Un experto que terminó acusado

CITARON A DECLARACION INDAGATORIA AL PERITO QUE ABOLLO LA BALA QUE MATO A MARIANO FERREYRA

El 1º de abril deberá responder como acusado por qué golpeó y modificó el proyectil extraído del cuerpo del joven militante del PO. El delito de alterar o destruir pruebas prevé de un mes a cuatro años de cárcel.

 Por Irina Hauser

Roberto Jorge Locles, el perito favorito de la Unión Ferroviaria (UF) en la causa del asesinato de Mariano Ferreyra, pasó del papel de experto balístico a quedar imputado por dañar la bala que mató al militante del Partido Obrero (PO), una prueba fundamental del homicidio. El juez Alberto Baños lo citó a indagatoria para el 1º de abril en un expediente penal que se abrió a raíz de que golpeó el proyectil original y le causó modificaciones. El sorprendente episodio se produjo en medio de una junta en la que participaban también los peritos de la Gendarmería, de la Policía Federal y de la querella asignados al caso, quienes al declarar como testigos coincidieron en evaluar que la conducta de Locles no habría sido accidental.

Baños citó a Locles como sospechoso de haber alterado, destruido o inutilizado un objeto destinado a servir de prueba, delito que prevé de un mes a cuatro años de cárcel. La jueza Wilma López y el fiscal Fernando Fiszer, a cargo de la causa sobre el asesinato de Ferreyra, además habían relacionado su comportamiento con otros intentos por obstaculizar la investigación del crimen que atribuyeron a la UF. Dieron como ejemplo la presunta tentativa de sobornar a un juez de la Cámara de Casación Penal para conseguir la libertad de los primeros detenidos, como apuesta para debilitar la causa y evitar que llegara hasta José Pedraza, el titular del gremio, y a su segundo, Juan Carlos “Gallego” Fernández.

Locles había sido designado como perito de parte por la defensa de Guillermo Uño, un picaboletos que fue detenido pocos días después del asesinato de Ferreyra, señalado como integrante del grupo de choque que atacó con piedras y armas de fuego a los trabajadores tercerizados de la línea Roca y a las organizaciones que los apoyaban, entre quienes estaba el joven militante del PO. En la práctica, el perito representaba el interés de la mayoría de los acusados, que se concentraron en instalar la idea de que aunque haya habido disparos en los incidentes de Barracas no existió intención de matar. Todos los detenidos están procesados (como autores, partícipes o instigadores, según el caso) por homicidio calificado, un delito que prevé prisión perpetua. Sus abogados dicen que no hubo dolo con la ilusión de atenuar la pena en un futuro juicio oral.

En este sentido, las defensas apostaron por sacar provecho de ciertas diferencias que hubo entre las primeras pericias balísticas oficiales. Como el proyectil tenía una abolladura, la Gendarmería decía que había rebotado en el suelo antes de impactar en el abdomen del chico. La Policía Federal, en cambio, sostenía que el disparo fue directo, y que la deformación podía ser producto del roce con una costilla. Locles hizo un informe tratando de demostrar que la bala había rebotado en el piso porque no iba derecho al cuerpo. También sumó ciertos cálculos que le daban como conclusión que el disparo se había producido a una distancia corta de Ferreyra, 6,58 metros, lo que a su vez debía inducir a pesar que se había originado entre sus propios compañeros y no en la patota ferroviaria, enfoque que fue sostenido por algunos de los imputados –como el delegado Pablo Díaz, acusado de comandar el ataque– en sus indagatorias.

Frente a la falta de coincidencia entre los peritos, la jueza los convocó a una junta para que intentaran unificar criterios. Se reunieron el 22 de febrero, el mismo día que fue detenido Pedraza. Cuando los expertos de las fuerzas de seguridad y los peritos de la querella estaban llegando a un acuerdo, ocurrió la escena que se convirtió en escándalo: Locles tomó la bala original y la golpeó unas cuatro veces sobre un escritorio revestido de fórmica, según coincidieron los relatos de varios de los presentes, que se quedaron anonadados, y algunos intentaron detenerlo. La policía –que estaba encargada de custodiar la prueba– labró un acta donde decía: “Se hace constar que durante el manipuleo del proyectil extraído del cuerpo de Mariano Ferreyra por parte del licenciado Locles, le generó leves aplastamientos en parte de su ojiva”.

Apenas le informaron, la jueza López apartó a Locles del expediente e hizo la denuncia, que le tocó a Baños. Todos los testigos coincidieron en cuestiones clave: dijeron que Locles usó la bala extraída del cuerpo de Ferreyra para hacer una demostración cuando tenía otras tres o cuatro exhibidas, disponibles para ese fin; la consigna tácita habitual en estas situaciones es no utilizar la munición original, aclararon; cuando es imprescindible hacerlo, se hace con recaudos extremos. Algunos de los testimonios incluso señalaron que Locles miró bien la bala en el lugar donde la golpearía. Varios sostuvieron que una nueva pericia nunca podría dar el mismo resultado que en un comienzo teniendo en cuenta el cambio morfológico, de brillo y textura.

En la junta estuvieron presentes el inspector Juan Andrés Leguiza, de la División Balística de la Policía Federal, y los policías Edgardo Ríos, Matías Romero Ale y Martín Descalzo, todos de la división; Gonzalo Bruno Díaz y María Lastretti, de Balística de la Gendarmería, y los peritos designados por la querella de Beatriz Rial (mamá de Mariano Ferreyra), Silvia Bufalini y Diego Gómez. Leguiza llegó a decir ante el juez Baños que era “la primera vez en la historia de la División Balística” que ocurría “una cosa así”.

El juez Baños analiza si Locles quiso arruinar la prueba del homicidio de Ferreyra, si quedó inutilizada para futuros estudios periciales y si lo sucedido es parte de un intento mayor, organizado, por empiojar la investigación. Para la jueza, que ya dictó diez procesamientos, incluidos los de Pedraza y Fernández, la ruta de la bala no tendría por qué cambiar el rumbo de lo actuado en la etapa de instrucción del caso. Y está demostrado que hubo otros disparos de armas de fuego que hirieron a tres personas más, a una de ellas (Elsa Rodríguez) incluso en la cabeza, lo que le produjo severas secuelas.

Cuando lo denunció la jueza López, Locles dijo que la causa sobre el asesinato de Ferreyra estaba “armada” y le apuntó a la Policía Federal, con el argumento de que el proyectil alterado había quedado en manos de esa fuerza: “¿Y si después que yo me fui lo abollaron con un martillo?”, postuló. Al juez Baños le llevó un escrito donde decía que había actuado con normalidad durante el encuentro con los otros peritos. Pero parece que a Su Señoría el planteo no le convenció.

Con los peritos de punta

Los dos peritos policiales dijeron que nunca en su carrera habían visto un especialista actuar como Locles, quien golpeó y alteró la bala que mató a Mariano Ferreyra. La Justicia investiga ahora si actuó de forma premeditada.

 Por Irina Hauser

Dos especialistas de la División Balística de la Policía Federal dejaron mal parado al perito Roberto Jorge Locles al declarar ayer como testigos en el juzgado de Alberto Baños, donde confirmaron que golpeó y alteró la bala que mató a Mariano Ferreyra, una evidencia fundamental en la investigación del crimen. Aquel episodio ocurrió en medio de una junta de peritos, la semana pasada, y se abrió una causa penal por destrucción o sustracción de medios de prueba. Ahora, la Justicia analiza si la conducta de Locles, quien representaba el interés de la mayoría de los integrantes de la patota de la Unión Ferroviaria (UF) en el expediente del homicidio, fue premeditada.

“Es la primera vez en la historia de la División Balística que pasa una cosa así”, dijo el inspector Juan Andrés Leguiza, al declarar bajo juramento ante el juez Baños, según pudo reconstruir Página/12. El policía, que presenció la desconcertante escena, comentó que lleva doce años en esa dependencia y que el mismo comentario sobre lo anómalo de la situación era compartido por colegas suyos que están allí desde hace tres décadas. Leguiza contó que Locles quería insistir con la teoría de que el proyectil había rebotado sobre una superficie dura antes de impactar en el abdomen de Mariano. Y dejó a todos los presentes anonadados cuando agarró la bala y la golpeteó sobre un escritorio revestido de fórmica. Según describió el testigo, había otras balas exhibidas como para que usara quien quisiera hacer una demostración. Es lo habitual, señaló, para evitar modificar las pruebas en pleno estudio. Pero Locles usó la original.

La reunión de peritos, que había sido ordenada por la jueza Wilma López –quien investiga el homicidio del militante del Partido Obrero–, tenía el propósito de que unificaran criterios, ya que la pericia de Gendarmería sostenía que la bala rebotó en algo que podría ser el suelo y la de la Policía Federal decía que el disparo fue directo. Locles insistía con la primera hipótesis, que los imputados pretenden usar para decir que si hubo disparos, no existió la intención de matar. Lo que generó las discrepancias fue que el proyectil, apenas fue extraído, presentaba una abolladura. Cuando los peritos de ambas fuerzas y de la querella estaban cerca de consensuar un informe que podría incluir las dos teorías (contemplando que el rebote, por ejemplo, pudo haber sido con un hueso del joven), se produjo el incidente con Locles.

El perito, que oficialmente representaba a Guillermo Uño –uno de los ferroviarios detenidos–, aunque lo avalaba la mayoría de las defensas, sostuvo que él “apoyó” la bala. “Pero vamos a suponer que se haya golpeado –añadió–; no se puede deformar por ese medio un proyectil de plomo y antimonio, que perfora la puerta de un coche.” Luego apuntó a la Policía Federal: “¿Y si después que me fui la abollaron con un martillo?”, preguntó. “La causa está armada”, dijo.

El inspector Leguiza explicó ayer ante el juez que decidió labrar un acta porque a su entender el plomo quedó alterado. “Durante el manipuleo del proyectil (...) por parte del licenciado Locles, le generó leves aplastamientos en parte de su ojiva”, decía el documento. Las pericias fundamentales sobre la bala ya se hicieron, lo que hace suponer que no se debería modificar el rumbo de la causa, donde hay diez detenidos. Lo que Leguiza aseguró en tribunales es que si hoy tuvieran que hacer el primer estudio pericial, el resultado seguramente sería otro porque los cambios de textura y brillo de la munición, dijo, son notables.

Otro subinspector que estaba en la junta de peritos hizo un relato casi idéntico al dar testimonio en el juzgado de Baños. Entre hoy y el viernes declararán otros policías, peritos de la Gendarmería y de la querella de la mamá de Mariano Ferreyra. El juez intentará establecer si hubo intención de parte de Locles de destruir la prueba, si la bala quedó afectada o inutilizada y si lo ocurrido acaso forma parte de un intento mayor –que incluya a otras personas– de embarrar la cancha en la causa en la que se investiga el ataque de la patota de la UF a trabajadores tercerizados y organizaciones sociales, donde mataron al joven militante y balearon a otras tres personas.

Para esto, Baños sumará como pruebas algunas escuchas telefónicas que forman parte de la investigación de la jueza López, de donde surgirían sospechas de que la actuación de Locles no habría sido accidental. El hecho incluso fue uno de los factores señalados por la magistrada al denegarle la excarcelación al líder de la UF, José Pedraza, como ejemplo de que desde el gremio ya habrían intentado entorpecer del expediente.