EL PAIS › LA JUSTICIA ALLANO AYER QUINCE PROPIEDADES DE LOS HERMANOS ALE A RAIZ DE UNA DENUNCIA POR LAVADO DE ACTIVOS
Angel “El Mono” Ale, tras una reja en su casa, a punto de ser allanada, en la capital tucumana.
La primera intervención de la Procelac puso en jaque a una organización presuntamente vinculada con la trata de personas.
Por Fernando Krakowiak
El juez federal Fernando Poviña allanó ayer en la provincia de Tucumán quince propiedades de Rubén “La Chancha” Ale, un empresario vinculado con el mundo del fútbol y la política provincial, sindicado como integrante de la red de trata que secuestró y mantuvo cautiva a Marita Verón. La causa se inició en diciembre a partir de una denuncia que la Unidad de Información Financiera (UIF) presentó ante la flamante Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) luego de haber detectado una serie de movimientos de dinero por parte de Ale que no se correspondían con sus ingresos declarados. La Procelac, en la primera intervención desde su creación, hizo la denuncia ante el juez Poviña, quien luego de analizar las pruebas comisionó a cerca de trescientos gendarmes para llevar adelante un operativo que anoche todavía continuaba. Durante el procedimiento, se secuestró dinero, armas y una serie de documentos que podrían estar relacionados con el juego clandestino y la trata de personas.
Rubén Ale y su hermano El Mono Angel comenzaron como puesteros en el mercado de abasto de San Miguel de Tucumán, luego se vincularon con el negocio del juego y en la década del ’80 adquirieron notoriedad al pasar a liderar la barra brava de San Martín de Tucumán, club que La Chancha Rubén terminaría presidiendo. “La banda de los Ale” gestó por entonces estrechos lazos con la política provincial que les terminaron sirviendo como escudo frente a las denuncias por tráfico de drogas, trata de personas y otros hechos delictivos. Al mismo tiempo, comenzaron a montar una serie de negocios legales, como la empresa de juegos de azar y apuestas Point Limits y la agencia de remises Cinco Estrellas. Esa firma llegó a tener una flota de más de 500 autos y durante la gobernación de Julio Miranda se la designó como veedora de la ciudad, lo que en los hechos significó que los remiseros podían denunciar sospechosos y sintonizar la frecuencia policial en sus autos. Las casas de juego y la agencia de remises fueron dos de las propiedades que ayer allanó la Gendarmería.
Los Ale eran intocables en la provincia, pero luego del secuestro de Marita Verón, el 3 de abril de 2002, esa situación comenzó a cambiar. Susana Trimarco, la mamá de Marita, los denunció en reiteradas ocasiones por su supuesta responsabilidad en la venta de drogas y el negocio de la prostitución. Incluso los señaló como los responsables de la desaparición de su hija. En la causa estuvieron imputadas las ex parejas de Rubén Ale, María Jesús Rivero y Daniela Milhein. También el ex esposo de Milhein, Alejandro González. Sin embargo, La Chancha logró permanecer al margen. Trimarco denunció incluso que Ale habría sobornado a los jueces para que sus ex mujeres fueran absueltas, como finalmente ocurrió, pero esa acusación tampoco prosperó. El juicio por el secuestro y la desaparición de Marita Verón terminó sin detenidos, pero la investigación de los movimientos financieros de Ale podría finalmente llevarlo a la cárcel por lavado de dinero.
La Unidad de Investigación Financiera que encabeza José Sba-ttella recibió el año pasado reportes de operaciones sospechosas que involucraban a Ale emitidos por entidades financieras. Este organismo avanzó con la investigación y corroboró las irregularidades. “No hay ninguna explicación lógica de la acumulación de riqueza que logró Ale en los últimos años”, señaló ayer Sbattella a Página/12. Apenas la fiscal general Alejandra Gils Carbó creó en diciembre la Procelac para combatir el lavado de activos, Sbattella se presentó ante ese organismo con la denuncia. Su titular, el fiscal Carlos Gonella, completó la investigación e hizo la denuncia ante el Juzgado Federal Nº 2, a cargo de Fernando Poviña. El magistrado reaccionó rápido y ayer ordenó los allanamientos en un operativo que incluyó el despliegue de 300 gendarmes, 30 inspectores de la UIF y el uso de camiones y helicópteros. Las autoridades justificaron el despliegue como forma de neutralizar cualquier intento de resistencia que pudiera ejercer Ale o la gente que le responde, fundamentalmente los integrantes de la barra brava de San Martín de Tucumán.
Además de allanar la empresa de juegos Point Limits y la agencia de remises Cinco Estrellas, los gendarmes fueron a la casa de Ale, la de su hermano El Mono, la de su ex pareja Daniela Milhein y la de la actual pareja de María Jesús Rivero. También estuvieron en el club San Martín, donde Ale sigue pisando fuerte
Durante las horas previas, el operativo se manejó con un fuerte hermetismo para evitar filtraciones. Los vínculos de Ale con políticos y policías provinciales llevaron a extremar los cuidados para que nadie le advirtiera lo que venía. De hecho, los inspectores que fueron llegando a la provincia se hospedaron en distintos hoteles para no llamar la atención y recién se reunieron a la mañana temprano, minutos antes del comienzo de los allanamientos. “El operativo fue un éxito porque logramos trabajar de manera coordinada y evitando filtraciones. Fue muy importante el rol del juez y del fiscal federal Carlos Brito, la predisposición de la UIF y del comandante principal de Gendarmería, Fabio Benegas”, declaró ante este diario el titular de la Proselac, Carlos Gonella.
En los allanamientos se secuestraron dinero y armas aparentemente no declaradas, junto con una serie de documentos que anoche el juez estaba analizando para decidir si ordenaba la detención de los hermanos Ale. El enriquecimiento que registró esta familia durante los últimos años está a la vista en la provincia, tanto en las viviendas ostentosas como en los autos de alta gama que utilizan y nunca se preocuparon por disimular. Hasta ahora, el movimiento del dinero de los Ale no había sido objeto de una investigación judicial, pero si no logran justificar el origen de los fondos podrían terminar en la cárcel por lavado de activos.
