Murió Videla

Videla murió de un paro cardíaco derivado de lesiones y fracturas

Fuentes judiciales confirmaron que el informe preliminar de la autopsia determinó que murió el viernes como consecuencia de un paro cardíaco derivado de las lesiones y fracturas que sufrió cinco días antes tras caerse mientras se duchaba.

El juez federal 3 de Morón, Juan Pablo Salas, se reunió con familiares del fallecido ex dictador para notificarlos del resultado de la autopsia.

Sin embargo, se esperan estudios complementarios que envió a realizar, entre ellos uno toxicológico, que estarán recién dentro de 20 días.

En tanto, la familia podría pedir nuevas pericias, lo que podría demorar la inhumación del cádaver.

Fuentes judiciales confirmaron a Télam que el informe preliminar de la autopsia determinó que Videla murió el viernes como consecuencia de un paro cardíaco derivado de las lesiones y fracturas que sufrió cinco días antes tras caerse mientras se duchaba.

La pericia señala que el último domingo Videla había tenido "una caída mientras se duchaba en uno de los baños del Penal de Marcos Paz, que le habría producido fracturas en el pubis y en una de sus costillas".

Además, el resultado agrega que el dictador "estaba anticoagulado" lo que, con las fracturas provocadas por la caída, le produjo una hemorragia interna que derivó en un paro cardíaco.

Una vez que finalicen todos los estudios que el juez encomendó, los familiares "pueden llegar a solicitar la realización de nuevos exámenes complementarios u otros peritajes de los cuales podrían participar peritos de parte", dijo la fuente consultada.

En ese caso, la inhumación de los restos podría demorarse hasta tanto culminen esos estudios, explicó a Télam una fuente cercana al juzgado.

Una vez que sea liberado el cadáver, los familiares tienen que informar al juzgado el lugar donde se inhumarán los restos y, luego de que se concrete, presentarle el certificado de inhumación.

En principio, algunas versiones indican que los familiares de Videla inhumarán los restos del represor en el cementerio de Mercedes, en el noroeste bonaerense, ciudad en la que nació.

Videla murió a los 87 años cuando cumplía una pena de prisión perpetua unificada por tres condenas: una de ellas por el juicio a las juntas de 1985, otra por torturas y secuestros en la provincia de Córdoba y la restante por apropiación de bebés, hijos de desaparecidos.

http://www.telam.com.ar/notas/201305/18238-los-familiares-de-videla-seran-notificados-del-resultado-de-la-autopsia.html

Un paso más hacia la extradición

LA JUSTICIA BRASILEÑA INICIO EL PROCESO PARA ENVIAR AL PAIS A UN REPRESOR DE LA ESMA

 Por Darío Pignotti 

El Supremo Tribunal Federal de Brasil comenzó con las gestiones para posiblemente extraditar a Claudio Vallejos, quien admitió haber intervenido en el secuestro del pianista brasileño Francisco Tenorio Cerqueira Junior, desaparecido.

Desde Brasilia

Uno de los capítulos menos investigados del Plan Cóndor, el que vinculó a las dictaduras de Brasil y Argentina, entre otras del Cono sur, comienza a salir de las sombras. El Supremo Tribunal Federal brasileño inició las gestiones para la posible extradición del represor argentino Claudio Vallejos, ex ESMA, quien declaró haber participado en el secuestro del pianista brasileño Francisco Tenorio Cerqueira Junior, desaparecido desde 1976, cuando realizaba una serie de presentaciones en Buenos Aires junto a Vinicius de Moraes.

Está probado con harta documentación –que incluye cartas del sindicato de músicos al dictador Ernesto Geisel (1974-1979)– que la Cancillería brasileña y la Embajada en Buenos Aires tomaron conocimiento prácticamente de inmediato del secuestro de Cerqueira Junior el 18 de marzo del ’76, y hay indicios firmes sobre la participación de agentes brasileños en los interrogatorios y torturas. Lo que hace de la desaparición de “Tenorinho” un caso emblemático del Cóndor orquestado por brasileños y argentinos.

Después de años de indiferencia judicial, el juez Gilmar Méndes, del Supremo Tribunal Federal, dio un paso firme hacia la extradición del presunto secuestrador Vallejos al ordenar la semana pasada que éste quede bajo jurisdicción de la Policía Federal, por su carácter de extraditable.

El proceso de deportación está caratulado en el Supremo como oficio 478/2012 y fue solicitado, tres meses atrás, por el fiscal federal argentino Miguel Angel Osorio, a cargo de la causa ESMA, quien en su fundamentación se refirió al Plan Cóndor y citó informaciones publicadas por Página/12.

Elisa Cerqueira era una niña de 8 años cuando su padre Francisco Tenorio, de 35, fue secuestrado. Desde entonces ha esperado en vano una respuesta de las autoridades brasileñas. “Si Vallejos es deportado allá (Argentina) va a ser juzgado y probablemente condenado, como sucedió con todos (los miembros de ESMA). Alfredo Astiz está preso y condenado. Yo creo que él tiene que ser deportado, porque acá no va a pasar nada, Brasil todavía no abrió los archivos, no reconoce su participación en este caso, amnistió a los torturadores, entonces creo que debe irse porque allá se hace justicia.” “Aquí Vallejos puede ser liberado en cualquier momento con cualquier excusa boba, por eso el gobierno argentino pidió que lo extraditen, allá va a responder por los grandes crímenes que cometió”, dijo Elisa Cerqueira al diario electrónico Carta Maior.

El Gordo Vallejos fue miembro de la Marina, actuó en la ESMA desde el comienzo de la dictadura y, según él mismo confesó, participó en el grupo de tareas que secuestró al pianista Francisco Tenorio Cerqueira Junior, que horas antes había participado de uno de los memorables recitales del poeta y ex diplomático Vinicius de Moraes junto al guitarrista Toquinho.

En la década del ’80, Vallejos desembarcó en Brasil donde repartía su tiempo entre estafas varias –por lo que fue preso más de una vez, la última en enero pasado– y vender entrevistas sobre su participación en el rapto del pianista Cerqueira Junior –un músico exquisito, poco volcado a la política—, y relatar los secuestros de varios militantes brasileños como Sidney Fix Marques dos Santos y Maria Regina Marcondes Pinto de Espinosa, quienes continúan desaparecidos desde 1976. Casos que posiblemente serán materia de indagaciones por parte del fiscal Osorio, si se lleva a cabo la deportación.

“Maté por lo menos a 30 personas y perdí la cuenta de aquellos que torturé, perdí la cuenta de aquellos que yo había torturado y acabaron muertos”, declaró hace tiempo Vallejos a la revista Fatos, acaso envalentonado por las inminentes leyes de Obediencia Debida y Punto Final. También soltó la lengua para la televisión francesa, donde se despachó sobre Alfredo Astiz, y realizó declaraciones en la extinta revista argentina La Semana, a la que dijo: “Yo participé con (Rubén) Chamorro en el secuestro de (el embajador) Hidalgo Solá”, otra de las víctimas de los grupos de tareas de la ESMA, por orden del almirante Emilio Massera.

La vocación histriónica del represor y su prontuario como estafador hacen que sus afirmaciones sean tomadas con reserva, “no sabemos si todo lo que dice es verdad, pero es muy importante que esté detenido y que sea deportado” para ser interrogado por la Justicia argentina, plantea Jair Krischke, titular del Movimiento de Justicia y Derechos Humanos de Brasil, consultado por este diario.

Y luego avanza: “Esto también será importante” para la Comisión de la Verdad, creada el mes pasado por la presidenta Dilma Rousseff, porque es probable que se progrese en la reconstrucción de uno de los casos paradigmáticos del Plan Cóndor. Krischke dijo que no se puede prever cuándo habrá una definición sobre el caso, porque éste debe ser tratado por el plenario de los once miembros del Supremo Tribunal Federal, pero estima que hay “elementos” para esperar un fallo favorable dado que ya fueron concedidas otras extradiciones de represores que actuaron en Argentina, como el coronel uruguayo Manuel Cordero Piacentini, en enero de 2010, y el teniente argentino Norberto Raúl Trozzo, el año pasado.

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-196122-2012-06-11.html 

“El caso Noble muestra la impunidad con la que aún debemos convivir”

LA HIJA DE DESAPARECIDOS MARÍA VICTORIA MOYANO ARTIGAS DECLARÓ EN LA CAUSA POR EL ROBO DE BEBÉSPublicado el 4 de Mayo de 2011

Por Gerardo Aranguren
La joven advirtió que avanzar en la identificación de los 400 nietos “es ir en contra de empresas poderosas” como Clarín y Mercedes Benz. Confrontó con el abogado de un represor que la acusó de hacer una “arenga revolucionaria”.
 

Podemos terminar con la arenga revolucionaria?”, gritó el defensor del ex almirante Rubén Franco, Luis Velasco, cuando María Victoria Moyano Artigas, una de las primeras nietas recuperadas, terminaba su declaración testimonial en el juicio oral por el Plan Sistemático de robo de bebés. La respuesta de María Victoria fue inmediata: “Esperé 32 años para hablar y tengo todo el derecho de hacerlo. Yo no estoy en el banquillo de los acusados, estoy en el de los que acusan, son ellos los que tienen que dar las explicaciones sobre lo que hicieron”, contestó la joven, mientras desde el público bajaban los aplausos de familiares y organismos de Derechos Humanos que presenciaron la audiencia.
María Victoria nació el 25 de agosto de 1978 en un pasillo del Centro Clandestino de Detención Pozo de Banfield, donde estaban detenidos sus padres, María Asunción Artigas y Alfredo Moyano. Ambos eran militantes tupamaros que habían llegado al país huyendo de la dictadura uruguaya y que fueron secuestrados por un operativo conjunto entre el Ejército argentino y uruguayo en diciembre de 1977.
Exactamente diez años después del secuestro de sus padres, María Victoria recuperó su identidad. Hasta ese momento había permanecido apropiada por el matrimonio Víctor Penna y María Elena Mauriño. Oscar Penna, el hermano de su apropiador, era comisario de la Brigada de San Justo y les había entregado la bebé seis horas después de nacer. La recién nacida fue “legalizada” en su partida de nacimiento por el médico de la Policía Bonaerense Héctor Vidal.  La denuncia original ante Abuelas de Plaza de Mayo la hizo su maestra de primer grado Olga Fernández, quien conocía a la familia y sabía que María Victoria no podía ser su hija biológica como figuraba en el acta de nacimiento. El 31 de diciembre de 1987, el juez Juan Ramos Padilla le comunicó su verdadera identidad y a partir de allí comenzó a reconstruir la historia familiar con sus abuelas, sus familiares y quienes compartieron cautiverio con sus padres, como Adriana Chamorro.
“Adriana me contó que estuvo en la celda con mi mamá y que siguió de cerca el embarazo. Me contó que Oscar Penna (hermano de su apropiador) la había ido a ver al Pozo de Banfield varias veces junto a un médico y le preguntaba qué necesitaba. Mi mamá le pidió vitaminas. Había una preocupación por el nacimiento porque ya había un destino y hasta que no tuviera el bebé no iba a salir de ahí, por eso Oscar Penna terminó siendo el tío, el tío apropiador”, relató la joven restituida, y agregó: “Si sé quién soy es porque Adriana le dijo a mi familia que había nacido y mis abuelas empezaron a buscarme, porque mi mamá no supo que estaba embarazada hasta que llegó al Pozo de Banfield.”
María Victoria repasó con detalle los sentimientos que le generó su restitución, a los nueve años, y los resumió en una frase: “Volver a nacer.” Por eso mismo reclamó al Estado, “que desapareció a 500 bebés”, que ponga mecanismos para encontrar a los niños apropiados que permanecen desaparecidos.
“Hace 23 años que recuperé mi identidad y todavía no sé qué pasó con mis padres, mis 400 hermanos y los 30 mil desaparecidos. Quisieron hacer un daño enorme, un plan dirigido a los sectores que luchaban por cambiar la realidad, pero no lo lograron. Reivindico haber encontrado mi identidad, reivindico también la militancia de mis padres, comparto su lucha por revolucionar esa realidad que vivían”, manifestó a viva voz María Victoria.
La reivindicación de la militancia de sus padres hizo reaccionar a Luis Velasco, actual abogado de Franco y ex defensor de Luis Patti. Sin embargo, la chicana no evitó que la joven restituida finalizara su exposición ante el Tribunal Oral Federal Nº 6: “El caso de Ernestina Herrera de Noble muestra la impunidad con la que debemos convivir. Falta encontrar a 400 de mis hermanos y avanzar con eso es ir en contra de empresas poderosas, que no son sólo Clarín porque sabemos que Mercedes Benz donó un equipo de obstetricia a Campo de Mayo, donde hubo denuncias de nacimientos clandestinos. También es ir contra los jueces como (José) Martínez Sobrino, (Gustavo) Mitchell, que participaron en la apropiación de niños y siguen en funciones. Por eso no aparecemos, por eso no aparecen mis hermanos. Nuestras Abuelas se mueren y los genocidas siguen impunes”, finalizó.

“En este juicio hubo realmente muchas pruebas”

LUCILA LARRANDART EXPLICA COMO SE LLEGO A LA CONDENA A PATTI Y BRINDA SU VISION SOBRE LA MARCHA DE LAS CAUSAS CONTRA LOS REPRESORES

La presidenta del Tribunal Oral Federal Nº 1 de San Martín reseña el papel del ex policía en la represión y explica las pruebas fundamentales en su contra. También detalla las dificultades para hacer justicia más de 30 años después de los hechos.

 Por Alejandra Dandan

Lucila Larrandart es la presidenta del Tribunal que condenó a Luis Abelardo Patti a la pena de prisión perpetua por el asesinato de Gastón Gonçalves y los secuestros y torturas a otros seis militantes del PJ de Escobar durante la última dictadura. En diálogo con Página/12, la jueza explica que el Tribunal probó durante el juicio que el ex intendente de Escobar no sólo actuaba como policía sino que desde ese papel operaba como hombre de Inteligencia al servicio del Ejército: “Conformaba grupos operativos a través de la Unidad Regional de Tigre, que dependía del Comando de Institutos Militares y manejaba a los hombres de Inteligencia”. Explica que eso sucedió “desde el ’74, o sea mucho antes del golpe de Estado”. En la entrevista, reseña por qué Patti nunca estuvo presente en la sala de audiencias y comenta sus impresiones ante el polémico ex camarista Alfredo Bisordi, devenido en abogado del represor. Larrandart también analiza la marcha de los juicios orales por causas de lesa humanidad.

La jueza tiene su carácter. Durante el juicio, su tono de voz inquietó más de una vez a los abogados de las querellas, pero también al propio Bisordi. Se decía que sus modos eran parte de un ritual que le permitía mostrarse fuerte en un escenario donde Bisordi alguna vez llegó a recordarle a los gritos que había sido su superior. Pero esos modos desaparecen fuera de la escena del juicio. Larrandart está en su despacho y, cigarrillo tras cigarrillo, dice que estas causas debían haberse juzgado hace treinta años, que con el paso del tiempo no sólo se pierden pruebas sino la posibilidad de condenar y de reparar, porque muchas de las víctimas también están muertas. “Si ante cualquier asonada como la de Semana Santa uno saca una ley para calmarlos (a los militares), estoy debilitando la democracia porque debilito la Justicia”, explica. Y señala que “uno no logra nada asustándose por la posibilidad de un golpe, porque con ese gesto se lo puede promover precisamente porque se demuestra que uno es débil. En cambio, si uno, asumida la democracia, reafirma el valor de la Justicia, esa democracia se fortalece”.

Larrandart quedó afuera de la Justicia con el golpe militar. En ese momento encontró un espacio de trabajo entre los organismos de derechos humanos que comenzaban con las primeras denuncias sobre la represión. Formó parte de quienes recogieron datos en el marco de la Conadep y, luego de una larga carrera judicial, ahora integra el Tribunal Oral Federal Nº 1 de San Martín, una de las cámaras encargadas de los juicios de la megacausa de Campo de Mayo. Por su pasado, usualmente ella es recusada por los represores. Se la nota acostumbrada a esas chicanas. Su tarea resulta legitimada por los tribunales de alzada.

–A más de treinta años de los hechos, ¿cómo evaluaron las pruebas en el juicio a Patti?

–Para nosotros, sean militares o no, estemos o no estemos ante crímenes de lesa humanidad, predomina el principio de inocencia o de duda con cualquier procesado. De modo que cuando damos una conclusión es porque hay muchas pruebas. Y en este juicio hubo realmente muchas pruebas. Ahora bien, es cierto que la apreciación de las pruebas en delitos de lesa humanidad tiene distintas características. Ante un delito común, yo tengo todas las pruebas más o menos a mano. Pero nosotros juzgamos delitos en los cuales hubo todo un aparato de impunidad, de no registro, de destrucción de pruebas que hace que la apreciación sea distinta. Siempre se hace de acuerdo con la sana crítica pero, aun así, un homicidio que sucede hoy no es lo mismo que uno que sucedió hace más de treinta años y donde el aparato del Estado encubrió todo y además destruyó la posibilidad del registro. Lo único que quedó –y ayudó bastante en el juicio– fueron los documentos de la ex Dipba (la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires), pero eran registros de la Inteligencia policial, ni siquiera eran de las Fuerzas Armadas. Esto es como un bordado: hay que reconstruir las pruebas a partir de un montón de datos que las vayan demostrando.

A Patti se lo juzgó junto con otros cuatro represores. Omar Riveros y Reynaldo Bignone, jefe y subjefe del Comando de Institutos Militares con asiento en Campo de Mayo; Martín Rodríguez, que era torturador del centro clandestino de Campo de Mayo; y Fernando Meneghini, jefe de la comisaría de Escobar. La relación entre Patti y Meneghini fue uno de los ejes de la condena. Desde el comienzo, las querellas habían pedido las mismas penas para ambos, al considerar que Meneghini era superior directo del ahora ex intendente. Sin embargo, el Tribunal planteó las cosas de otra manera: ubicó a Patti en cierto modo independiente de esa relación.

–A la luz de la sentencia, ¿cuál fue el rol que tuvo Patti en estos casos?

–Nosotros dimos por probado que Patti conformaba grupos operativos con el Ejército a través de la Unidad Regional de Tigre, que tenía hombres de Inteligencia. Eso sucedió desde el ‘75, mucho antes del golpe de Estado. La Regional conformaba los grupos con hombres de las comisarías de la zona. Hay procedimientos probados antes del golpe, Patti aparece en grupos operativos que reportaban a la Regional, y esos datos están en los registros de la ex Dipba. Meneghini llega a la comisaría a fines de enero de 1976; Patti ya estaba ahí: o sea que ya hay una actuación de él en forma independiente. Patti operaba desde antes con otro comisario y evidentemente eso demuestra que ya actuaba con la Unidad Regional.

–¿Eso explica por qué el Tribunal condenó a Meneghini a seis años y a Patti le dieron prisión perpetua?

–En un juicio penal hay que demostrar que una persona participó de un hecho dolosamente. Muchas veces en las acusaciones se usa la teoría de Roxin, que yo rechacé ya en 2005, sin demostrar ninguna conducta de la persona. Se dice por ejemplo que como tal persona tenía tal cargo, entonces debió dar las órdenes. Pero nosotros no estamos de acuerdo con eso: no creemos que haya un autor mediato y otro inmediato que es fungible o intercambiable, como dice él. Para nosotros no eran fungibles los autores inmediatos: cada cual tenía su rol en esta maquinaria de exterminio. Y eran importantes todos los roles, no es que los de abajo eran fungibles.

En esta explicación, Larrandart alude tanto a Patti como a Meneghini. Según la teoría de Roxin, existen dos clases de autores de un hecho: un autor directo o inmediato, que sería el caso de Patti, y un autor mediato, que sería “el autor detrás del autor”, la persona que ejerce una conducta a través de otra persona. Ese sería para los querellantes el papel de Meneghini, pero el Tribunal le asignó un rol distinto. Larrandart explica que, en la causa, ese rol distinto se observa en el secuestro del delegado de la Ford, Osvaldo Ariosti. “Este caso demuestra la actuación de Patti, independiente de la comisaría de Escobar –señala–. A Ariosti lo levantan, lo llevan directamente al barco fondeado en el astillero de Villa Dálmine y no pasa por la comisaría, como sí sucedió con los otros casos de secuestro. Evidentemente hubo una independencia cuando se conformaron los grupos operativos. Su testimonio se incorporó por lectura, porque falleció. Y ésa es otra de las características de estos juicios: ha pasado tanto tiempo que uno tiene que incorporar por lectura lo que pasó, porque muchas de las personas murieron.”

–Durante el juicio, la fiscalía planteó la posibilidad de que Patti no sólo haya actuado como policía sino que, además, fue un hombre del Batallón 601 del Ejército. ¿Ustedes hicieron la misma lectura?

–Patti era oficial de calle. Como en ese momento no tenían un hombre de Inteligencia, él era quien hacía Inteligencia. Lo hizo desde 1974. No hay que olvidarse de que además la Unidad Regional dependía de Institutos Militares.

La salud de Patti

–El juicio empezó con Patti en una ambulancia. ¿Qué expectativas tenían sobre su participación?

–Nosotros hubiésemos fijado más días de audiencias a la semana, pero en función de la salud de Patti decidimos hacerlas sólo dos veces. Si hubiésemos hecho cuatro audiencias por semana, el juicio hubiese terminado tres meses antes. Pero para que Patti estuviera en la sala, decidimos hacerlo más espaciado; y eso terminó retrasándolo.

–A través de sus abogados, Patti dijo varias veces que no quería estar en las audiencias. Ustedes en general lo impulsaron a asistir, aunque le permitieron no estar en la sala y quedarse en la ambulancia. ¿En algún momento eso estuvo en duda?

–Fuimos firmes salvo cuando por dictamen médico nos decían, por ejemplo, que le había subido mucho la presión y que era riesgoso el traslado. El estuvo durante todos esos meses internado en el Fleni, que es una clínica muy buena en Escobar. Cuando el médico nos daba un diagnóstico, nosotros tomábamos la decisión. Y cuando lo trasladaban a la sala de audiencias, nunca entró: no quería estar en el juicio. Pese a todo, el TOF le pidió a Patti que estuviera presente en el último tramo del juicio. Por protocolo, los acusados deben decir personalmente si quieren o no quieren pronunciar unas últimas palabras antes de la sentencia. Y en cualquiera de las dos instancias –tanto si desean hacerlo como si no– deben pronunciarlo por sí mismos. Salvo cuando no están dadas las condiciones físicas o clínicas del imputado para hacerlo.

–Ustedes lo convocaron. ¿Cómo fue la decisión?

–Patti está siempre con un cuello ortopédico colocado, pero en realidad está muy bien de salud. Hace varios meses lleva adelante un tratamiento de rehabilitación. El último informe médico que nos dieron en febrero decía que el máximo puntaje de la rehabilitación es 127. Cuando llegó al Fleni, estaba con 68 de inhabilidad y ahora había llegado a 109: es decir que adelantó mucho y se movilizaba perfectamente en la silla de ruedas, propulsándose por sí mismo. En función de eso, nosotros decidimos que concurriera sea como fuere para pronunciar sus últimas palabras. La defensa no quería. Pero, para hacerlo, nosotros nos basamos en el dictamen del médico; y el dictamen decía que había adelantado muchísimo.

–Patti continúa en el Fleni. Los querellantes pidieron el alojamiento en una cárcel común, como para el resto de los represores. ¿Ustedes evalúan el traslado?

–Vamos a ver en qué estado de salud está después de la lectura de los fundamentos de la sentencia, que sucederá a comienzos de mayo. En ese momento veremos en qué unidad puede continuar con su tratamiento, porque hay unidades con más infraestructura sanitaria que otras. Y como ha adelantado bastante, vamos a ver cuál es la unidad que está en mejores condiciones.

Un largo camino hasta conseguir justicia

LOS FAMILIARES DE LAS VICTIMAS DEBIERON LUCHAR DURANTE AÑOS PARA LLEVAR A PATTI AL BANQUILLO

Hubo muchos momentos de frustración, pero también con varios logros, como cuando en mayo de 2006 el Congreso resolvió cortar su carrera política por “inhabilidad moral”. Hasta ayer, Patti se defendía diciendo que no tenía condena.

 Por Adriana Meyer

“Es que no tiene ninguna condena”, repetían diputados, políticos y juristas autodenominados progresistas y de derecha cuando el Congreso debatía sobre las condiciones que debía tener la impugnación a la banca con la que aspiraba a consolidar su impunidad. Pero fracasó por “inhabilidad moral”, y así llegó finalmente al banquillo que debió haber ocupado muchos años antes. Fue un larguísimo camino para los familiares de sus víctimas, que tuvo momentos de desazón y también de festejo, como aquel 23 de mayo de 2006, cuando el Parlamento truncó para siempre su carrera política. Candidato en campaña o impugnado, diputado electo o inhabilitado, libre o preso, en una cárcel o en una clínica, durante la última década cada uno de estos dilemas hacía fluctuar su estado de ánimo. No pudo ser por los asesinatos de Cambiaso y Pereyra Rossi, ni tampoco por las torturas a Bárzola y Guerrero, pero es probable que todos los parientes de sus víctimas hoy sientan que su dolor pesa un poco menos.

Durante aquel proceso en la Cámara de Diputados, el desfile de testimonios del horror generado por Patti evidenció su abultado historial delictivo y mostró que durante la dictadura tuvo predilección por el acoso a militantes justicialistas y delegados sindicales. Alias “el Loco”, era apenas un oficial de calle en 1975 cuando fue elogiado por sus superiores, que pertenecían al círculo íntimo de Ramón Camps, por su ferocidad. En su legajo policial hay trece sumarios por apremios ilegales, atentado, resistencia a la autoridad y cuádruple homicidio en riña, privación ilegal de la libertad, hurto, tentativa de robo, abuso de armas y tenencia de arma de guerra.

En 1976 estuvo imputado por la aplicación de tormentos al detenido Julio Di Battista, pero fue sobreseído. Al año siguiente fue acusado por fusilar a tres jóvenes que jugaban al metegol. El hecho fue revelado por el diario El Actual, que dirigía Tilo Wenner, quien permanece desaparecido. En 1983 estuvo detenido por el asesinato de los militantes Osvaldo Cambiaso y Eduardo Pereyra Rossi. Tras enormes presiones, el juez que lo había encarcelado cambió su posición y lo sobreseyó. La Cámara de San Nicolás confirmó aquel sobreseimiento, pero consignó que los testigos habían modificado “extrañamente” sus dichos.

En enero de 1990, una comisión policial encabezada por Patti mató al joven Luis Selaye en Garín. En las manos del muerto apareció un revólver calibre 38 que según el policía Isabelino Miño estaba “en el despacho de Patti con anterioridad, porque siempre hablaba de que debía ser utilizado para justificar su presunto enfrentamiento”, tal como publicó este diario en enero de ese año. El ex comisario tampoco fue procesado por este caso de gatillo fácil. El 4 de octubre de 1990, Patti se entregó luego de estar prófugo siete meses y quedó detenido por torturar a los presos comunes Miguel Guerrero y Mario Bárzola. La Corte Suprema bonaerense comprobó el paso de corriente eléctrica por el cuerpo de ambos. El ex comisario daba las órdenes durante una sesión que incluyó “submarino seco” sobre un elástico. “Traé la batería”, fue una de las indicaciones que dio. Patti recusó al juez que lo había procesado y cinco años más tarde fue absuelto por prescripción. Al poco tiempo sería electo intendente de Escobar, pero ya había hecho campaña como “investigador” del caso María Soledad en Catamarca, enviado en 1991 por el ex presidente Carlos Menem.

Pasaban los años y crecía su impunidad. Estuvo cerca del banquillo más de una vez de no haber mediado un juez que cambió su sentencia, una Cámara que declaró la prescripción y veinte años de parálisis por las leyes de impunidad. La mayoría de sus víctimas están muertas o desaparecidas, sus familiares y los sobrevivientes fueron amedrentados por el poder que acumuló el represor, que además persiguió a funcionarios judiciales con falsas denuncias. Por eso al momento de reclamar su banca, Patti podía invocar su presunción de inocencia, que jamás argumentó porque, al ser indagado, se quedaba callado. Sin embargo, luego de la impugnación en el Congreso y, sobre todo, luego de su detención en noviembre de 2007, se activaron los expedientes que lo llevaron a la primera condena, la de ayer.

Desde la cárcel se permitió proclamarse “preso político” y “proscripto”. También mentía Patti cuando vociferaba que no tenía causas abiertas, porque estaba procesado por encubrir a un represor que estaba prófugo en la causa de la Contraofensiva. Y estaba pendiente la reapertura del caso Cambiaso-Pereyra Rossi a pedido del fiscal Juan Murray, quien recordó que Patti confesó en 1983: “Yo los maté en un enfrentamiento”. Pero en la causa, reabierta recién el año pasado, hay una prueba que indica que los fusiló por la espalda. Su prédica de “mano dura” le valió 400 mil votos en 2005, cuando compartió boleta con Chiche Duhalde, aunque a esa altura ya había hecho apología del delito y se había confesado torturador.

Juana Muniz Barreto tomó coraje de denunciar al asesino de su padre cuando vio los carteles de la campaña del Paufe (Partido Unidad Federalista). Pero Patti no habría llegado siquiera a los afiches si alguna vez la voluntad política hubiera alcanzado para sancionar alguno de los tantos proyectos de ley que hay en Diputados para inhabilitar el acceso a cargos públicos de represores. Ese era el argumento favorito de los funcionarios judiciales, que pateaban la pelota al Poder Legislativo para sacarse la “Patti” caliente de encima.

La abogada Ana Oberlin hablaba de terquedad, y sí, fue esa obstinación, junto a la firmeza de su colega Pablo Llonto, la vehemencia de los Muniz Barreto y los Gonçalves, la valentía de los testigos más recientes. Ellos y todos quienes conocían los detalles del prontuario de Patti aguantaron durante años con impotencia cuando les decían “pero no tiene condena”. Ahora dirán que la histórica sentencia de ayer aún no está firme, porque falta la confirmación de las Cámaras y, eventualmente, de la Corte Suprema. Pero ya tiene condena, que no es poco.

La Argentina ahora es un país más seguro

EL REPRESOR LUIS ABELARDO PATTI RECIBIO SU PRIMERA CONDENA POR DELITOS DE LESA HUMANIDAD

El ex policía y ex intendente de Escobar recibió prisión perpetua a ser cumplida en un establecimiento del Servicio Penitenciario. Reynaldo Bignone, Santiago Omar Riveros y Martín Rodríguez fueron condenados a la misma pena. A un quinto acusado le dieron seis años.

 Por Victoria Ginzberg

Los brazos se unieron en los respaldos de las sillas. Los hermanos Gastón y Manuel Gonçalves, Juana, Diego y Antonio Muniz Barreto, Soledad D’Amico y sus abogados formaron un lazo que los contenía a todos. Cuando la jueza Lucía Larrandart terminó de leer el fallo, se miraron entre ellos, intentaron secarse las lágrimas que seguían apareciendo, se pararon y se abrazaron. La presidenta del Tribunal Oral Federal 1 de San Martín acababa de anunciar la condena de Luis Abelardo Patti, Reynaldo Benito Bignone y otros tres represores por los secuestros, tormentos y asesinatos de sus padres.

Patti, Bignone, Santiago Omar Riveros y Martín Rodríguez recibieron prisión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua más accesorias legales y pago de costas. Al quinto acusado, Juan Fernando Meneghini, le tocaron seis años. Meneghini fue comisario de la 1a de Escobar durante la última dictadura, pero el tribunal consideró que no había tantas pruebas en su contra y no lo culpó por homicidios o tormentos. Más allá de este dato, que los querellantes evaluarán si apelarán o no después del 5 de mayo, cuando conozcan los fundamentos, los abogados, fiscales y familiares de las víctimas se retiraron satisfechos del auditorio Hugo del Carril, en José León Suárez, donde se realizó el juicio.

El dato clave de la decisión judicial de ayer, que fue aplaudido tanto o más que las condenas, lo aportó la jueza cuando comunicó que “el cumplimiento de la pena impuesta a todos los acusados se llevará a cabo en un establecimiento del Servicio Penitenciario Federal” y anuló en el acto la prisión domiciliaria de Meneghini. El policía era el único de los acusados que estaba en la sala cuando se leyó la sentencia. El resto habría optado por permanecer en una habitación contigua. No se informó si Patti llevaba puesto su disfraz de enfermo terminal –que incluye un cuello ortopédico y una camilla– que lució las pocas veces que se dejó ver durante el juicio. El ex intendente de Escobar está actualmente alojado en la clínica Fleni de esa localidad, donde, se supone, se repone de un accidente cerebrovascular. Según se desprende del fallo, el represor podría seguir internado, pero en prisión. Una opción podría ser Ezeiza, donde hay un centro de salud nuevo.

“Es un show para victimizarse. Tiene algo, pero no es un cuadro de la gravedad que quiere mostrar”, opinaron los fiscales Augusto de Luca y Marcelo García Berro, que junto con Juan Murray fueron los delegados de la Procuración en este juicio y se fueron con la satisfacción del deber cumplido.

“Es un cobarde, como lo demostró todo este tiempo y cuando aparece con la camilla me da vergüenza ajena”, dijo a Página/12 Manuel Gonçalves apenas bajó del estrado. Lo importante para él, en ese momento, era cosechar: “Esto es fruto de tanto esfuerzo y peleas, como nos enseñaron las Madres y las Abuelas, porque aunque hubo momentos de derrota, nuestro objetivo era llegar a este día, en el que un tribunal dicte sentencia. Siendo uno de los protagonistas del avasallamiento de la democracia, Patti usó las instituciones para sostener su impunidad. Tuvimos que trabajar el doble que en otros casos. Nos insultaba a todos queriendo ostentar cargos públicos. Y no hay que olvidarse que sus alianzas políticas, por ejemplo con el duhaldismo, llegan hasta hoy”.

Tanto los familiares de las víctimas como los abogados Ana Oberlin y Pablo Llonto destacaron el largo camino que tuvieron que atravesar para que Patti sea condenado. “Fue un caso muy difícil, más complejo que otros, tuvimos que pelear para que no sea diputado, ni candidato, tuvimos amenazados a un montón de testigos. Hasta la prueba, que parecía complicada, se demostró que era contundente”, manifestó Oberlin.

“Es un día histórico. Esto es un alivio y fortalece a la democracia. Patti es un emblema, es tan asesino como los demás, pero se sustrajo a la Justicia y engañó a la sociedad. Ahora se terminó de derribar esa patraña que alguna gente creía, ahora ya nadie le puede creer, salvo los que sean como él o les convenga”, dijo a Página/12 la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, mientras se sacaba una foto con dos muchachas que la abordaron con una cámara digital. Mientras intentaba salir del auditorio y antes de que se acercara otro grupo cámara en mano, agregó: “Cárcel común y cadena perpetua son dos frases para poner en bronce. Es un triunfo del pueblo”.

Víctimas, testimonios, pruebas

Patti, Bignone, Riveros y Rodríguez fueron condenados por los secuestros, aplicación de tormentos y asesinatos de Gastón Gonçalves y Diego Muniz Barreto; el secuestro, aplicación de tormentos y tentativa de homicidio de Juan Fernández, las desapariciones de Carlos Souto y Luis y Guillermo D’Amico y la detención ilegal de Osvaldo Arriosti.

El ex diputado Muniz Barreto y Fernández, que era su secretario, fueron secuestrados en Escobar en febrero de 1977. Los llevaron a la comisaría de la zona, a la Unidad Regional Tigre y finalmente a Campo de Mayo. De allí salieron el 5 de marzo en un Fiat 128 adormecidos con alguna sustancia. Fueron arrojados con el auto a un arroyo cercano a Raíces Oeste, en Entre Ríos. Muniz Barreto murió, pero Fernández sobrevivió y antes de irse al exilio dejó su testimonio ante un escribano público.

Patti está implicado en este caso desde el principio. La ex esposa de Muniz Barreto lo denunció en 1977. Así figura en una presentación hecha ante la Nunciatura por la mujer. Un amigo de la familia declaró en la causa que el 17 de febrero se entrevistó con un hombre que dijo venir de parte de Muniz Barreto (era familiar de un preso de la comisaría de Escobar) que le entregó una nota de puño y letra del diputado que decía: “Movete rápido, estamos en Escobar. Nos detuvo el suboficial inspector Luis A. Patti”. Muniz Barreto mandó dos mensajes más de este tipo que llegaron a la familia y a su empresa. Según el informe del personal de la comisaría de Escobar, Patti fue promovido el 7 de marzo de 1977, un día después del asesinato de Muniz Barreto.

Los secuestros de Souto, los hermanos D’Amico y Arriosti se produjeron en 1977 en la zona de Garín. Arriosti sobrevivió a su cautiverio e identificó a Patti como uno de los hombres que lo capturó.

Gonçalves fue secuestrado el 24 de marzo de 1976 en Zárate. Dos testigos narraron que estuvieron detenidos con él en un camión celular ubicado detrás de la comisaría de Escobar, donde Patti cumplía funciones de oficial subinspector. El 2 de abril de 1976 el cadáver de Gonçalves fue dejado en el paraje El Cazador, en la ruta 4. Lo habían fusilado y después incinerado. Veinte años más tarde, el cuerpo, que estaba enterrado en el cementerio de Escobar como NN, fue identificado por el Equipo Argentino de Antropología Forense. Unos meses antes de su secuestro, Gonçalves y su mujer habían discutido con Patti a raíz de la organización de un acto en Escobar. “Ya vas a ver lo que te va a pasar. Te voy a hacer matar”, lo amenazó el policía.

Patti, representado por Silvio Duarte y el ex juez Alfredo Bisordi, intentó mostrarse como un “perseguido político” pero testimonios y pruebas documentales desarmaron su estrategia. Durante el juicio, por ejemplo, se presentó un volante elaborado en 1975 por la Juventud Peronista –que terminó archivado en la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires– en el que se denunciaba que en la comisaría de Escobar “se atropellaba la dignidad humana” y se mencionaba al oficial “Patti” como uno de los “siniestros personajes que llevan a cabo estos bestiales hechos”.

Canciones

Los acusados tuvieron la posibilidad de decir sus “últimas palabras” por la mañana. Hicieron uso de su derecho Bignone y Rodríguez. El primero aprovechó para criticar a Carlotto, que había narrado, en la causa sobre el plan sistemático de apropiación de bebés, dos encuentros que tuvo con él. “Me arrepiento de haberle abierto mi casa y mi corazón”, dijo el represor. Carlotto contestó después: “No dijo que se arrepentía de los crímenes que cometió”. Rodríguez, que hasta febrero del año pasado fue profesor en la Universidad Católica de Salta, hizo un largo alegato político que hasta incluyó una queja porque no se había sancionado el 82 por ciento móvil para los jubilados, lo que provocó la risa del público.

La condena a Rodríguez fue ponderada por Llonto. “Hace mucho sabíamos que había un represor al que llamaban ‘Toro’, pero recién el año pasado pudimos identificarlo y ya está condenado. Debe ser el caso que más rápido se resolvió”, señaló.

Juana Muniz Barreto apretaba dos pulseras de mostacillas de colores y pelo de elefante. Se las trajo su papá de Africa, cuando viajó para escapar de persecuciones de la Triple A y las levó al juicio también el día que declaró. Ante las cámaras de televisión que la abordaban después del fallo contaba que ahora le toca hacer de mamá. “Tengo dos hijos y no creo haber sido mala madre hasta ahora. Les dejo el legado de pelear por lo que uno cree justo, pero hasta ahora estuve muy dedicada a mi papá. Ahora es el momento de mis hijos.”

Cuando Larrandart leyó la decisión que ella y sus colegas Horacio Segretti y María Lucía Cassain habían tomado, en el auditorio se escucharon aplausos y gritos. Muchos “bravo” y algún “vamos Argentina”. Se alzaron decenas de fotos en blanco y negro de desaparecidos vistos en Campo de Mayo y se entonó el clásico “Como a los nazis, les va a pasar, adonde vayan los iremos a buscar”. Afuera se habían montado dos pantallas gigantes y un escenario al que luego subirían Los Auténticos Decadentes. Allí, mientras hablaba la jueza, se escuchó una canción compuesta especialmente para la ocasión: “Miren, miren que alegría/ miren, miren qué emoción/ Luis Abelardo Patti se pasea en tanga por el pabellón”.

Perpetua para Patti en cárcel común

17:02 › JUNTO A BIGNONE, RIVEROS Y RODRIGUEZ

El Tribunal Oral Federal N°1 de San Martín condenó al ex subcomisario y ex intendente de Escobar al hallarlo responsable de los delitos de allanamiento ilegal, privación ilegítima de la libertad, imposición de tormentos y homicidio. La misma pena recibieron el dictador Reynaldo Bignone, que ya tenía una condena previa a perpetua, el ex general Santiago Omar Riveros y el ex agente de Inteligencia del Ejército Martín Rodríguez. En tanto, el ex comisario de Escobar Juan Fernando Meneghini fue condenado a 6 años de prisión.

Patti estuvo ausente en la sala de audiencias de la localidad bonaerense de José León Suárez. El represor, que fue intendente de Escobar e interventor de la provincia de Catamarca y del Mercado Central durante el gobierno de Carlos Menem, está internado en el centro Fleni tras sufrir un accidente cerebro-vascular. Ahora podría ser trasladado a la cárcel de Ezeiza, donde funciona un centro de salud.

El juicio se refirió a delitos de lesa humanidad como privaciones ilegales de la libertad, torturas y desapariciones en la zona de Garín y Escobar, que dependía de Campo de Mayo en los primeros años de la dictadura, cuando Patti se desempeñaba como oficial de la Policía Bonaerense.

Videla se siente condenado

DESDE CAMPO DE MAYO Y POR VIDEOCONFERENCIA, SE NEGO A DECLARAR

El dictador Jorge Rafael Videla se negó a prestar declaración indagatoria en el juicio que se le sigue por la apropiación de bebés nacidos durante el cautiverio ilegal de sus madres en centros clandestinos de detención durante la última dictadura. “Me siento condenado de antemano y no ofreceré hacer una defensa que, desde mi juicio, carece de sentido”, argumentó.

Por medio de una videoconferencia desde el establecimiento penitenciario ubicado en Campo de Mayo, donde el represor permanece alojado cumpliendo prisión preventiva, Videla aseguró que esa supuesta persecución “comenzó con el prejuzgamiento del Decreto 158/83 dictado por el entonces presidente Raúl Alfonsín”, la norma por la cual Cámara Federal enjuició a los comandantes de las tres primeras juntas militares que usurparon el poder el 24 de marzo de 1976 y tras el cual Videla fue condenado a reclusión perpetua.

El represor solicitó autorización al Tribunal Oral en lo Federal Seis (TOF6) para efectuar “breves consideraciones” y fue allí cuando calificó a la existencia de un “plan sistemático” para el robo de bebés como “la falacia más grande contenida en este juicio”, tras lo cual “descargó de responsabilidad a sus subalternos” y se negó a contestar preguntas.

La misma negativa a declarar ante los jueces mostraron días atrás sus camaradas de armas Reynaldo Bignone, Jorge “Tigre” Acosta, Santiago Omar Riveros, Rubén Franco, Antonio Vañek, Juan Azic, y el médico Jorge Magnacco, a quien se imputa su intervención profesional en los partos.

Al igual que Videla lo hizo hoy Acosta, en su oportunidad, también formuló consideraciones “políticas” y aseguró que “no hay 30 mil desaparecidos ni 500 bebes robados y esa mentira nos va a llevar a una nueva guerra civil de corte trotzkista”, al tiempo que sostuvo que “no puede atribuirse a las fuerzas armadas la tacha de la apropiación de menores. No hubo plan”.