Las balas que la Metropolitana no usaba

SE HALLARON CARTUCHOS CON PROYECTILES DE PLOMO EN PODER DE LA POLICIA DE MAURICIO MACRI

Las balas se encontraron en una inspección ordenada en la investigación por las muertes en el Indoamericano. El ministro de Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, había dicho que “no existe la bala de acero en las escopetas” de los policías porteños.

 Por Irina Hauser

Mientras trataba de esquivar los coletazos del desalojo del Parque Indoamericano, el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, decía, categórico, que era imposible que la Policía Metropolitana hubiera disparado balas de plomo y que sólo utiliza postas de goma. “No hay ninguna compra de balas de guerra”, afirmó. Sin embargo, el resultado de una inspección realizada por la fiscalía de Sandro Abraldes con apoyo de Gendarmería lo desmiente y complica la situación de la fuerza porteña en el expediente en el que se investigan los tres asesinatos durante y después del operativo que se realizó para expulsar a los ocupantes del predio, a comienzos de diciembre, en el que también participó la Policía Federal. En la dependencia de la Metropolitana que se ocupa de las armas y municiones, en Chacarita, los investigadores hallaron ayer 98 cartuchos con proyectiles calibre 12/70 y la documentación de una compra por un total de 300 iguales, que data del 14 de octubre. Esas balas son compatibles con las escopetas que utilizaron los uniformados en la represión en Villa Soldati casi dos meses después.

En la investigación judicial existen numerosos indicios que comprometen tanto a la Metropolitana como a la Federal en la represión y en los homicidios. Por lo pronto, hay imágenes de la televisión que muestran a efectivos de ambas fuerzas apuntando sus armas largas, por ejemplo, desde arriba del puente de la avenida Escalada. Justo desde allí le habrían disparado al paraguayo Bernardo Salgueiro, que murió, y también a su cuñado Wilson Fernández Prieto, testigo central de la causa. A Rosemary Chura Puña la mataron en el otro extremo del predio, y pese a la distancia se pudo determinar que la bala era casi idéntica a la que se extrajo del cuerpo de Salgueiro: un proyectil calibre 12/70 de munición múltiple capaz de ser disparado tanto por un arma casera como por una escopeta policial. Emiliano Caniviri fue asesinado dos días después, y hubo testigos que vincularon el crimen con barrabravas y con la Metropolitana. En su caso, la bala entró y salió.

Hasta ahora ninguna de las dos policías admitió haber utilizado balas de plomo aunque sí de goma, ante la evidencia de las imágenes que mostraban a los agentes enfervorizados accionando escopetas. Montenegro se refirió públicamente a la cuestión a principios de enero, cuando se supo que entre las modulaciones de la Policía Federal podía oírse a quienes estaban en Soldati advertir que había “gente de la Metropolitana disparando desde el puente”. “Avísenle a Montenegro que se vayan porque están generando otro conflicto”, se escuchó después, y habría sido la voz, según fuentes del expediente, del comisario mayor Hugo Lompizano –que por entonces estaba en la Dirección de Operaciones–, desplazado anteayer por la ministra de Seguridad, Nilda Garré. Fue en el contexto de aquellas revelaciones que el ministro dijo que no había “ninguna posibilidad de que la Policía Metropolitana haya hecho el disparo (en alusión al caso de Salgueiro)”. “No existe la bala de acero en las escopetas de la Policía Metropolitana”, insistió. Luego añadió: “No hay ninguna compra de balas de guerra” para la policía porteña, que “únicamente utiliza balas con posta de goma” y “tampoco tiene personal de civil que haya actuado, ni existen escopetas recortadas”. Montenegro se presentó después ante la fiscalía con un escrito donde decía algo similar, pero más vago. En forma genérica señalaba que no le dan a su personal municiones de plomo, pero no precisaba si era una disposición general o lo que había ocurrido en el desalojo del Indoamericano.

La fiscalía había podido corroborar hasta el momento que tanto la Metropolitana como la Federal llevaron escopetas (además de armas cortas) al operativo en Soldati. Fueron secuestradas 36 de la primera, y 34 de la segunda, cuyo análisis pericial aún está en curso. Si bien la Justicia cuenta con las balas que causaron la muerte a Salgueiro y Chura Puña, no es tan sencillo el camino para establecer con exactitud qué arma los pudo haber disparado. En las inspecciones de ayer se buscaron pruebas vinculadas a las armas. Hubo tres procedimientos, según pudo constatar Página/12:

- En el predio del Club Deportivo Español, donde funciona el Instituto de Formación de los agentes porteños, se incautaron pistolas nueve milímetros y las municiones correspondientes (que utiliza la Metropolitana oficialmente), cartuchos de escopeta y balas de goma.

- En el llamado Precinto 12, en Saavedra, donde la policía porteña tuvo su primera comisaría, se halló una directiva del jefe de la fuerza, Eugenio Burzaco, que indica que sólo se puede utilizar municiones antitumulto, de goma.

- La gran sorpresa estuvo en la División de Municiones y Armamento, ubicada en los Talleres Guzmán, en Chacarita, donde aparecieron 98 cartuchos de propósito general, de plomo, perfectamente compatibles con las escopetas policiales. También se halló la documentación que de cuenta de que el 14 de octubre la Metropolitana había comprado 300 cartuchos en total de este tipo. La explicación que la agente a cargo le dio al personal de la fiscalía era que los 202 faltantes se habían utilizado para corroborar el funcionamiento de las armas cuando fueron adquiridas y tomar muestras del rastro que dejan en el cartucho. Algo similar le dijo Montenegro a este diario, al sostener que los plomos “se compran para probar que las escopetas funcionan correctamente”, pero no para usar en la calle. Lo mismo –dijo– se hace con las postas de goma.

La Policía Federal tampoco ha tenido una gran performance en su rendición de cuentas ante la Justicia. Hubo inspecciones en cinco dependencias, entre ellas en la Comisaría 52ª, que intervino en el operativo en el Indoamericano. En medio de ese procedimiento, los gendarmes y un testigo advirtieron que el armero guardaba algo en una bolsa de supermercado. Resultaron ser cartuchos de plomo (para escopetas) de distintos colores. Tres armeros de la Federal aseguraron que el día del desalojo nadie retiró postas de plomo, aunque había una disposición interna de abril de 2010 que autorizaba entonces su provisión a puestos policiales cercanos a las villas, por lo que se sospecha que la Guardia de Infantería las tendría en su poder.

La Justicia insiste con el desalojo

El juez federal de Quilmes Luis Armella ratificó la orden de desalojo de los departamentos destinados a las personas que deben ser reubicadas para avanzar con el saneamiento del Riachuelo. Armella instó a la autoridad de la cuenca y los gobiernos responsables a crear un sistema de información de asignación de viviendas. El ministro del Interior, Florencio Randazzo, repitió que la Policía Metropolitana tiene la competencia para actuar y apuntó que el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, "tiene grandes problemas de gestión. La toma no se resuelve a sangre y fuego sino con una política de vivienda social", agregó.

Armella ya había ordenado el desalojo el miércoles de la semana pasada, pero aún no fue cumplida por diferencias entre los gobiernos nacional y porteña sobre la competencia para llevarla a cabo.

El ministro de Justicia, Julio Alak, había resaltado que la Policía Metropolitana tiene hace dos años la competencia para cumplir con la orden de delitos de ese tipo. Pero el jefe de la Policía Metropolitana, Eugenio Burzaco, repitió que la Ciudad no cuenta con "grupos especiales" para el operativo y solicitó la intervención de la Policía Federal para concretar el desalojo.

En la nueva intimación, el juez advirtió al titular de la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), Juan José Mussi; a las fuerzas de seguridad que disponga la ministra de Seguridad de la Nación, Nilda Garré, y a la Policía Metropolitana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que la orden de liberar los departamentos usurpados continúa con "plena vigencia".

Y agregó: "Deberá ser acatada sobre la totalidad de las viviendas y/o construcciones que se encuentran dentro del predio citado, bajo apercibimiento de aplicar las sanciones ya notificadas".

El magistrado también reclamó a Mussi y al jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que una vez desalojado el predio realicen "en forma inmediata la asignación de las viviendas" a sus reales beneficiarios. Ayer, Larreta indicó que el desalojo de la toma "va más allá de las discusiones políticas, es un problema legal", pero no habló sobre el déficit habitacional y la subejecución en materia de vivienda por parte del gobierno local.

En la resolución, Armella también requirió al titular de la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo y a autoridades de los gobiernos nacional, bonaerense y porteño "la planificación de un sistema de información de la asignación de las viviendas que se vayan planificando y construyendo, distinto al que se está realizando hasta ahora, y que prevea las acciones y medidas a adoptarse para la custodia y preservación de los predios"

Ahora pelean por una toma de viviendas

NACION Y CIUDAD, ENFRENTADOS ANTE UN PEDIDO JUDICIAL DE DESALOJO EN EL SUR PORTEÑO

Un juez federal pidió el desalojo de viviendas ocupadas el sábado. El gobierno nacional dice que el tema es atribución de la Justicia y la policía porteña. Macri acusó a la Presidenta por no cumplir la orden judicial.

 Por Eduardo Videla

La ocupación de un edificio de viviendas sociales por parte de familias en situación de déficit habitacional volvió a enfrentar a los gobiernos nacional y porteño sobre a la resolución del conflicto. El debate giró en torno de quién debía desalojar a los ocupantes, no más de un centenar, en su mayoría mujeres y niños, pero nadie habló acerca de cómo solucionar el problema de vivienda del cual estas familias son un emergente. La orden impartida el miércoles por el juez federal de Quilmes, Jorge Armella, para que se desaloje el lugar, no fue cumplida porque el gobierno nacional adujo que el conflicto no es competencia de las fuerzas de seguridad bajo su jurisdicción, mientras que la Policía Metropolitana argumentaba que la orden judicial la obligaba a ir con una fuerza nacional.

El complejo habitacional ubicado en el cruce de Castañares y Lafuente, en el Bajo Flores, fue ocupado el sábado a la mañana por un grupo de personas, pero el hecho recién se conoció públicamente el miércoles. El complejo está compuesto por 204 departamentos, de los cuales 128 iban a ser destinados a personas que viven en el asentamiento El Pueblito, sobre la margen del Riachuelo, en el marco del cumplimiento de la sentencia de la Corte Suprema de la Nación.

En conferencia de prensa, el jefe de Gobierno de la ciudad, Mauricio Macri, acusó ayer por la tarde a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de ser la responsable de “que no se respete lo que decide la Justicia y no se aplique la ley”. Desde el gobierno nacional, en tanto, el ministro de Justicia, Julio Alak, argumentó que el hecho “es competencia de la Justicia Contravencional, Penal y de Faltas de la ciudad”, porque la competencia sobre el delito de usurpación “fue transferida por el Congreso de la Nación a la ciudad en febrero del 2008”, por lo que debería intervenir la Policía Metropolitana.

Lo curioso es que fue la propia Secretaría de Medio Ambiente de la Nación la que denunció ante el juez federal de Quilmes la ocupación de los edificios. Este magistrado es quien tiene a su cargo la ejecución de la sentencia de la Corte Suprema de la Nación que ordena es saneamiento de la Cuenca Riachuelo-Matanza y la solución habitacional para quienes viven sobre la orilla de esos ríos.

También presentó la denuncia ante el tribunal federal el representante legal de la Corporación Buenos Aires Sur, encargada de la construcción de las viviendas. La Justicia porteña, en tanto, intervino de oficio desde un primer momento. Lo hicieron los fiscales Carlos Raffetto y Luis Duocastella Arbizu, quienes le ordenaron a la Policía Federal cercar el predio. La fuerza dispuso entonces la presencia de unos 50 efectivos, a los que se sumaron una docena de agentes de la Metropolitana, relató una fuente del Ministerio Público Fiscal a Página/12. “Si el propietario del predio (la Corporación del Sur) pide la intervención del juez federal, y el juez acepta, los fiscales porteños ya no tienen nada que hacer allí”, sostuvo la fuente.

Macri denunció ayer que los federales no habían hecho nada para impedir la toma del predio. “No defendieron el lugar”, acusó. Pero no bien terminó de decirlo, su ministro de Seguridad, Guillermo Montenegro, aclaró que algunos de los efectivos resultaron heridos durante la toma. No quedó claro cómo pudieron lastimarse si no defendieron el lugar.

Macri reiteró ayer por la tarde que “no hay promesas para la gente que tomó las viviendas”, porque “no se van a dar beneficios a aquellos que viole la ley”. Cerró así la posibilidad de negociación con los ocupantes, a los que sólo se les ofreció la posibilidad de censarse, propuesta que fue rechazada.

Antes de la ocupación, coincidieron las fuentes, un grupo de personas ingresó para saquear algunos departamentos y el obrador. Hubo una maniobra de distracción sobre la avenida Cruz, y cuando la policía fue a ese lugar, ingresaron para llevarse calefones, cocinas y herramientas de los departamentos, que estaban prácticamente terminados. Luego ingresó un grupo de mujeres con niños y finalmente otro grupo de varones.

En principio se dijo que la ocupación era protagonizada por unas 140 familias, pero ayer el ministro Montenegro evaluó que los ocupantes eran “entre 75 y 90”. Esas personas habían quedado aisladas anoche dentro del edificio, sin luz ni agua, y con restricciones para el ingreso de víveres: si salían, no podían volver a ingresar.

Los ocupantes y sus familiares expresaron durante todo el día que se sentían “estafados por el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) que los había inscripto en planes para obtener una casa” y que no les habían cumplido. Otros denunciaron que, incluso, llegaron a cobrarles entre 8 mil y 20 mil pesos para adjudicarles algunas de esas viviendas. En todo momento manifestaron su intención de quedarse en esos lugares. Casi todos son vecinos de asentamientos del Bajo Flores, donde viven hacinadas miles de personas y esperan desde hace años una respuesta habitacional.

Una fuente del juzgado de Armella fundamentó ante Página/12 la intervención de ese tribunal en que allí deben “hacer cumplir el fallo de la Corte Suprema, que ordena relocalizar los asentamientos, en el marco del proceso de saneamiento de la cuenta del Matanza-Riachuelo”. Sin embargo, dejó abierta la posibilidad para que la Justicia porteña intervenga en la causa por usurpación, un delito cuya competencia fue trasferida a la ciudad.

El juez había ordenado el miércoles al Ministerio de Seguridad de la Nación que designe a una fuerza de seguridad de su órbita para proceder al allanamiento y desalojo de los edificios ocupados, con la colaboración de la Policía Metropolitana. Y le impuso a la secretaria de Seguridad, Cristina Caamaño, una multa de 500 pesos por día de incumplimiento de la medida.

Por la mañana, la Federal y su par porteña se limitaron a hacer un cerco en torno del predio. El ministerio que conduce Nilda Garré elevó al juez un pedido de reconsideración de la medida, argumentando que por tratarse de “un bien del dominio privado del Gobierno de la Ciudad, es claro que la investigación y el juzgamiento del delito de usurpación, cuando se cometa en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires, es competencia del Ministerio Público y del Poder Judicial locales”.

Sin embargo, por la tarde, el juez ratificó la medida. Macri aprovechó la situación para acusar al gobierno nacional y, de paso, emplear el recurso del miedo: “Si no se hace cumplir la ley, mañana se pueden quedar con su casa”, advirtió.

Los hechos parecían desmentir a las partes: la Justicia porteña había intervenido de hecho, hasta que desistió de hacerlo, sin reclamar por su competencia a la Justicia Federal. Y la Policía Federal había obedecido órdenes de la Justicia porteña, apenas se produjo la ocupación. Eso sí, de viviendas, ni hablar.

El barrio que terminó sitiado

UN DIA DE TOMA, RECLAMOS E INSULTOS CONTRA LOS POLICIAS

Policías de la Metropolitana y la Federal montaron un cerco alrededor de los monoblocks ocupados. Los vecinos que los tomaron se quejan porque están sin agua ni luz. Durante el día, hubo algunos piedrazos. Un efectivo fue herido.

 Por Emilio Ruchansky

La gente que el sábado pasado tomó un complejo habitacional porteño en el Bajo Flores está sitiada. Primero les cortaron el gas, luego la luz y ahora no tienen agua. Alrededor del lugar hay una hilera de agentes de la Policía Metropolitana que se complementa con los uniformados de la Policía Federal que aguardan órdenes. Frente a ellos, sobre la avenida Castañares, la joven Patricia López explica el sistema que usa junto a otros familiares y vecinos para pasar las provisiones: “Llenamos las bolsas con agua y comida, después les ponemos piedras para que ganen peso y las revoleamos a través del muro, es como si estuvieran presos”.

Al menos cien personas, en su mayoría mujeres y niños, soportan esta toma bajo un sol intenso. “¡Hace más calor adentro que afuera! ¡Las paredes son de plástico!”, grita Mario, con un bebé desnudo en brazos. “No nos dejan pasar los pañales ni la ropa. Por lo menos que nos devuelvan el agua, estamos muertos de sed”, dice. La conversación se da a casi 30 metros de distancia y es constantemente interrumpida por el ruido del tránsito y el Premetro. La policía no deja que ningún periodista se acerque. “No somos animales de zoológico”, les grita Mario.

La mayor parte de los ocupantes viene de la villa 1-11-14, otros del barrio Ramón Carrillo y de Villa Soldati. Detrás de las rejas, Sonia insiste con lo desmedido del cerco. “Hoy les prohibieron el paso directo de alimentos a nuestros familiares, tampoco podemos recibir medicamentos. Tenemos diez chicas embarazadas, gente con diabetes y problemas respiratorios. Están haciendo abandono de persona”, grita. Luego se dirige a la fila de policías metropolitanos: “Yo terminé la secundaria, tengo estudios terciarios, yo trabajo, no soy ñoqui como ustedes”.

Al rato se suman más personas desde la toma trayendo botellas de plástico vacías. Reclaman agua y tiran piedras contra la policía, que permanece impasible a los insultos. Dicen que nadie vino a negociar con ellos. Sonia acusa a la ministra de Desarrollo Social porteño, María Eugenia Vidal: “Dice que vino a recorrer la toma. Mentira. Nunca la vimos por acá”. Luego muestra el moretón que tiene en su muslo izquierdo y denuncia que fue golpeada por los agentes de la Metropolitana. A su lado hay un baño químico y más lejos se ven otros dos. “Todos rebasan de mierda”, dice Mario cuando el cronista pregunta si están en uso.

En un momento, una señora que aguarda junto a su hija afuera cruza las vías y le tira una piedra a uno de los policías. Se le van al humo diez oficiales, pero un superior los detiene. La mujer huye con la nena y termina entrando a la toma. Los que están adentro aplauden la acción. Enseguida aparecen más refuerzos policiales. Jennifer, una embarazada que se metió con dos chicos, exige que les dejen entrar elementos para higienizarse. “Hay chicas que tienen la menstruación y no les dejan pasar las toallitas, ¡están locos!”, dice.

Desde los autos que circulan por la avenida Castañares se oyen mensajes para los ocupantes: “Vayan a trabajar”, “sáquenlos a estos bolitas” (sic), “ustedes son unos villeros de mierda”. Jorge, que vino de la 1-11-14 con su hijo a ayudar a su familia, corre a cada uno de estos automovilistas. “Mirá los cagones cómo aceleran”, le dice a Mauro, su hijo, que lleva tres botellas de gaseosa. Después le indica que cruce las vías y Mauro, asustado, se acerca al cordón policial. Las dos primeras botellas quedan al pie de la barranca que antecede al terreno ocupado y Mario baja a buscarla. La tercera revienta sobre el piso.

“¿Qué hiciste, nene?”, le dice Jorge. El chico, que es tartamudo, se pone nervioso y se va a buscar sombra a la vereda del paredón que está enfrente de la toma. Al rato se lo ve a punto de llorar, sentado sobre el cordón. “Yo so... sólo quise ayudar. No... no... no... pensé que me iba a quedar sin fuerzas”, dice. Adentro de los departamentos están su mamá y sus hermanos.

Sentada contra el paredón, rodeada de papeles del Instituto de Vivienda de la Ciudad y fotocopias de DNI de los ocupantes, Beatriz Alvárez denuncia al organismo porteño porque habría estafado a muchos de los que están en la toma. “Nos pidieron ocho, quince, veinte mil pesos y nos dijeron que las viviendas iban a estar en enero. Después se borraron. Somos 180 personas en esta situación, tengo a tres hijas en la toma”, dice.

“En verdad, nosotros pagamos por casas de ladrillos, no por esos departamentos de plástico”, dice en referencia a la toma. Y agrega: “Yo sé que hicimos mal en meternos, pero estamos cansados”. A su lado está Patricia López, la que tira las bolsas con piedras adentro. Dice que adentro están su mamá, su hermana y dos sobrinas. “Y nadie se robó nada como quieren hacer creer. Sí hubo gente que cuando empezó la toma se llevó calefones y grifería, pero esa gente no se quedó en los departamentos. Eran rateros nomás”, aclara.

A poco más de una cuadra de donde están Alvárez y López, hay cuatro autos particulares repartidos entre la calle y la vereda. Adentro, los oficiales de la Policía Federal se turnan para dormir la siesta, mientras otros toman mate o mandan mensajitos de texto. El grupo que acompaña a la Metropolitana pide recambio cuando el calor agobia. Hay un carro hidrante de la Federal y varios patrulleros de ambas fuerzas. La diferencia entre las fuerzas es que la Federal no porta armas. También hay dos camionetas del Ministerio de Desarrollo Social porteño. No se ve ninguna ambulancia.

Luego de la impasse generada por la conferencia de Macri, cuando los ocupantes dejaron los pastizales y se refugiaron al lado de sus radios, la relación entre los vecinos y la Metropolitana empeora. Dos flacos de la toma insultan constantemente a los agentes. A uno de ellos, Gabriel, le acaban de realizar una traqueotomía. Tiene todo el cuello vendado y se queja de que no le permiten ingresar más vendas. Gabriel se tapa el tubito a cada rato y denuncia: “Ellos nos amenazaron: ‘A ustedes, negros, se les viene la noche’. No saben que acá nos vamos a bancar lo que venga”.

En Portela, una calle lateral que separa al predio de viviendas de una compañía química, hay un largo paredón cuyas veredas están ocupadas por casillas de chapa, madera y cartón. Llegan hasta la parte posterior al predio ocupado, en dirección a la avenida Riestra, donde hay un campo de entrenamiento del equipo de Argentinos Juniors. “Este es lugar habilitado para pasar comida y bebidas”, dice un policía federal apostado sobre las vallas de la calle Portela. El mismo agente para a dos pibes y los obliga a pasar del envase de vidrio de una gaseosa a uno de plástico.

Tampoco allí se pueden dar los víveres en mano, deben revolearlos. Al rato, otro joven protesta porque no le dejan pasar cigarrillos. La bronca que provoca el cerco se termina de desatar por la noche, cuando muchos ocupantes bajan de la barranca e intentan contactar físicamente a sus familiares, amigos y vecinos. En ese instante, la Policía Metropolitana intenta mantener el sitio y queda bajo una lluvia de piedras. Uno de los agentes es herido en la cara y es atendido por sus compañeros. Y entonces los agentes sacan sus escudos de plástico, mientras los ocupantes se repliegan hacia los edificios.