“Actuaron en el armado del plan criminal”

RATIFICARON EL PROCESAMIENTO Y LA DETENCION DE PEDRAZA Y SU SEGUNDO EN LA UF POR EL CRIMEN DE FERREYRA

La Sala I de la Cámara del Crimen consideró que el titular de la Unión Ferroviaria y su número dos, el Gallego Fernández, instigaron el homicidio del militante del PO por “un interés político y económico”, ante los reclamos de los tercerizados.

 Por Irina Hauser

José Pedraza, titular de la Unión Ferroviaria (UF), y Juan Carlos “El Gallego” Fernández, su número dos, “actuaron de manera conjunta y coordinada desde el día anterior en el armado y diagramación del plan criminal” contra una protesta de trabajadores tercerizados de la línea Roca, “que fue puesto en marcha desde las primeras horas de la mañana” del 20 de octubre y terminó en el asesinato de Mariano Ferreyra.

Con esa descripción contundente, la Sala I de la Cámara del Crimen ratificó el procesamiento de ambos sindicalistas como instigadores de homicidio calificado y los acusó –en aval a la jueza de primera instancia, Wilma López– de haber actuado movidos por “un interés político y económico”, dada la pérdida de poder que podría significarles que los subcontratados fueran regularizados y el peligro que corría la existencia de las tercerizadas, subsidiadas por el Estado, de las cuales al menos una era manejada por ellos mismos. El tribunal resolvió que deberán seguir presos mientras esperan el juicio oral no sólo por la gravedad del delito que se les atribuye, sino por los numerosos intentos de entorpecer la investigación detectados en la causa, entre los que señalaron amenazas a una decena de testigos, el presunto intento de soborno a un juez de la Cámara de Casación Penal y el comportamiento sospechoso de un perito denunciado por alterar la bala que mató al militante del Partido Obrero (PO).

El histórico dirigente ferroviario y su influyente escolta seguirán detenidos en el penal de Ezeiza, mientras el juzgado de López planea empezar a trabajar cuanto antes en la elevación a juicio oral de este tramo de la investigación, referido al asesinato propiamente dicho –otro expediente analiza la responsabilidad de la Policía Federal–. Mientras tanto, la defensa tiene la chance de reclamar la excarcelación –y anunció que lo hará– ante la Cámara de Casación, que antes rechazó liberar a los siete imputados de la patota. Según la resolución conocida ayer, también continuará preso el delegado Claudio Alcorcel, aunque el tribunal suavizó su imputación al cambiar el papel de instigador por el de partícipe secundario.

Pruebas y razones

La semana pasada, el abogado Carlos Froment tildó de “arbitrario”, “dogmático” y con “falta de pruebas” el procesamiento con prisión preventiva de sus defendidos, Pedraza y Fernández. Los camaristas Jorge Rimondi, Luis María Bunge Campos y Alfredo Barbarosch dijeron que evidencias sobran, aunque se puede discutir cómo “valorarlas”. Ellos respaldaron y fortalecieron la interpretación de la jueza López e hicieron hincapié en dos pruebas: el análisis de los llamados telefónicos de Pedraza, Fernández y los protagonistas del grupo de choque, y sus vínculos e intereses en torno de las empresas que tercerizan servicios ferroviarios, contratadas por la Unidad de Gestión Operativa de Emergencia (Ugofe), que pagaban salarios por menos de la mitad de lo percibido por un trabajador de planta y recortaban derechos laborales.

Según la Cámara, Pedraza y Fernández impartieron sus directivas a través del delegado Pablo Díaz, secretario de la Comisión de Reclamos del gremio, a quien se le atribuye haber reclutado y comandado la patota que llevó armas de fuego, palos y piedras para romper la protesta de los tercerizados, que pedían estabilidad y mayor salario. Reproducían la lógica “piramidal” de la UF. El tribunal recuerda que Fernández habló por teléfono varias veces con Díaz desde las 7.46 hasta las 13.23. Ese último contacto partió del teléfono de Fernández y “coincidió con momentos definitorios de los acontecimientos investigados”: a las 13.24, según videos, aparece caminando por las vías el barrabrava Cristian Favale, uno de los tiradores, y a los diez minutos comienzan los disparos. Díaz llamó a Favale inmediatamente después de hablar con Fernández. Un testigo escuchó que fue él quien le daba a Díaz por “handy” la orden dejar el lugar después del homicidio. Pedraza y Fernández estaban juntos, recuerdan los jueces, en la sede de la UF, en un congreso. Lo estuvieron hasta entrada la tarde y, desde las 18, siguieron comunicados por teléfono. Los definen como “instigadores conjuntos” del crimen, pero descartan una “instigación en cadena”, como sostenía la jueza, un detalle que no cambia el escenario.

- Las camaristas afirman que los dirigentes ferroviarios tenían un “interés político económico” en “evitar que los tercerizados” cortaran “las vías tanto ese día como en el futuro”. Querían “aleccionarlos” porque –dice el tribunal en consonancia con la jueza– veían amenazado su predominio en el gremio, que Pedraza conduce “ininterrumpidamente” desde hace 17 años, desde 2000, sin oposición. Esa construcción de poder, a su vez, estaba asentada –explica– en la fuerte injerencia del sindicato en el ingreso de personal en las empresas ferroviarias. La regularización de los tercerizados, dicen Sus Señorías, era una amenaza palpable para las cooperativas que tercerizan, ya que implicaba que “dejen de existir”. Y ahí confirman la estrecha relación a Cooperativa de Trabajo Unión del Mercosur, que funciona en un inmueble de su esposa Graciela Coria, que a la vez es directora de acciones, su hermana Silvia Coria es la tesorera y sobrino Maximiliano Pedraza, empleado. También señalan la vinculación del titular de la UF con Belgrano Cargas, a través de su mujer.

Todo esto explicaría, dice la Cámara, la inquietud por que “no se modifique el statu quo obtenido durante tantos años, atento a la enorme cantidad de dinero que ingresaba tanto al sindicato por los aportes de los afiliados como a la cooperativa por los subsidios dados por el Estado nacional para hacer frente a la contratación de los tercerizados”. Los jueces señalan que el pase a planta de 1515 trabajadores no fue producto de una preocupación de la UF –como intentó esgrimir la defensa–, sino resultado de los sucesos donde mataron a Ferreyra y tres personas más fueron heridas de bala, y añaden que “no borra ni modifica el conflicto anterior”.

Presos

La Cámara resolvió que Pedraza, Fernández y Alcorcel deberán seguir detenidos no sólo por la gravedad de los delitos, que prevén penas de cumplimiento efectivo de hasta 25 años de cárcel, sino porque aparecen vinculados a una serie de maniobras “que se realizaron con la finalidad de impedir el descubrimiento de la verdad”. Citan, por empezar, las amenazas de muerte e intimidaciones (personales y telefónicas) recibidas por al menos ocho testigos, por las que se abrieron causas penales. Añaden el presunto intento de soborno a un juez de la Cámara de Casación Penal –que sería Eduardo Riggi–, a través de un ex secretario suyo, Octavio Aráoz de Lamadrid, quien defendía al picaboletos Guillermo Uño, con la intención de que el tribunal liberara a los primeros siete detenidos de la patota, para debilitar la causa que, ya al inicio, apuntaba hacia la cúpula gremial. Esas gestiones fueron detectadas en escuchas al propio Pedraza, en las que incluso un directivo de Belgrano Cargas le ofrece ayuda económica desde esa firma, y también aparece como intermediario un operador y agente de la Secretaría de Inteligencia, Juan José Riquelme. Esta maniobra es investigada por otro juzgado, igual que la aparente modificación de la bala extraída del cuerpo de Ferreyra, que según testigos fue golpeada por el perito balístico Roberto Locles durante una junta de especialistas.

Por todo esto, dicen los camaristas, que sigan presos no es “irrazonable ni desproporcionado”. Los pronósticos más optimistas dicen que Pedraza y los otros nueve detenidos estarían sentados en un juicio oral antes de fin de año. Entretanto, el abogado Froment recurrirá a Casación, que no tiene plazos para expedirse, aunque con detenidos de por medio puede ser que apure el paso.

Un experto que terminó acusado

CITARON A DECLARACION INDAGATORIA AL PERITO QUE ABOLLO LA BALA QUE MATO A MARIANO FERREYRA

El 1º de abril deberá responder como acusado por qué golpeó y modificó el proyectil extraído del cuerpo del joven militante del PO. El delito de alterar o destruir pruebas prevé de un mes a cuatro años de cárcel.

 Por Irina Hauser

Roberto Jorge Locles, el perito favorito de la Unión Ferroviaria (UF) en la causa del asesinato de Mariano Ferreyra, pasó del papel de experto balístico a quedar imputado por dañar la bala que mató al militante del Partido Obrero (PO), una prueba fundamental del homicidio. El juez Alberto Baños lo citó a indagatoria para el 1º de abril en un expediente penal que se abrió a raíz de que golpeó el proyectil original y le causó modificaciones. El sorprendente episodio se produjo en medio de una junta en la que participaban también los peritos de la Gendarmería, de la Policía Federal y de la querella asignados al caso, quienes al declarar como testigos coincidieron en evaluar que la conducta de Locles no habría sido accidental.

Baños citó a Locles como sospechoso de haber alterado, destruido o inutilizado un objeto destinado a servir de prueba, delito que prevé de un mes a cuatro años de cárcel. La jueza Wilma López y el fiscal Fernando Fiszer, a cargo de la causa sobre el asesinato de Ferreyra, además habían relacionado su comportamiento con otros intentos por obstaculizar la investigación del crimen que atribuyeron a la UF. Dieron como ejemplo la presunta tentativa de sobornar a un juez de la Cámara de Casación Penal para conseguir la libertad de los primeros detenidos, como apuesta para debilitar la causa y evitar que llegara hasta José Pedraza, el titular del gremio, y a su segundo, Juan Carlos “Gallego” Fernández.

Locles había sido designado como perito de parte por la defensa de Guillermo Uño, un picaboletos que fue detenido pocos días después del asesinato de Ferreyra, señalado como integrante del grupo de choque que atacó con piedras y armas de fuego a los trabajadores tercerizados de la línea Roca y a las organizaciones que los apoyaban, entre quienes estaba el joven militante del PO. En la práctica, el perito representaba el interés de la mayoría de los acusados, que se concentraron en instalar la idea de que aunque haya habido disparos en los incidentes de Barracas no existió intención de matar. Todos los detenidos están procesados (como autores, partícipes o instigadores, según el caso) por homicidio calificado, un delito que prevé prisión perpetua. Sus abogados dicen que no hubo dolo con la ilusión de atenuar la pena en un futuro juicio oral.

En este sentido, las defensas apostaron por sacar provecho de ciertas diferencias que hubo entre las primeras pericias balísticas oficiales. Como el proyectil tenía una abolladura, la Gendarmería decía que había rebotado en el suelo antes de impactar en el abdomen del chico. La Policía Federal, en cambio, sostenía que el disparo fue directo, y que la deformación podía ser producto del roce con una costilla. Locles hizo un informe tratando de demostrar que la bala había rebotado en el piso porque no iba derecho al cuerpo. También sumó ciertos cálculos que le daban como conclusión que el disparo se había producido a una distancia corta de Ferreyra, 6,58 metros, lo que a su vez debía inducir a pesar que se había originado entre sus propios compañeros y no en la patota ferroviaria, enfoque que fue sostenido por algunos de los imputados –como el delegado Pablo Díaz, acusado de comandar el ataque– en sus indagatorias.

Frente a la falta de coincidencia entre los peritos, la jueza los convocó a una junta para que intentaran unificar criterios. Se reunieron el 22 de febrero, el mismo día que fue detenido Pedraza. Cuando los expertos de las fuerzas de seguridad y los peritos de la querella estaban llegando a un acuerdo, ocurrió la escena que se convirtió en escándalo: Locles tomó la bala original y la golpeó unas cuatro veces sobre un escritorio revestido de fórmica, según coincidieron los relatos de varios de los presentes, que se quedaron anonadados, y algunos intentaron detenerlo. La policía –que estaba encargada de custodiar la prueba– labró un acta donde decía: “Se hace constar que durante el manipuleo del proyectil extraído del cuerpo de Mariano Ferreyra por parte del licenciado Locles, le generó leves aplastamientos en parte de su ojiva”.

Apenas le informaron, la jueza López apartó a Locles del expediente e hizo la denuncia, que le tocó a Baños. Todos los testigos coincidieron en cuestiones clave: dijeron que Locles usó la bala extraída del cuerpo de Ferreyra para hacer una demostración cuando tenía otras tres o cuatro exhibidas, disponibles para ese fin; la consigna tácita habitual en estas situaciones es no utilizar la munición original, aclararon; cuando es imprescindible hacerlo, se hace con recaudos extremos. Algunos de los testimonios incluso señalaron que Locles miró bien la bala en el lugar donde la golpearía. Varios sostuvieron que una nueva pericia nunca podría dar el mismo resultado que en un comienzo teniendo en cuenta el cambio morfológico, de brillo y textura.

En la junta estuvieron presentes el inspector Juan Andrés Leguiza, de la División Balística de la Policía Federal, y los policías Edgardo Ríos, Matías Romero Ale y Martín Descalzo, todos de la división; Gonzalo Bruno Díaz y María Lastretti, de Balística de la Gendarmería, y los peritos designados por la querella de Beatriz Rial (mamá de Mariano Ferreyra), Silvia Bufalini y Diego Gómez. Leguiza llegó a decir ante el juez Baños que era “la primera vez en la historia de la División Balística” que ocurría “una cosa así”.

El juez Baños analiza si Locles quiso arruinar la prueba del homicidio de Ferreyra, si quedó inutilizada para futuros estudios periciales y si lo sucedido es parte de un intento mayor, organizado, por empiojar la investigación. Para la jueza, que ya dictó diez procesamientos, incluidos los de Pedraza y Fernández, la ruta de la bala no tendría por qué cambiar el rumbo de lo actuado en la etapa de instrucción del caso. Y está demostrado que hubo otros disparos de armas de fuego que hirieron a tres personas más, a una de ellas (Elsa Rodríguez) incluso en la cabeza, lo que le produjo severas secuelas.

Cuando lo denunció la jueza López, Locles dijo que la causa sobre el asesinato de Ferreyra estaba “armada” y le apuntó a la Policía Federal, con el argumento de que el proyectil alterado había quedado en manos de esa fuerza: “¿Y si después que yo me fui lo abollaron con un martillo?”, postuló. Al juez Baños le llevó un escrito donde decía que había actuado con normalidad durante el encuentro con los otros peritos. Pero parece que a Su Señoría el planteo no le convenció.