Una respuesta a los buitres con ruido de fondo

EL GOBIERNO ENVIO ANOCHE EL ALEGATO FINAL PREVIO A LA AUDIENCIA DEL 27 DE FEBRERO

La presentación argentina se focalizó además en las inconsistencias en que incurrió el juez Griesa.

Con las cartas echadas frente a los buitres

En el escrito rechazó al pedido de un pago por el ciento por ciento del precio nominal de los bonos defaulteados. En contraposición ofreció como alternativa que podría reabrir el canje en las mismas condiciones de 2005 y 2010.

Por Cristian Carrillo

La Argentina juega sus últimas cartas en el litigio que la enfrenta a los fondos buitre. El bufete de abogados que representa al país envió a última hora de ayer a la Cámara de Apelaciones de Nueva York el alegato final previo a la audiencia del 27 de febrero, tras la cual el tribunal de segunda instancia emitirá su dictamen. El escrito del estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, realizado junto a los técnicos del Ministerio de Economía, reiteró el rechazo al pedido de un pago por el ciento por ciento del precio nominal de sus tenencias en bonos defaulteados, por unos 1350 millones de dólares. En contraposición, ofreció como alternativa reabrir el canje en las mismas condiciones de 2005 y 2010. La presentación argentina se focalizó además en las inconsistencias en que incurrió el juez Thomas Griesa en la argumentación del fallo que convalidó inicialmente el reclamo de estos fondos especulativos, sus efectos negativos sobre terceros comprometidos y no involucrados y la inmunidad soberana del dinero con que se paga a los bonistas.

La causa ya en segunda instancia había recibido de parte de la Cámara un fallo que daba lugar al pedido de resarcimiento de los fondos buitre por supuesta discriminación del Estado argentino. Bajo una reinterpretación caprichosa de la cláusula de pari passu –igualdad en el tratamiento entre acreedores– solicitaron que se les pague al mismo tiempo que a los bonistas que ingresaron al canje. Pero, a ellos, por la totalidad de sus bonos no reestructurados. La Cámara solicitó a Griesa una fórmula a prorrata para subsanar esta supuesta discriminación, pero el magistrado de Manhattan exhortó a pagar todo y en efectivo. Esta decisión fue apelada por la Argentina. La Cámara suspendió el fallo de Griesa y estableció un cronograma para que las partes hicieran sus alegatos y dispuso una nueva audiencia para el 27 de este mes.

En los distintos alegatos hubo espacio para que terceros no involucrados presentaran sus apoyos a la propuesta. La posición argentina recibió acompañamiento del Bank of New York, asociaciones internacionales de bancos y tenedores de bonos reestructurados y hasta del propio gobierno de los Estados Unidos, a través del Departamento del Tesoro y la Reserva Federal. Por el lado de los fondos buitre, no hubo respaldo. Las dos entidades que encabezan la demanda, NML Capital y Aurelius, elevaron sus posturas en sendos escritos. Fiel a su estilo de “ir por todo”, los buitres, en cada una de las presentaciones, reiteraron el pedido de cobrar el ciento por ciento.

La presentación argentina se valdrá de estos apoyos, pero además hará un despliegue sobre distintos argumentos, todos ya esgrimidos en oportunidades anteriores. Los abogados de la Argentina aprovecharán el debate acerca de qué significa esa igualdad en el monto y los plazos en caso de un posible pago, para volver sobre la cuestión de fondo: si existe discriminación o se violó la cláusula de pari passu. Desde Economía argumentan que el país no discriminó a los acreedores. Por el contrario, señalan que reconocer la totalidad de las tenencias de los fondos buitre es contrario al principio de equidad, frente al 93 por ciento de los bonistas que ingresaron al canje, con quita de capital y extensión de los plazos.

La misma argumentación resaltará el mal precedente que condicionará futuras reestructuraciones y servirá para demostrar la posibilidad de que el fallo en favor de los fondos buitre puede desencadenar una ola de juicios de bonistas que reclamen la diferencia. En este caso, los cálculos van de 12 mil a 20 mil millones de dólares, producto de unos 4300 millones de deuda sin canjear, junto a los intereses. “Otro punto es la ridiculez de la forma de pago que dispuso Griesa en el fallo de primera instancia”, señaló una alta fuente oficial. También se apelará, utilizando el apoyo manifestado por el gobierno estadounidense, a la pérdida de solidez que implica para el Banco de Nueva York un fallo que lo obligue a embargar fondos argentinos. Este tema es considerado vital, porque esta entidad intentará mantener su estatus financiero internacional, como plaza inembargable. Esto se suma al reclamo de que las órdenes en Nueva York no tienen jurisdicción sobre el dinero que se deposita en el fideicomiso, previo a que se distribuya entre los tenedores de bonos reestructurados. Griesa había pedido que se utilice parte de esos fondos para pagarle a los fondos buitre. Estos dos últimos puntos buscan dejar el terreno fértil a la Corte para que analice si debe pagarse la totalidad o si se le concede una reapertura al canje.

http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-213106-2013-02-02.html

Responsables del robo de bebés

El dictador Jorge Rafael Videla cabeceó varias veces mientras el fiscal completaba su alegato.

LAS PRUEBAS CONTRA JORGE RAFAEL VIDELA Y REYNALDO BIGNONE

Después de casi dos semanas de fundamentar su alegato, la fiscalía pedirá a partir de hoy las penas para los dictadores que están siendo juzgados por treinta y cuatro apropiaciones de bebés. Videla sigue negando que haya sido un plan sistemático.

Por Alejandra Dandan

A días de las declaraciones públicas leídas como “confesión”, el dictador Jorge Rafael Videla volvió a sentarse entre los acusados del juicio por el plan sistemático de robo de bebés para escuchar el alegato de la fiscalía. Con la cara levantada y entre cabeceos que cada tanto parecían capturarlo para el lado de los sueños, oyó al fiscal Martín Niklison referirse a esas declaraciones públicas que por haber sido transmitidas en televisión o difundidas en los diarios parecen haber adquirido, de hecho, el carácter de prueba para la trama del juicio. En esa línea, Niklison le recordó que pese a que todavía lo niega, Videla fue el único dictador latinoamericano que aceptó el robo sistemático de niños.

“No tengo dudas de que en este juicio se ha podido demostrar la responsabilidad de Videla en tan aberrantes hechos –dijo el fiscal–. En esas declaraciones (públicas) se refiere a la cuestión de la apropiación de niños, pero las redujo a actos individuales de militares y policías que por caridad entregaron niños abandonados, buscando de ese modo (Videla) despegarse de estos hechos y no pasar a la historia como el único dictador latinoamericano de esa época que organizó la apropiación de los hijos de sus víctimas.” En este juicio, agregó, “no hemos visto esos supuestos actos de caridad, sino el horror que implica arrancarles los niños a sus padres y madres y la organización dispuesta para los partos y el posterior reparto de los bebés”.

A horas del pedido de condenas que se escuchará durante la mañana de hoy, la fiscalía federal leyó las acusaciones de los trece imputados del debate. Entre ellos, Videla quedó situado como el “organizador” y principal responsable, pero también acusó a Santiago Omar Riveros, por entonces jefe del Instituto Militar de Campo de Mayo, y a Reynaldo Bignone y Oscar Francos, integrantes de la última junta de comandantes.

Lo que el juicio debe probar, y es lo que intentan demostrar en estos días los alegatos de los acusadores, es que el robo de bebés fue un plan sistemático organizado desde la cúpula militar y ejercido por intermediarios que actuaron en cada uno de los centros clandestinos o en la distribución de los niños. Videla viene negando la lógica del plan con el argumento de que no hubo una orden escrita que lo haya avalado, como si ése fuera el único modo de probar una práctica sistemática. Los acusadores intentan demostrar, en cambio, que sin aquella orden el plan puede probarse por los efectos, es decir por lo que sucedió con los niños robados. O por la organización, por ejemplo, de las maternidades clandestinas, que estructuraron el alojamiento de las embarazadas, los nacimientos y la distribución de los niños. Pero además, intentan probar que es necesario recordar que cuando se probaron las desapariciones, los desaparecedores también decían que no existían porque no había órdenes escritas. Videla terminó de admitir las desapariciones más de 35 años después, en esas declaraciones públicas en las que reconoce el “pongamos que fueron siete u ocho mil”, recordó en un pasillo el fiscal federal.

En este caso, Videla está acusado por la mayor parte de los 34 expedientes de apropiación de menores que llegaron a juicio. “Si hubo centros clandestinos, fue su voluntad; si hubo desaparecidos, fue su voluntad; si hubo torturas, fue su voluntad y si hubo apropiación de menores, fue su voluntad”, dijo el fiscal.

Las acusaciones avanzaron sobre el resto de los imputados. Entre ellos, Bignone y Franco. Pese a que hicieron la carrera de ascenso militar durante la dictadura e intervinieron en lugares de decisión e incluso llevaron adelante personalmente gestiones donde hubo casos de robos de niños, están en el juicio acusados sólo “por un tramo puntual”: la orden que impartieron mientras formaban parte del último gobierno de las Juntas y que disponía la destrucción de documentos y por la ley que intentó garantizar la impunidad de quienes intervinieron en la dictadura. En palabras del equipo de fiscales, integrado además por Nuria Piñol y Viviana Sánchez, “se les atribuye los últimos actos realizados por el aparato represivo estatal para lograr que las apropiaciones se puedan seguir cometiendo y gozando de impunidad, permitiendo que quienes se habían apoderado de los menores no vieran perturbado el dominio que bajo una apariencia legal ellos ejercían”.

En ese sentido, la acusación hacia ellos desde el primer momento fue un desafío, porque se debía equiparar la sanción de una ley y una orden con las acciones de los crímenes. Para demostrar, entonces, la dimensión y el peso que puede tener una ley o una orden, la fiscalía habló de cómo normas similares pueden decretar una guerra o decidir una masacre. Compararon el acta de la Junta con una “tapa” que buscó cerrar entre otras cosas el tema de los niños y dijeron: “Un acta de la junta era un acto de voluntad de sus integrantes por el cual se podía hacer cualquier cosa mientras tuvieran el respaldo militar para hacerlo. Un acta de la junta tenía el sentido que sus integrantes quisieran darle y en este caso era poner una tapa sobre el tema desaparecidos y asegurarse de que nadie pudiera abrirla. Respecto de los niños, el objetivo era que nadie pudiera perturbar a lo que ellos llamaban familias adoptivas”.

Sólo por mencionar un ejemplo más, el llamado “Documento Final” afirma que los desaparecidos “a los efectos jurídicos y administrativos se consideran muertos”. Una “muerte” que por otra parte intentó alcanzar la figura de los niños desaparecidos.

Entre las pruebas de cada uno fueron revisados nuevamente los casos de las víctimas. El de Macarena Gelman y la decisión adjudicada a Videla del traslado de su madre a Uruguay. Aquello que Juan Gelman mencionó en su declaración de que a su nuera Claudia Iruretagoyena se la llevaron como parte de un “robo de vientres”. Las dudas que todavía quedan sobre las razones por las que se hizo el traslado. Pero la certeza a la vez de que eso también se hizo porque hubo una decisión del comandante. En esa línea, mientras se enumeraban las pruebas contra Videla apareció en primer plano la responsabilidad de Bignone en un caso por el que no está imputado: es sobre la intervención que tuvo sobre lo que sucedió con Claudia, la hija de Estela de Carlotto. La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo lo visitó a través de algunas relaciones para pedirle por su hija y para decirle que si iban a asesinarla al menos le devolvieran su cuerpo. El cuerpo efectivamente apareció, luego de que Claudia diera a luz en el Hospital Militar central y le robaran a su hijo. En el juicio se indicó que la intervención de Bignone permitió que reapareciera el cuerpo de Claudia, un dato sobre el que Niklison reparó: “De los 34 casos en que acusa la Fiscalía, es el único cuerpo de una madre asesinada que fue entregado”.

Eso, por otro lado, era una respuesta al propio Bignone, que en su última intervención durante el juicio dijo que no sabía de la existencia del robo de bebés.

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-192548-2012-04-24.html 

Por una justicia de género

MIRTA GIL AGUARDA EN TRELEW EL FALLO POR EL CRIMEN DE SU MARIDO

Acusada por homicidio agravado por el vínculo, la fiscalía pidió morigerar la calificación. Su abogado sostiene que lo mató en defensa propia. Hoy en Trelew se conocerá la sentencia.

 Por Mariana Carbajal

“Soy inocente. No lo quise matar”, alcanzó a decir Mirta Gil, entre sollozos, ante el Tribunal Oral de Trelew, el viernes pasado durante la última jornada del juicio en el que está imputada por el homicidio de su esposo, José Luis Quiroga. Hoy al mediodía se conocerá el veredicto. A lo largo de los cinco días, en el juicio quedó en evidencia la situación de violencia de género que vivía Gil en su hogar, donde era humillada, golpeada y hasta llegó a sufrir intentos de violación de parte de su marido, quien además la engañaba con otras mujeres y en alguna oportunidad hasta con la propia hermana de Gil, según testificaron los hijos del matrimonio. En su alegato del viernes, la Fiscalía tuvo en cuenta ese contexto, y pidió una recalificación del hecho: morigeró un tanto la acusación por “homicidio calificado en circunstancias extraordinarias de atenuación”.

En la acusación original el delito estaba tipificado por la fiscalía como homicidio calificado por el vínculo, que tiene la pena máxima de reclusión perpetua. La nueva imputación, planteada por la fiscal general Mirta Moreno, es menos dura pero también implica un castigo severo, de 8 a 25 años de cárcel. El defensor público Sergio Rey, a cargo de la representación legal de Gil, insistió ayer en su alegato con la absolución, al sostener que la mujer actuó “en legítima defensa”, después de recibir un puñetazo en el pecho y una patada en la pierna, en el marco de una discusión conyugal. “Ella reacciona y lo primero que tiene a mano para defenderse es un cuchillo Tramontina: se lo tira a la cara y se lo clava y el hombre se desangra”, describió Rey en diálogo con Página/12.

En caso de que esa figura no sea aceptada por el Tribunal Oral, la defensa solicitó que se la condene por “homicidio preterintencional”, cuya pena mayor es de 6 años, por considerar que Gil pretendió agredir a su esposo, pero no tuvo intención de matarlo.

El hecho por el cual está acusada Gil ocurrió el domingo 28 de marzo de 2010 por la mañana en la casa en la que vivían juntos, en el barrio Amaya, en las afueras de la ciudad de Trelew, provincia de Chubut. Quiroga, de 44 años, trabajaba como sereno en obras en construcción. Estaban casados hace casi treinta años. En el marco del matrimonio tuvieron tres hijos que hoy tienen 22, 23 y 27 años. Los tres declararon ante el Tribunal Oral el miércoles. Destacaron que Quiroga era un “buen padre” pero dieron detalles en sus testimonios ante el Tribunal Oral del habitual maltrato que le propinaba a su madre, que incluía insultos, a veces golpes, y humillaciones como serle infiel con otras mujeres o hacerla dormir afuera de la casa en una noche helada. También contaron que se iba los viernes a la casa de un primo donde se hacían “fiestas” con varias mujeres, y regresaba a su hogar los domingos. Fue justamente un domingo, al volver de esas juergas, que ocurrió la tragedia.

El viernes, antes de los alegatos y en la última jornada del juicio oral antes de la lectura de la sentencia, Gil brindó su testimonio. Varias veces se quebró y rompió en llanto. Un clima emotivo y angustiante se apoderó de la sala al escucharla. La mujer relató que el día en que se produjo la muerte de su esposo, Quiroga llegó al hogar familiar a las 8.30. La encontró levantada y le empezó a gritar: “Qué hacés levantada, puta, ¿de donde venís?”. Dijo que mientras ella lloraba, su marido le dio un golpe de puño cerrado en el torso y luego una fuerte patada en un muslo. “Ahí reaccioné y le pegué no sé con qué, cuando vi que había sangre por todos lados, sé que estaba parado ahí y le pegué...”, dijo entre llantos. El objeto que agarró fue un cuchillo. El filo le produjo un corte, que dio justo en una arteria: las heridas le provocaron la muerte. Gil contó que se puso a gritar, no podía creer lo que había hecho: “Amor, qué te hice, perdoname”, sollozó.

Ante consultas realizadas por el defensor público, Gil afirmó que solo atinó a defenderse, que temió que Quiroga la matara. También contó que cada vez que él le pegaba, ella tenía mucho miedo porque no se controlaba, le pegaba donde podía y no le importaba nada. “Yo no sabía qué hacer, no tenía a nadie que me dé un consejo, que me ayude a salir...”, afirmó. También sostuvo que “era una persona muy buena con mis hijos, por eso nunca me voy a poder perdonar lo que hice... el problema de él era la bebida, no se controlaba, no me escuchaba, varias veces quise hablar con él, yo quería un matrimonio feliz, vivir tranquilos”.

Gil nunca llegó a denunciarlo. Después de su declaración, se escucharon los alegatos. La fiscal Moreno dijo no advertir causas que justifiquen la reacción de la mujer, aunque valoró las circunstancias por las cuales atravesaba la pareja como atenuante. Destacó lo descripto por los hijos, quienes manifestaron que la relación estaba deteriorada y signada por el maltrato, la violencia física y psíquica y hasta el abuso sexual. Calificó el vínculo entre ambos como “patológico” y “enfermizo”, y reconoció que había una relación de sometimiento de Gil frente a su marido. A su turno, Rey, el defensor oficial, puso énfasis en que la mujer jamás se había defendido de las agresiones, que le tenía miedo a su esposo, y se preguntó cuál debería haber sido su actitud frente a la agresión que sufrió en la fatídica mañana del 28 de marzo, “¿tal vez esperar que la mate?”. Y destacó que lo que Quiroga consideró una provocación fue solo que Gil estaba levantada en el momento que él llegaba a su casa.

Entre los testigos que se escucharon a lo largo de la semana, se destacaron los tres hijos del matrimonio. Los tres declararon el miércoles y contaron sobre los golpes que propinaba su padre a su madre, y que una vez llegó a darle una patada en el pecho que la dejó en cama durante casi quince días. También coincidieron en que en varias oportunidades ella quiso suicidarse por la situación que vivía. Paola, la segunda, de 23 años, dijo: “Yo le decía que se separe, me dolía mucho cuando le pegaba, ella no se defendía y después lo perdonaba”. También comentó que su padre había querido abusar por la fuerza de Gil. Y que su madre le decía que algún día él iba a cambiar, que lo amaba y que no quería despegarse de sus hijos. El hijo mayor, de 27 años, afirmó: “Mi viejo fue una excelente persona, pero falló como marido y así pasó lo de mamá”.

Se esperaba que al final de la audiencia de debate, el Tribunal integrado por los jueces Darío Arguiano, como presidente, Sergio Piñeda y Adrián Barrios, como vocales, diera su veredicto. Pero los magistrados comunicaron que lo anunciarán hoy, a las 12: prefirieron tomarse más tiempo para analizar el caso por su complejidad, informaron. Gil espera la sentencia con prisión domiciliaria.