AFIP denunció irregularidades en operaciones bancarias de HSBC

El Gobierno denunció públicamente al banco HSBC por lavado de dinero por unos 392 millones de pesos y unos 224 millones de pesos de evasión fiscal en sólo seis meses. 

La denuncia fue realizada el pasado 4 de febrero pero el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) recién la hizo pública este lunes en rueda de prensa. 

Explicó que tras realizarse una serie de allanamientos, el organismo recaudador detectó "facturas apócrifas para blanquear dinero" y "maniobras fraudulentas con las que se evadían impuestos" por varias decenas de millones de pesos. 

Según Echegaray, del análisis de seis meses de documentos se desprende que el banco, con su sede central en Londres, lavó dinero por unos 392 millones de pesos y evadió impuestos por unos 224 millones de pesos. Por ello, aclaró: "El reclamo (judicial) final del Estado habrá que verlo con el avance de la causa".

Más temprano, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) indicó por medio de la resolución 3450 que constató operaciones concertadas de manera irregular por parte de entidades que funcionaban como verdaderos `fugaductos´ de moneda extranjera del mercado cambiario oficial.

"Ejemplo de esto es la conducta del Banco HSBC que le brindaba a empresas involucradas en maniobras de facturas apócrifas -usuarias y emisoras- un servicio consistente en efectuar depósitos de sus cobranzas, producto de operaciones inexistentes, en una cuenta asociada a una CUIT genérica, exenta del impuesto sobre los débitos y créditos en cuentas bancarias y cuyos movimientos eran ocultados deliberadamente", subrayó la AFIP.

http://ambito.com/noticia.asp?id=680160

“Hubo una clara violación del orden jurídico”

 LA ANSES PRESENTO ANTE LA JUSTICIA UNA DENUNCIA CONTRA TECHINT POR SU ACTUACION EN SIDERAR

La demanda sostiene que el grupo empresario buscó “tomar justicia por mano propia” y cometió graves irregularidades. Por eso se reclama la suspensión de lo resuelto en la asamblea. También se objeta la política de distribución de dividendos.

 Por Javier Lewkowicz y David Cufré

“Siderar tomó justicia por mano propia”, aseguró la Anses en la presentación que realizó ayer ante el Juzgado Comercial Nº 12 de la ciudad de Buenos Aires, a cargo de Hernán Papa. En base a fuentes judiciales, Página/12 pudo reconstruir el documento donde el organismo que conduce Diego Bossio detalló lo sucedido en la última asamblea de accionistas de la empresa. La firma “mostró un grado de puerilidad y desprecio por el orden jurídico que mueve al asombro”, indica. A partir de la serie de irregularidades detalladas al juez, el Gobierno solicitó “la suspensión preventiva de la ejecución de las resoluciones” de la asamblea, entre las cuales están la aprobación del balance contable, la distribución de dividendos y el pase a un cuarto intermedio para definir la designación del directorio de la compañía. Techint no explicó por qué dejó sin distribuir unos 6800 millones de pesos que obtuvo como ganancias en ejercicios anteriores.

La Anses es titular de más de 90 millones de acciones escriturales ordinarias de Techint, casi el 26 por ciento del capital social, con derecho a un voto por acción. Con el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que eliminó el techo del 5 por ciento en la participación política de la Anses en las empresas donde mantiene inversiones, el organismo previsional está en condiciones de votar por la totalidad de su tenencia accionaria.

El DNU entró en plena vigencia al día siguiente de su promulgación, es decir, el jueves 14 de abril. Siderar enseguida comenzó a estudiar la presentación de un recurso de amparo en la Justicia, para intentar frenar la aplicación de la medida. Pero la inmediatez de su asamblea de accionistas, que se realizaba un día después, motivó que la firma se concentrara en la estrategia que iba a tomar en ese cónclave. Techint decidió establecer para cada votación (referida a la aprobación del estado contable, honorarios de los directores y distribución de dividendos, entre otros) un doble cómputo para la participación de la Anses, uno por el 5 por ciento y otro por el 26 por ciento. El holding especulaba con que una futura medida cautelar que frenara el DNU le permitiría mantener la asamblea en pie, al considerar la representación en base al 5 por ciento. La designación de nuevos directores, cuarto intermedio mediante, podría terminar de definirse más adelante, ya con la decisión de la Justicia vigente.

Con ese objetivo en mente, al comienzo de la asamblea los representantes de Ternium, que es el accionista controlante de Siderar, dieron una breve introducción recordando las “controversias” suscitadas alrededor del DNU y luego mocionaron para que, conforme una supuesta imprecisión del marco legal, se computaran los votos de la Anses de la doble forma antes mencionada. Esa modalidad se repetiría en cada votación del día. “La moción recibió diversas adhesiones y al cabo fue votada favorablemente por la mayoría del capital accionario, con expreso voto adverso de la Anses”, explicó el organismo previsional a la Justicia.

Luego de una serie de votaciones en las cuales la Anses tuvo una postura contraria a la empresa, el punto 7 del orden del día tenía que ver con la conformación de los miembros del directorio. La Anses recordó que había notificado a la Bolsa que haría uso del voto acumulativo, un mecanismo para multiplicar el peso de los votos del accionista minoritario. Ofreciendo “vagos argumentos”, como que “el voto acumulativo en el marco del doble cómputo podría generar confusión” y cuestionando la constitucionalidad del DNU, Techint propuso levantar la asamblea y pasar a un cuarto intermedio, para definir el directorio recién el 11 de mayo, iniciativa que apoyaron todos menos la Anses, que en cambio ratificó la vigencia del DNU y advirtió que podría iniciar acciones judiciales.

“La asamblea se constituyó en clara violación de una norma plenamente vigente”, indicó la Anses a la Justicia. Respecto del interrogante que Techint puso sobre la validez del DNU, el organismo previsional explicó que “cuanto mucho una expresión semejante pudo significar que el DNU podría posteriormente ser impugnado, pero tal impugnación debía necesariamente hacerse por vías legales y judiciales y no, antes de hacerla, `tomando la justicia en mano propia’ como hizo Siderar”.

La empresa “se circunscribió a decidir que el DNU no era de su agrado y conveniencia y se comportó prescindiendo de él, sin autorización de ningún magistrado, como si lisa y llanamente el DNU no existiera”, criticó. Resaltó que el doble cómputo reconocía por un lado el DNU, pero a la vez lo desconocía: “Es un contrasentido, ninguna norma puede regir y no regir al mismo tiempo”. “Al haber prescindido de la aplicación de una norma imperativa plenamente vigente a ese momento, la asamblea y todas sus resoluciones son nulas de nulidad absoluta.” Esa impugnación total le pidió la Anses al juez.

Otra de las irregularidades de la asamblea fue la distribución de dividendos. Siderar obtuvo en 2010 una ganancia de más de 1700 millones de pesos. La moción de la asamblea fue derivar 910 mil pesos a la Fundación Hermanos Agustín y Enrique Rocca y distribuir más de 1500 millones de dividendos. Antes de la votación, la Anses pidió aclaración sobre el destino de ganancias de otros ejercicios consignados por el balance de la empresa en las cuentas “Reservas futuros dividendos” por unos 6100 millones de pesos, “Reserva facultativa” por casi 44 millones y “Resultados diferidos” por casi 700 millones, junto con los 175 millones del ejercicio 2010 que se buscaba colocar en “resultados no asignados”. Techint contestó que la requisitoria era “tema ajeno a la orden del día”.

La distribución de dividendos debería ser el principal destino de las ganancias, y cualquier otra asignación debe ser justificada a los accionistas, indica la Anses. “La falta de explicaciones sobre el destino de los fondos asignados constituyó una palmaria violación del derecho de información de la Anses”, indica el documento. El organismo previsional además cuestiona que Techint atribuya utilidades a una cuenta que es una pura y lisa “nada jurídica”, “con la paradoja de asignar fondos a ‘resultados no asignados’”. En total son más de 6800 millones de pesos sobre los cuales Techint no dio precisiones.

“En definitiva, Siderar ha resuelto distribuir apenas un 18 por ciento de sus resultados acumulados –1500 millones–, lo cual es un porcentaje exiguo, y lo ha hecho negando la posibilidad hasta de cualquier explicación sobre la posibilidad de distribuir un monto mayor”, concluyó la Anses, que votó en contra de la distribución que decidió la asamblea. La distribución de dividendos de parte de Emdersa, holding de distribuidoras eléctricas del noroeste, también fue cuestionada por la Anses ante la Justicia, donde obtuvo un reciente fallo favorable.

Carancho previsional

LA ANSES DENUNCIO A UN JUEZ DE CORDOBA POR ESTAFA

El organismo de la seguridad social puso al descubierto un modus operandi en la Justicia para abultar el monto de los pagos a jubilados por reactualización de haberes.

 Por Tomás Lukin

La Anses denunció que existe un mecanismo destinado a defraudar a la seguridad social que involucra al Juzgado Federal de Río Cuarto, estudios de abogados y jubilados que reclaman por el ajuste de sus haberes. La operatoria consistía en autorizar montos mayores a los que habían conferido las sentencias favorables a los jubilados. Además, habilitaba a través de peritos oficiales el doble cobro de una porción de los fallos. Las irregularidades que derivaron en una denuncia penal contra el juez Carlos Arturo Ochoa salieron a la luz cuando el magistrado intimó a la Anses al pronto pago de 6 casos puntuales. Sin embargo, el organismo que conduce Diego Bossio ya detectó 20 casos con el mismo modus operandi que serán incorporados a la demanda y pretende analizar más de 1700 expedientes en estado de ejecución del mismo juzgado. Si se comprueban esas irregularidades, el monto de la estafa superaría los 60 millones de pesos.

La Anses solicitó la suspensión de los plazos procesales por 60 días para analizar esos casos pero el juzgado todavía no hizo lugar al pedido. En noviembre pasado el organismo inició un proceso de auditoría interna con el objetivo de ordenar el mecanismo de pago de fallos judiciales. Ese trabajo le permitió dictar la semana pasada una resolución, anticipada por Página/12, con el objetivo de “acelerar y transparentar” el pago de las sentencias, informatizar el proceso y establecer un nuevo orden de liquidación que combina edad, nivel de haberes y la antigüedad del caso para priorizar a los más postergados.

Bossio y el ministro de Economía, Amado Boudou, explicaron ayer en conferencia de prensa que los cambios en el sistema de pago de sentencias permitieron detectar las irregularidades en el Juzgado Federal de Río Cuarto. El 10 de marzo, durante una audiencia, el magistrado Ochoa intimó a la Anses a cumplir con 6 sentencias donde el organismo detectó que el juez otorgaba en las ejecuciones montos significativamente superiores a los que figuraban en los fallos de primera instancia. Según precisó Bossio, para abultar el monto que debía pagar la Anses los peritos oficiales cometían dos tipos de irregularidades al momento de la liquidación. Por un lado, no tenían en cuenta pagos que ya había realizado la seguridad social, condenando al organismo a pagar dos veces por una porción de la misma deuda y, por el otro, incorporaban precedentes judiciales que no figuraban en la sentencia firme. Por ejemplo, si la decisión en primera instancia implicaba actualizar los haberes de acuerdo con el índice correspondiente al fallo Badaro, el perito añadía otros fallos como Sánchez o Eliff y así lograba incrementar la suma que debía pagar la Anses.

Como resultado, el juzgado ordenó embargos millonarios sobre las cuentas del organismo. “El 50 por ciento del total de los embargos que tiene la Anses por el pago de sentencias a favor de los jubilados provienen de la ciudad de Río Cuarto. Son más de 60 millones de pesos embargados por decisión del juez Ochoa”, sostuvo Bossio. La semana pasada la gerencia de Legales de la Anses expresó al juzgado su disconformidad, detalló las irregularidades y solicitó la suspensión de los plazos procesales por 60 días para revisar las 1700 ejecuciones dictadas en condiciones similares. Sin embargo, el juzgado todavía no dio lugar al pedido. “Es un modus operandi que implica un perjuicio contra el sistema previsional. Se habla mucho de las sentencias en contra de la Anses, pero en muchos casos hay interesados más allá de los jubilados”, señaló Boudou. “Ningún gobierno benefició tanto a los jubilados como los de Néstor y Cristina Kirchner”, evaluó.

En la denuncia penal, la Anses les imputa al juez y los peritos oficiales los delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público, estafa agravada por tratarse del erario y prevaricato, figura penal que pretende evidenciar que el magistrado falló en forma contraria al derecho. En la seguridad social confían que existen antecedentes que avalan con fuerza la causa radicada en la fiscalía de Guillermo Marijuán.

“Si quieren tomar decisiones que armen un partido”

EN MEDIO DE LA PELEA CON TECHINT, LA PRESIDENTA CUESTIONO A LAS CORPORACIONES QUE PRETENDEN MANEJAR LA CASA ROSADA

La disputa entre el Gobierno y el holding de los Rocca sigue escalando en el terreno político. El grupo empresario reclamó la intervención del Congreso y obtuvo eco en la oposición, mientras Cristina Kirchner pidió que los que quieran gobernar que vayan a elecciones.

 Por Javier Lewkowicz

“Las corporaciones de turno no pueden ocupar nunca más la Casa de Gobierno para tomar decisiones, como lo hicieron durante años. El que quiera hacerlo que abandone la corporación y cree un partido político”, reclamó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en un tiro por elevación al Grupo Techint. El holding que encabeza Paolo Rocca había salido a pedir, en un intento explícito de marcar agenda política, que “el Congreso se expida sobre el DNU 441”. Ese decreto permitió que la participación del Estado en las empresas donde la Anses mantiene inversiones sea acorde con su peso accionario. Ya instalada en el campo político, la disputa con Techint tiene otro capítulo en los tribunales, porque hoy la Anses –tal como anticipó Página/12– hará una presentación ante el fuero comercial pidiendo que se impugne la última asamblea de accionistas de Siderar. La Comisión Nacional de Valores (CNV) también inició una investigación formal para aplicarle un sumario administrativo a Techint.

El DNU 441 eliminó el techo del cinco por ciento en la representación como accionista de la Anses en las empresas donde mantiene inversiones. La medida fue desconocida por Siderar en su asamblea ordinaria, por lo que fue sancionada por la CNV, que declaró la reunión como “irregular”. Techint, controlante de la acería, presentó un recurso de amparo y rápidamente se metió en la arena política, procurando incidir sobre la agenda de la oposición. Tanto en sus declaraciones públicas como en la presentación judicial, el holding optó por la estrategia de objetar el DNU desde la formalidad, argumentando que “no hubo ni necesidad ni urgencia” al momento en que fue dictado.

“En nuestro criterio no tiene justificación la aplicación de un Decreto de Necesidad y Urgencia, ya que la Constitución nacional sólo justifica que el Ejecutivo legisle en circunstancias muy excepcionales que hicieran imposible ir al Congreso”, manifestó el presidente de Ternium-Siderar, Daniel Novegil. En un mensaje que apuntó, sin decirlo, a las fuerzas que enfrentan al Gobierno, el empresario indicó que “lo mínimo que pedimos es un debate parlamentario en el que podamos expresar nuestras ideas”. Martín Berardi, director general de Siderar, agregó a través de la red social Twitter que “no podemos aceptar que se cambien las reglas de juego sin pasar por el Congreso”.

La Presidenta no dejó pasar la oportunidad de dejar en evidencia la estrategia de Techint. “No se trata de negar la importancia que las corporaciones tienen en la vida económica de un país, pero una cosa es participar en las decisiones y otra es imponer condiciones al poder político. El que lo quiera hacer que abandone la corporación y vaya a elecciones”, enfatizó durante un acto que encabezó en Santiago del Estero. Allí inauguró un dique, un centro de atención médica y una escuela técnica, donde entregó netbooks a través del programa Conectar Igualdad. Por su parte, el ministro de Economía, Amado Boudou, sostuvo en conferencia de prensa que “el grupo Techint está corriendo el eje de la discusión, se habla del DNU 441 cuando en realidad el foco es que no quieren tratar a los accionistas en pie de igualdad. Es un verdadero papelón internacional”.

Frente a la consulta de Página/12 sobre cuáles serían los próximos pasos de la Anses para reclamar por su derecho como accionista, Bossio adelantó que el organismo realizará hoy una presentación ante la Justicia comercial donde precisará todas las irregularidades que verificó en la última asamblea de accionistas de Siderar y pedirá suspender e impugnar esa reunión. En la asamblea, Techint sostuvo un “doble cómputo” para la Anses: el 5 por ciento para la representación política como accionista y el 26 por ciento en relación con su participación como cuota del capital social. Esa distinción, luego del DNU 441, no existe más, ya que el peso en la votación debe igualarse a la tenencia accionaria, según la explicación oficial. Al no otorgarle a la Anses el 26 por ciento de los votos, la empresa desconoció la medida oficial.

Además de la presentación judicial, Bossio hizo una denuncia ante la CNV donde le solicita iniciar un sumario contra Siderar. La CNV en primer lugar debe confeccionar una investigación, proceso que comenzó el viernes pasado luego de la asamblea de Techint. En su estudio del caso, la entidad que controla el mercado de valores constató irregularidades (que motivaron la declaración de nulidad de la asamblea), por lo que sería esperable que finalmente abra un sumario administrativo, que podrá estar dirigido a la compañía, al accionista controlante o a los miembros del directorio. Según la gravedad del incumplimiento, la CNV puede decidir realizar una advertencia o aplicar una multa.

Tampoco faltó, de parte de Techint, la mención al presidente Hugo Chávez. “La injerencia del Estado en la marcha de las compañías, los controles de precios y la no intervención del Congreso tiene una cierta similitud con lo que el Grupo vivió en Venezuela”, indicó Novegil. Bossio justificó la participación estatal, ya que “no hay ningún tipo de conflicto de intereses entre el Estado y Techint”. Distinta era la situación “cuando la AFJP Consolidar, que pertenecía al Banco Francés, tenía acciones del Banco Galicia, ahí era lógico aplicar el límite del 5 por ciento”. Desde 2008 la Anses puso directores en 27 empresas.

Otro de los puntos en disputa es la distribución de dividendos. En su última asamblea, Siderar dispuso repartir más de 1500 millones de pesos. En la votación correspondiente la Anses se opuso, y luego la CNV impugnó la asamblea, lo que puso en duda la entrega de beneficios a los accionistas, incluido el propio organismo previsional. Boudou aclaró que el Estado “se vio obligado a rechazar la distribución de dividendos de Siderar, correspondientes al último ejercicio, porque la firma no informó el destino de ese resultado ni distribuyó unos 6440 millones de pesos de dividendos correspondientes a años anteriores”. “Tradicionalmente Siderar apuesta más a inversiones a largo plazo en ARG para crecer (sic), que al reparto de dividendos”, respondió, por Twitter, la empresa.

El combate de las cerealeras

LA PREOCUPACION DE LA EMBAJADA DE EE.UU. POR MAYORES REGULACIONES AGROPECUARIAS

El Departamento de Estado hizo suya la inquietud de la transnacional Cargill ante la formación de una comisión bicameral investigadora del comercio de granos. Hay en juego una elusión fiscal de 1700 millones de dólares.

 Por Martín Granovsky

Con más espíritu práctico que el dirigente ruralista Mario Llambías, quien acaba de advertir que un “trapo rojo” puede reemplazar a la bandera argentina, el presidente de Cargill Argentina confió al embajador estadounidense su impresión de que “todo el sector exportador de commodities” estaba “bajo ataque” del Gobierno. El directivo mencionó su preocupación por “limitaciones para cargar el grano” y por lo que definió como “derechos de exportación retroactivos” por 1700 millones de dólares que debía cobrar la Oncca.

La inquietud de Cristian Sicardi, de Cargill, figura en un cable escrito el 16 de septiembre de 2008 por el entonces embajador Earl Anthony Wayne, filtrado por Wikileaks y al que tuvo acceso Página/12.

Consultado sobre la supuesta intención de cobrar impuestos de manera retroactiva, otro directivo de Cargill, Hugo Kranjk, dio su opinión a Wayne con algunas precisiones:

- Dijo que el objetivo del cobro estaba basado en una ley, la 26.397, promulgada el 9 de septiembre de 2008, es decir sólo una semana antes de la redacción del cable para el Departamento de Estado por parte de Wayne.

- Recordó que esa ley creó “una comisión bicameral investigadora para determinar las irregularidades en el negocio por parte de los exportadores” de granos.

- Apuntó que “todavía no fueron designados los miembros de la comisión” bicameral.

- Señaló, según relata Wayne, que “Cargill cree que los miembros que integrarán la comisión no son ‘amigos de la industria’ y que el tema se publicitará más entre mediados de septiembre y mediados de octubre, después de que se traten los temas prioritarios para el Congreso como el presupuesto y los ‘superpoderes’, entre otros”.

Como se informa aparte en esta edición, la comisión bicameral investigadora fue integrada recién a fines de 2010 pero todavía no fue formalizada y por eso no puede trabajar.

Tal como ocurre siempre que hay de por medio negocios de grandes empresas transnacionales con matriz norteamericana, el cable firmado por Wayne es muy detallado. Describe así lo que pasó: “La ley 26.351 (“Martínez Raymonda”, por su autor) estableció que, si se produjera un aumento de los derechos de exportación entre la fecha de registro y la fecha de la exportación, un exportador debe pagar el derecho más alto a menos que ese exportador pueda probar que ya tenía los granos en sus manos en el momento en que registró la operación”. Y continúa el texto: “Basándose en esa ley, en julio la Oncca anunció que 57 firmas (incluyendo a las norteamericanas Cargill y Bunge) debían (retroactivamente) un estimado de 1700 millones de dólares en derechos de exportación sobre 24 millones de toneladas de granos que habían sido registradas para ser exportadas en los días anteriores en que se anunciara el aumento de los derechos de exportación, el 7 de noviembre de 2007 y el 11 de marzo de 2008”.

Los derechos a los que alude el cable son las retenciones.

El régimen reformado por la ley que preocupa a Cargill, la 26.351, ya es conocido de los lectores de Página/12. El 31 de marzo de 2002 una investigación reveló la clave de una operatoria que venía de la dictadura militar. Las ventas son supuestas, o sea que el Estado consideraba venta a la operación que el exportador hubiese dicho que había realizado. Valía la simple declaración y no hacía falta certificación alguna de que los granos ya estaban en poder de la empresa exportadora.

Tanto en aquel momento como en 2007 y 2008, los exportadores ejercieron su rentable picardía ante el inminente aumento de las retenciones.

Además de las empresas que menciona el cable de Wayne, Cargill y Bunge, el grueso del comercio exterior de granos lo canalizan ADM, Nidera y Aceitera General Deheza, del entonces senador justicialista cordobés Roberto Urquía.

En 2002 el tema llegó a manos de quien era director general de Aduanas, pero el funcionario no avanzó hasta el punto en que lo hizo el Congreso en 2008 con la ley que molesta a Cargill. El funcionario era un peronista chubutense llamado Mario Das Neves.

“Ineficiencia”

El despacho de Wayne al Departamento de Estado dice que las regulaciones de la ley “crearon mucha incertidumbre, costos e ineficiencia para los exportadores”. En la jerga de los cables filtrados por Wikileaks, cuando un diplomático escribe la palabra “ineficiencia” debe leerse “caída de la rentabilidad”. De todas maneras esa ineficiencia no supondría la quiebra de las empresas, un futuro catastrófico ausente en el despacho diplomático.

Wayne pidió una entrevista con Ricardo Echegaray, actual jefe de la Administración General de Ingresos Públicos y en 2008 flamante encargado de la Oncca, la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario.

Reza el cable: “Cuando el embajador le preguntó qué pasaría en los tribunales con una decisión de la Oncca de recaudar retroactivamente tasas de exportación, Echegaray indicó que, sobre la base de sus conversaciones con Ciara y Cec, confiaba en que los exportadores terminarían pagando. Agregó que ‘lo que hicieron fue ilegal’, lo cual en su opinión queda claro en la Ley 26.351, y que la Oncca ‘debe cumplir la ley’”.

Las conclusiones del despacho de Wayne no dejan dudas.

Por un lado, sostenía que el Gobierno y en particular la Oncca presionarían sobre el sector de exportación de materias primas con más regulaciones y derechos que afectarían “la eficiencia del sector”. La Oncca, además, tenía, según la embajada, “un staff pequeño y falta de expertise en las prácticas del negocio de exportación de commodities”.

Por otro lado, esas presiones se combinarían con lo que la embajada insiste en llamar “cobro retroactivo de derechos de exportación”. La combinación daría lugar a un plan oficial “de continuar con la estrategia de CFK de divide y reinarás, ya sea castigando a los grandes exportadores de granos en favor de los pequeños chacareros, que son muy críticos de los grandes exportadores y creen que éstos están cartelizados, ya sea como parte de un plan más amplio de control del sector”.

Una idea final de Wayne en sus comentarios de 2008: “Hay pocas dudas de que el gobierno argentino necesita el ingreso fiscal generado por los derechos de exportación de commodity. Las acciones y regulaciones de la Oncca reducen ingresos potenciales porque generan ineficiencias que hacen bajar los precios pagados a los exportadores argentinos. Esos precios más bajos ahora son trasladados a los chacareros. Así, los chacareros quedan comprometidos a hacer lobbying sobre el Congreso para lograr cambios en las políticas de largo plazo y limitar el poder del Ejecutivo”.

Parece claro que para Wayne ése era el The End ideal de la película. En un final cerrado, prefería el enfrentamiento entre chacareros y Gobierno antes que el temido cuestionamiento de los chacareros a las grandes empresas exportadoras de granos.

Sanz sospecha que hubo “irregularidades” en las elecciones

El senador y precandidato presidencial por el radicalismo Ernesto Sanz advirtió que "pareciera que hay algunas irregularidades" en las elecciones de Chubut, tal como lo había dicho su correligionario Mario Cimadevilla. No obstante reparó que no está "en condiciones de darle la razón" al kirchnerismo que denunció fraude ni al Peronismo Federal del gobernador Mario Das Neves, que se adjudicó el triunfo.

"Hay una incertidumbre muy grande en el sistema electoral de Chubut", alertó el legislador en diálogo con la prensa y señaló que "si los radicales de Chubut" también están hablando de anomalías en los comicios del domingo pasado "habrá que entonces esperar que rápidamente se defina esta situación porque le hace daño a todo el sistema".

No obstante, Sanz afirmó: "Yo no sé quien tiene razón. La verdad no estoy en condiciones de darle la razón al Gobierno (nacional) que dice que hubo fraude o a Das Neves que dice que no". Por este motivo, exigió una "rápida" dilucidación de esta polémica, por el bien del "sistema".

El senador Cimadevilla había dicho ayer que no podía respaldar la victoria de Mario Buzzi, el candidato impulsado por Das Neves, al afirmar que los radicales en ese territorio también "tenemos serias diferencias con los datos que está dando el Tribunal Electoral provincial".

Una elección que desató los vientos patagónicos

POLEMICA Y DENUNCIAS POR LA ELECCION EN CHUBUT, TRAS EL AJUSTADO RESULTADO DEL DOMINGO. MAÑANA EMPIEZA EL RECUENTO DE VOTOS

El FpV se presentará hoy ante el Tribunal Electoral de la provincia para denunciar irregularidades. Eliceche dijo que “los votos recurridos pueden darle un giro a la elección”. Das Neves acusó al kirchnerismo de querer “empañar” los comicios.

 Por Nicolás Lantos

Desde Puerto Madryn

Chubut continúa sin definiciones. A más de veinticuatro horas de concluidos los comicios provinciales, los dos candidatos peronistas se siguen adjudicando una victoria por un margen muy acotado. Los resultados oficiales, teñidos de sospecha, indican que el Peronismo Federal, que llevaba en su boleta al intendente de Comodoro Rivadavia, Martín Buzzi, obtuvo 98.909 votos (un 37,78 por ciento), mientras que el kirchnerismo, representado por el jefe comunal de Puerto Madryn, Carlos Eliceche, sumó 97.358 sufragios (que representan 37,19 por ciento del total). “Los votos recurridos pueden darle un giro a la elección –sostuvo Eliceche, quien le anticipó a Página/12 que hoy mismo el apoderado del partido se presentará ante el Tribunal Electoral de la provincia para denunciar irregularidades–. Estamos cada vez más convencidos de que se ha cometido un fraude.” El gobernador Mario Das Neves, como a lo largo de toda la campaña, fue el encargado de llevar la voz cantante del espacio que encabeza. “La forma poco transparente y poco democrática con que actúa el kirchnerismo al querer empañar esta elección le hace flaco favor a la democracia”, se desmarcó Das Neves, a cuya precandidatura presidencial le abollaron las chances el ajustado score del domingo y las turbulencias en el escrutinio.

El por ahora gobernador electo, gran ausente de la noche de escrutinio, sólo apareció para dar breves notas a la televisión. “En Chubut hay una tradición de elecciones muy reñidas, no es ninguna novedad esto –sostuvo Buzzi, quien descartó las versiones de fraude–. Es una sociedad bastante heterogénea. No es novedosa en la historia política nuestra que las elecciones se ganen de una manera muy ajustada.” Das Neves también garantizó la “absoluta transparencia” de los comicios, aunque admitió que “hubo demora en el Tribunal Electoral” a la hora de trasmitir los datos del escrutinio. “Por mí pueden contar los votos las veces que quieran”, se jactó.

“Aquí, en la provincia de Chubut, le hemos ganado al kirchnerismo, le guste o no le guste a Randazzo, a Aníbal Fernández y a todos los que nos trampean con los números y quieren plantear esto”, apuntó sus dardos el dirigente del Peronismo Federal, que ahora busca la mejor manera de utilizar estos rebotes para reanimar sus ambiciones. “Nos faltan el respeto, al ciudadano, a los fiscales, al Tribunal Electoral, que es gente del Poder Judicial. Me da asco, sinceramente, como ciudadano”, aseguró desde un comunicado.

Así, Das Neves salió a responder a la artillería que le llovió desde Casa Rosada, donde el gobierno nacional cerró filas detrás del candidato del Frente para la Victoria. El ministro del Interior, Florencio Randazzo, pidió “que se cuente hasta el último voto para saber finalmente cuál ha sido el resultado” y vaticinó que cuando se lleve a cabo el escrutinio definitivo “va a ser un triunfo del Frente para la Victoria”.

El funcionario indicó que, si bien “hay final abierto todavía”, encuentra evidente que “hubo un mal manejo de la información que hace pensar en algún tipo de manipulación, con actitudes que lindan con lo tramposo” por parte del gobierno chubutense. “A más de dos horas y media del cierre de la votación, todavía no se conocían datos.”

Además, Randazzo destacó la buena producción kirchnerista en Chubut, teniendo en cuenta que “hace 20 días se hablaba de un triunfo del oficialismo de la provincia de 20 puntos y hoy hay un final abierto”, y la relacionó con el resultado de la semana anterior en Catamarca al hablar de “un reconocimiento a las políticas llevadas adelante por el gobierno nacional”. El domingo, el Frente para la Victoria se aseguró la mayoría de la Legislatura provincial, además de quitarle al dasnevismo las intendencias en la capital, Rawson y Comodoro Rivadavia.

La posición de Eliceche también fue respaldada por el PJ nacional (la conducción local aún responde a Das Neves, aunque en el entorno del candidato kirchnerista le confiaron a este diario que el próximo paso tras definir el pleito electoral va a ser tratar de arrebatarles la estructura partidaria a los disidentes). El PJ nacional exigió un “inmediato recuento definitivo de los sufragios garantizando en todo momento la debida información a la opinión pública para que el candidato electo sea consagrado con la confianza plena de la ciudadanía y sin dudas que pongan en juicio su legitimidad de origen”. También calificaron como “inaceptable” la no difusión de datos en vivo por vía informática a medida que se iban cargando las urnas. “Esto ha generado una falta de transparencia que lesiona severamente el sistema democrático, al no permitir el control, no sólo de los partidos políticos y de los candidatos sino de los ciudadanos y ciudadanas, verdaderos actores y destinatarios del sistema”.

En Puerto Madryn, mientras tanto, el entorno de Eliceche termina de aprontar los detalles de la denuncia por manipulación de la información que planean presentar hoy ante la Justicia electoral. Ayer por la tarde, operadores locales del kirchnerismo aseguraban contar con “pruebas fehacientes” de las irregularidades. Además, el apoderado del FpV en el distrito, Blas Mesa Evans, anunció que los cálculos realizados por el radicalismo y la Coalición Cívica en base a datos de sus fiscales dan resultados similares a los que ellos sostienen, con victoria para Eliceche con unos ochocientos votos más que Buzzi.

A la espera de recibir la denuncia formal, el Tribunal Electoral Provincial de Chubut comenzará mañana el recuento “voto a voto”, según anunció el vocero de ese cuerpo, Jorge Pitiot. “Habida cuenta de lo estrecho del resultado, será laborioso”, estimó, y advirtió que es difícil que el resultado se sepa “en menos de una semana”. Además, aseguró que una vez que se concluya el proceso, el resultado que arroje será “inapelable” porque todo se hará ante los apoderados de los partidos que participaron.

Los sufragios que se esfumaron

Para apoyar sus denuncias de fraude, el FpV provincial difundió documentación sobre los “pormenores de las anormalidades detectadas en el escrutinio correspondiente a la ciudad de Puerto Madryn”. El informe incluye facsímiles que muestran diferencias entre las actas confeccionadas por las autoridades de mesa y los datos aparecidos en los telegramas enviados al Centro de Cómputos. En la Mesa 168 de la Escuela 110, Padrón Masculino, el acta de las autoridades de mesa detalla 107 votos para el FpV en la categoría intendente y 100 votos para el Consejo de la Magistratura; también se registran 11 votos para Alternativa Madrynense para Intendente y 9 para el Consejo de la Magistratura. Pero en los telegramas enviados al Centro de Cómputos no figuran votos positivos para ninguno de esos partidos. El informe sostiene que “estos datos se detectan cuando el Peronismo Federal se atribuye el triunfo en la ciudad de Puerto Madryn por 17 votos, y en la primera verificación se ha detectado una diferencia de 100 votos a favor del Frente para la Victoria”. El candidato del FpV a la gobernación, Carlos Eliceche, sostuvo: “No dudamos en denominar como fraude el escrutinio realizado tras los comicios del día domingo. Una maniobra nos quiere hacer aparecer como perdiendo estas elecciones, cuando las actas y las planillas de nuestros fiscales nos demuestran lo contrario”.

Un final cabeza a cabeza en el que cada voto se disputa

MARIO DAS NEVES DIJO QUE MARTIN BUZZI GANO. EL KIRCHNERISMO DESCONOCIO EL RESULTADO

El supuesto triunfador no habló. Carlos Eliceche, el candidato del Frente para la Victoria, consideró que el final está abierto y estimó que ganó por 700 votos, reclamó el escrutinio definitivo y la revisión de los votos impugnados.

 Por Nicolás Lantos

Desde Puerto Madryn

Entre denuncias por manipulación de datos y con un final abierto, el gobernador de Chubut, Mario Das Neves, aseguró a la una de la madrugada que su elegido, Martín Buzzi, ganó. Con medio punto de diferencia a su favor, los dasnevistas empezaron a festejar. El kirchnerismo consiguió multiplicar varias veces su caudal electoral de 2009, puso en jaque (y quizás hizo mate) a un político con niveles de popularidad altísimos en su distrito y se aseguró un caudal electoral importantísimo de cara a las presidenciales de octubre, además de sumar legisladores provinciales y obtener intendencias clave como Comodoro Rivadavia, Rawson y Esquel. Carlos Eliceche aseguró en rueda de prensa que “el final está abierto”, estimó que él ganó por 700 votos y pidió el recuento de votos impugnados y nulos.

Menos de medio punto de diferencia separaba al candidato del Peronismo Federal, Martín Buzzi, del kirchnerista Carlos Eliceche. Cerca de la una de la madrugada, mientras Buzzi hacía silenzio stampa en Comodoro, Mario Das Neves en Rawson proclamó la victoria de la fórmula que apadrina; mientras que el postulante del Frente para la Victoria, en una conferencia de prensa que realizó en simultáneo, denunció irregularidades, aseguró que sus conteos le daban una luz a su favor y sostuvo que “la elección va a definirse en el escrutinio definitivo.”

Alrededor de 1500 votos separan a una fórmula de la otra según la versión del Peronismo Federal y algo más de 700 de ventaja en el otro sentido claman los kirchneristas. Sin embargo, hay 468 votos recurridos, 3596 anulados y una urna de Puerto Madryn fue impugnada por los representantes del FpV. Además, denunció Eliceche, “15 urnas no se van a abrir por supuestos problemas técnicos”, por lo que el escrutinio se estirará sobre la semana. “Son muchos más los votos impugnados que la diferencia que pueda haber entre ambos”, analizan en la Rosada, abonando esta teoría.

“Hemos hecho una excelente elección”, plantó bandera el candidato kirchnerista alrededor de la una, cuando llegó al hotel Tolosa, en pleno centro de Madryn. Según los datos que difundió, basados en sus propios cómputos, “el Frente para la Victoria ha arrojado un resultado favorable” por alrededor de 720 votos. “Nos llama poderosamente la atención la demora” en la difusión de resultados, destacó, sobre un proceso que “no ha sido todo lo transparente que debería haber sido” y por el cual Mario Das Neves “deberá hacerse cargo”, aseguró. El gobernador, por su parte, a la misma hora y desde la Casa de Gobierno de Rawson, proclamaba ganadora a la fórmula de su delfín y no hacía referencia a las diversas denuncias por irregularidades.

Había sido un domingo veraniego en Puerto Madryn, la ciudad que gobierna Eliceche. Los vecinos, después de votar, aprovechaban para pasear por la playa bajo un sol que calentaba casi treinta grados. Las musculosas, anteojos de sol y bermudas se reiteraban en toda la ciudad, incluso cerca de la escuela número 139 Velero Mimosa (el nombre del barco en el que desembarcaron, en 1865, los primeros galeses que colonizaron la zona) adonde, poco después del mediodía, rodeado de curiosos y vestido de domingo, con pantalones de jean y una chomba celeste, votó el candidato kirchnerista. En su entorno se adivinaba el buen humor, pero aun así nadie se animaba a dar pronósticos: ya a esa hora se preveía un escenario de muchísima paridad.

Después de votar, Eliceche se detuvo a hablar unos segundos con la prensa y los aprovechó para profundizar la línea de su discurso de coincidencia con el gobierno nacional. “Nos sentimos plenamente identificados” con el proyecto encabezado por la presidenta Cristina Fernández, asumió, y destacó: “Nosotros siempre acompañamos, somos los mismos que estamos desde el 2003. Los que cambiaron de signo en el camino fueron los otros, nosotros somos los mismos”, tiró por elevación.

El clima previo de incertidumbre se extendió durante varias horas, aún después de que se cerraran las urnas: los primeros sondeos de boca de urna, difundidos por el kirchnerismo pasadas las seis y media de la tarde, eran favorables pero no alcanzaban para dar los comicios por ganados. “Hasta que no se abran las urnas no va a saberse nada a ciencia cierta”, aceptaba un hombre del gobierno nacional que merodeaba el bunker. Para peor, las autoridades de la provincia demoraron hasta pasadas las ocho de la noche para dar los primeros datos oficiales, lo que motivó quejas por parte del Frente para la Victoria y el gobierno nacional.

Aunque los primeros datos marcaban una ventaja (siempre de pocos puntos) de Eliceche, alrededor de la medianoche la tendencia comenzó a revertirse, sin embargo para esa hora los rumores de irregularidades comenzaban a sobrevolar el bunker. El silencio total que llegaba desde el otro lado no hacía más que alimentar las especulaciones, mientras que en la vereda del hotel varios cientos de personas se amucharon para manifestar su apoyo por el candidato kirchnerista, con una fuerte presencia de la Uocra.

Más allá del incierto resultado provincial, hubo definiciones en los bastiones más fuertes de Chubut. El Frente para la Victoria sorprendió arrebatándole al dasnevismo las ciudades de Comodoro Rivadavia y Rawson, mientras que los peronistas federales cumplieron sus pronósticos al quedarse con Trelew. El caso de Puerto Madryn, que se creía asegurado para Ricardo Lázaro, vice de Eliceche, está en suspenso. Su rival, Ricardo Sastre, se impuso por 17 votos, pero las impugnaciones impiden asegurar su victoria.

En Comodoro, la principal ciudad de la provincia, y gobernada por Buzzi, candidato de Modelo Chubut, el kirchnerista Néstor DiPierro se alzaba con la intendencia con más del 37 por ciento de los votos. En Trelew, cuna de Mario Das Neves y considerada la capital política del distrito, Máximo Pérez Catán, aliado al gobernador, se imponía con lo justo sobre el candidato del FpV, Norberto Yahuar, quien hizo “una excelente elección” de todas formas en el distrito más complicado.

Rawson, la capital y otro bastión fuerte del peronismo disidente, también cambió de manos: por menos de un punto se impuso la kirchnerista Rossana Artero ante el favorito Adrián López. En el interior de la provincia, el FpV obtuvo la plaza más importante, Esquel.

El dasnevismo tuvo también su “mesa en Necochea”. En Rawson, cuando caía la tarde y los datos no aparecían, y ante el silencio cerrado entre las filas del gobernador sobre cualquier tipo de información, un vocero fue interceptado con unos papeles en las manos por un grupo de periodistas que lo obligaron a difundir los números: se trataba de las planillas de Aldea Apelel, un pueblo con 200 habitantes y apenas 76 electores. “Ganamos por veinte”, reveló el hombre de prensa.