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miércoles, 6 de abril de 2011

Sigue el pataleo en el gobierno porteño

UNA PELEA ADICIONAL POR UN SERVICIO POLICIAL
Funcionarios de la Ciudad volvieron a quejarse por la decisión del ministerio de Seguridad nacional de que los policías que prestaban servicios adicionales pasen a cumplir tareas de vigilancia y prevención en la calle. Rodríguez Larreta afirmó que presentarán una denuncia contra la ministra Garré por incumplimiento de deberes de funcionario público. Macri habló de "un alud de políticas que fomentan la anarquía".
El jefe de gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta, expresó que el gobierno de Macri "está muy preocupado" por la medida adoptada por la Nación, por la cual los policías que prestaban servicios adicionales para la Ciudad pasaron a cumplir tareas de vigilancia y prevención en la calle. El ministerio de Seguridad nacional le comunicó a la administración porteña que el convenio por el que se realizaba ese servicio se rescindirá a partir del próximo 6 de mayo.
Larreta confirmó que planean presentar una denuncia contra la ministra Garré por incumplimiento de deberes de funcionario público. "Esperemos que la Justicia lo avale, no se puede entender que dejaron a los chicos sin custodia, esto va directamente contra los porteños, acá están dejando sin seguridad a los porteños", sostuvo el funcionario.
"Realmente es increíble está decisión de la ministra Garré, que obviamente fue avalada por la presidente Cristina Kirchner", "No se puede entender la medida", insistió y además negó que "sea por una cuestión de dinero".
Macri, en tanto, sostuvo que la ministra de Seguridad "debería dar un paso atrás definitivo", al advertir que "hasta que no mejore la seguridad no se puede dejar de custodiar esos lugares". El mandatario comunal reiteró que la Policía Metropolitana no tiene la capacidad suficiente para remplazar a los efectivos de la Federal desafectados de las dependencias porteñas. "No tenemos la cantidad de efectivos suficientes para suplir a la Policía Federal. Estamos formando de a 500 cadetes por año. Deberíamos salir de las comunas que estamos cuidando para ocupar escuelas y hospitales. Me parece una locura", insistió.
Por su parte, el ministro de Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, sostuvo que no se "puede utilizar una fuerza policial con un provecho personal" para ver "cómo le complicamos la existencia a Macri".
Desde el Ministerio de Seguridad nacional sostienen que la actual rescisión había sido informada a Montenegro en la reunión de febrero y que el 17 de marzo hubo una intimación por nota. Afirman que la deuda es de 27,5 millones y corresponde a siete meses.
Montenegro admitió que en la reunión mantenida tiempo atrás con Garré "se habló en general de varios temas, incluida la posibilidad de que en algún momento -y en línea general yo dije que estaba de acuerdo- que dejara la Policía Federal de cumplir servicios adicionales, pero para mejorar la calidad del servicio". Sin embargo, negó que en ese encuentro se haya conversado de que se iba a tomar "esta medida concreta" de retirar la custodia policial de los edificios públicos.
Por otra parte, rechazó que la decisión de las autoridades nacionales esté vinculada con la deuda que la Ciudad mantiene con la Policía Federal por el adicional que se le paga por el servicio de custodia en establecimientos porteños. "Si fuera una cuestión de plata hubieran hecho el reclamo correspondiente, que se está haciendo, y la verdad es que ésta es la misma deuda que hay desde hace seis años y se está pagando como siempre, no es que nosotros no reconocemos la deuda", aclaró.
Según fuentes del Ministerio que conduce Nilda Garré, la Policía Federal presta servicios adicionales en unos 800 objetivos de la Ciudad de Buenos Aires. De ellos se dieron de baja ayer 114, que involucraban a unos 1400 efectivos.
El servicio de policía adicional se prestaba desde septiembre de 2006, cuando el entonces jefe de Gobierno, Jorge Telerman, firmó un convenio con el jefe de la Policía Federal, Néstor Valleca. Antes de eso no existía el servicio policial adicional en dependencias oficiales porteñas. El acuerdo significó, sobre todo, un importante ingreso para los efectivos policiales, que ganan a razón de 94 pesos por módulo de cuatro horas diarias, lo que suma un total mensual de 2000 pesos promedio por agente. Fuentes del Ministerio de Seguridad nacional aseguran que los policías no perderán ese ingreso, ya que serán compensados con 1000 pesos como adicional por servicio de calle, además del pago de horas extra.
La Federal, además, no dejará de prestar servicios en dependencias judiciales porteñas –tribunales y fiscalías– pero lo hará como parte de su función, ya que no está incluido en el convenio denunciado.

lunes, 14 de marzo de 2011

La Justicia insiste con el desalojo

El juez federal de Quilmes Luis Armella ratificó la orden de desalojo de los departamentos destinados a las personas que deben ser reubicadas para avanzar con el saneamiento del Riachuelo. Armella instó a la autoridad de la cuenca y los gobiernos responsables a crear un sistema de información de asignación de viviendas. El ministro del Interior, Florencio Randazzo, repitió que la Policía Metropolitana tiene la competencia para actuar y apuntó que el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, "tiene grandes problemas de gestión. La toma no se resuelve a sangre y fuego sino con una política de vivienda social", agregó.

Armella ya había ordenado el desalojo el miércoles de la semana pasada, pero aún no fue cumplida por diferencias entre los gobiernos nacional y porteña sobre la competencia para llevarla a cabo.
El ministro de Justicia, Julio Alak, había resaltado que la Policía Metropolitana tiene hace dos años la competencia para cumplir con la orden de delitos de ese tipo. Pero el jefe de la Policía Metropolitana, Eugenio Burzaco, repitió que la Ciudad no cuenta con "grupos especiales" para el operativo y solicitó la intervención de la Policía Federal para concretar el desalojo.
En la nueva intimación, el juez advirtió al titular de la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), Juan José Mussi; a las fuerzas de seguridad que disponga la ministra de Seguridad de la Nación, Nilda Garré, y a la Policía Metropolitana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que la orden de liberar los departamentos usurpados continúa con "plena vigencia".
Y agregó: "Deberá ser acatada sobre la totalidad de las viviendas y/o construcciones que se encuentran dentro del predio citado, bajo apercibimiento de aplicar las sanciones ya notificadas".
El magistrado también reclamó a Mussi y al jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que una vez desalojado el predio realicen "en forma inmediata la asignación de las viviendas" a sus reales beneficiarios. Ayer, Larreta indicó que el desalojo de la toma "va más allá de las discusiones políticas, es un problema legal", pero no habló sobre el déficit habitacional y la subejecución en materia de vivienda por parte del gobierno local.
En la resolución, Armella también requirió al titular de la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo y a autoridades de los gobiernos nacional, bonaerense y porteño "la planificación de un sistema de información de la asignación de las viviendas que se vayan planificando y construyendo, distinto al que se está realizando hasta ahora, y que prevea las acciones y medidas a adoptarse para la custodia y preservación de los predios"