"Miranda fue pasado a disponibilidad por denuncias de Sandra Cabrera y hoy es jefe de la policía”

A nueve años del asesinato de la trabajadora sexual, militantes de Ammar siguen reclamando “justicia” y “castigo a los responsables, cómplices y encubridores”.

Aunque la causa por el homicidio de la dirigente de las trabajadoras sexuales Sandra Cabrera ya prescribió, sus compañeras insisten en reclamar “justicia” y “castigo a los responsables, cómplices y encubridores de su asesinato”. Lo harán hoy, a la 11.30, con una radio abierta frente a los Tribunales provinciales (por Balcarce), donde la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina también buscará adhesiones a un proyecto de ley de despenalización de la prostitución callejera en todo el país.

A nueve años del asesinato de Cabrera, la entidad que nuclea a las trabajadoras sexuales arremetió contra la impunidad del crimen y la continuidad de malas prácticas policiales. “A Sandra la mataron por denunciar la trata de personas, la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes y la mafia policial”, “sufriendo el acoso y la persecución” de una “policía corrupta, cuyos vínculos con el narcotráfico y la complicidad con el poder siguen vigentes”.

Y no se anduvieron con vueltas a la hora de dar nombres. “Prueba de ello es que el comisario Walter Miranda, quien se desempeñaba como subjefe de Moralidad Pública en Rosario cuando asesinaron a Sandra y fue pasado a disponibilidad tras verse imputado en sus denuncias, hoy es el jefe de policía”. La Multisectorial de Mujeres también recordó a Cabrera y repudió la permanencia de Miranda

al frente de la Unidad Regional II. “En el marco de lo que hoy está pasando en la provincia y el país con temas que Sandra no se cansó de denunciar, como la trata de personas y la complicidad entre narcos y policía, la causa por su muerte gana más fuerza que nunca”, dijo ayer la dirigente de ATE Liliana Leyes.

http://www.lacapital.com.ar/la-ciudad/Miranda-fue-pasado-a-disponibilidad-por-denuncias-de-Sandra-Cabrera-y-hoy-es-jefe-de-la-policia-20130128-0054.html

El Tribunal rechazó el pedido de cárcel común para los acusados por la Masacre de Trelew

http://www.youtube.com/watch?v=WHNkl93ewjI

El Tribunal Federal de Comodoro Rivadavia desestimó el pedido formulado por la fiscalía y las querellas de inmediata detención en cárcel común para cuatro procesados por la Masacre de Trelew, en el primer día del juicio oral y público que comenzó este lunes en Rawson.

La fiscalía, que hizo la solicitud a la que adhirieron las querellas, "no acompañó elementos nuevos de convicción para variar el criterio", afirmó por la tarde, tras un cuarto intermedio, el juez Enrique Guanziroli, quien integra el tribunal junto a los camaristas Pedro De Diego y Nora Cabrera de Monella.

Antes de dar por concluida la audiencia inaugural del juicio, que se reanudará este martes a las 10, Guanziroli aludió a decisiones de la Cámara Nacional de Casación Penal que revocó resoluciones de tribunales inferiores que habían dispuesto cárcel efectiva para procesados en diversas causas por delitos de lesa humanidad.

El rechazo unánime del Tribunal al pedido de la fiscalía y las querellas fue recibido con exteriorizaciones de descontento por el numeroso público que presenció esta primera jornada del juicio oral y público a los imputados por la llamada Masacre de Trelew, que ejecutaron el 22 de agosto de 1972 miembros de la Armada.

La acusación había pedido el encarcelamiento efectivo de Luis Sosa, Emilio Del Real, Rubén Paccagnini y Carlos Morandino, acusados de homidicio doblemente agravado en 16 casos y en grado de tentativa en otros tres casos.

Esta solicitud invocó jurisprudencia acumulada en numerosos juicios por delitos de lesa humanidad y solo exceptuaba "por el momento" a Jorge Bautista, acusado de encubrimiento del fusilamiento de 19 prisioneros políticos, 16 de los cuales murieron en la madrugada de aquel 22 de agosto, hace 40 años.

La concurrencia desbordó la capacidad de la amplia sala del Centro Cultural José Hernández de Rawson y en buena parte siguió la primera jornada del juicio en la aledaña plazoleta de la Legislatura chubutense por pantalla gigante, ya que lo trasmitió en directo la televisión pública provincial, Canal 7.

Constituido el Tribunal a las 10, el juez Guanziroli ordenó la lectura del requerimiento de elevación a juicio formulado por la fiscalía en 2009, que acusa a los imputados por homicidio doblemente agravado de 16 prisioneros y otros tres en grado de tentativa, todos en la base aeronaval Almirante Zar.

El requerimiento detalla los hechos desde la fuga de un grupo de prisioneros políticos del penal de Rawson, el 15 de agosto de 1972, hasta la rendición pactada de 19 de ellos en el viejo aeropuerto de Trelew, hoy Centro de la Memoria, y su posterior fusilamiento en el área de celdas de la base Zar, en la madrugada del 22 de agosto.

Por estos hechos están acusados los capitanes Sosa, Del Real, Paccagnini y Bautista, éste último por encubrimiento, y el cabo Carlos Marandino.

Eludieron estar en el banquillo de los acusados el almirante Horacio Mayorga, ya que el Cuerpo de Medicina Forense consideró que por razones de salud mental no está condiciones de defenderse en juicio, y el capitán Roberto Bravo, cuya extradición fue negada por Estados Unidos, país donde reside.

Sobre los hechos de 1972, la acusación subraya que la negociación con oficiales navales tras la cual se entregaron 19 evadidos, luego de obtener la promesa de garantías, fue presenciada por el juez Alejandro Godoy, abogados y periodistas.

No obstante esos compromisos tomados por los oficiales de la Armada, relata que, "en la madrugada del 22 de agosto (...) aproximadamente entre las 2.30 y 3.30”, los acusados Sosa, Bravo, Del Real y un cuarto oficial ya fallecido de apellido Herrera “se presentaron en el lugar de detención”.

“Encontrándose como guardia el cabo Marandino, se les ordenó a los detenidos que doblaran sus mantas y sacaran los colchones para que los dejaran en el extremo del pasillo por donde se ingresaba a dicho sector, luego de lo cual se los hizo formar en fila en el pasillo”.

Les ordenaron luego que se formaran, "algunos orientados hacia el ingreso del mismo y otros hacia las celdas de enfrente", con la vista hacia el suelo, "tras lo cual (Sosa) junto con los otros oficiales y suboficiales abrieron fuego contra los detenidos”, consigna el mismo texto acusatorio.

Como consecuencia de la lluvia de disparos o de los llamados tiros de gracia fallecieron 16 de los 19 prisioneros fusilados.

Fueron asesinados Rubén Pedro Bonet, Jorge Alejandro Ulla, Humberto Segundo Suárez, José Ricardo Mena, Humberto Adrián Toschi, Miguel Angel Polti, Mario Emilio Delfino, Alberto Carlos Del Rey, Eduardo Campello, Clarisa Rosa Lea Place, Ana María Villarreal de Santucho, Carlos Heriberto Astudillo, Alfredo Elías Kohon, María Angélica Sabelli, Mariano Pujadas y Susana Lesgart.

“En el caso de Antonia Berger, Alberto Miguel Camps y Ricardo René Haidar no lograron el resultado de muerte, ya que fueron heridos gravemente y actualmente están desaparecidos en hechos posteriores al relatado”, puntualiza la elevación a juicio.

Los tres sobrevivientes señalaron a Bravo como el oficial que recorrió los calabozos para rematar con un disparo de gracia en la nuca a los fusilados, desde que un Tribunal les tomó testimonio en octubre de 1972, donde seguían encarcelados y convalecientes.

Morandino, el suboficial que estaba de guardia en los calabozos, declaró que Sosa y los otros tres oficiales le ordenaron abrir las puertas del calabozo y retirarse, y también dijo que le ordenaron mentirle al instructor de la Armada, Enrique Bautista, para encubrir después el fusilamiento.

La fiscalía señala la responsabilidad política directa en la masacre de la dictadura encabezada entonces por Alejandro Lanusse, además de la responsabilidad penal de los imputados en la causa como ejecutores materiales del fusilamiento ordenado por la superioridad y, en un caso, por encubrimiento.

Acusan en la causa los fiscales federales Horacio Arranz y Fernando Gelves, mientras que por la querella lo hacen abogados que representan a familiares de las víctimas, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Todos los acusados tienen abogados particulares excepto Morandino, representado por un defensor oficial.

http://www.telam.com.ar/nota/24255/

http://www.telam.com.ar/nota/24255/

Muere un joven gay en Chile por la brutal paliza de neonazis

Daniel Zamudio, un joven gay chileno, ha muerto como consecuencia de la brutal paliza propinada por un grupo neonazi. Zamudio llevaba en coma desde el 3 de marzo y esta madrugada (hora española) no ha podido superar los golpes.

Daniel Zamudio recibió una brutal paliza el pasado 3 de marzo de un grupo neonazi en el Parque San Borja de Santiago de Chile. La única razón, su condición homosexual. Zamudio llevaba ingresado desde ese día en el mismo centro sanitario donde finalmente ha fallecido a las 19:45 horas del martes (00.45 horas del miércoles en España), tras realizarle una prueba de apnea.

"Darle las más sentidas condolencias a sus padres, a su familia, decirles que tengan fortaleza, todos saben que estábamos muy preocupados por él", ha dicho Villalón al anunciar la noticia, en declaraciones recogidas por el diario 'La Tercera'.

Zamudio llevaba 25 días ingresado como consecuencia de la paliza que supuestamente le propinó un grupo neonazi por su orientación sexual. De momento, han sido detenidas cuatro personas que, probablemente, serán acusadas de homicidio.

http://www.que.es/ultimas-noticias/sucesos/201203281119-muere-joven-chile-brutal-paliza-cont.html

Por una justicia de género

MIRTA GIL AGUARDA EN TRELEW EL FALLO POR EL CRIMEN DE SU MARIDO

Acusada por homicidio agravado por el vínculo, la fiscalía pidió morigerar la calificación. Su abogado sostiene que lo mató en defensa propia. Hoy en Trelew se conocerá la sentencia.

 Por Mariana Carbajal

“Soy inocente. No lo quise matar”, alcanzó a decir Mirta Gil, entre sollozos, ante el Tribunal Oral de Trelew, el viernes pasado durante la última jornada del juicio en el que está imputada por el homicidio de su esposo, José Luis Quiroga. Hoy al mediodía se conocerá el veredicto. A lo largo de los cinco días, en el juicio quedó en evidencia la situación de violencia de género que vivía Gil en su hogar, donde era humillada, golpeada y hasta llegó a sufrir intentos de violación de parte de su marido, quien además la engañaba con otras mujeres y en alguna oportunidad hasta con la propia hermana de Gil, según testificaron los hijos del matrimonio. En su alegato del viernes, la Fiscalía tuvo en cuenta ese contexto, y pidió una recalificación del hecho: morigeró un tanto la acusación por “homicidio calificado en circunstancias extraordinarias de atenuación”.

En la acusación original el delito estaba tipificado por la fiscalía como homicidio calificado por el vínculo, que tiene la pena máxima de reclusión perpetua. La nueva imputación, planteada por la fiscal general Mirta Moreno, es menos dura pero también implica un castigo severo, de 8 a 25 años de cárcel. El defensor público Sergio Rey, a cargo de la representación legal de Gil, insistió ayer en su alegato con la absolución, al sostener que la mujer actuó “en legítima defensa”, después de recibir un puñetazo en el pecho y una patada en la pierna, en el marco de una discusión conyugal. “Ella reacciona y lo primero que tiene a mano para defenderse es un cuchillo Tramontina: se lo tira a la cara y se lo clava y el hombre se desangra”, describió Rey en diálogo con Página/12.

En caso de que esa figura no sea aceptada por el Tribunal Oral, la defensa solicitó que se la condene por “homicidio preterintencional”, cuya pena mayor es de 6 años, por considerar que Gil pretendió agredir a su esposo, pero no tuvo intención de matarlo.

El hecho por el cual está acusada Gil ocurrió el domingo 28 de marzo de 2010 por la mañana en la casa en la que vivían juntos, en el barrio Amaya, en las afueras de la ciudad de Trelew, provincia de Chubut. Quiroga, de 44 años, trabajaba como sereno en obras en construcción. Estaban casados hace casi treinta años. En el marco del matrimonio tuvieron tres hijos que hoy tienen 22, 23 y 27 años. Los tres declararon ante el Tribunal Oral el miércoles. Destacaron que Quiroga era un “buen padre” pero dieron detalles en sus testimonios ante el Tribunal Oral del habitual maltrato que le propinaba a su madre, que incluía insultos, a veces golpes, y humillaciones como serle infiel con otras mujeres o hacerla dormir afuera de la casa en una noche helada. También contaron que se iba los viernes a la casa de un primo donde se hacían “fiestas” con varias mujeres, y regresaba a su hogar los domingos. Fue justamente un domingo, al volver de esas juergas, que ocurrió la tragedia.

El viernes, antes de los alegatos y en la última jornada del juicio oral antes de la lectura de la sentencia, Gil brindó su testimonio. Varias veces se quebró y rompió en llanto. Un clima emotivo y angustiante se apoderó de la sala al escucharla. La mujer relató que el día en que se produjo la muerte de su esposo, Quiroga llegó al hogar familiar a las 8.30. La encontró levantada y le empezó a gritar: “Qué hacés levantada, puta, ¿de donde venís?”. Dijo que mientras ella lloraba, su marido le dio un golpe de puño cerrado en el torso y luego una fuerte patada en un muslo. “Ahí reaccioné y le pegué no sé con qué, cuando vi que había sangre por todos lados, sé que estaba parado ahí y le pegué...”, dijo entre llantos. El objeto que agarró fue un cuchillo. El filo le produjo un corte, que dio justo en una arteria: las heridas le provocaron la muerte. Gil contó que se puso a gritar, no podía creer lo que había hecho: “Amor, qué te hice, perdoname”, sollozó.

Ante consultas realizadas por el defensor público, Gil afirmó que solo atinó a defenderse, que temió que Quiroga la matara. También contó que cada vez que él le pegaba, ella tenía mucho miedo porque no se controlaba, le pegaba donde podía y no le importaba nada. “Yo no sabía qué hacer, no tenía a nadie que me dé un consejo, que me ayude a salir...”, afirmó. También sostuvo que “era una persona muy buena con mis hijos, por eso nunca me voy a poder perdonar lo que hice... el problema de él era la bebida, no se controlaba, no me escuchaba, varias veces quise hablar con él, yo quería un matrimonio feliz, vivir tranquilos”.

Gil nunca llegó a denunciarlo. Después de su declaración, se escucharon los alegatos. La fiscal Moreno dijo no advertir causas que justifiquen la reacción de la mujer, aunque valoró las circunstancias por las cuales atravesaba la pareja como atenuante. Destacó lo descripto por los hijos, quienes manifestaron que la relación estaba deteriorada y signada por el maltrato, la violencia física y psíquica y hasta el abuso sexual. Calificó el vínculo entre ambos como “patológico” y “enfermizo”, y reconoció que había una relación de sometimiento de Gil frente a su marido. A su turno, Rey, el defensor oficial, puso énfasis en que la mujer jamás se había defendido de las agresiones, que le tenía miedo a su esposo, y se preguntó cuál debería haber sido su actitud frente a la agresión que sufrió en la fatídica mañana del 28 de marzo, “¿tal vez esperar que la mate?”. Y destacó que lo que Quiroga consideró una provocación fue solo que Gil estaba levantada en el momento que él llegaba a su casa.

Entre los testigos que se escucharon a lo largo de la semana, se destacaron los tres hijos del matrimonio. Los tres declararon el miércoles y contaron sobre los golpes que propinaba su padre a su madre, y que una vez llegó a darle una patada en el pecho que la dejó en cama durante casi quince días. También coincidieron en que en varias oportunidades ella quiso suicidarse por la situación que vivía. Paola, la segunda, de 23 años, dijo: “Yo le decía que se separe, me dolía mucho cuando le pegaba, ella no se defendía y después lo perdonaba”. También comentó que su padre había querido abusar por la fuerza de Gil. Y que su madre le decía que algún día él iba a cambiar, que lo amaba y que no quería despegarse de sus hijos. El hijo mayor, de 27 años, afirmó: “Mi viejo fue una excelente persona, pero falló como marido y así pasó lo de mamá”.

Se esperaba que al final de la audiencia de debate, el Tribunal integrado por los jueces Darío Arguiano, como presidente, Sergio Piñeda y Adrián Barrios, como vocales, diera su veredicto. Pero los magistrados comunicaron que lo anunciarán hoy, a las 12: prefirieron tomarse más tiempo para analizar el caso por su complejidad, informaron. Gil espera la sentencia con prisión domiciliaria.

Juicio a una mujer que mató por ser víctima

ASESINO A SU MARIDO, QUE LA GOLPEO Y MALTRATO DURANTE CINCO AÑOS Y AHORA ESTA SENTADA EN EL BANQUILLO

Se inicia hoy el juicio oral en Trelew contra Mirta Gil, acusada de haber matado a su marido. Podría tocarle cadena perpetua por homicidio calificado por el vínculo. Organizaciones sociales marchan en reclamo de que sea considerada víctima de la violencia machista.

 Por Mariana Carbajal

Mirta Irene Gil es ama de casa y madre de tres hijos. Tiene 46 años y está detenida con prisión domiciliaria en la ciudad de Trelew. A partir de hoy será juzgada por un tribunal oral por el asesinato de su esposo y podrían aplicarle la pena máxima de reclusión perpetua y mandarla a la cárcel por el resto de su vida. La fiscalía mantuvo la acusación de “homicidio agravado por el vínculo”, aunque durante la investigación judicial del hecho se ventiló –según varios testimonios, entre ellos los de los hijos de ambos– que Mirta era víctima de violencia familiar desde hacía casi cinco años, que ella sabía que él le era infiel, y que atacó con un cuchillo a su marido, José Luis Quiroga, en el marco de una discusión, como otras que habían tenido, en la que ella resultó golpeada, con magullones y moretones, según constataron pericias forenses. El defensor público que la asiste, Sergio Rey, dijo a Página/12 que “la imputación es completamente injusta” y justificó la reacción de Mirta en el marco de una agresión hasta ese momento contenida. “Durante cinco años vivió un calvario. Tanta agresión explota y es la agredida quien termina agrediendo”, consideró Rey. Organizaciones vinculadas con la Universidad Nacional de la Patagonia se están movilizando en apoyo a Mirta.

El defensor oficial sostuvo que la mujer, de acuerdo con pericias incorporadas a la causa, sufría el “síndrome de indefensión adquirida”, típico de víctimas de violencia sistemática, donde la persona aprende a creer que no puede defenderse y que cualquier cosa que haga es inútil. Como en otros casos de violencia machista, el marido la fue aislando de su círculo, cortando sus vínculos con familiares y amigos, apuntó Rey.

El hecho por el cual está acusada Mirta ocurrió el 28 de marzo de 2010 por la mañana en la casa en la que vivían juntos, en el barrio Amaya, en las afueras de Trelew, provincia de Chubut. Quiroga, de 44 años, trabajaba como sereno en obras en construcción. Estaban casados hace casi treinta años. Sus tres hijos tienen 22, 23 y 27 años. Los tres declararon en la Justicia. Contaron que lo querían mucho a su papá, pero que le decían a su mamá que se separara de él, por los maltratos que le propinaba. Aseguraron que él le era infiel, que ella lo sabía, que incluso llegó a engañarla con la hermana de Mirta –unos siete años atrás– y que cuando se enteró trató de suicidarse arrojándose al río. Pero que ella siempre les decía que lo amaba, y tenía una actitud completamente sumisa frente a sus agresiones, que se manifestaban como insultos y golpes. Mirta testificó ante la Justicia que Quiroga, incluso, la forzaba a tener relaciones sexuales cuando ella no quería. Sus hijos afirmaron que el padre era alcohólico y se ponía más violento con su madre bajo los efectos de la bebida, describieron que la celaba, que una noche “fría” la hizo dormir fuera de la casa y no la dejó entrar porque se enojó con ella, y que todos los viernes se iba a la casa de un primo, soltero, donde hacían reuniones y fiestas con mujeres y regresaba los domingos. Y que Mirta sabía que tenía otras mujeres, porque se lo insinuaba el pariente y amigos de Mario, que lo cargaban sobre sus amantes delante de ella. Incluso, Mario recibía mensajes de texto amorosos en su celular.

Según contó el defensor público a este diario, fue en la mañana de un domingo que regresó de una de sus juergas cuando se desató la discusión que terminó con la reacción de Mirta, que tomó un cuchillo de la cocina y le dio una puñalada en el rostro. Según declaró ella, Quiroga llegó a las 8.30 y al verla despierta a esa hora montó en cólera porque imaginó que Mirta le había sido infiel. Juan Alberto, el menor de sus hijos, estaba en la casa durmiendo. Dijo que cuando se despertó por los gritos de su madre, la encontró abrazando a su padre pidiéndole perdón. “El hijo declaró que la ambulancia demoró en llegar unos cuarenta minutos y el hombre murió desangrado”, agregó Rey. Mirta quedó detenida y luego se le dictó prisión preventiva. “Al día siguiente vinieron los hijos desconsolados llorando para decirme que habían visto a su madre en la Alcaidía y le habían visto lesiones en los brazos. Ni siquiera ella había declarado que él la había agredido esa mañana. Pedí que la revisara un médico forense y se constató que había sido golpeada por el marido”, señaló a este diario el defensor oficial. A pesar de que a lo largo de la investigación del hecho fueron surgiendo elementos que corroboraron que el homicidio se dio en el marco de una discusión, en un contexto de violencia de género, donde Mirta hacía unos cinco años venía sufriendo humillaciones, insultos, y golpes, la fiscal Claudia Ibáñez mantuvo la acusación de homicidio agravado por el vínculo. En Trelew, desde el Gremio Asociación de Docentes Universitarios, la Federación Universitaria de la Patagonia y el Consejo Social de la Universidad Nacional de la Patagonia (que reúne a diferentes organizaciones de la ciudad) se están movilizando en apoyo a la mujer.

Unos meses atrás, el defensor oficial solicitó la prisión domiciliaria para Mirta. En la audiencia ante la jueza de Garantías Patricia Asaro, la fiscal se opuso y alegó que estaba en condiciones de presentar pruebas de que “había agresiones recíprocas” entre Mirta y su esposo. La magistrada finalmente otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria. Tuvo en cuenta “las condiciones sociales y los síntomas de violencia familiar, aun sin dejar de ponderar el grave daño causado, manifestando que el encierro iría en contra de su persona y sería más nocivo”, según informó la oficina de prensa del Ministerio Público Fiscal. Primero Mirta vivió con un hermano y posteriormente la jueza la autorizó a regresar a su casa, donde actualmente vive con sus hijos Paola, de 23 años, y Juan Alberto, de 22. Paola es la responsable del cumplimiento del encierro.

A partir de hoy, Mirta estará sentada en el banquillo de los acusados. Contará su drama a los jueces del Tribunal Oral de Trelew. Como en otros casos similares, su representante es probable que alegue que actuó en legítima defensa o bajo emoción violenta, delitos que tienen una pena de uno a 4 años, y que aun recibiendo condena le permitirían recuperar pronto la libertad, dado el tiempo que lleva presa.

Un sobre y un sorteo muy sospechosos

LA INVESTIGACION SOBRE LA PRESUNTA COIMA PARA LIBERAR A LOS DETENIDOS POR EL CRIMEN DE FERREYRA

Las pruebas en poder de la Justicia confirmarían que el vicepresidente de Belgrano Cargas envió dinero para comprar voluntades en Casación al estudio del ex juez Aráoz de Lamadrid y que Pedraza estaba implicado. Imputaron al empleado que sorteó el expediente.

 Por Irina Hauser

La onda expansiva de la causa sobre las coimas para liberar a los detenidos por el crimen de Mariano Ferreyra amenaza con ser mucho más amplia y potente de lo que nadie había imaginado. La Justicia tiene pruebas que confirmarían que el vicepresidente de Belgrano Cargas y contador de la Unión Ferroviaria (UF), Angel Stafforini, envió parte del dinero destinado a comprar voluntades en la Cámara de Casación Penal al estudio del abogado y ex juez federal subrogante Octavio Aráoz de Lamadrid. Y que, detrás de la operación, estaba el propio titular del gremio, José Pedraza, cuando aún se encontraba en libertad. Hasta ahora aparecía bajo sospecha el nombre de un único camarista, Eduardo Riggi, pero el análisis de los llamados de un agente de la Secretaría de Inteligencia (SI, ex SIDE), llamado Juan José Riquelme y señalado como intermediario, reveló que hablaba al menos con otro integrante de Casación. Además, está imputado el empleado de ese tribunal que se ocupa de hacer los sorteos informáticos para la asignación de expedientes, que tenía contacto con Aráoz.

El soborno quedó frustrado (se supone) porque el fiscal de la causa, Mariano Solessio, resolvió allanar el estudio de Aráoz de Lamadrid justo cuando acababan de entregarle 50 mil dólares, el 1º de febrero último. El presunto destino del dinero era la Cámara de Casación, según relataron a Página/12 allegados a la pesquisa. La fiscalía conocía los movimientos y el recorrido que harían los dólares por el seguimiento de algunos protagonistas del caso que se venían haciendo mediante escuchas telefónicas. Los investigadores estaban al tanto de conversaciones que conectaban a Stafforini con Aráoz de Lamadrid, primer defensor de Guillermo Uño, uno de los integrantes de la patota ferroviaria detenidos por el homicidio de Ferreyra. Al llegar al estudio familiar del abogado, muy cerca del Palacio de Tribunales, la policía encontró lo que buscaba: había un sobre rotulado “Octavio” con la plata adentro. Cerca de Aráoz dicen sistemáticamente que era plata de honorarios.

El monto de 50 mil dólares coincidía con aquel al que se hacía referencia en una de las escuchas detectadas en la investigación del asesinato del militante del Partido Obrero (PO), a cargo de la jueza Wilma López. En su juzgado se quedaron perplejos al escuchar a Pedraza, quien hablaba desde su propio celular, en un diálogo con Stafforini:

–Serán unos 75 (mil) o 50 (mil) –decía el directivo de Belgrano Cargas.

–Si no llegás, nosotros ponemos la diferencia y después la recuperamos ––le contestaba Pedraza.

Ese contacto ocurrió el 25 de enero último, a las 20.06, según las constancias judiciales. Wilma López hizo la denuncia para que se investigara el posible cohecho de manera independiente. De acuerdo con lo que la Justicia pudo reconstruir a partir de las grabaciones recopiladas por el juzgado de López y las ordenadas luego por Solessio y el juez Luis Rodríguez, Pedraza se habría ocupado personalmente de la estrategia para que los siete integrantes de la patota ferroviaria detenidos hasta ese momento fueran liberados. Según refirieron a este diario fuentes cercanas a la causa, el principal interés apuntaba a lograr que Casación revisara (y revocara) los procesamientos por homicidio calificado que había aplicado a los matones incluso la Cámara del Crimen, y que podría costarles una condena a prisión perpetua. La mayor pretensión era –según se desprendería de esas escuchas– que saliera sorteada la Sala III de Casación, que integran Liliana Catucci, Eduardo Riggi y Gustavo Mitchell.

Enganchados

Aráoz de Lamadrid fue secretario letrado y de mucha confianza de Riggi antes de ser nombrado en 2005 juez federal subrogante en reemplazo de Juan José Galeano, cargo en el que duró cinco años hasta que renunció por una investigación del Consejo de la Magistratura. De acuerdo con los entrecruzamientos telefónicos de la causa por tentativa de coima, Aráoz tendría contacto con Riggi y con Stafforini; pero también con Riquelme, quien resultó ser un agente de la SI, ahora suspendido y camino a ser expulsado del organismo, y un intermediario en la negociación. Riquelme, de unos setenta años, apodado “el Yanki”, a su vez se habría comunicado con Riggi y con otro integrante del mismo tribunal. Es un hombre, aseguran funcionarios de la causa, que incluso habla frecuentemente con más jueces, algo que excede a este episodio puntual y podría motivar otra nueva investigación penal.

En un diálogo del 13 de enero, Riquelme le dice a Aráoz: “Bien, le comento (supuestamente a Pedraza), me dijo que está muy bien el número que le pasé y que esta tarde, al atardecer, tiene reunión con el secretario, que anoche habló con él... ehhh... al respecto, el secretario le manifestó que no existe ningún problema con el tema, que la única preocupación que tiene es cómo encuadrar la operatoria, por eso se van a reunir esta noche”.

Cuando la jueza López indagó a Pedraza por el crimen de Ferreyra, le preguntó si conocía a Riquelme. La respuesta fue que sí, hace muchos años. Quizá más de veinte, dicen en el ámbito ferroviario, donde solían definirlo como un lobbista o alguien que ayudaba con las “relaciones institucionales”. En la SI, según la información oficial, cumplía tareas administrativas. Estaba desde los tiempos de Hugo Anzorreguy; antes hay versiones que lo señalan como colaborador de Norberto Varela en el Servicio de Inteligencia Naval y de buenos vínculos con la Iglesia Católica.

Uno de los argumentos por los que López rechazó excarcelar a Pedraza, tras ordenar su detención el 22 de febrero como instigador del homicidio del militante del PO, fue que había intentado entorpecer la investigación a través del intento de coima. Al procesarlo señaló que su verdadera meta “no era beneficiar a los afiliados a la Unión Ferroviaria” que estaban detenidos, “sino a sí mismo, sabedor de su responsabilidad en el hecho y consciente del impacto positivo que sobre su situación traerá aparejado, cual efecto dominó, el mejoramiento de la situación procesal de los coautores materiales y partícipes presentes en el escenario de los hechos”.

Sorteo dudoso

Lo cierto es que el 26 de enero, un día después de que Stafforini y Pedraza hablaran de los “75 o 50”, se hizo el sorteo de la sala de Casación para “radicar” la causa y justamente salió elegida la Sala III. Según publicó el Centro de Información Judicial (CIJ) el 4 de febrero, la asignación se hace “con un sistema” que “provee y administra” el Consejo de la Magistratura. En Casación, aclara, hay “terminales” pero no se puede “acceder al sistema madre”. De acuerdo con declaraciones de testigos en el expediente, como en la Cámara de Casación hay cuatro salas, el sistema estaría programado para que la distribución de causas sea equitativa. Por esa razón, habría una forma de calcular la mayor probabilidad –aunque no la absoluta certeza– de que les toque a ciertos jueces. El empleado que se ocupa de estos sorteos en Casación está imputado porque, según los entrecruzamientos de llamados, hablaba con Aráoz de Lamadrid.

Ante el revuelo, Riggi se excusó por razones de decoro. Lo reemplaza Juan Fégoli quien, esta última semana, junto con Mitchell y Catucci confirmaron los procesamientos de la patota, que igual que Pedraza va camino a juicio oral.

Todavía, al parecer, no hay constancias que involucren de lleno o de manera directa ninguno de los jueces en el intento de coima, pero es un aspecto aún en plena investigación. La causa en el último mes tuvo algunas ideas y vueltas. El fiscal Solessio tuvo un problema de salud severo que lo alejó del expediente. En el ínterin, la causa estuvo en la Sala I de la Cámara del Crimen, que debía resolver si confirmaba el procesamiento y la detención de Pedraza, y subrogaron la fiscalía Pablo Recchini y Sandro Abraldes. Lo cierto es que Pedraza, Aráoz de Lamadrid, Stafforini, Riquelme y el empleado de Casación se encuentran imputados, mientras la situación de uno o más jueces está en vías de definición, antes de futuras citaciones a indagatoria.

Una esperanza, después de un año

PARA DILUCIDAR EL ASESINATO

La abogada Lucila Puyol, querellante en la causa por el homicidio de Silvia Suppo, quien declaró como testigo en juicios a represores, consideró "muy esperanzador" el fallo de la Corte Suprema que determinó que el crimen sea investigado por la justicia federal de Santa Fe descartando la hipótesis de un homicidio por robo y respondiendo al reclamo de la familia Suppo que exigía que se analice si la mataron por encargo, para silenciarla y generar terror en otros testigos.

Puyol destacó que "se utilizaron los mismos argumentos que se utilizaron en el caso de Julio López"; es decir que "se produjo el crimen de Suppo para obstaculizar la justicia en relación a la aclaración de crímenes de lesa humanidad".

En tanto, la abogada resaltó que "fue fundamental el apoyo de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y del gobierno nacional", que se presentaron como querellantes en la causa.

Ayer, al cumplirse un año del asesinato de Suppo, se realizó una marcha en reclamo de justicia por las calles de Rafaela, de la que participaron organizaciones como CTA la Castellanos, SADOP, HIJOS Santa Fe, Cámpora Santa Fe, Movimiento Evita y las agrupaciones que integran el espacio Justicia y Verdad.