de una junta en la que participaban también los peritos de la Gendarmería, de la Policía Federal y de la querella asignados al caso, quienes al declarar como testigos coincidieron en evaluar que la conducta de Locles no habría sido accidental.

Baños citó a Locles como sospechoso de haber alterado, destruido o inutilizado un objeto destinado a servir de prueba, delito que prevé de un mes a cuatro años de cárcel. La jueza Wilma López y el fiscal Fernando Fiszer, a cargo de la causa sobre el asesinato de Ferreyra, además habían relacionado su comportamiento con otros intentos por obstaculizar la investigación del crimen que atribuyeron a la UF. Dieron como ejemplo la presunta tentativa de sobornar a un juez de la Cámara de Casación Penal para conseguir la libertad de los primeros detenidos, como apuesta para debilitar la causa y evitar que llegara hasta José Pedraza, el titular del gremio, y a su segundo, Juan Carlos “Gallego” Fernández.

Locles había sido designado como perito de parte por la defensa de Guillermo Uño, un picaboletos que fue detenido pocos días después del asesinato de Ferreyra, señalado como integrante del grupo de choque que atacó con piedras y armas de fuego a los trabajadores tercerizados de la línea Roca y a las organizaciones que los apoyaban, entre quienes estaba el joven militante del PO. En la práctica, el perito representaba el interés de la mayoría de los acusados, que se concentraron en instalar la idea de que aunque haya habido disparos en los incidentes de Barracas no existió intención de matar. Todos los detenidos están procesados (como autores, partícipes o instigadores, según el caso) por homicidio calificado, un delito que prevé prisión perpetua. Sus abogados dicen que no hubo dolo con la ilusión de atenuar la pena en un futuro juicio oral.

En este sentido, las defensas apostaron por sacar provecho de ciertas diferencias que hubo entre las primeras pericias balísticas oficiales. Como el proyectil tenía una abolladura, la Gendarmería decía que había rebotado en el suelo antes de impactar en el abdomen del chico. La Policía Federal, en cambio, sostenía que el disparo fue directo, y que la deformación podía ser producto del roce con una costilla. Locles hizo un informe tratando de demostrar que la bala había rebotado en el piso porque no iba derecho al cuerpo. También sumó ciertos cálculos que le daban como conclusión que el disparo se había producido a una distancia corta de Ferreyra, 6,58 metros, lo que a su vez debía inducir a pesar que se había originado entre sus propios compañeros y no en la patota ferroviaria, enfoque que fue sostenido por algunos de los imputados –como el delegado Pablo Díaz, acusado de comandar el ataque– en sus indagatorias.

Frente a la falta de coincidencia entre los peritos, la jueza los convocó a una junta para que intentaran unificar criterios. Se reunieron el 22 de febrero, el mismo día que fue detenido Pedraza. Cuando los expertos de las fuerzas de seguridad y los peritos de la querella estaban llegando a un acuerdo, ocurrió la escena que se convirtió en escándalo: Locles tomó la bala original y la golpeó unas cuatro veces sobre un escritorio revestido de fórmica, según coincidieron los relatos de varios de los presentes, que se quedaron anonadados, y algunos intentaron detenerlo. La policía –que estaba encargada de custodiar la prueba– labró un acta donde decía: “Se hace constar que durante el manipuleo del proyectil extraído del cuerpo de Mariano Ferreyra por parte del licenciado Locles, le generó leves aplastamientos en parte de su ojiva”.

Apenas le informaron, la jueza López apartó a Locles del expediente e hizo la denuncia, que le tocó a Baños. Todos los testigos coincidieron en cuestiones clave: dijeron que Locles usó la bala extraída del cuerpo de Ferreyra para hacer una demostración cuando tenía otras tres o cuatro exhibidas, disponibles para ese fin; la consigna tácita habitual en estas situaciones es no utilizar la munición original, aclararon; cuando es imprescindible hacerlo, se hace con recaudos extremos. Algunos de los testimonios incluso señalaron que Locles miró bien la bala en el lugar donde la golpearía. Varios sostuvieron que una nueva pericia nunca podría dar el mismo resultado que en un comienzo teniendo en cuenta el cambio morfológico, de brillo y textura.

En la junta estuvieron presentes el inspector Juan Andrés Leguiza, de la División Balística de la Policía Federal, y los policías Edgardo Ríos, Matías Romero Ale y Martín Descalzo, todos de la división; Gonzalo Bruno Díaz y María Lastretti, de Balística de la Gendarmería, y los peritos designados por la querella de Beatriz Rial (mamá de Mariano Ferreyra), Silvia Bufalini y Diego Gómez. Leguiza llegó a decir ante el juez Baños que era “la primera vez en la historia de la División Balística” que ocurría “una cosa así”.

El juez Baños analiza si Locles quiso arruinar la prueba del homicidio de Ferreyra, si quedó inutilizada para futuros estudios periciales y si lo sucedido es parte de un intento mayor, organizado, por empiojar la investigación. Para la jueza, que ya dictó diez procesamientos, incluidos los de Pedraza y Fernández, la ruta de la bala no tendría por qué cambiar el rumbo de lo actuado en la etapa de instrucción del caso. Y está demostrado que hubo otros disparos de armas de fuego que hirieron a tres personas más, a una de ellas (Elsa Rodríguez) incluso en la cabeza, lo que le produjo severas secuelas.

Cuando lo denunció la jueza López, Locles dijo que la causa sobre el asesinato de Ferreyra estaba “armada” y le apuntó a la Policía Federal, con el argumento de que el proyectil alterado había quedado en manos de esa fuerza: “¿Y si después que yo me fui lo abollaron con un martillo?”, postuló. Al juez Baños le llevó un escrito donde decía que había actuado con normalidad durante el encuentro con los otros peritos. Pero parece que a Su Señoría el planteo no le convenció.