El Tribunal Federal de Comodoro Rivadavia desestimó el pedido formulado por la fiscalía y las querellas de inmediata detención en cárcel común para cuatro procesados por la Masacre de Trelew, en el primer día del juicio oral y público que comenzó este lunes en Rawson.
La fiscalía, que hizo la solicitud a la que adhirieron las querellas, "no acompañó elementos nuevos de convicción para variar el criterio", afirmó por la tarde, tras un cuarto intermedio, el juez Enrique Guanziroli, quien integra el tribunal junto a los camaristas Pedro De Diego y Nora Cabrera de Monella.
Antes de dar por concluida la audiencia inaugural del juicio, que se reanudará este martes a las 10, Guanziroli aludió a decisiones de la Cámara Nacional de Casación Penal que revocó resoluciones de tribunales inferiores que habían dispuesto cárcel efectiva para procesados en diversas causas por delitos de lesa humanidad.
El rechazo unánime del Tribunal al pedido de la fiscalía y las querellas fue recibido con exteriorizaciones de descontento por el numeroso público que presenció esta primera jornada del juicio oral y público a los imputados por la llamada Masacre de Trelew, que ejecutaron el 22 de agosto de 1972 miembros de la Armada.
La acusación había pedido el encarcelamiento efectivo de Luis Sosa, Emilio Del Real, Rubén Paccagnini y Carlos Morandino, acusados de homidicio doblemente agravado en 16 casos y en grado de tentativa en otros tres casos.
Esta solicitud invocó jurisprudencia acumulada en numerosos juicios por delitos de lesa humanidad y solo exceptuaba "por el momento" a Jorge Bautista, acusado de encubrimiento del fusilamiento de 19 prisioneros políticos, 16 de los cuales murieron en la madrugada de aquel 22 de agosto, hace 40 años.
La concurrencia desbordó la capacidad de la amplia sala del Centro Cultural José Hernández de Rawson y en buena parte siguió la primera jornada del juicio en la aledaña plazoleta de la Legislatura chubutense por pantalla gigante, ya que lo trasmitió en directo la televisión pública provincial, Canal 7.
Constituido el Tribunal a las 10, el juez Guanziroli ordenó la lectura del requerimiento de elevación a juicio formulado por la fiscalía en 2009, que acusa a los imputados por homicidio doblemente agravado de 16 prisioneros y otros tres en grado de tentativa, todos en la base aeronaval Almirante Zar.
El requerimiento detalla los hechos desde la fuga de un grupo de prisioneros políticos del penal de Rawson, el 15 de agosto de 1972, hasta la rendición pactada de 19 de ellos en el viejo aeropuerto de Trelew, hoy Centro de la Memoria, y su posterior fusilamiento en el área de celdas de la base Zar, en la madrugada del 22 de agosto.
Por estos hechos están acusados los capitanes Sosa, Del Real, Paccagnini y Bautista, éste último por encubrimiento, y el cabo Carlos Marandino.
Eludieron estar en el banquillo de los acusados el almirante Horacio Mayorga, ya que el Cuerpo de Medicina Forense consideró que por razones de salud mental no está condiciones de defenderse en juicio, y el capitán Roberto Bravo, cuya extradición fue negada por Estados Unidos, país donde reside.
Sobre los hechos de 1972, la acusación subraya que la negociación con oficiales navales tras la cual se entregaron 19 evadidos, luego de obtener la promesa de garantías, fue presenciada por el juez Alejandro Godoy, abogados y periodistas.
No obstante esos compromisos tomados por los oficiales de la Armada, relata que, "en la madrugada del 22 de agosto (...) aproximadamente entre las 2.30 y 3.30”, los acusados Sosa, Bravo, Del Real y un cuarto oficial ya fallecido de apellido Herrera “se presentaron en el lugar de detención”.
“Encontrándose como guardia el cabo Marandino, se les ordenó a los detenidos que doblaran sus mantas y sacaran los colchones para que los dejaran en el extremo del pasillo por donde se ingresaba a dicho sector, luego de lo cual se los hizo formar en fila en el pasillo”.
Les ordenaron luego que se formaran, "algunos orientados hacia el ingreso del mismo y otros hacia las celdas de enfrente", con la vista hacia el suelo, "tras lo cual (Sosa) junto con los otros oficiales y suboficiales abrieron fuego contra los detenidos”, consigna el mismo texto acusatorio.
Como consecuencia de la lluvia de disparos o de los llamados tiros de gracia fallecieron 16 de los 19 prisioneros fusilados.
Fueron asesinados Rubén Pedro Bonet, Jorge Alejandro Ulla, Humberto Segundo Suárez, José Ricardo Mena, Humberto Adrián Toschi, Miguel Angel Polti, Mario Emilio Delfino, Alberto Carlos Del Rey, Eduardo Campello, Clarisa Rosa Lea Place, Ana María Villarreal de Santucho, Carlos Heriberto Astudillo, Alfredo Elías Kohon, María Angélica Sabelli, Mariano Pujadas y Susana Lesgart.
“En el caso de Antonia Berger, Alberto Miguel Camps y Ricardo René Haidar no lograron el resultado de muerte, ya que fueron heridos gravemente y actualmente están desaparecidos en hechos posteriores al relatado”, puntualiza la elevación a juicio.
Los tres sobrevivientes señalaron a Bravo como el oficial que recorrió los calabozos para rematar con un disparo de gracia en la nuca a los fusilados, desde que un Tribunal les tomó testimonio en octubre de 1972, donde seguían encarcelados y convalecientes.
Morandino, el suboficial que estaba de guardia en los calabozos, declaró que Sosa y los otros tres oficiales le ordenaron abrir las puertas del calabozo y retirarse, y también dijo que le ordenaron mentirle al instructor de la Armada, Enrique Bautista, para encubrir después el fusilamiento.
La fiscalía señala la responsabilidad política directa en la masacre de la dictadura encabezada entonces por Alejandro Lanusse, además de la responsabilidad penal de los imputados en la causa como ejecutores materiales del fusilamiento ordenado por la superioridad y, en un caso, por encubrimiento.
Acusan en la causa los fiscales federales Horacio Arranz y Fernando Gelves, mientras que por la querella lo hacen abogados que representan a familiares de las víctimas, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Todos los acusados tienen abogados particulares excepto Morandino, representado por un defensor oficial.
