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martes, 5 de marzo de 2013

Una redada contra los negocios oscuros en Tucumán

EL PAIS › LA JUSTICIA ALLANO AYER QUINCE PROPIEDADES DE LOS HERMANOS ALE A RAIZ DE UNA DENUNCIA POR LAVADO DE ACTIVOS

Angel “El Mono” Ale, tras una reja en su casa, a punto de ser allanada, en la capital tucumana.

La primera intervención de la Procelac puso en jaque a una organización presuntamente vinculada con la trata de personas.

Por Fernando Krakowiak

El juez federal Fernando Poviña allanó ayer en la provincia de Tucumán quince propiedades de Rubén “La Chancha” Ale, un empresario vinculado con el mundo del fútbol y la política provincial, sindicado como integrante de la red de trata que secuestró y mantuvo cautiva a Marita Verón. La causa se inició en diciembre a partir de una denuncia que la Unidad de Información Financiera (UIF) presentó ante la flamante Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) luego de haber detectado una serie de movimientos de dinero por parte de Ale que no se correspondían con sus ingresos declarados. La Procelac, en la primera intervención desde su creación, hizo la denuncia ante el juez Poviña, quien luego de analizar las pruebas comisionó a cerca de trescientos gendarmes para llevar adelante un operativo que anoche todavía continuaba. Durante el procedimiento, se secuestró dinero, armas y una serie de documentos que podrían estar relacionados con el juego clandestino y la trata de personas.

Rubén Ale y su hermano El Mono Angel comenzaron como puesteros en el mercado de abasto de San Miguel de Tucumán, luego se vincularon con el negocio del juego y en la década del ’80 adquirieron notoriedad al pasar a liderar la barra brava de San Martín de Tucumán, club que La Chancha Rubén terminaría presidiendo. “La banda de los Ale” gestó por entonces estrechos lazos con la política provincial que les terminaron sirviendo como escudo frente a las denuncias por tráfico de drogas, trata de personas y otros hechos delictivos. Al mismo tiempo, comenzaron a montar una serie de negocios legales, como la empresa de juegos de azar y apuestas Point Limits y la agencia de remises Cinco Estrellas. Esa firma llegó a tener una flota de más de 500 autos y durante la gobernación de Julio Miranda se la designó como veedora de la ciudad, lo que en los hechos significó que los remiseros podían denunciar sospechosos y sintonizar la frecuencia policial en sus autos. Las casas de juego y la agencia de remises fueron dos de las propiedades que ayer allanó la Gendarmería.

Los Ale eran intocables en la provincia, pero luego del secuestro de Marita Verón, el 3 de abril de 2002, esa situación comenzó a cambiar. Susana Trimarco, la mamá de Marita, los denunció en reiteradas ocasiones por su supuesta responsabilidad en la venta de drogas y el negocio de la prostitución. Incluso los señaló como los responsables de la desaparición de su hija. En la causa estuvieron imputadas las ex parejas de Rubén Ale, María Jesús Rivero y Daniela Milhein. También el ex esposo de Milhein, Alejandro González. Sin embargo, La Chancha logró permanecer al margen. Trimarco denunció incluso que Ale habría sobornado a los jueces para que sus ex mujeres fueran absueltas, como finalmente ocurrió, pero esa acusación tampoco prosperó. El juicio por el secuestro y la desaparición de Marita Verón terminó sin detenidos, pero la investigación de los movimientos financieros de Ale podría finalmente llevarlo a la cárcel por lavado de dinero.

La Unidad de Investigación Financiera que encabeza José Sba-ttella recibió el año pasado reportes de operaciones sospechosas que involucraban a Ale emitidos por entidades financieras. Este organismo avanzó con la investigación y corroboró las irregularidades. “No hay ninguna explicación lógica de la acumulación de riqueza que logró Ale en los últimos años”, señaló ayer Sbattella a Página/12. Apenas la fiscal general Alejandra Gils Carbó creó en diciembre la Procelac para combatir el lavado de activos, Sbattella se presentó ante ese organismo con la denuncia. Su titular, el fiscal Carlos Gonella, completó la investigación e hizo la denuncia ante el Juzgado Federal Nº 2, a cargo de Fernando Poviña. El magistrado reaccionó rápido y ayer ordenó los allanamientos en un operativo que incluyó el despliegue de 300 gendarmes, 30 inspectores de la UIF y el uso de camiones y helicópteros. Las autoridades justificaron el despliegue como forma de neutralizar cualquier intento de resistencia que pudiera ejercer Ale o la gente que le responde, fundamentalmente los integrantes de la barra brava de San Martín de Tucumán.

Además de allanar la empresa de juegos Point Limits y la agencia de remises Cinco Estrellas, los gendarmes fueron a la casa de Ale, la de su hermano El Mono, la de su ex pareja Daniela Milhein y la de la actual pareja de María Jesús Rivero. También estuvieron en el club San Martín, donde Ale sigue pisando fuerte

Durante las horas previas, el operativo se manejó con un fuerte hermetismo para evitar filtraciones. Los vínculos de Ale con políticos y policías provinciales llevaron a extremar los cuidados para que nadie le advirtiera lo que venía. De hecho, los inspectores que fueron llegando a la provincia se hospedaron en distintos hoteles para no llamar la atención y recién se reunieron a la mañana temprano, minutos antes del comienzo de los allanamientos. “El operativo fue un éxito porque logramos trabajar de manera coordinada y evitando filtraciones. Fue muy importante el rol del juez y del fiscal federal Carlos Brito, la predisposición de la UIF y del comandante principal de Gendarmería, Fabio Benegas”, declaró ante este diario el titular de la Proselac, Carlos Gonella.

En los allanamientos se secuestraron dinero y armas aparentemente no declaradas, junto con una serie de documentos que anoche el juez estaba analizando para decidir si ordenaba la detención de los hermanos Ale. El enriquecimiento que registró esta familia durante los últimos años está a la vista en la provincia, tanto en las viviendas ostentosas como en los autos de alta gama que utilizan y nunca se preocuparon por disimular. Hasta ahora, el movimiento del dinero de los Ale no había sido objeto de una investigación judicial, pero si no logran justificar el origen de los fondos podrían terminar en la cárcel por lavado de activos.

sábado, 23 de febrero de 2013

Los "soldaditos", el drama de los pibes rosarinos que están fuera de las aulas

Sábado, 23 de febrero de 201308:20 | Educación

Los "soldaditos", el drama de los pibes rosarinos que están fuera de las aulas

Directores de escuelas de Ludueña, Las Flores y Esteban Echeverría hablan de la realidad de los barrios atravesados por la violencia de las bandas narco enquistadas en Rosario.



Beatriz González, Diego Oro, Claudia de Gottardi y Gastón Zencic. (Foto: M. Sarlo)


"Ni un pibe menos", una postal que se multiplica en las paredes de los barrios de Rosario. (Foto: M. Sarlo)

Por Matías Loja / La Capital


La imagen es potente y a la vez desgarradora. El adolescente de 14 o 15 años, “soldadito” de las bandas narco enquistadas en Rosario, observa parado frente a la escuela, como queriendo ingresar. Una escena que los directores de escuela entienden que dispara un doble desafío para la institución: porque si por un lado está el temor lógico de que ingrese a través de este joven la droga a las aulas, por el otro subyace la necesidad de que la escuela lo contenga y salga en su auxilio.

Pero sola no puede. Hace falta un trabajo en red y reforzar una presencia del Estado que en muchos casos se ve desbordado por la realidad. En esto coincide un grupo de directores de tres escuelas de la ciudad, quienes convocados por La Capital, hablan del día a día que se vive en los barrios, atravesados por la marginalidad y el crecimiento exponencial de la criminalidad. En la charla, que se da en medio de las discusiones salariales con la provincia, desfilan como diapositivas una tras otra las situaciones conflictivas que les tocan enfrentar. Y apuntan con dolor: “Los que son mulitas o soldaditos son chicos que dejaron de venir a la escuela”. Pero ese pibe que se fue “es para que después lo encontremos en las páginas policiales del diario”.

Diego Oro es vicedirector del turno tarde en la Técnica Nº 393 “5 de Agosto”, ubicada en Alice y Lamadrid, en barrio Esteban Echeverría, pegadito a La Tablada. Vive a una cuadra y media de la escuela. Un dato que señala como no menor, porque “en cada caso de policial siempre hay alguien que uno termina conociendo”.

Como muestra, recuerda cuando en diciembre pasado reconoció a varios de sus alumnos y ex alumnos entre los que protagonizaron los robos a supermercados. “Eso era lo fuerte: reconocer a los chicos que, quizás, algunos habían venido a rendir un ratito antes. Y ahora estaban en el saqueo, en el montón. Y no estaban solos, sino con la familia”, completa el docente, quien a modo de anécdota agrega: “Cuando la llamé a la directora le dije «si paso lista tengo todo el turno noche presente en la calle»”.

La directora en cuestión es Beatriz González e introduce la naturalización de ciertas situaciones que se transparentan en boca de los propios chicos. Como cuando dos bandas se enfrentaron con armas de fuego en el fondo de la escuela y una maestra protegió a sus alumnos y uno de ellos le dijo: “«Tan cagona sos que le tenés miedo a los tiros»”.

“Desde el año 90 vengo viendo el deterioro”, cuenta la directora. Y confiesa que en el barrio hubo un antes y un después desde la muerte de Roberto “Pimpi” Caminos, el ex jefe de la barra brava de Newell’s asesinado a balazos en marzo de 2010 en la puerta de su casa del barrio Municipal, justo enfrente de la escuela. Tanto Beatriz como Diego subrayan que hasta ese hecho “la escuela era intocable en el barrio”, porque “sin exaltar su figura, él era como un caudillo en el barrio”.

Tocar fondo. El rol de las familias es un punto que los directores consideran clave para entender la compleja trama que se vive en algunas barriadas populares de Rosario. “Lo que me parece que nos está pasando ahora es que existe una dificultad para conectarnos en el lenguaje para charlar con las familias. La escuela es transmisora. Pero evidentemente se están naturalizando tantas cosas, como el tener armas en las casas”, apunta Claudia de Gottardi, directora de la Escuela 1.027 Luisa Mora de Olguín, del barrio Ludueña.

El establecimiento está a una cuadra del comedor que coordina el padre salesiano Edgardo Montaldo. El mismo barrio donde a principios de enero pasado murió atrapada en medio de una balacera entre bandas narco Mercedes Delgado, una catequista que trabajaba en el comedor comunitario San Cayetano. “A raíz de ese hecho —cuenta Claudia— se están organizando y movilizando un poco a las autoridades. Con lo que uno se da cuenta que hay quienes reaccionan cuando le pasa algo a la gente más cercana. Ahí uno tiene que ser astuto, unirse y aprovechar qué es lo que puede hacer la escuela. Pero respetar los tiempos de la gente para que hagan el click”.

Por otra parte, reconoce el potencial de inclusión que puede tener el sistema educativo al contar: “Hay veces que digo que si yo hubiese pasado lo que pasó ese pibe hubiera reventado hace rato. Pero el pibe sigue. Y en eso algo tuvimos que ver”.

Desde hace dos años Gastón Zencic está al frente de la Escuela Nuestra Señora de Itatí de barrio Las Flores. En sintonía con su colega de Ludueña, comenta: “He charlado mucho con los adultos de la escuela sobre cuál va a ser el punto donde toquemos fondo, el click que haga que el barrio se pare y diga basta. Pero lamentablemente me parece que estamos bastante lejos de eso, porque está muy naturalizada la situación de extrema violencia”.

Pero al hablar de violencia, el docente aclara que no sólo se refiere al crecimiento de la criminalidad como la pelea entre bandas de Las Flores y La Granada. En este sentido, propone profundizar el debate sobre una realidad donde “la gente aceptó que está violentada en un barrio donde no hay cloacas, donde una sola línea de colectivo entra y donde si llueve quedan aislados de la ciudad porque solamente hay dos calles para entrar y salir”. Un barrio “que es casi un gueto” y que “si lo cortan con un cuchillo nos borran del mapa”.
  
“Soldaditos”. Las crónicas policiales muestran casi a diario al presencia de bandas narco disputando a los tiros territorios en los barrios de la ciudad. Y en ellas aparecen de forma recurrente la presencia de chicos cooptados por estos grupos para custodiar búnkers de drogas. Son los llamados “soldaditos”. Pibes que deberían estar en las aulas en lugar de pasar horas en un kiosco de venta de estupefacientes.

Sobre este tema, los cuatro directivos coinciden en afirmar que esto que hoy gana minutos en los noticieros “hace tiempo que lo venimos viviendo”. Claudia De Gottardi comenta el caso de chicos de 13 y 14 años que son “mulitas” o “soldaditos” que dejaron de ir a la escuela en agosto “porque fueron absorbidos” por bandas narcos. “Seguridad Comunitaria investiga, doy fe, pero hace falta que todas las instituciones intervengan, para que no terminemos yendo al velatorio de ese chico dentro de cinco meses”.

“El chico que está delinquiendo o es soldadito no está dentro de la escuela. Pero con ese pibe que se nos va sonamos, porque no se va a otra escuela o a un trabajo”, dice Gastón Zencic.

Beatriz González tiene una mirada similar sobre esta problemática: “Los que vos sabés que son soldaditos no vienen a la escuela. No van a ninguna otra, pero los tenés enfrente buscando adeptos”. Los directivos de la Técnica Nº 393 resaltan el desafío de, por un lado “el riesgo que te metan droga dentro de la escuela”, pero por otra parte mostrarles que la escuela es un refugio válido. “En el fondo —agrega Diego, el vice de la 393— los que están fuera de las aulas quieren estar ahí adentro, sino no te parás en la puerta de la escuela. Algo inconciente hay en ellos de querer estar con los otros chicos, pero no soportan los límites, ni cumplir horarios y ciertas condiciones mínimas de convivencia”.

"La escuela te sigue reconociendo por tu nombre y tu historia. Y te espera con un beso y un vaso de leche caliente. Sabemos que sola no puede, pero hay que buscar la forma de hacerles sentir que ése es su lugar”, apunta el docente. Y cierra con una anécdota que, con mezcla de dolor y esperanza, comparten sus colegas: “Me pasa que veo una noticia policial a la mañana y juro que leo los apellidos para ver si reconozco a un alumno mío. Es horrible pensar que vas a identificar a un chico allí. Por eso a veces me pongo contento cuando veo que hay un seguimiento y el pibe al menos está viniendo a clases. Porque la institución escolar todavía existe. Y que esté dentro de la escuela no es poco”.

sábado, 2 de febrero de 2013

Bonfatti propone abrir el debate por la despenalización de la marihuana

El gobernador de la provincia señaló que es una de las opciones para frenar el avance del narcotráfico en Rosario. Reiteró críticas a la Nación por falta de apoyo. Rossi adhiere, pero con reparos.



Bonfatti incorporó un elemento adicional en la discusión pública sobre el narcotráfico. (Foto: G.de los Ríos)

Por Guillermo Zysman / La Capital

La polémica en torno al avance del narcotráfico en Rosario sumó ayer un capítulo. El gobernador Antonio Bonfatti se pronunció ayer a favor de debatir la despenalización “de alguna droga blanda y con un gran consenso de todos, entre ellas la marihuana”, para resolver la problemática en la ciudad. En ese marco, el mandatario reiteró su reclamo a la Casa Rosada para que apoye a la provincia en el combate a las bandas narco y se preguntó: “¿Para qué está el Ministerio de Seguridad de la Nación? Si no ayuda a las provincias, hay que disolverlo”, sentenció. En el kirchnerismo apoyaron, con reservas, la propuesta socialista.

El jefe de la Casa Gris incorporó un elemento adicional en la discusión pública sobre las estrategias para disminuir la penetración del narcotráfico en la región, en tiempos de enfrentamientos territoriales entre bandas. Mencionó, por primera vez, la opción de avanzar hacia la despenalización del consumo de drogas.

“Es evidente que el problema del narcotráfico existe en todo el mundo. Hay países que lo resuelven legalizando el consumo, otros con una prevención muy fuerte y otros que todavía tenemos que acordarlo y discutirlo”, señaló en declaraciones a La Ocho, tras lo cual se pronunció a favor de debatir la no criminalización “del consumo de alguna droga blanda y con un gran consenso de todos, entre ellas la marihuana”.

De prosperar el planteo del gobernador, la discusión parlamentaria se dará en el Congreso de la Nación ya que las leyes que sancionan el consumo de estupefacientes son federales y exceden las atribuciones de la provincia.

Al respecto, el presidente de la bancada socialista en Diputados, Juan Carlos Zabalza, recordó que “históricamente el partido se ha manifestado a favor de no criminalizar al consumidor personal, tratarlo desde un punto de vista sanitario y, en cambio, atacar a quienes lucran con este flagelo y trafican las drogas”.

No obstante, el legislador naiconal advirtió: “Este tipo de medidas no pueden adoptarse de manera aislada. Deben estar encuadradas en un plan global de prevención, difusión de información y, fundamentalmente, de control de las fronteras para evitar el ingreso de drogas al país”.

En la misma línea se manifestó Bonfatti: “Si no se toman medidas en las fronteras, medidas de fondo, si se dejan de lado los lugares por donde ingresa la droga, por Migraciones, que no es manejado por la provincia. Entonces, se agrandan los problemas”, aseveró.

Zabalza alertó, además, sobre el incremento de la penetración de drogas sintéticas al país.

A través de la red social Twitter celebró que avance el juicio oral por la efedrina, en torno al triple crimen de General Rodríguez, y mencionó que allí se planteó que el ingreso de esa sustancia a la Argentina se había multiplicado por cinco “¿De quién es la responsabilidad?”, interrogó con ironía.

En paralelo, el mandatario provincial volvió a reclamar que se articule el trabajo con la Justicia, con el organismo nacional que debe prevenir las adicciones (Sedronar), la policía y las autoridades nacionales. Fue allí que el gobernador se preguntó: “¿Para qué está el Ministerio de Seguridad de la Nación? Si no ayuda a las provincias, hay que disolverlo. Es similar a lo que ocurre con el Ministerio de Salud”, opinó.

Más adelante, el gobernador vinculó indirectamente la solución a la problemática de las drogas con el pago de los montos que Santa Fe exige a la administración kirchnerista.

“Con lo que nos debe la Nación, (si pagasen) seríamos una provincia con superávit. Estamos pendientes de una resolución de la Corte Suprema, tanto sobre la deuda histórica, unos 270 millones de pesos, y de la Caja de jubilaciones, que asciende a 650 millones, además del detrimento de la masa coparticipable del 15 por ciento. Con ese dinero podríamos cubrir deudas sociales, que también a veces son causas del delito”, indicó.

Finalmente, Bonfatti aludió a la paritaria con estatales provinciales y los gremios docentes, convocada para el martes próximo.

   “Somos respetuosos del ámbito institucional. Por eso, vamos a sentarnos en la mesa a conversar sobre salarios, buscando que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo pero teniendo en cuenta la inflación a futuro, no la pasada”, advirtió el mandatario santafesino.

Rossi adhiere pero con reparos. El presidente de la bancada kirchnerista en la Cámara de Diputados de la Nación, Agustín Rossi, adhirió con reparos al planteo del gobernador Antonio Bonfatti tendiente a debatir una eventual despenalización del consumo de drogas blandas en el ámbito federal. “Desde lo ideológico, estoy a favor. De todos modos, no creo que esto resuelva el problema del avance del narcotráfico en Santa Fe. Allí hay que tomar otro tipo de medidas”, advirtió.

El legislador recordó que el año pasado, cuando se discutió en diferentes espacios una reforma a la ley de estupefacientes, gran parte del Frente para la Victoria (FPV) apoyó dejar de criminalizar a los consumidores. “Avalamos despenalizar, no legalizar, que es distinto”, apuntó.

Luego aclaró que, a su criterio, “esto no tiene ninguna vinculación con la resolución del problema narco en Rosario, donde hay fuerte presencia y avance de grandes organizaciones de narcotraficantes a desarticular con otro abordaje político, asumiendo que parte de la policía está involucrada en el problema y actuando en connivencia con esas bandas”.

Rossi aseveró que, para su sector, “los problemas de la policía santafesina no se solucionaron con la salida de (el ex jefe de la fuerza, Hugo) Tognioli, ya que se sigue analizando la inseguridad desde un eje erróneo”.

jueves, 6 de septiembre de 2012

Mujica: "No vamos a aceptar un turismo consumidor"


 
"Porque no queremos afectar a los vecinos, a esto lo tiene que manejar el Estado", dijo Mujica, quien cree que sin el respaldo de la sociedad "las medidas van al fracaso".



El presidente José "Pepe" Mujica sostuvo que su proyecto de legalizar la producción y venta de marihuana en su país "es para (resolver) los problemas que tenemos nosotros" en Uruguay, y aclaró que su gestión "no defiende la expansión del consumo de ninguna droga", sino que intenta atacar el comercio ilegal de otra forma, porque "por el lado represivo, el mercado sigue caminando".

Además, aclaró que la iniciativa no pretende generar un "turismo consumidor", como sí lo promueve Holanda, sino sólo que la venta de marihuana "se pueda hacer a través del sistema de salud global del Uruguay u otros mecanismos, pero que sea estrictamente controlado por el Estado".

El proyecto de ley anunciado en junio y enviado al Parlamento a inicios de agosto busca "arrebatarle" al narcotráfico parte del mercado, con la meta de tratar a los consumidores como enfermos y no como delincuentes, dijo el mandatario. "Lo que estamos proponiendo no necesariamente es una receta que nos vaya a librar de esta plaga que se llama narcotráfico. Lo que queremos es ensayar otros caminos. Y nos parece que una cosa importante es tratar de arrebatarles el mercado. Porque por el lado represivo el mercado sigue caminando", enfatizó durante una entrevista a AFP.

Además, añadió que se buscará que el cannabis tenga "trazabilidad" para dificultar su venta al exterior. "Porque no queremos afectar a los vecinos. Por eso, esto lo tiene que manejar el Estado", dijo Mujica, quien cree que sin la comprensión y el respaldo de la sociedad "las medidas van al fracaso".

lunes, 21 de marzo de 2011

Un nuevo fallo por la despenalización

TENENCIA DE DROGAS PARA CONSUMO PERSONAL
La Cámara Federal confirmó el sobreseimiento de un joven que había sido detenido por transportar una pequeña cantidad de marihuana, y ratificó la despenalización de la tenencia de drogas para consumo personal cuando se mantiene en el "ámbito de autonomía" del usuario y no se afecta a terceros.
La resolución la tomó la Sala II del tribunal de apelaciones al confirmar un fallo de primera instancia dictado por el juez federal Sergio Torres quien sobreseyó al imputado cuya identidad no se revela en virtud del alcance de la sentencia.
En un fallo de tres carillas, los camaristas Horacio Cattani y Martín Irurzun (el tercer integrante de la Sala, Eduardo Farah, no firmó por hallarse en uso de licencia) se remitieron al antecedente en ese sentido dictado por la Corte Suprema de Justicia en el denominado "caso Arriola".
Allí ordenan a los jueces que analicen "las circunstancias del caso que se trata a fin de determinar si la tenencia de estupefacientes para uso personal que constituye el objeto del proceso se realizó en circunstancias o condiciones tales que no aparejaban peligro concreto o daño a derechos o bienes de terceros".
Los hechos juzgados ocurrieron el 23 de septiembre de 2010, minutos antes de las 17.30, cuando efectivos policiales observaron que "el imputado conducía una motocicleta por la intersección de la Avenida Córdoba y la calle Godoy Cruz" quien el advertir la presencia de los uniformados "comenzó a zigzaguear entre los vehículos que circulaban".
"Ante esa actitud, fue interceptado y requisado, secuestrándole un envoltorio con una escasa cantidad de marihuana" dijeron los magistrados en base al informe policial confirmado por las pericias practicadas en la sustancia secuestrada. Los camaristas afirmaron que "ni en la versión que dio la policía respecto de la situación narrada, ni en el sumario de prevención, hay alguna referencia que indique que esa droga no era para consumo personal" y tuvieron en cuenta, además, "la escasa cantidad de marihuana incautada y la forma en que estaba acondicionada es compatible con el tipo penal aplicado".
"De tal modo, las circunstancias en que se desarrolló esa conducta conducen a afirmar que el hecho se mantuvo en el ámbito de autonomía personal del nombrado sin poner en riesgo el bien jurídico tutelado" por la ley de drogas, sostuvieron los jueces.