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viernes, 24 de mayo de 2013

De la Sota mantiene su idea de negociar con los genocidas


A través de su cuenta de Twitter, el gobernador de la provincia de Córdoba expresó nuevamente su idea de "romper los pactos de silencio de los genocidas" y negociar, reduciendo penas, a cambio de información.“Así agarraron a los capos de las mafias y a los grandes genocidas. Rompiendo los pactos de silencio. Aquí se llevan los secretos a la tumba.”, publicó el gobernador.

El gobernador José Manuel de la Sota utilizó hoy su cuenta de Twitter para expresarse sobre su pedido de reducir las penas a los genocidas y “negociar” para obtener información sobre los desaparecidos. Lejos de echarse atrás en su idea, el gobernante provincial ratificó su demanda, la cual generó voces en contra y el malestar de los organismos de Derechos Humanos días atrás.

Dios me dio la alegría de no odiar. Quiero una Patria sin odios. Con Justicia y castigo a los asesinos para q haya Paz para siempre!”, reza uno de los últimos tuits del gobernador, pero la lista es aún más larga y a continuación, te mostramos algunos:

Fui víctima del terrorismo de estado. SufrÍ torturas y simulacros de fusilamiento. Fui preso sin causa y sin condena. Pedí a Dios no odiar.”

“Cuando se hace politiquería con los DDHH y algunos se "apropian", se insulta y agravia a quienes queremos Verdad, Justicia y Reconciliación.”

“Si se quiebra el "pacto de silencio" de los genocidas, sabríamos donde están todos los q nos faltan y se condenaría a TODOS los culpables.”

“No es con odio como se descubre la verdad y se castiga a los culpables. Es con inteligencia y aplicando lo q se hizo con los nazis y mafias.”

“Así agarraron a los capos de las mafias y a los grandes genocidas. Rompiendo los pactos de silencio. Aquí se llevan los secretos a la tumba.”

“DDHH dije: "le hubieran ofrecido a alguno una rebaja de pena para q rompiera el pacto de silencio q hay entre los genocidas. Sabríamos mas."

“DDHH dije: "NI UN PASO ATRAS en lo conseguido hasta hoy. Demos UN PASO ADELANTE: condena también para los asesinos de RUCCI".

lunes, 25 de marzo de 2013

A 37 años del Golpe de Estado

CIUDAD › MULTITUDINARIO ACTO EN ROSARIO A 37 AÑOS DEL GOLPE DE ESTADO


 
"Nunca pudieron acallar del todo la voluntad popular"

La manifestación la encabezó la bandera de los organismos de Derechos Humanos, con las fotos de los desaparecidos. Detrás marcharon organizaciones políticas, sociales, gremiales, universitarias y de todo tipo. Gran presencia de dirigentes políticos.

Por Sonia Tessa


Las columnas parecían interminables. Cuadras y cuadras --más de 15-- de personas que cantaban sus propias consignas, atrás de las banderas que eligieron, pero todas juntas, como cada año, para repudiar el golpe cívico-militar-clerical del 24 de marzo de 1976. Aquella madrugada, cuando tomaron el control operacional del país, las Fuerzas Armadas prohibieron las manifestaciones públicas. Ayer, 37 años después, unas 20 mil personas salieron a las calles de Rosario para exorcizar el olvido. Muchos de los manifestantes ni siquiera habían nacido entonces. Llegaron y coparon el Monumento a la Bandera. "El objetivo de acallar para siempre la voluntad popular no lo pudieron cumplir", decía el documento que se turnaron para leer varios militantes, y que fue consensuado por organismos de derechos humanos, organizaciones sociales y políticas, con excepción de partidos de izquierda que participaron de la marcha, pero se fueron del acto en desacuerdo con el documento.

La reivindicación de la militancia de los 30 mil desaparecidos, la exigencia de aceleración de las causas por delitos de lesa humanidad que "duermen en los cajones" de la justicia, el pedido para acumular la causa contra Pedro "Pili" Rodríguez en curso con el resto de los casos de desaparecidos del cordón industrial de San Lorenzo y la inmediata búsqueda de los represores prófugos fueron algunos de los reclamos leídos a viva voz por ex presos políticos y militantes de derechos humanos. El pedido de justicia por Jorge Julio López y Silvia Suppo también tuvo lugar en ese documento. "Nos alarman las denuncias por espionajes de Gendarmería contra integrantes de las organizaciones populares", decía también el documento, en el que se reseñó el momento histórico que vive América Latina. "Hemos alcanzado un piso más alto pero nuestros sueños son ambiciosos como los que desvelaron a nuestros compañeros desaparecidos", fue la parte del documento consensuado que le tocó leer a Andrés Destefani, hijo de la testigo de la causa Brusa Silvia Suppo, asesinada el 29 de marzo de 2010, pocos meses de la sentencia de ese juicio.

"Tenemos la satisfacción de ser el primer país del mundo en juzgar a genocidas dentros de sus fronteras y con juez natural", leyó Rocío, la nieta de Potongo Camuglia, desaparecido de San Lorenzo, cuya causa exigen acumular con la de Manuel Casado, iniciada el viernes pasado en el Tribunal Oral Federal número 1. Era también parte del documento leído al final de la marcha, que salió poco antes de las 18 de la plaza San Martín y llegó al Monumento a la Bandera al grito de "Madres de la Plaza, el pueblo las abraza". Las Madres Norma Vermeulen y Elsa Chiche Massa estaban allí, con sus pañuelos blancos. "Estoy muy emocionada por tanta demostración de cariño", dijo Vermeulen, una de las pocas Madres que todavía está en condiciones de continuar con la ronda de cada jueves en la plaza 25 de Mayo. Una de las fundadoras, Esperanza Labrador, que murió en noviembre de 2011, estaba presente con su foto en la pancarta que portó su hija, Manuela.

En la pantalla instalada sobre el escenario del Monumento, las imágenes de los desaparecidos Marta Bugnone y Jorge Ayastuy llevaban la leyenda: "Vos podés ser quién buscamos". Matías Ayastuy, que tenía nueve meses cuando se llevaron a sus padres, busca a un hermano que pudo haber nacido entre marzo y agosto de 1978 en el centro clandestino de detención El Banco, en Buenos Aires. Otras imágenes mostraban a Raquel Negro y Tulio Valenzuela, los padres de Sabrina Gullino Valenzuela, que recuperó su identidad en 2008. Ella busca a su hermano mellizo, nacido con ella entre febrero y marzo de 1978 en el hospital Militar de Paraná. Ella fue "abandonada" por los represores y entregada en adopción pero de su hermano nada se sabe, sólo que le dieron el alta en el Instituto Privado de Pediatría de Paraná el 27 de marzo de ese año. En el acto, se recordó que esos niños --hoy adultos-- apropiados "son los hermanos de todos".

La manifestación la encabezó, como siempre, la bandera de los organismos de Derechos Humanos. Ana Moro y otras históricas luchadoras llevaron esa primera bandera con las fotos de los desaparecidos. Detrás estaba la de Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, con una cuadra de manifestantes. La bandera de Hijos congregó también a una importante columna. Después el heterogéneo abanico de organizaciones políticas, sociales, gremiales, universitarias y de todo tipo. La Bancaria y Empleados de Comercio se sumaron en San Luis y España. Sitratel (gremio de telefónicos), Amsafé y la Central de los Trabajadores Argentinos estuvieron presentes.

De la larga marcha participaron desde la presidenta de la Corte Suprema de Justicia de la provincia, Angélica Gastaldi, hasta los fiscales federales Mabel Colalongo y Federico Reynares Solari. Una presencia inesperada fue el arquero de Ñúbel, Nahuel Guzman. Más previsible fue que estuvieran los diputados nacionales Agustín Rossi y Marcos Cleri, así como los concejales Norma López, Roberto Sukerman y Alberto Cortés. La abigarrada columna de Unidos y Organizados cantó de manera intermitente la marcha peronista. En la columna del Partido Socialista, el senador provincial Miguel Lifschitz fue la figura destacada.

Al llegar al Monumento, una muy nutrida columna de Amsafé y CTA Rosario, como así también el Partido de los Trabajadores Socialistas, Pan y Rosas y Partido Obrero, entre otras organizaciones de izquierda, se separaron de la manifestación. Con las consignas de la aparición con vida de Julio López y la derogación de la ley antiterrorista, entre otras, decidieron no participar del acto. También un grupo de organizaciones sociales --Caleidoscopio, Causa y Efecto, el Frente Popular Darío Santillán, entre otros-- se fue a Córdoba, para terminar en un pequeño acto en la plaza frente al Concejo.

viernes, 8 de marzo de 2013

Cecilia Pando condenada a 5 meses de prisión


EL PAIS › CECILIA PANDO FUE CONDENADA A CINCO MESES DE PRISION EN SUSPENSO POR EL DELITO DE DAÑO AGRAVADO

Como parte de su condena, Cecilia Pando deberá cumplir treinta horas de trabajo comunitario.

Los pañuelos de las Madres no se tapan

La condenaron por haber cubierto con crespones negros los dibujos de los pañuelos blancos de las Madres que rodean la Pirámide de Mayo. Pando intentó negar los hechos, documentados en un video. La denuncia la había realizado Carlos Pisoni, de H.I.J.O.S.

La apologista del genocidio Cecilia Pando fue condenada ayer por el delito de daño agravado, por haber cubierto con crespones negros los pañuelos blancos que rodean la Pirámide de Mayo en homenaje a las Madres. Pando intentó negar los hechos, documentados en un video que se expuso ayer durante la audiencia, y pretendió escudarse en su ignorancia: “No sabía que era un sitio histórico”, dijo. El juez porteño Guillermo Eduardo Hugo Morrosi, titular del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 13, la condenó a la pena de cinco meses de prisión en suspenso y a cumplir treinta horas de trabajo comunitario, aunque no informó en qué institución. “Estamos conformes con la sentencia”, declaró Carlos Pisoni, el miembro de H.I.J.O.S. Capital que presentó la denuncia en 2009. “Creemos que puede servirle, a Pando y al grupúsculo que la acompaña, para que recapaciten en torno al odio y a la violencia que emanan en sus actividades y para que no hagan más este tipo de actos que intentan agraviar a las Madres y a los organismos de derechos humanos”, reflexionó.

Entre 2006 y 2009, el primer martes de cada mes, Pando pintó el sector que rodea a la Pirámide a la cabeza de la denominada “Asociación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos de la República Argentina”, como llama a los militares, policías y demás represores procesados y/o condenados por crímenes de lesa humanidad. A mediados de 2009, con un video como prueba, Pisoni la denunció por apología del delito, actitudes intimidatorias y daño agravado, ya que la pirámide fue declarada patrimonio histórico por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.

Pando rechazó la posibilidad de una probation y ayer por la mañana se presentó a la audiencia, oral y pública, acompañada por su abogado Oscar Vigliani, el blogger Horacio Palma (“Escribidor contumaz de cosas sin importancia”, según su propia definición), el teniente coronel Emilio Nanni y un puñado de señoras de militares a quienes suele acompañar a los juicios de Comodoro Py. “A las Madres de Plaza de Mayo no les toqué ni un solo pañuelo”, se atajó ante la prensa. “Yo no sabía que era un sitio histórico. En todo caso le tengo que pedir disculpas a la Justicia”, agregó, pese a que la declaración como sitio histórico fue obra de la Legislatura. “Siempre hablo de que respetamos el dolor de las Madres”, dijo con la misma liviandad con que intenta desde hace años ensuciar a los organismos de derechos humanos. Luego apeló a la hipótesis del loco suelto: “Siempre hay algún sacado que dice ‘pintemos el pañuelo’, y yo digo ‘no, no lo voy a aceptar porque forma parte de la historia, y tenemos que contarla toda y mirar hacia adelante’”.

A la pequeña sala de audiencias sólo pudieron entrar ocho personas. Afuera quedó una numerosa delegación de H.I.J.O.S. A Taty Almeida, de Madres, le tocó sentarse junto a Nanni. En primer turno, Pisoni relató los hechos, mostró el video de mayo de 2009 –en el que, además de embadurnar la Plaza, Pando dio un discurso contra Madres y Abuelas– y respondió preguntas de la fiscal Silvina Bruno. Entonces llegó el turno de Pando y su abogado, quien se mostró ofuscado por la remera de Pisoni & Cía. con la leyenda “Los pañuelos no se manchan”.

El argumento de la defensa fue que no se hicieron pintadas sobre los pañuelos, sino en los costados. La respuesta de la acusación: todo el sector que rodea a la pirámide es un sitio histórico. Al hacer uso de sus últimas palabras, Pando habló de “persecución política”, dijo que no tenía nada contra las Madres, que respetaba su dolor, que no sabía que la plaza era un sitio histórico y, ante la posibilidad de que le pudieran aplicar la máxima pena prevista para el daño agravado (cuatro años de prisión), recordó que es madre de siete hijos, que tiene un auto modelo 1998, que es docente y vive con 15 mil pesos.

La fiscal Bruno pidió para Pando una pena de seis meses de prisión (el Código Penal prevé de tres meses a cuatro años) y luego el juez Morrosi pasó a un cuarto intermedio hasta las 16. “Al agraviar los pañuelos se agravia a lo que representan, que son los 30 mil detenidos desaparecidos”, apuntó en el cuarto intermedio Taty Almeida. “Este es otro de los tantos juicios que se pueden realizar gracias a la política de Estado sobre los derechos humanos”, destacó, acompañada por su compañera Aurora Belloquio, la abuela de Pisoni, actual representante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en el Espacio Memoria y Derechos Humanos que funciona en la ex ESMA. “No sé si alcanza con un pedido de disculpas”, dijo a su turno Pisoni. “(Pando) es una mujer que habla de muerte en sus discursos; lo que alcanzaría sería que no defienda a los genocidas”, agregó.

La jornada se completó a la tarde con la lectura de la sentencia: cinco meses de prisión en suspenso, treinta horas de trabajo comunitario, el pago de las costas de los abogados y la obligación de presentarse durante dos años ante el Patronato de Liberados. El juez no precisó en su sentencia en qué institución deberá cumplir Pando con el trabajo comunitario, dato que seguramente se conocerá el 13 de marzo, cuando se lean los fundamentos.

miércoles, 4 de julio de 2012

Ya juzgan los crímenes de la dictadura en San Nicolás


El Tribunal Oral Federal 2 (TOF2) de Rosario comenzó ayer el juicio oral contra los ex coroneles del Ejército Manuel Fernando Saint Amant y Antonio Federico Bossié, y el ex comisario general de la Policía Federal Jorge Muñoz, por crímenes de lesa humanidad cometidos en la ciudad de San Nicolás

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Los imputados. Saint Amant, ex jefe del Area Militar 132; su segundo, Bossié, y el ex policía Muñoz.

Por Jorge Kaplán / La Capital 


El Tribunal Oral Federal 2 (TOF2) de Rosario comenzó ayer el juicio oral contra los ex coroneles del Ejército Manuel Fernando Saint Amant y Antonio Federico Bossié, y el ex comisario general de la Policía Federal Jorge Muñoz, por crímenes de lesa humanidad cometidos en la ciudad de San Nicolás. El proceso unifica tres causas que incluyen la llamada masacre de calle Juan B. Justo, la desaparición de un grupo de militantes de la JP y el secuestro y tormentos en perjuicio del locatario de la casa donde vivía un matrimonio desaparecido.

En la primera audiencia del juicio se comenzó con la lectura de los pedidos de elevación a juicio, de la causa por la masacre, de las querellas de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, su homóloga de la Nación y la de Manuel Gonçalves, nieto recuperado y único sobreviviente de los hechos. Se prevé que hoy se haga lo propio con el de la Fiscalía y se comience con los pedidos de elevación a juicio de la causa Alvira, otro de los expedientes acumulados.

El TOF2 además ayer resolvió la detención de los imputados Bossié y Muñoz, que estaban en libertad, mientras duren las audiencias del juicio oral, a partir de un pedido que la Fiscalía presentó la semana pasada y al que las querellas adhirieron. La solicitud se basó en el riesgo de fuga de los acusados, teniendo en cuenta la gravedad de los cargos en su contra. Saint Amant, en tanto, permanecerá con el régimen de arresto domiciliario.

En la sala de audiencias se pudo ver entre el público al subsecretario de DDHH de la Nación, Luis Alem; el secretario del área bonaerense, Guido Carlotto; su par de Santa Fe, Horacio Coutaz, y la diputada provincial Alicia Gutiérrez.

En la lectura de la acusación sobresalieron algunos aspectos que dan la gravedad de los hechos. En la masacre de calle Juan B. Justo, en la madrugada del 19 de noviembre de 1976, efectivos del Ejército y policías de varias jurisdicciones irrumpieron en la casa donde vivía la familia Amestoy y en la cual se encontraba también Ana María Granada y su hijo Manuel Gonçalves de apenas meses de vida. Allí fueron asesinados Omar Amestoy y su esposa María del Carmen Fettolini de varios disparos en la cabeza, mientras que Granada recibió 14 impactos de bala. En el informe policial se alegó que las víctimas se habían "suicidado".

Los niños Fernando y María Eugenia Amestoy (de 4 y 6 años respectivamente) fueron llevados en grave estado al Hospital San Felipe donde fallecieron a causa de los gases. Según testigos se arrojaron al menos 30 granadas dentro de la casa, muchas de ellos a través de la claraboya del baño, donde habían puesto a los chicos tratando de resguardarlos de las balas. Tampoco hay evidencia de que las víctimas hayan estado armadas o efectuado disparos
.http://www.lacapital.com.ar/politica/Ya-juzgan-los-crimenes-de-la-dictadura-en-San-Nicolas-20120704-0027.html