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viernes, 8 de marzo de 2013

Cecilia Pando condenada a 5 meses de prisión


EL PAIS › CECILIA PANDO FUE CONDENADA A CINCO MESES DE PRISION EN SUSPENSO POR EL DELITO DE DAÑO AGRAVADO

Como parte de su condena, Cecilia Pando deberá cumplir treinta horas de trabajo comunitario.

Los pañuelos de las Madres no se tapan

La condenaron por haber cubierto con crespones negros los dibujos de los pañuelos blancos de las Madres que rodean la Pirámide de Mayo. Pando intentó negar los hechos, documentados en un video. La denuncia la había realizado Carlos Pisoni, de H.I.J.O.S.

La apologista del genocidio Cecilia Pando fue condenada ayer por el delito de daño agravado, por haber cubierto con crespones negros los pañuelos blancos que rodean la Pirámide de Mayo en homenaje a las Madres. Pando intentó negar los hechos, documentados en un video que se expuso ayer durante la audiencia, y pretendió escudarse en su ignorancia: “No sabía que era un sitio histórico”, dijo. El juez porteño Guillermo Eduardo Hugo Morrosi, titular del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 13, la condenó a la pena de cinco meses de prisión en suspenso y a cumplir treinta horas de trabajo comunitario, aunque no informó en qué institución. “Estamos conformes con la sentencia”, declaró Carlos Pisoni, el miembro de H.I.J.O.S. Capital que presentó la denuncia en 2009. “Creemos que puede servirle, a Pando y al grupúsculo que la acompaña, para que recapaciten en torno al odio y a la violencia que emanan en sus actividades y para que no hagan más este tipo de actos que intentan agraviar a las Madres y a los organismos de derechos humanos”, reflexionó.

Entre 2006 y 2009, el primer martes de cada mes, Pando pintó el sector que rodea a la Pirámide a la cabeza de la denominada “Asociación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos de la República Argentina”, como llama a los militares, policías y demás represores procesados y/o condenados por crímenes de lesa humanidad. A mediados de 2009, con un video como prueba, Pisoni la denunció por apología del delito, actitudes intimidatorias y daño agravado, ya que la pirámide fue declarada patrimonio histórico por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.

Pando rechazó la posibilidad de una probation y ayer por la mañana se presentó a la audiencia, oral y pública, acompañada por su abogado Oscar Vigliani, el blogger Horacio Palma (“Escribidor contumaz de cosas sin importancia”, según su propia definición), el teniente coronel Emilio Nanni y un puñado de señoras de militares a quienes suele acompañar a los juicios de Comodoro Py. “A las Madres de Plaza de Mayo no les toqué ni un solo pañuelo”, se atajó ante la prensa. “Yo no sabía que era un sitio histórico. En todo caso le tengo que pedir disculpas a la Justicia”, agregó, pese a que la declaración como sitio histórico fue obra de la Legislatura. “Siempre hablo de que respetamos el dolor de las Madres”, dijo con la misma liviandad con que intenta desde hace años ensuciar a los organismos de derechos humanos. Luego apeló a la hipótesis del loco suelto: “Siempre hay algún sacado que dice ‘pintemos el pañuelo’, y yo digo ‘no, no lo voy a aceptar porque forma parte de la historia, y tenemos que contarla toda y mirar hacia adelante’”.

A la pequeña sala de audiencias sólo pudieron entrar ocho personas. Afuera quedó una numerosa delegación de H.I.J.O.S. A Taty Almeida, de Madres, le tocó sentarse junto a Nanni. En primer turno, Pisoni relató los hechos, mostró el video de mayo de 2009 –en el que, además de embadurnar la Plaza, Pando dio un discurso contra Madres y Abuelas– y respondió preguntas de la fiscal Silvina Bruno. Entonces llegó el turno de Pando y su abogado, quien se mostró ofuscado por la remera de Pisoni & Cía. con la leyenda “Los pañuelos no se manchan”.

El argumento de la defensa fue que no se hicieron pintadas sobre los pañuelos, sino en los costados. La respuesta de la acusación: todo el sector que rodea a la pirámide es un sitio histórico. Al hacer uso de sus últimas palabras, Pando habló de “persecución política”, dijo que no tenía nada contra las Madres, que respetaba su dolor, que no sabía que la plaza era un sitio histórico y, ante la posibilidad de que le pudieran aplicar la máxima pena prevista para el daño agravado (cuatro años de prisión), recordó que es madre de siete hijos, que tiene un auto modelo 1998, que es docente y vive con 15 mil pesos.

La fiscal Bruno pidió para Pando una pena de seis meses de prisión (el Código Penal prevé de tres meses a cuatro años) y luego el juez Morrosi pasó a un cuarto intermedio hasta las 16. “Al agraviar los pañuelos se agravia a lo que representan, que son los 30 mil detenidos desaparecidos”, apuntó en el cuarto intermedio Taty Almeida. “Este es otro de los tantos juicios que se pueden realizar gracias a la política de Estado sobre los derechos humanos”, destacó, acompañada por su compañera Aurora Belloquio, la abuela de Pisoni, actual representante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en el Espacio Memoria y Derechos Humanos que funciona en la ex ESMA. “No sé si alcanza con un pedido de disculpas”, dijo a su turno Pisoni. “(Pando) es una mujer que habla de muerte en sus discursos; lo que alcanzaría sería que no defienda a los genocidas”, agregó.

La jornada se completó a la tarde con la lectura de la sentencia: cinco meses de prisión en suspenso, treinta horas de trabajo comunitario, el pago de las costas de los abogados y la obligación de presentarse durante dos años ante el Patronato de Liberados. El juez no precisó en su sentencia en qué institución deberá cumplir Pando con el trabajo comunitario, dato que seguramente se conocerá el 13 de marzo, cuando se lean los fundamentos.

miércoles, 20 de febrero de 2013

Crimen de Mariano Ferreyra: piden perpetua para Pedraza y otros 13 imputados


Una de las marchas realizada en Buenos Aires en reclamo de justicia. (Foto gentileza Telam)

Una de las marchas realizada en Buenos Aires en reclamo de justicia. (Foto gentileza Telam)

El Centro de Estudios Legales y Sociales solicitó la pena de prisión perpetua para los líderes de la Unión Ferroviaria por considerarlo “instigadores” del crimen realizado por un “grupo de choque” que les respondía. Los alegatos continúan el viernes. 


La familia de Mariano Ferreyra, representada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) pidió la pena de prisión perpetua para el líder de la Unión Ferroviaria, José Pedraza, para otros siete ferroviarios y para seis oficiales de la Policía Federal por el crimen del militante del Partido Obrero.

En el primer alegato de la causa, el organismo de Derechos Humanos reclamó perpetua también para el segundo del gremio,Juan Carlos “Gallego” Fernández; para el barra brava Cristian Favale y Gabriel Sánchez, acusados de efectuar los disparos, y para los comisarios Hugo Lompizano, Luis Mansilla y Jorge Ferreyra, entre otros.

La querella pidió al Tribunal Oral Criminal 21 que los líderes de la Unión Ferroviaria sean condenados como “instigadores” del asesinato acontecido durante una protesta de empleados tercerizados que protestaban en las cercanías de las vías del Ferrocarril Roca en octubre de 2010.

En su exposición los abogados consideraron que se trató de un “homicidio calificado agravado por el concursos de dos o mas personas” según un “plan previamente articulado para “aleccionar” a los trabajadores precarizados.

La representación de la familia del joven consideró que en juicio quedó “probado con certeza el rol de instigadores” del jefe gremial y su mano derecha en “un plan criminal previo” a los hechos.

El móvil para idear el crimen, sostuvo la defensa, era “conservar la hegemonía política” dentro de la Unión Ferroviaria y mantener “la estructura de negocio basado en la tercerización laboral”.

Mientras se leía el pedido de condenas, en las afueras de Comodoro Py y bajo la lluvia un nutrido grupo de manifestantes acompañó a los familiares de Ferreyra y a los tres heridos de las jornadas de octubre de 2010, cuyo alegato se leerá el viernes.

Los hechos que analiza el juicio que está en su etapa final mostraron las turbias relaciones existentes entre sindicalismo, poder político, fuerzas de seguridad, grupos de particulares con poder de fuego y poder judicial. Además, pusieron en discusión la actuación de los agentes policiales frente a la protesta social, el modelo sindical, la precarización y tercerización ferroviaria y el rol del Estado frente a las problemáticas laborales.

sábado, 5 de mayo de 2012

Miles de jóvenes marcharon por la despenalización de la marihuana en todo el país




Miles de jóvenes marcharon hoy por el centro porteño y en otras ciudades del interior del país, reclamando la "despenalización ya" de la marihuana, "no más presos por plantar" y por "la autorización de los usos medicinales del cannabis", entre otras demandas.


Con una nutrida marcha, que partió a las 15 de Plaza de Mayo y culminó en el Congreso con carteles por el "cannabis libre", el "cultivo personal", "no a la ley 23737", los manifestantes se sumaron así a la Marcha Mundial de la Marihuana, que se realiza hace más de una década en unas 200 ciudades de distintos países.

"Venimos a pedir la `despenalización ya` de la marihuana, y que no haya más presos por plantar, no queremos más chicos inocentes en una cárcel porque tienen unas plantitas en su casa para consumo personal", aseguró a Télam Roxana de la comunidad cannabica.

Destacó la necesidad de diferenciar entre "alguien que vende sustancias y el que cultiva una planta y la tiene para su propio consumo; que se combata realmente al narcotráfico, a los que andan con camiones por la ciudad y entran y salen del país".

En este sentido, reclamó que cese la persecución a los cultivadores no comerciales de cannabis, para quienes "rigen condenas de 4 a 15 años de prisión, casi el mismo tiempo que un homicidio simple".

Con cánticos como "quiero que legalicen la marihuana..." la marcha recorrió la Avenida de Mayo a paso libre y lento, mientras se iban sumando más y más manifestantes.

"Por qué no puedo fumarme un porro si es un asunto mío, privado, que lo hago en forma recreacional, pero lo peor es qué pasa con el uso medicinal, hay estudios que corroboran el uso medicinal de esta planta, y sin embargo no está autorizado", enfatizó Roxana.

Se lamentó además de que no haya "ningún proyecto que proponga el libre consumo en espacios públicos", y añadió que "esta es una larga batalla que viene de hace bastantes años, pero lo que sí necesitamos es un cambio inmediato y este es el momento".

Por su parte, Adriana, de la agrupación del sur por el libre consumo de la marihuana, aseguró que "en estos momentos el proyecto sobre despenalización de la marihuana del senador Aníbal Fernández es el más potable pero igual quedan varios puntos pendientes, aunque agradecemos esta situación que permite abrir las puertas al debate".

En este sentido, Mike Bifari, de la organización Cogollos Córdoba, mencionó el proyecto de Fernández al referirse a "la parte que él propone la posibilidad de tener un total de ocho plantas por residencia", pero advirtió que "cada planta puede diferir en tamaño, peso y producción de cogollos, o sea que no es una medida uniforme para todos".

"Nosotros planteamos que sea la canopea -dijo-, la superficie cultivable para cannabis que a cada cultivador se adjudique, como parámetro, porque las plantas pueden variar de 15 centímetros a dos metros de altura".

Asimismo, criticó el hecho de que "ninguno de los siete proyectos parlamentarios para modificar la Ley 23.737 del `89 contempla la aplicación medicinal de la marihuana", una de las reivindicaciones centrales del movimiento.

Bifari precisó que integrantes de las distintas organizaciones que pugnan por la `marihuana libre` apuntan a participar en las comisiones parlamentarias para la legalización de la marihuana.

Mientras tanto, en Bahía Blanca, Bariloche, Comodoro Rivadavia, Córdoba, El Bolsón, Formosa, Gral. Roca, La Plata, La Rioja, Mar del Plata, Mendoza, Neuquén, Oberá, Paraná, Resistencia, Río Grande, Rosario, Salta, Catamarca, San Juan, San Luis, Tucumán, Jujuy, Santa Fe, Santiago del Estero, Trelew, Venado Tuerto y Ushuaia marcharon también tras los mismos reclamos.

lunes, 2 de mayo de 2011

Penas por Cromañón

OCHO AÑOS PARA CHABAN Y CINCO PARA FONTANET
El tribunal oral número 24 condenó a ocho años de prisión al gerenciador de Cromañón, Omar Chabán, y a cinco años al líder del grupo Callejeros, Patricio Fontanet. Los jueces fijaron además penas de seis años para Raúl Villarreal, mano derecha de Chabán, y para el policía Carlos Díaz, de cinco para el manager Diego Argañaraz, y de cuatro para Eduardo Vázquez, baterista de la banda, y para la ex funcionaria Fabiana Fiszbin. No serán detenidos hasta que la sentencia quede firme.
El tribunal oral número 24 condenó a ocho años de prisión al gerenciador de la discoteca Cromañón, Omar Chabán, y a cinco años al líder del grupo Callejeros, Patricio Santos "Pato" Fontanet, al tiempo que impuso penas de prisión de cumplimiento efectivo para los ex funcionarios porteños por la tragedia del boliche del barrio de Once, aunque ninguno irá, por ahora, a la cárcel.
En una sorpresiva decisión, que esta mañana estaba siendo notificada a las partes, los jueces Marcelo Albero, Daniel Llanos y María Cecilia Maiza condenaron a seis años de prisión a Raúl Villarreal, mano derecha de Chabán, y al ex subcomisario Carlos Díaz, a quien además le impusieron la pena de inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos. Entre los ex funcionarios públicos, Fabiana Fiszbin recibió cuatro años de prisión; Gustavo Torres, tres años y nueve meses, y Ana María Fernández, tres años y medio.
El manager de Callejeros, Diego Argañaraz, fue condenado a la misma pena que Fontanet, cinco años, en tanto que el baterista Eduardo Vázquez, quien ya está detenido por el homicidio agravado de su esposa, Wanda Taddei, recibió una pena de cuatro años.
Todas las penas son de cumplimiento efectivo, pero ninguno de los condenados irá de inmediato a prisión porque la sentencia aún no está firme y debe ser revisada por la Cámara Nacional de Casación Penal, la misma que resolvió modificar la calificación legal del delito hace 12 días. "Una vez firme que sea la presente, dispónese la inmediata detención de Chabán, Villarreal, Díaz, Argañaraz, Fontanet, Vázquez, Fiszbin, Torres y Fernández", especifica el fallo.
A todos los condenados con prisión de cumplimiento efectivo les fueron impuestas condiciones de prohibición de salida del país, fijar domicilio sin posibilidad de ausentarse de él por un plazo mayor de 24 horas sin previa autorización del Tribunal, y comparecer periódicamente ante la Justicia.
El resto de los integrantes del ya disuelto grupo de rock Callejeros sufrieron penas menores cuyo cumplimiento fue dejado en suspenso, es decir que no irán a prisión. Christian Torrejón y Juan Alberto Carbone fueron condenados a tres años; Maximiliano Djerfy, Elio Delgado y Daniel Cardell, a dos años y medio.
En primera instancia, Chabán había sido condenado a 20 años; Argañaraz y Díaz a 18, Villarreal a uno en suspenso; Fernández y Fiszbin, a dos, y el resto de los imputados había resultado absuelto. Pero la sala tercera de la Cámara de Casación modificó la calificación legal de "estrago doloso seguido de muerte y cohecho" a "estrago culposo seguido de muerte y cohecho", y trazó una línea horizontal que atravesó en condena a todos los imputados.
La sentencia conocida hoy puede ser apelada ante Casación, en tanto que el fallo de esa Cámara anunciado el 20 de abril pasado está en plazo para ser apelado ante la Corte Suprema.
El abogado de Omar Chabán, Pedro D´Attoli, dijo esta mañana que en los próximos diez días apelará la pena de 8 años de prisión impuesta por el Tribunal Oral 24 porteño a su cliente, quien hoy a primera hora fue notificado del fallo. "Tenemos 10 días para apelar esta decisión y también apelaremos el fallo de la Cámara de Casación mediante un recurso extraordinario ante la Corte", dijo D´Attoli, al explicar que para la defensa es "fundamental" revertir el fallo que declara a Chabán autor de estrago culposo seguido de muerte en concurso real con cohecho activo.

viernes, 15 de abril de 2011

La Argentina ahora es un país más seguro

EL REPRESOR LUIS ABELARDO PATTI RECIBIO SU PRIMERA CONDENA POR DELITOS DE LESA HUMANIDAD
El ex policía y ex intendente de Escobar recibió prisión perpetua a ser cumplida en un establecimiento del Servicio Penitenciario. Reynaldo Bignone, Santiago Omar Riveros y Martín Rodríguez fueron condenados a la misma pena. A un quinto acusado le dieron seis años.
 Por Victoria Ginzberg
Los brazos se unieron en los respaldos de las sillas. Los hermanos Gastón y Manuel Gonçalves, Juana, Diego y Antonio Muniz Barreto, Soledad D’Amico y sus abogados formaron un lazo que los contenía a todos. Cuando la jueza Lucía Larrandart terminó de leer el fallo, se miraron entre ellos, intentaron secarse las lágrimas que seguían apareciendo, se pararon y se abrazaron. La presidenta del Tribunal Oral Federal 1 de San Martín acababa de anunciar la condena de Luis Abelardo Patti, Reynaldo Benito Bignone y otros tres represores por los secuestros, tormentos y asesinatos de sus padres.
Patti, Bignone, Santiago Omar Riveros y Martín Rodríguez recibieron prisión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua más accesorias legales y pago de costas. Al quinto acusado, Juan Fernando Meneghini, le tocaron seis años. Meneghini fue comisario de la 1a de Escobar durante la última dictadura, pero el tribunal consideró que no había tantas pruebas en su contra y no lo culpó por homicidios o tormentos. Más allá de este dato, que los querellantes evaluarán si apelarán o no después del 5 de mayo, cuando conozcan los fundamentos, los abogados, fiscales y familiares de las víctimas se retiraron satisfechos del auditorio Hugo del Carril, en José León Suárez, donde se realizó el juicio.
El dato clave de la decisión judicial de ayer, que fue aplaudido tanto o más que las condenas, lo aportó la jueza cuando comunicó que “el cumplimiento de la pena impuesta a todos los acusados se llevará a cabo en un establecimiento del Servicio Penitenciario Federal” y anuló en el acto la prisión domiciliaria de Meneghini. El policía era el único de los acusados que estaba en la sala cuando se leyó la sentencia. El resto habría optado por permanecer en una habitación contigua. No se informó si Patti llevaba puesto su disfraz de enfermo terminal –que incluye un cuello ortopédico y una camilla– que lució las pocas veces que se dejó ver durante el juicio. El ex intendente de Escobar está actualmente alojado en la clínica Fleni de esa localidad, donde, se supone, se repone de un accidente cerebrovascular. Según se desprende del fallo, el represor podría seguir internado, pero en prisión. Una opción podría ser Ezeiza, donde hay un centro de salud nuevo.
“Es un show para victimizarse. Tiene algo, pero no es un cuadro de la gravedad que quiere mostrar”, opinaron los fiscales Augusto de Luca y Marcelo García Berro, que junto con Juan Murray fueron los delegados de la Procuración en este juicio y se fueron con la satisfacción del deber cumplido.
“Es un cobarde, como lo demostró todo este tiempo y cuando aparece con la camilla me da vergüenza ajena”, dijo a Página/12 Manuel Gonçalves apenas bajó del estrado. Lo importante para él, en ese momento, era cosechar: “Esto es fruto de tanto esfuerzo y peleas, como nos enseñaron las Madres y las Abuelas, porque aunque hubo momentos de derrota, nuestro objetivo era llegar a este día, en el que un tribunal dicte sentencia. Siendo uno de los protagonistas del avasallamiento de la democracia, Patti usó las instituciones para sostener su impunidad. Tuvimos que trabajar el doble que en otros casos. Nos insultaba a todos queriendo ostentar cargos públicos. Y no hay que olvidarse que sus alianzas políticas, por ejemplo con el duhaldismo, llegan hasta hoy”.
Tanto los familiares de las víctimas como los abogados Ana Oberlin y Pablo Llonto destacaron el largo camino que tuvieron que atravesar para que Patti sea condenado. “Fue un caso muy difícil, más complejo que otros, tuvimos que pelear para que no sea diputado, ni candidato, tuvimos amenazados a un montón de testigos. Hasta la prueba, que parecía complicada, se demostró que era contundente”, manifestó Oberlin.
“Es un día histórico. Esto es un alivio y fortalece a la democracia. Patti es un emblema, es tan asesino como los demás, pero se sustrajo a la Justicia y engañó a la sociedad. Ahora se terminó de derribar esa patraña que alguna gente creía, ahora ya nadie le puede creer, salvo los que sean como él o les convenga”, dijo a Página/12 la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, mientras se sacaba una foto con dos muchachas que la abordaron con una cámara digital. Mientras intentaba salir del auditorio y antes de que se acercara otro grupo cámara en mano, agregó: “Cárcel común y cadena perpetua son dos frases para poner en bronce. Es un triunfo del pueblo”.

Víctimas, testimonios, pruebas

Patti, Bignone, Riveros y Rodríguez fueron condenados por los secuestros, aplicación de tormentos y asesinatos de Gastón Gonçalves y Diego Muniz Barreto; el secuestro, aplicación de tormentos y tentativa de homicidio de Juan Fernández, las desapariciones de Carlos Souto y Luis y Guillermo D’Amico y la detención ilegal de Osvaldo Arriosti.
El ex diputado Muniz Barreto y Fernández, que era su secretario, fueron secuestrados en Escobar en febrero de 1977. Los llevaron a la comisaría de la zona, a la Unidad Regional Tigre y finalmente a Campo de Mayo. De allí salieron el 5 de marzo en un Fiat 128 adormecidos con alguna sustancia. Fueron arrojados con el auto a un arroyo cercano a Raíces Oeste, en Entre Ríos. Muniz Barreto murió, pero Fernández sobrevivió y antes de irse al exilio dejó su testimonio ante un escribano público.
Patti está implicado en este caso desde el principio. La ex esposa de Muniz Barreto lo denunció en 1977. Así figura en una presentación hecha ante la Nunciatura por la mujer. Un amigo de la familia declaró en la causa que el 17 de febrero se entrevistó con un hombre que dijo venir de parte de Muniz Barreto (era familiar de un preso de la comisaría de Escobar) que le entregó una nota de puño y letra del diputado que decía: “Movete rápido, estamos en Escobar. Nos detuvo el suboficial inspector Luis A. Patti”. Muniz Barreto mandó dos mensajes más de este tipo que llegaron a la familia y a su empresa. Según el informe del personal de la comisaría de Escobar, Patti fue promovido el 7 de marzo de 1977, un día después del asesinato de Muniz Barreto.
Los secuestros de Souto, los hermanos D’Amico y Arriosti se produjeron en 1977 en la zona de Garín. Arriosti sobrevivió a su cautiverio e identificó a Patti como uno de los hombres que lo capturó.
Gonçalves fue secuestrado el 24 de marzo de 1976 en Zárate. Dos testigos narraron que estuvieron detenidos con él en un camión celular ubicado detrás de la comisaría de Escobar, donde Patti cumplía funciones de oficial subinspector. El 2 de abril de 1976 el cadáver de Gonçalves fue dejado en el paraje El Cazador, en la ruta 4. Lo habían fusilado y después incinerado. Veinte años más tarde, el cuerpo, que estaba enterrado en el cementerio de Escobar como NN, fue identificado por el Equipo Argentino de Antropología Forense. Unos meses antes de su secuestro, Gonçalves y su mujer habían discutido con Patti a raíz de la organización de un acto en Escobar. “Ya vas a ver lo que te va a pasar. Te voy a hacer matar”, lo amenazó el policía.
Patti, representado por Silvio Duarte y el ex juez Alfredo Bisordi, intentó mostrarse como un “perseguido político” pero testimonios y pruebas documentales desarmaron su estrategia. Durante el juicio, por ejemplo, se presentó un volante elaborado en 1975 por la Juventud Peronista –que terminó archivado en la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires– en el que se denunciaba que en la comisaría de Escobar “se atropellaba la dignidad humana” y se mencionaba al oficial “Patti” como uno de los “siniestros personajes que llevan a cabo estos bestiales hechos”.

Canciones

Los acusados tuvieron la posibilidad de decir sus “últimas palabras” por la mañana. Hicieron uso de su derecho Bignone y Rodríguez. El primero aprovechó para criticar a Carlotto, que había narrado, en la causa sobre el plan sistemático de apropiación de bebés, dos encuentros que tuvo con él. “Me arrepiento de haberle abierto mi casa y mi corazón”, dijo el represor. Carlotto contestó después: “No dijo que se arrepentía de los crímenes que cometió”. Rodríguez, que hasta febrero del año pasado fue profesor en la Universidad Católica de Salta, hizo un largo alegato político que hasta incluyó una queja porque no se había sancionado el 82 por ciento móvil para los jubilados, lo que provocó la risa del público.
La condena a Rodríguez fue ponderada por Llonto. “Hace mucho sabíamos que había un represor al que llamaban ‘Toro’, pero recién el año pasado pudimos identificarlo y ya está condenado. Debe ser el caso que más rápido se resolvió”, señaló.
Juana Muniz Barreto apretaba dos pulseras de mostacillas de colores y pelo de elefante. Se las trajo su papá de Africa, cuando viajó para escapar de persecuciones de la Triple A y las levó al juicio también el día que declaró. Ante las cámaras de televisión que la abordaban después del fallo contaba que ahora le toca hacer de mamá. “Tengo dos hijos y no creo haber sido mala madre hasta ahora. Les dejo el legado de pelear por lo que uno cree justo, pero hasta ahora estuve muy dedicada a mi papá. Ahora es el momento de mis hijos.”
Cuando Larrandart leyó la decisión que ella y sus colegas Horacio Segretti y María Lucía Cassain habían tomado, en el auditorio se escucharon aplausos y gritos. Muchos “bravo” y algún “vamos Argentina”. Se alzaron decenas de fotos en blanco y negro de desaparecidos vistos en Campo de Mayo y se entonó el clásico “Como a los nazis, les va a pasar, adonde vayan los iremos a buscar”. Afuera se habían montado dos pantallas gigantes y un escenario al que luego subirían Los Auténticos Decadentes. Allí, mientras hablaba la jueza, se escuchó una canción compuesta especialmente para la ocasión: “Miren, miren que alegría/ miren, miren qué emoción/ Luis Abelardo Patti se pasea en tanga por el pabellón”.